Desigualdad judicial

Publicado por Diario CoLatino, el 8 noviembre de 2016, en la sección Opiniones.

José María Tojeira

Las publicaciones y debates en torno a la detención del ex presidente Saca nos muestran con claridad los defectos en el manejo de la información de los grandes medios. Interesa lo sensacional. Se cultiva la apariencia de justicia más que la justicia. Los medios llevan a cabo un proceso mediático previo en el que se elimina en la práctica la presunción de inocencia. En el caso del ex presidente Flores, sus partidarios y miembros connotados de su propio partido hablaban de un linchamiento mediático contra él. Él tuvo al menos algunos defensores. Una gran mayoría de acusados e imputados son linchados sistemáticamente y no tienen a nadie que los defienda, al menos en los grandes medios. Los 58 detenidos en San Miguel Tepezontes ni salen en las noticias. Los cien, doscientos y el resto de las grandes redadas son exhibidos en calidad de culpables y muchas veces de formas vergonzosas y humillantes. No digamos esas detenciones en las que se entra a punta de mazo y ruptura de puertas, con policías armados con armas largas y con periodistas fotografiando al sospechoso tirado en el suelo en calzoncillos. Hay muchos más condenados en los medios de comunicación que en el sistema legal. Eso puede ser un signo de que el sistema legal no funciona bien, pero también de que los medios se dejan llevar por un sensacionalismo enfermizo y por una especie de ansia de venganza contra cualquiera que según la policía o la Fiscalía sea sospechoso de un delito.

Este modo de actuar refleja además que todavía existen clases sociales en El Salvador que impiden que todos seamos iguales ante la ley, como teóricamente afirma la Constitución. Como en tantos otros aspectos económicos y sociales la justicia se manifiesta también como una estructura clasista, vengativa contra los pobres y respetuosa con los poderosos. Al pobre se le hostiga, acusa o persigue en ocasiones aun antes de cometer un delito. Baste que esté cerca o viva en zonas “peligrosas”. Al poderoso generalmente, sobre todo si es gobernante, sólo se le puede juzgar o cuando ha perdido poder, o cuando su abuso y delito perjudica a otros más poderosos que él. Cuando uno habla de clases sociales en seguida le acusan de marxista desde la hueca estupidez de algunos comentaristas mediáticos. Bolívar, ideológicamente liberal, constataba ya en su época lo siguiente: “En Colombia hay una aristocracia de rango, de empleos y de riqueza equivalente, por su influjo, pretensiones y peso sobre el pueblo, a la aristocracia de los títulos y de nacimiento, aun la más despótica de Europa; aunque hablan de libertad y de garantías es para ellos solos que las quieren y no para el pueblo, que, según ellos, debe continuar bajo su opresión; quieren también la igualdad, para elevarse y aparearse con los más caracterizados, pero no para nivelarse ellos con los individuos de las clases inferiores de la sociedad: a  éstos los quieren considerar siempre como sus siervos a pesar de todo su liberalismo”. En El Salvador parece que no hubiera pasado el tiempo. La detención de un poderoso puede parecer un avance. Pero no puede utilizarse para justificar un modo de hacer justicia en el país que es profundamente desigual y miserable. Al poderoso lo tratan bien, aunque lo detengan durante una boda, y al pobre a patadas, aunque esté en un velorio.

La necesidad de ir creando un modelo de justicia diferente debe comenzar por un cambio en los grandes medios de comunicación. Salir de su modo elitista de ver la realidad y defender un poco más los derechos de los pobres es un primer paso indispensable. La conciencia nacional está convencida de que el poder político se ha utilizado con demasiada frecuencia para enriquecerse. Es necesario juzgar primero un sistema que produce desorden y corrupción antes que alegrarse porque al fin se detiene a alguno de los operadores del sistema. Por poner un ejemplo, el Organismo de Inteligencia del Estado, OIE, nunca ha aparecido en el presupuesto nacional. Como estructura estatal creada por una ley de la república, tiene que aparecer en el presupuesto. Pero desde el tiempo del presidente Cristiani, esa oficina estatal depende de unos gastos confidenciales que son arbitrarios y que dependen de la llamada partida secreta. Organizar la administración del poder de un modo informal, contrario a las leyes, secretista, no conduce a nada bueno. El mismo modo de organizar la partida secreta alimentándola del presupuesto mensual no realizado de cada uno de los ministerios, era un abuso. Abuso que entiendo se cortó en el período presidencial de Mauricio Funes, aunque continuaron otros procedimientos oscuros. Los propios bancos nacionales, que podían dar una alerta temprana ante el abuso del poder, fueron en su momento cómplices del dispendio y el abuso, al no advertir que fondos públicos pasaban impunemente por manos privadas. Porque si hay lavado de dinero ahora, es porque lo había entonces. La propia Fiscalía no tiene, por lo visto, mecanismos adecuados para perseguir este tipo de delito si proviene de gobernantes en funciones. Sólo después actúa. Y por supuesto a los bancos nadie les reclama. En Estados Unidos le pusieron una multa de varios miles de millones al Banco HSBC por permitir el lavado de dinero. Si lo que hizo el presidente Saca fue lavado a través de cuentas bancarias, ¿se multará a nuestros bancos?

La ley de Acceso a la Información Pública ayuda a esclarecer cosas. Pero la transparencia y la rendición de cuentas tienen que seguir avanzando. Un proyecto sobre transparencia y anticorrupción que se estaba trabajando con la mediación del PNUD ha caído en el abandono. La necesidad de transparencia en contratos, la responsabilidad de las empresas cuando hacen trampa en impuestos o en obras públicas, tiene que investigarse mejor. Lo mismo que los índices de favoritismo dentro de las contrataciones y empleos del Estado. Pero sobre todo en el campo de la justicia es necesario tener unos parámetros iguales para todos. Y por supuesto unos parámetros coherentes con los derechos humanos. La tendencia de la Fiscalía a pedir casi siempre cárcel durante el período de instrucción viola claramente la presunción de inocencia. Y no vale decir que el Estado no puede controlar si los acusados van a huir o no. Si así fuera, no queda de otra que diseñar un sistema adecuado de control del individuo en libertad. Pero no violando la presunción de inocencia. Presunción que muchas veces se transforma en inocencia a secas cuando se logra el sobreseimiento o la absolución del delito. La hipocresía estatal de los casi últimos 30 años, que establece normas avanzadas para luego incumplirlas, mientras deja huecos oscuros en su modo de proceder, trae los problemas actuales. Parte de ello es la impunidad de quienes se enriquecieron en el pasado y se aprovechan de la larga permanencia en el poder de su partido para lograr la prescripción de sus tropelías. La tarea ahora, a parte de juzgar a quienes estén imputados en casos de corrupción, no es echar culpas y buscar chivos expiatorios, sino dialogar a fondo sobre esta realidad miserable en la que vivimos para que la corrupción estatal pueda detectarse pronto y juzgarse de inmediato. Que el pasado no se repita.