Sobresueldos y otras hierbas

Publicado por: Diario CoLatino, 29 noviembre de 2016 en la sección Opiniones.

José M. Tojeira

En repetidas ocasiones he tocado el tema de los sobresueldos con políticos tanto de ARENA como del FMLN. Siempre animé a las personas con las que hablé a insistir en sus partidos en que pusieran mejores salarios a los Ministros (no sabía que los fiscales también cobraban) y funcionarios altos del gobierno. El miedo era siempre a las críticas que se podrían recibir si se les doblaba públicamente el salario a este tipo de empleados. Que un ministro ganara menos que un magistrado de la Corte Suprema o que un diputado con puesto en la dirección de la Asamblea me parecía ridículo. Y más ridículo todavía que tuvieran que pagarle en sobre oculto, sin registro y sin poder declararlo en la declaración de renta (algo a todas luces ilegal). No sabía los montos que se entregaban, lo que me hacía pensar que andaba entre los dos mil o dos mil quinientos dólares más en la actualidad. Desde mi ingenuidad pensaba que sería un complemento igual para todos, pero no estas cifras arbitrarias que según el anterior fiscal oscilaban, al menos en lo que a él correspondía, a una suma astronómica: entre 10.000 y 20.000 dólares.

Vinculada a esta actividad sabía que estaba la que anteriormente llamábamos partida secreta. Una crítica mía bastante fuerte a dicha partida, publicada en un periódico, me valió una carta de Mauricio Funes manifestando su inconformidad. Sabía también que de esa partida se pagaba ilegalmente al Organismo de Inteligencia del Estado (OIE). Y digo ilegalmente porque toda institución del Estado creada por una ley de la República debe aparecer en el presupuesto nacional. Y el OIE, desde que fue creado por decreto ejecutivo en 1992, apoyándose en una ley de la república que le daba al presidente la facultad de organizarlo y dirigirlo, nunca apareció en el presupuesto nacional. E incluso después, cuando fue necesario, a partir de un reclamo constitucional, refundar la OIE desde una decreto legislativo, la OIE continuó siendo la gran desaparecida del presupuesto nacional, cometiendo con ello todos los gobiernos y las sucesivas Asambleas Legislativas una violación de la Constitución. Si se quisiera mantener en secreto el presupuesto de la OIE, incluso con respecto a la Asamblea Legislativa, habría que hacer una reforma constitucional.

Este modo de actuar tanto en los sobresueldos, como en estos gastos secretos de la OIE que salen de la misma partida, denominada por la gente como secreta, se presta indudablemente a que se produzca corrupción. Ciertamente la transparencia y la claridad de las cuentas se enturbia y puede incluso desaparecer. Además conlleva una especial dependencia de los funcionarios. Si un Fiscal recibe entre 10 y 20.000 dólares extra de parte del Ejecutivo, tiene un dependencia mayor del mismo que si tuviera un salario autónomo. Un Ministro que recibe un sobresueldo que pueda ser varias veces superior a su salario oficial, tiene una dependencia tanto del partido como del Ejecutivo demasiado fuerte. Es cierto que no todos los ministros han tenido sobresueldos. Pero la tendencia ha sido a darlos, aunque algunas personas los hayan rechazado.

Aunque en nuestro país hay muchas cuestiones pendientes, la de la transparencia es fundamental para ganarse la confianza ciudadana. La gente tiene la experiencia de que los fondos se utilizan mal. Las publicaciones sobre las mentiras y los gastos oscuros del actual y reciente presidente de la Asamblea Legislativa no sólo ensombrecen a su persona, sino en buena parte a la Asamblea Legislativa, incapaz de censurarle. Una comisión de ética parlamentaria que tenga la capacidad y la voluntad política de medirles las costillas a algunos diputados es imprescindible para mejorar la imagen de la Asamblea. Los delitos y faltas cometidos por los ciudadanos deben tener sanción. Pero los de los diputados y funcionarios debían ser juzgados con mayor rigor que la del resto de los ciudadanos por estar al servicio de la ciudadanía y traicionar la exigencia constitucional de “notoria honradez” (Art. 126). Pero esa misma “notoria honradez”, más allá de los delitos, exige una supervisión intraparlamentaria seria. No se puede decir que se va a hacer un viaje, recibir dinero para hacerlo, y después quedarse con el dinero y no devolverlo. Los rateros, sean diputados o delincuentes callejeros, no pueden ser tildados de honradez notoria. Aunque viendo la definición principal de ratero que da la Academia de la Lengua, resulta difícil aplicarla a un diputado. Pues el diccionario dice que ratero es “el que hurta con maña y cautela cosas de poco valor”. Un diputado que miente para quedarse con dinero ni tiene maña, ni es cauteloso, ni generalmente se queda con cosas de poco valor.

Un remedio de largo plazo es invertir más en educación. Conocer responsabilidades, recibir educación en valores, además de mejorar la calidad de la enseñanza nacional, es una urgencia en El Salvador. Pero además de eso hay que actuar en el plazo inmediato. Corregir la costumbre de los sobresueldos o de los presupuestos indeterminados como el de la OIE, crear una comisión de ética en la Asamblea que realmente funcione, son medidas que debían tomarse de inmediato. No es, por supuesto, suficiente para corregir toda una serie de problemas en los que las causas se llaman desigualdad, bajos salarios, pobreza y violencia. Pero al menos se contribuiría a ganar confianza ciudadana en que las cosas funcionan desde las leyes, normas y valores de la democracia, y no desde el capricho y la arbitrariedad. Y la confianza ciudadana al final es la que puede volcar la situación del país hacia un desarrollo sostenible. Un amigo mío, por cierto del FMLN, habla siempre de la necesidad de buscar una correlación de fuerzas positiva para mejorar la situación de país. Si no hay confianza ciudadana ni la correlación de fuerzas nos llevará a buen fin.

Los testigos criteriados

Publicado por: Diario CoLatino, 22 noviembre, 2016 en la sección Opiniones

José M. Tojeira

Una de las debilidades más fuertes de la persecución penal son los testigos criteriados. En repetidas ocasiones se ha demostrado que estos mismos testigos criteriados son criminales que a cambio de denunciar a otros ven reducida su pena. En otras ocasiones  se ha hecho evidente que este tipo de testigos miente. Sus reconocimientos de supuestos delincuentes se hacen de vez en cuando no tanto en rueda de sospechosos sino a través de fotografía. El afán de la policía y la fiscalía por dar la impresión que combaten a la criminalidad les lleva a redadas masivas en las que los detenidos tras una serie de procesos y permanencia en la cárcel, terminan siendo sobreseídos. No faltan jueces por otra parte que tienen miedo a una opinión pública que, desesperada por delincuencia, quiere mano dura y ver detenciones de delincuentes. La misma Fiscalía, cuando el juez no le da la razón, tienden a poner en la picota pública al juzgador. La presencia de algunos jueces corruptos en el sistema juega tanto a favor de condenas injustas como de absoluciones arbitrarias. La ley se usa al capricho en vez de aplicarse con un criterio de racionalidad eficiente.

Los casos de testigos criteriados falsos o amañados se han repetido con cierta frecuencia. Sin embargo hay jueces que prefieren creer a un testigo criteriado que está acusando a un buen número de personas, que a médicos especialistas que declaran sobre enfermedades, o a empleadores que insisten en que la persona acusada tiene un trabajo constante y permanente que en lógica está reñido con la actividad de la que se acusa a una persona. Acusaciones como la de “postear” o servir de vigilante de una organización pandillera, son difíciles de probar. No basta con que lo diga un testigo criteriado, sino que sería necesaria una grabación telefónica que lo compruebe. En realidad es una contradicción querer derrotar a la delincuencia apoyándose en la propia delincuencia. Aunque es normal utilizar en algunos casos a delincuentes arrepentidos, carece de lógica que la mayoría de las detenciones, especialmente de las grandes redadas se basen en algo muy semejante al chambre y el chisme en vez de en pruebas donde el componente científico sea más serio.

Si este modo de actuar se utilizara contra ese veinte por ciento privilegiado de El Salvador, las protestas serían múltiples, rápidas y obligarían tanto a fiscales, jueces y policías a cambiar de método. Pero todo indica que en esta sociedad clasista en que vivimos hay en la práctica dos sistemas judiciales. Uno más cuidadoso con las pruebas, más civilizado en el modo de actuar, más cuidadoso y respetuoso con el detenido, y otro indiferente ante el acusado si es pobre o vulnerable. No es raro eso dado que el país está acostumbrado al doble tratamiento de la población. A parte de los verdaderamente privilegiados, que viven en otro mundo y que no alcanzan ni al uno por ciento de la población, los estudios afirman permanentemente que en El Salvador un 20% vive desahogadamente, un poco menos del cincuenta por ciento está en lo que se suele llamar sector vulnerable, y un poco más del 30% viven en pobreza. El Estado se ha contentado no sólo con que esa situación se mantenga, sino que tiende a reproducir la sociedad clasista a través de sus propias instituciones. Eso se ve claro en la organización de la salud pública que tiene diferentes sistemas, en los que se favorece más a unos y se margina gravemente a otros. Las graves deficiencias y desigualdades en la calidad educativa continúan la misma pauta. E incluso los salarios mínimos, con nueve diferencias según sector laboral, manifiestan un soberano desprecio por el trabajo de los más pobres y de los que tienen menos capacidad de protesta.

Los testigos criteriados acaban siendo una muestra más de ese modo de organizar el estado de un modo clasista. No es la capacidad del estado la que persigue al crimen, sino la utilización masiva y con frecuencia con poca racionalidad de pobres contra pobres, de vulnerables contra vulnerables. Y para colmo de males, se acusa hoy a los pobres en una alta proporción de delitos de terrorismo. Si se hubiera seguido este tipo de “técnica judicial” de testigos criteriados con respecto a los crímenes de la guerra civil, no hubiera quedado un coronel fuera de la cárcel. Ciertamente hubiera sido injusto, puesto que no hay duda de que al menos un buen número de coroneles no cometieron delitos de terrorismo. Pero por supuesto los coroneles pertenecen a otro estrato de la población. No al uno por ciento que desde su inmenso poder mantiene al país en esta situación clasista e injusta, sino al 20% en el que nos movemos muchos, a veces con muy poca preocupación por la suerte de los pobres.

El Salvador tiene que mirar hacia dentro. Cierto porcentaje de desigualdad no lo podremos evitar. Pero es contraproducente y peligroso mantener sin cambios una sociedad en la que sólo una quinta parte viva con cierta seguridad, mientras las otras cuatro quintas partes permanecen en la pobreza o en el riesgo de volver a la pobreza. El verdadero cambio pasa por la educación, por los salarios decentes, por las redes de protección social con mayor calidad y universalidad. Y por supuesto pasa también por la sustitución de jueces analfabetos, fiscales facilitones y policías vengativos. Sin decir que haya que eliminar la posibilidad de dar reducciones penales a algunos delincuentes que colaboren con la justicia, es necesario afirmar que el modo masivo de usar en la actualidad los testigos criteriados pone en riesgo la tutela efectiva de los derechos de las personas. Basta leer los periódicos para ver que la utilización de los mismos no es el mejor camino para la reducción de la violencia ni para la lucha contra el crimen.

Mártires, víctimas y justicia

Publicado por Diario CoLatino, el 15 de noviembre del 2016 en la sección Opiniones.

           

José María Tojeira

Desde el 12 de Noviembre en adelante la UCA ha estado celebrando a los mártires. Es su semana de fiesta y recuerdo. Es también la celebración de una identidad que nace de la memoria de un esfuerzo extraordinario, el de Ellacuría y sus compañeros, por poner racionalidad y justicia en El Salvador desde un pensamiento profundamente cristiano y profundamente intelectual y actual. Un esfuerzo que no paró hasta dar la vida al estilo de muchos mártires desconocidos y mucho pueblo masacrado en nuestro país. Quedan todavía algunos momentos por celebrar. El día 15, martes, la UCA recibirá un premio por su defensa permanente de los derechos humanos. El 16 se celebrará la Eucaristía del aniversario, y el 17 se tendrá la cátedra de la realidad nacional. En ella están invitados el magistrado Sidney Blanco, de la Sala de lo Constitucional, y Claudia Paz, fiscal en Guatemala y una de las protagonistas que logró enjuiciar y condenar a ochenta años de cárcel por delitos de lesa humanidad y genocidio al general Ríos Montt, aproximadamente 25 años después de que ejerciera como dictador en Guatemala.

Esta cátedra, al reunir a dos personas que han combatido la impunidad y que han logrado avances en la justicia transicional, tiene un hondo sentido para El Salvador. Desde la aprobación rápida y sin discusión de la Ley de Amnistía en nuestro país, muchos grupos y personas han insistido en la necesidad de derogar ese instrumento jurídico que impedía tanto la verdad como la justicia y la reparación de las víctimas. Y al impedir esos tres elementos imposibilitaba también un camino de reconciliación nacional, que imprescindiblemente debe realizarse desde el conocimiento de la verdad y desde la reparación a las víctimas. Sidney Blanco y Claudia Paz tanto en El Salvado como en Guatemala, han trabajado con eficacia para romper el manto de impunidad y desprecio de las víctimas que dominaba la historia de nuestros países. Con toda seguridad nos podrán iluminar sobre la ruta que debemos recorrer como ciudadanos responsables en la construcción de la convivencia pacífica y justa.

Repetidas veces hemos insistido en que la verdad y la justicia son dos elementos fundamentales en los procesos de paz y en general frente a todo abuso o violación de la dignidad humana. El día mundial del derecho de la víctimas a la verdad fue instituido en honor a Mons. Romero. Y la verdad va unida necesariamente a la justicia. Porque la justicia, al final, es el modo estatal de reconocer la verdad del dolor de las víctimas y la iniquidad del verdugo. El castigo al verdugo no es el fin principal de la justicia, sino la defensa y reparación de la dignidad de la víctima. El castigo está orientado a la prevención y trata normalmente de evitar que el tipo de daño causado pueda repetirse. Pero a pesar de la insistencia en la necesidad de verdad y justicia, los crímenes del pasado han sido dejados de lado, como si fueran de inferior calidad. Sin embargo el hecho de que muchos de estos delitos fueran cometidos por personas que tenían desde sus puestos estatales la responsabilidad de velar por los derechos humanos, hace más grave la situación. Escuchar a dos personas que desde su trabajo jurídico y desde su coraje ético han luchado contra la la impunidad nos ayudará a todos a vislumbrar caminos y a generar ánimo para emprender esa tarea de hacer verdad y justicia, abierta hoy desde la anulación de los oprobiosos artículos de la ley de amnistía que impedían el acercamiento humano y humanista a la situación de la guerra civil.

Y es que acercarse desde la verdad y la justicia a las víctimas es el único modo realmente humano de acercarse a los crímenes graves. Y más cuando éstos se pueden catalogar como verdaderos crímenes de guerra o de lesa humanidad desde la conciencia del mundo actual. Con frecuencia quienes defienden a los victimarios y verdugos del pasado insisten en el tema del perdón, como si éste fuera enemigo de la verdad y la justicia. Sin embargo es todo lo contrario. Sólo el reconocimiento de la verdad puede generar el perdón. Es cierto que hay que trabajar para que las víctimas ofrezcan el perdón y no respiren venganza. Pero de la misma manera es cierto que los victimarios deben reconocer la verdad y pedir perdón. El perdón se ofrece desde la víctima y se pide desde el victimario. La justicia, en su afán de prevención, debe poner antes las medidas necesarias para que la brutalidad no se repita.

Cuando en 1992 solicitábamos a la Asamblea legislativa el indulto para los dos únicos condenados por el asesinato de los jesuitas, insistíamos en la necesidad de proseguir el juicio contra los autores intelectuales del crimen. El entonces ministro de justicia, Lcdo Hernández Valiente, afirmaba entonces que pedir el indulto mientras se insistía en la investigación de los autores intelectuales era un “chantaje político”. No hay duda que cuando la política se mezcla con el derecho la estupidez se apodera de más de alguna cabeza. Investigar la autoría intelectual es simple y sencillamente iniciar el debido proceso ante un crimen de lesa humanidad. Es defender la víctima frente al verdugo. Y es sobre todo luchar para corregir esa plaga de impunidad que todavía hoy, un cuarto de siglo después, sigue siendo una enfermedad grave en El Salvador. El proceso de paz, del que tanto se habla hoy al acercarse los 25 años de su firma, fue en realidad interrumpido por la ley de amnistía.

Hoy, tras la sentencia de inconstitucionalidad de dicha ley, tenemos la oportunidad de reiniciar el proceso de paz de El Salvador. Sidney Blanco y Claudia Paz, que nos hablarán el jueves a las seis de la tarde, serán sin duda excelentes pedagogos en este caminar permanente hacia la paz.

Desigualdad judicial

Publicado por Diario CoLatino, el 8 noviembre de 2016, en la sección Opiniones.

José María Tojeira

Las publicaciones y debates en torno a la detención del ex presidente Saca nos muestran con claridad los defectos en el manejo de la información de los grandes medios. Interesa lo sensacional. Se cultiva la apariencia de justicia más que la justicia. Los medios llevan a cabo un proceso mediático previo en el que se elimina en la práctica la presunción de inocencia. En el caso del ex presidente Flores, sus partidarios y miembros connotados de su propio partido hablaban de un linchamiento mediático contra él. Él tuvo al menos algunos defensores. Una gran mayoría de acusados e imputados son linchados sistemáticamente y no tienen a nadie que los defienda, al menos en los grandes medios. Los 58 detenidos en San Miguel Tepezontes ni salen en las noticias. Los cien, doscientos y el resto de las grandes redadas son exhibidos en calidad de culpables y muchas veces de formas vergonzosas y humillantes. No digamos esas detenciones en las que se entra a punta de mazo y ruptura de puertas, con policías armados con armas largas y con periodistas fotografiando al sospechoso tirado en el suelo en calzoncillos. Hay muchos más condenados en los medios de comunicación que en el sistema legal. Eso puede ser un signo de que el sistema legal no funciona bien, pero también de que los medios se dejan llevar por un sensacionalismo enfermizo y por una especie de ansia de venganza contra cualquiera que según la policía o la Fiscalía sea sospechoso de un delito.

Este modo de actuar refleja además que todavía existen clases sociales en El Salvador que impiden que todos seamos iguales ante la ley, como teóricamente afirma la Constitución. Como en tantos otros aspectos económicos y sociales la justicia se manifiesta también como una estructura clasista, vengativa contra los pobres y respetuosa con los poderosos. Al pobre se le hostiga, acusa o persigue en ocasiones aun antes de cometer un delito. Baste que esté cerca o viva en zonas “peligrosas”. Al poderoso generalmente, sobre todo si es gobernante, sólo se le puede juzgar o cuando ha perdido poder, o cuando su abuso y delito perjudica a otros más poderosos que él. Cuando uno habla de clases sociales en seguida le acusan de marxista desde la hueca estupidez de algunos comentaristas mediáticos. Bolívar, ideológicamente liberal, constataba ya en su época lo siguiente: “En Colombia hay una aristocracia de rango, de empleos y de riqueza equivalente, por su influjo, pretensiones y peso sobre el pueblo, a la aristocracia de los títulos y de nacimiento, aun la más despótica de Europa; aunque hablan de libertad y de garantías es para ellos solos que las quieren y no para el pueblo, que, según ellos, debe continuar bajo su opresión; quieren también la igualdad, para elevarse y aparearse con los más caracterizados, pero no para nivelarse ellos con los individuos de las clases inferiores de la sociedad: a  éstos los quieren considerar siempre como sus siervos a pesar de todo su liberalismo”. En El Salvador parece que no hubiera pasado el tiempo. La detención de un poderoso puede parecer un avance. Pero no puede utilizarse para justificar un modo de hacer justicia en el país que es profundamente desigual y miserable. Al poderoso lo tratan bien, aunque lo detengan durante una boda, y al pobre a patadas, aunque esté en un velorio.

La necesidad de ir creando un modelo de justicia diferente debe comenzar por un cambio en los grandes medios de comunicación. Salir de su modo elitista de ver la realidad y defender un poco más los derechos de los pobres es un primer paso indispensable. La conciencia nacional está convencida de que el poder político se ha utilizado con demasiada frecuencia para enriquecerse. Es necesario juzgar primero un sistema que produce desorden y corrupción antes que alegrarse porque al fin se detiene a alguno de los operadores del sistema. Por poner un ejemplo, el Organismo de Inteligencia del Estado, OIE, nunca ha aparecido en el presupuesto nacional. Como estructura estatal creada por una ley de la república, tiene que aparecer en el presupuesto. Pero desde el tiempo del presidente Cristiani, esa oficina estatal depende de unos gastos confidenciales que son arbitrarios y que dependen de la llamada partida secreta. Organizar la administración del poder de un modo informal, contrario a las leyes, secretista, no conduce a nada bueno. El mismo modo de organizar la partida secreta alimentándola del presupuesto mensual no realizado de cada uno de los ministerios, era un abuso. Abuso que entiendo se cortó en el período presidencial de Mauricio Funes, aunque continuaron otros procedimientos oscuros. Los propios bancos nacionales, que podían dar una alerta temprana ante el abuso del poder, fueron en su momento cómplices del dispendio y el abuso, al no advertir que fondos públicos pasaban impunemente por manos privadas. Porque si hay lavado de dinero ahora, es porque lo había entonces. La propia Fiscalía no tiene, por lo visto, mecanismos adecuados para perseguir este tipo de delito si proviene de gobernantes en funciones. Sólo después actúa. Y por supuesto a los bancos nadie les reclama. En Estados Unidos le pusieron una multa de varios miles de millones al Banco HSBC por permitir el lavado de dinero. Si lo que hizo el presidente Saca fue lavado a través de cuentas bancarias, ¿se multará a nuestros bancos?

La ley de Acceso a la Información Pública ayuda a esclarecer cosas. Pero la transparencia y la rendición de cuentas tienen que seguir avanzando. Un proyecto sobre transparencia y anticorrupción que se estaba trabajando con la mediación del PNUD ha caído en el abandono. La necesidad de transparencia en contratos, la responsabilidad de las empresas cuando hacen trampa en impuestos o en obras públicas, tiene que investigarse mejor. Lo mismo que los índices de favoritismo dentro de las contrataciones y empleos del Estado. Pero sobre todo en el campo de la justicia es necesario tener unos parámetros iguales para todos. Y por supuesto unos parámetros coherentes con los derechos humanos. La tendencia de la Fiscalía a pedir casi siempre cárcel durante el período de instrucción viola claramente la presunción de inocencia. Y no vale decir que el Estado no puede controlar si los acusados van a huir o no. Si así fuera, no queda de otra que diseñar un sistema adecuado de control del individuo en libertad. Pero no violando la presunción de inocencia. Presunción que muchas veces se transforma en inocencia a secas cuando se logra el sobreseimiento o la absolución del delito. La hipocresía estatal de los casi últimos 30 años, que establece normas avanzadas para luego incumplirlas, mientras deja huecos oscuros en su modo de proceder, trae los problemas actuales. Parte de ello es la impunidad de quienes se enriquecieron en el pasado y se aprovechan de la larga permanencia en el poder de su partido para lograr la prescripción de sus tropelías. La tarea ahora, a parte de juzgar a quienes estén imputados en casos de corrupción, no es echar culpas y buscar chivos expiatorios, sino dialogar a fondo sobre esta realidad miserable en la que vivimos para que la corrupción estatal pueda detectarse pronto y juzgarse de inmediato. Que el pasado no se repita.

Objetivos del

 Desarrollo Sostenible

Publicado por diario CoLatino el 1 noviembre, 2016, en la sección Opiniones 

José María Tojeira

Después de los objetivos del milenio, cuya fecha final fue el 2015, la ONU ha lanzado los objetivos de desarrollo sostenible, que tienen de plazo hasta el 2030. Son 17 objetivos que pretenden solucionar al menos tres graves problemas de la humanidad: En primer lugar erradicar la pobreza extrema. Iniciar al mismo tiempo un proceso sistemático de lucha contra la desigualdad y la injusticia. Y finalmente solucionar la amenaza del cambio climático, sin cuya superación será imposible desterrar la pobreza extrema. En este contexto el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, ha realizado su último informe de desarrollo regional para América Latina y el Caribe. La pobreza, la desigualdad y la violencia continúan apareciendo en el informe, aunque se recogen también una serie de avances en la superación de la pobreza. El desafío ahora es impedir una nueva caída en procesos de retorno a la pobreza, en medio de la crisis de los productos de exportación y la ralentización del crecimiento económico.

En medio de esta problemática, el informe tuvo la buena idea de investigar entre la gente de nuestros países latinoamericanos, lo que para las personas comunes de nuestro subcontinente son las claves del progreso personal e individual. En medio de una amplia variedad de respuestas hay tres elementos que se repitieron de un modo sistemático, prácticamente en todos los países. Los entrevistados en la investigación dicen que para salir de los problemas de pobreza, violencia y desigualdad son indispensables tres elementos: La educación, el trabajo digno y el apoyo familiar. Tres dimensiones clave que deberían estar presentes en toda elaboración de políticas públicas y en todo programa político serio. Y sin embargo, a pesar de los retos que tenemos, a pesar del pensamiento noble y sencillo de nuestro pueblo, ni la educación, ni el trabajo digno ni la protección de la familia aparecen como prioritarios dentro de los proyectos de desarrollo, o incluso dentro de los sistemas de transferencias y subsidios.

La educación, nunca lo repetiremos en vano, no se está impulsando al ritmo necesario para salir del subdesarrollo, de la vulnerabilidad y de la desigualdad. En tiempos de ARENA se hizo un esfuerzo inicial tras la firma de la paz que consiguió prácticamente universalizar la primaria. Después la lentitud y la ineficiencia se hicieron dueñas del sistema público, salvo algunas excepciones. Con el FMLN pareció que despertaba un nuevo impulso y un crecimiento mayor de la relación entre el PIB y el presupuesto educativo. Cuando crecieron las esperanzas y se formuló un ambicioso plan de reforma educativa se produjo, casi simultáneamente, una especie de estancamiento en los fondos dedicados a educación. Si el fenómeno fuera coyuntural se podría tolerar. Pero todo hace pensar que el frenazo va para largo, vista la situación económica.

El trabajo digno está también en crisis. La cerrazón de la patronal salvadoreña y sus cómodos sindicatos amigos a una revisión seria del salario mínimo muestra la incomprensión del valor trabajo como fuente de desarrollo. Los escasos planes de formalización del exceso de trabajo informal existente, la parálisis del seguro social, que no acaba de integrar en un sólo sistema de salud a todos los salvadoreños, la fuga sistemática y elitista de capital público hacia formas de seguridad privada pintan un mal panorama para el desarrollo del trabajo con salario digno o justo. La inquietud en la ciudadanía persiste en este aspecto y hay que felicitar a una abogada que recientemente introdujo un amparo constitucional pidiendo la declaración de inconstitucionalidad de la actual legislación que regula los múltiples salarios mínimos. Una adecuada regulación de los salarios, tanto a nivel privado como público, es un paso indispensable para el desarrollo salvadoreño. Lo contrario será continuar en la pésima tradición de desigualdad y violencia, estructural y delincuencial, que ha caracterizado a nuestro país tradicionalmente.

La familia queda como el último reducto. Hace años decían algunos estudios que los migrantes en Estados Unidos que enviaban una mayor proporción de dinero a sus familiares, con respecto al salario que recibían, eran los salvadoreños. Aun en medio de la disfuncionalidad y problemas de algunas familias, lo cierto es que la familia sigue siendo en El Salvador la mayor y más fuerte fuente de seguridad y apoyo frente a la pobreza, la violencia y la vulnerabilidad. La solidaridad intrafamiliar es indudablemente un factor positivo en los esfuerzos en favor del bienestar y el desarrollo. Pero la familia salvadoreña tiene mucha veces que actuar en solitario. El estado no la protege apenas frente a la violencia. Las redes estatales de protección social son débiles, inequitativas y están con frecuencia pensadas en favor de los minoritarios estratos de clase media.

¿Qué hacer?, podemos preguntarnos. En educación es evidente que necesitamos optar por planes de largo plazo, ambiciosos y universales. Si no iniciamos un recorrido que en un plazo relativamente corto eleve al doble la inversión actual de educación, nunca superaremos ni el subdesarrollo ni la violencia. El trabajo hay que empezarlo a considerarlo de otra manera. Si bajo cualquier punto de vista lógico, el trabajo es económica, humana y moralmente más importante que el capital, no es lógico que continúe, en lo que respecta al salario mínimo, sujeto a controles de patronales sin conciencia social. Y la familia permanece como gran desafío. Evidentemente hay que protegerla frente a derivas violentas, machistas o situaciones de muy diverso tipo marcadas por el abuso y la amenaza. Pero además de protegerla frente a derivas negativas, hay que apoyarla tanto en lo que respecta al trabajo y la educación como en los derechos a la propiedad, el crédito y la vivienda digna. Invertir en la familia es la inversión más sólida. Y al estado le toca diseñar planes y proyectos que tengan en cuenta este primer núcleo social, sin el cual no habrá convivencia ni futuro.

Herencias absurdas

Publicado en Diario Co Latino en la sección Opiniones del 25 de octubre del 2016

José M. Tojeira

Hay herencias absurdas. Herencias que llevan a la ruina y que sin embargo no son criticadas y se mantienen por años. Una de ellas es el pago con fondos públicos de seguros de salud privados. Algunos de estos abusos comenzaron por el capricho de líderes políticos. Otros fueron acordados en negociaciones con los trabajadores. Se dan en todas las ramas del poder, legislativo, ejecutivo y judicial. Y disfrutan de esta especie de robo al estado personas de todas las ideologías y tendencias. Lo disfrutan también empresas autónomas del Estado. Y sólo algunas instituciones han resistido a la tentación. Esa herencia la ha dejado ARENA, que no se le ocurrió cuestionar el absurdo de pagar con fondos públicos seguros privados de salud, teniendo el Seguro Social como sistema público de salud. Lamentablemente en los dos gobiernos del FMLN todavía no se ha cuestionado, como se debería, ese dispendio caprichoso e ilegal. Porque las instituciones públicas que dan este tipo de seguros a sus jefes y a veces a todos los empleados, pagan al mismo tiempo el Seguro Social. Doble gasto absurdo y que muestra una vez más la tendencia a aprovecharse del poder para obtener beneficios sobre el resto de la población trabajadora.

Un conjunto de sectores de la sociedad civil ha emprendido una investigación al respecto y ha interrogado, apoyándose en la ley de acceso a la información pública, a más de setenta instituciones estatales. Veintiocho de ellas han contestado ya, y los millones utilizados van creciendo. En el año 2015 las 28 instituciones que han dado sus cifras dicen que gastaron en seguros de salud privados, pagados con fondos públicos, casi dieciséis millones de dólares. Para este año 2016, estas mismas 28 instituciones tienen programado gastar más de 20 millones de dólares. Y quedan todavía por informar otras cuarenta instituciones. Las campeonas en este sustancioso gasto son la Asamblea Legislativa con un poco más de seis millones y medio, la Corte Suprema de Justicia, con un poco más de cuatro millones, y la Fiscalía General de la República, con pocos miles menos que la Corte, pero siempre superando ligeramente los cuatro millones.

Se podría decir hoy que suspender este modo inequitativo e injusto de proceder causaría un grave problema al Seguro Social. Porque esta gente que prefiere sus seguros privados pagados con fondos públicos iría al Seguro Social en su mayoría y congestionaría la institución, multiplicando los atrasos y problemas que el Seguro tiene ya en la actualidad. Sin embargo las cosas no son tan claras. El Seguro Social, se nos dice habitualmente, tiene la mejor y más avanzada maquinaria de salud. Sus médicos se han especializado y subespecializado, muchas veces en instituciones de vanguardia. Sus problemas son de tipo administrativo y organizativo y no tanto de calidad quirúrgica. Si el Estado le diera al Seguro Social esos millones que le da a las aseguradoras y hospitales privados, sin duda el servicio podría ser mejor para todos, incluidos los trabajadores del Estado. En los países desarrollados los ministros de gobierno van al Seguro Social, lo mismo que otros muchos líderes de opinión, profesionales y gente con posibilidades. Que un país pobre como el nuestro, en vez de fortalecer con fondos públicos las instituciones del Estado, cree esa especie de casta superior en sus dependencias y oficinas, con más derechos que el resto de la población trabajadora, es un verdadero escándalo. Y una manera de incumplir con la democracia que con tanta insistencia solemos defender teóricamente.

No es el único tema en el que se cae en inequidades y contradicciones con la democracia que decimos profesar. Realmente de ARENA hemos heredado un país en el que se han ido justificando de muy diversas maneras y en la práctica, una estamentalización de la sociedad en la que hay gente tratada como superiores unos e inferiores otros. No es que haya solamente desigualdades. El problema es que las desigualdades se cultivan, fomentan y justifican institucionalmente desde el propio Estado. Y se acostumbra a la gente, y especialmente a muchos trabajadores del Estado, a entender las plazas de gobierno como plazas de comodidad y privilegio, más que como plazas de servicio. Al principio mencionaba a tres instituciones, las que hasta ahora han dado los mayores montos de ese seguro privado pagado con fondos públicos. Pero el CNR y el BCR superan el millón de dólares en este tipo de seguros. Y todavía, como ya decíamos, faltan las sorpresas que nos puedan dar las más de cuarenta instituciones estatales que aún no han contestado las solicitudes de información.

El país está en crisis económica. Un pacto fiscal es necesario. Pero al mismo tiempo que se lleva a cabo un pacto fiscal es imprescindible limpiar las contradicciones antidemocráticas que se han ido acumulando a lo largo de nuestra historia. Universalizar los derechos de la población y hacerlos equivalentes en calidad para todos es imprescindible en una democracia. En el campo de la salud y de la educación, sin embargo, hay una impresionante tarea. Porque la inequidad, cuando no la exclusión, marcan todavía dolorosamente los servicios que prestan las instituciones públicas. De hecho el servicio público de salud debía ser único y ofrecer la misma calidad a todos. Pero entre nosotros parece dominar una sociedad de castas.

El que se considera superior se esfuerza en lograr más fondos públicos para su conveniencia. Olvidándose que rompe con ello ese signo de solidaridad que debe ser el elemento fundamental de la vida democrática. Todos iguales en dignidad, todos con los mismos servicios básicos estatales.

Lo contrario no sólo es contrario a la democracia, sino señal evidente de la carencia de liderazgo moral en el liderazgo. Tantos años gobernados por empresarios, y no precisamente por los mejores, han organizado el país como si fuera una finca bajo el control arbitrario del patrón.

El triunfo de todos

Publicado en la sección Opiniones del Diario CoLatino el 18 de octubre de 2016.

José M. Tojeira

Por fin el centro de arbitraje CIADI ha dado la razón a El Salvador. Y no sólo la razón, sino que ha obligado a la Pacific Rim a pagar una parte de los costos del litigio. Se ha puesto al fin freno a los intereses desbocados de una empresa minera sin escrúpulos que pedía una enorme indemnización por el hecho de que no se le permitió abrir minas de cielo abierto en El Salvador. De nada servía la oposición de los campesinos, de los grupos y sectores ambientalistas, de la Iglesia Católica y otras iglesias. La Pacific Rim – Oceana Gold llegó incluso a editar publicaciones llamando mentirosos, enemigos de los pobres etc., a quienes se oponían a la minería a cielo abierto. La insistencia en la seguridad de la minería verde contrastaba con los constantes derrames de sustancias contaminantes en los proyectos mineros. Desde el año 2014 ha habido derrames de sustancias tóxicas, sulfato de cobre, cianuro y otros venenos, en Perú, Argentina, México, Estados Unidos y otros países. Las empresas mineras, por supuesto, fueron las protagonistas. Si mencionáramos los casos de derrames contaminantes habidos desde 1990, no cabría la lista en este artículo. Pero la mentira y el afán de riqueza tenía empresarialmente más poder que la terrible amenaza que constituiría para un país tan pequeño como el nuestro un derrame en las partes altas del río Lempa. Empresas lamentablemente apoyadas por el gobierno de Canadá, al menos en el momento de máxima tensión en que los campesinos reclamaban el freno de las prospecciones en el departamento de Cabañas.

En esta lucha hay que honrar especialmente a la gente sencilla que en medio de un relativo desamparo no abandonó nunca su lucha. Algunas personas fueron asesinadas, Ramiro Rivera entre los más conocidos. La resistencia popular no se echó para atrás, incluso en esas circunstancias claramente alentadas y propulsadas por los intereses mineros. Nuestra gente no se asustó frente a la amenaza y la muerte, a pesar de que las autoridades no respaldaron a la población ni con la investigación ni con la diligencia necesaria. La victoria en el CIADI no ha sido tanto gubernamental y política, sino sobre todo una verdadera victoria popular. Exceptuando algunas instituciones fuertes como la Procuraduría de Derechos Humanos y algunas otras, los poderes habituales de El Salvador no se complicaron demasiado en el tema. Algunos de nuestros empresarios llegaron a tener una posición intermedia, viendo pros y contras pero sin pronunciarse. Al final era difícil encontrar a alguno que se opusiera públicamente a las empresas mineras. Y mucho menos de modo corporativo. Los campesinos, aun viendo cómo la minera compraba intereses y personas, a veces de su mismo vecindario, se mantuvieron siempre firmes en su oposición. Son ellos los que le hicieron un verdadero favor a El Salvador, sin que seamos capaces a veces de agradecérselo. Un verdadero favor, porque en el caso de un derrame de tóxicos en la cuenca del río Lempa, los perjudicados no serían solamente los habitantes de las zonas aledañas, sino las tres cuartas partes de El Salvador. Gente sencilla nos ha librado de un desastre nacional, y no los tanques de pensamiento o los poderes terrenales que dominan el país. Ciertamente los pobres fueron mucho más coherentes que algunos propietarios de medios de comunicación que pasaron, con más interés en el dinero que en la ética, los anuncios mentirosos de la minería verde, sedicentemente segura y animadora del desarrollo humano. Más patriotas los campesinos que algunos grandes empresarios que no tuvieron problemas en presentarse en público con Frank Giustra, millonario dueño de Oceana Gold – Pacific Rim. Este millonario canadiense, calificado como filántropo, dona algunos de sus millones para fines sociales, siempre administrados desde la riqueza y el poder. Y gana con sus donaciones la simpatía de políticos, a los que no les importa que el dinero vaya manchado con la sangre de mineros.

En este contexto de agradecimiento viene a la memoria la reunión de más de quinientos campesinos en la UCA, que llegaron al auditorio Ellacuría para un conversatorio en el que participó, entre otros, el entonces ministro de medio ambiente, Hugo Barrera que, hay que decirlo, en aquel momento animó a los campesinos a seguir luchando en la causa del no a la minería. Esta reunión masiva y de voz potente campesina contra la minería, sirvió posteriormente como prueba frente a la afirmación de la Pacific Rim en el CIADI que, mintiendo una vez más, aseguraba que nunca se habían reunido más de 30 o cuarenta personas para protestar contra la minería. Esos campesinos que dedicaron tiempo, que se movilizaron, que salieron de su ambiente para defender sus intereses y los mismos intereses de El Salvador, son los que ahora merecen el agradecimiento nacional.

Una mención especial merece el abogado Luis Parada. Este salvadoreño es el coordinador del equipo de abogados del bufete Foley Hoag que representa a El Salvador contra la Pacific Rim. Ha estado viajando sistemáticamente a El Salvador para hablar con todos. Desde la gente más sencilla a la más encumbrada. Algunos no le quisieron recibir pero nunca se desanimó. Ex capitán de la Fuerza Armada y abogado titulado en Estados Unidos, hombre de un profundo humanismo, y con esa cualidad de ser salvadoreño y vivir y trabajar profesionalmente en el Norte, ha sido una pieza fundamental en este arbitraje. Sobre su dimensión humana baste con decir lo siguiente. La mayor parte de su vida militar la pasó vinculado a la guerra civil salvadoreña. Pero a principios del año actual participó con un general norteamericano, un expresidente salvadoreño y un excomandante de las FPL en un foro en Nueva York sobre los acuerdos de paz en El Salvador. Cuando salió el tema del juicio de los jesuitas, tanto el exmandatario como el exguerrillero se pronunciaron en favor de que no hubiera juicio para los militares, ni siquiera por graves violaciones de Derechos Humanos. Luis Parada y el general norteamericano Mark Hamilton se pronunciaron por la verdad y por el enjuiciamiento. El ex capitán y ahora abogado dijo entre otras cosas: “Quienes hicieron ese crimen le hicieron un grave daño al país y es necesario un esclarecimiento. Hasta ahora nadie se ha hecho cargo ni ha aceptado su responsabilidad.” Todo un buen ejemplo de un hermano cercano de los Estados Unidos, sobre cómo debe encararse el abuso de las transnacionales en el mercado y el abuso de la fuerza estatal dentro de nuestro país.