No es casual que un grupo de juristas internacionales, un especialista salvadoreño en derechos humanos y una valiente mujer que lucha por la justicia, exijan derogar la Ley de Amnistía impuesta en el país desde hace dieciséis años. No lo es, porque ese reclamo lo hicieron tras escuchar los testimonios de varias víctimas del pasado conflicto político y bélico. Las atrocidades cometidas entonces no pueden quedar en la oscuridad. La población torturada, masacrada, asesinada o desaparecida no merece que sus victimarios se oculten en la impunidad oficial.
Estas personalidades que condenaron al Estado salvadoreño por haber permitido, alentado y ejecutado esos actos brutales, constituyeron el Tribunal internacional para la aplicación de la justicia restaurativa en El Salvador. La capilla Jesucristo Liberador, en la UCA, albergó a víctimas sobrevivientes de graves violaciones de derechos humanos y a familiares de quienes las sufrieron. También a personas solidarias interesadas en saldar esas cuentas pendientes. Los mismos jesuitas masacrados en 1989, participaron como testigos de la locura que imperó y que ahora se esconde amenazante bajo las faldas de un Estado defensor de criminales.
Por más que se llame a “pasar la página” sin leerla ni aprender sus lecciones, las víctimas y sus seres queridos no lo harán mientras no se conozca la verdad y se haga justicia. “Yo lo recuerdo –afirmó Miriam Ayala, sobreviviente de Las Aradas, en el río Sumpul– y mis heridas no han sanado. Tenía doce años cuando fue la masacre y mi hermana de catorce murió ahí”. ¿Cómo pretender que olvide, que no tenga pesadillas? ¿Cómo exigirle que perdone a quienes no se arrepienten de haber ejecutado a su familia y a las personas con quienes creció?
Cuando los gobernantes se amarran solos las manos y no cumplen su deber con las víctimas, se desautorizan. Por eso, derogar la amnistía no es sólo un acto simbólico. Es una necesidad para las instituciones, porque con ese pretexto atrofiaron aún más la justicia salvadoreña; lo es también para los culpables porque así podrían aceptar su responsabilidad, dar muestras de arrepentimiento y terminar sus días en paz con Dios, con la sociedad y consigo mismos.
Mauricio Gaborit, sicólogo declarante ante el Tribunal, explicó que los criminales actuaron convencidos de que estaban defendiendo “la patria de la agresión comunista”. Gloria de García Prieto, integrante del mismo, preguntó cómo se podía evitar nuevas bestialidades si piensan que cumplieron con su deber. El perito respondió así: “Esas personas tienen que ser traídas a la justicia […] Sólo se puede vivir reconciliados cuando ambas partes reconocen lo que ha sucedido. El perdón no se arranca; el perdón ocurre cuando alguien dice perdóname y, entonces, yo puedo decir estás perdonado”.
*Artículo publicado Diario Colatino
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