Sobre el caso jesuitas en la Audiencia Nacional de España
Veinte años exigiendo verdad y justicia por la masacre en la UCA, demandando investigar la autoría intelectual en los tribunales nacionales... ¿Resultados? Pocos, frustrantes. Pero lo que ocurre en la Audiencia Nacional de España, sí es alentador. Un par de años bastaron para avanzar allá más que acá. Algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia salvadoreña trataron de impedirlo, negándole al juez Eloy Velasco copia certificada de los procesos fraudulentos realizados por sus funcionarios y evitando notificar a los acusados sus cargos; tampoco les tomaron las declaraciones que solicitaba el magistrado español.
Durante más de dos décadas, “medios” y “analistas” han derrochado tinta defendiendo a los criminales e intentando descalificar a las víctimas. En el 2000, después de la decidida insistencia de éstas, el Fiscal General de la época pidió a un tribunal procesar a seis altos jefes militares y a Alfredo Cristiani; pero como no era el juzgado correcto, su requerimiento fue rechazado. Entonces acudió al indicado pidiendo sobreseimiento definitivo para los que antes había acusado. La jueza resolvió no aplicar la amnistía, pretexto siempre ocupado para no hacer nada, pero resolvió que el caso había prescrito y así los salvó.
Pasaron ya cuatro lustros sin verdad ni justicia en este caso, ejemplo de la impunidad institucional que afecta al resto de víctimas y propicia el caos de violencia que ahora golpea –sobre todo– a las mayorías populares. No obstante, en España siguen siendo acusados los responsables últimos de maquinar la barbarie y Cristiani aparece señalado de nuevo por protegerlos.
Eso que hoy ocurre fuera del país, es una alerta para los violadores de derechos humanos del bando que sea: tarde o temprano se sabrá la verdad e iniciará el “turno del ofendido”. También es una razón para la esperanza. Afuera, en los sistemas universal e interamericano de protección se pueden abrir puertas para derrotar la iniquidad; ya se ha logrado. Y llegará el momento en que el sistema nacional no tenga más remedio que cambiar hasta ser lo que ahora no es: respetuoso de la ley, justo y compasivo con quien sufre.
Monseñor Romero, los jesuitas junto a Elba y Celina Ramos; las personas masacradas en el Sumpul, el Mozote, Copapayo y otras localidades; las miles de desaparecidas, torturadas y ejecutadas así como sus familias, siguen dando de sí a El Salvador. Sus causas terminarán por cambiar esta hiriente e inaceptable realidad, generando presión externa y organización social interna fuerte, firme y demandante. Vendrá el día en que –como canta Illapu– “nuestros niños jamás ignoren que en este suelo hubo dolores; que crezcan libres, canten canciones; que vuelen alto sus corazones… que los culpables cumplan condena y las promesas se vuelvan ciertas”.
