Homenaje a Katy

Autora: Mayra Barraza
De la serie"Justicia" - Homenaje a Katya Miranda
Óleo e hilo de seda sobre canvas250 x 180 cms
2008
Exposición "Artista del mes" - MARTE - Diciembre 2008

(Tomado el Blog de la autora, disponible aquí.)

POSICIÓN DEL IDHUCA EN CASO JESUITAS

El director del IDHUCA, Benjamín Cuéllar, y la subdirectora de derechos humanos, Guadalupe Espinoza, explicaron este 4 de diciembre, en la Entrevista al día de Canal 12, la posición del IDHUCA respecto a la querella presentada por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) y el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA) en la Audiencia Nacional de España.

Ver comunicado de prensa

PARTE 2



PARTE 3



PARTE 4



PARTE FINAL

Segundo encuentro de víctimas

El 7 de noviembre se realizó el Segundo encuentro de comités de víctimas en el pasado conflicto armado. La Actividad tuvo lugar en la Plaza Barrios, frente a Catedral de San Salvador. Hubo teatro y música.

Las víctimas y sus familiares crearon este monumento: un árbol cuyas hojas llevaban impresa la fotografía e identidad de su familiar asesinado o desaparecido. Lo denominaron "árbol de la memoria". Muchos transeúntes se detenían a revisar la información.

Asimismo, hubo exposiciones sobre las distintas masacres acaecidas en durante la guerra y en las que perecieron civiles. Algunas fotos de víctimarios identificados por los Comités también fueron expuestas.

Miembros de estos comités, en pleno sol, atendieron a los medios de comunicación.

Alfombras, IXX Aniversario del asesinato de los Jesuitas, Elba y Celina.

Alfombra realizada por el IDHUCA en el marco de la conmemoración en la que se recuerda a víctimas de la guerra, de violencia y de la impunidad.

Alfombra realizada por los jóvenes de las Defensorías para la Niñez y la Adolescencia.

Posición de la UCA sobre Querella de caso Jesuita en España

Leer comunicado de prensa aquí.

EN EL DÍA DE LA NIÑEZ EL IDHUCA EXIGE JUSTICIA ¡YA!

Teniendo el día de la niñez como marco, el IDHUCA relanzó este primero de octubre la campaña "Justicia ¡ya!" para demandar al Fiscal General de la República, Felix Garrid Safie, que actúe y resuelva la violación y el asesinato de la niña Katya Miranda Jiménez, ocurrida hace nueve años y seis meses.

En la conferencia de prensa para anunciar el relanzamiento, también estuvieron presentes el Procurador de Derechos Humanos en funciones, Dr. Salvador Menéndez Leal y el artista Augusto Crespín quien presentó el cuadro titulado "Complicidad nocturna". La obra fue entregada por el pintor como un legado para la niñez. Esta es una de las acciones que se realizarán en esta campaña. 

El artista, el IDHUCA y el Procurador en funciones llamaron a la población a unirse legando obras que le recuerden a la sociedad, pero en especial a las autoridades, su responsabilidad de proteger a los niños y las niñas del país. En este sentido, ya se cuenta con este cuadro, un poema, una obra de danza y un mural en la fachada de la Parroquia de San Luis de La Reina, departamento de San Miguel. 

Sobre el caso de Katya, la subdirectora del IDHUCA, Guadalupe de Espinoza, expresó: "nosotros estamos exigiendo al señor Fiscal General de la República que su legado a la niñez de El Salvador sea la justicia para Katya, su hermana, Gina Marcela, y su madre, Hilda María", además el abogado del IDHUCA, Roberto Burgos, señaló “al momento no hemos recibido una respuesta efectiva de la Fiscalía General de la República. El Fiscal General fue muy enfático en el mes de abril del presente año al decir que el caso se podía considerar archivado. Nosotros creemos que esa es una irresponsabilidad de un funcionario que tiene como su principal misión constitucional defender los intereses del Estado y de la sociedad”.

IDHUCA SOLICITA A ASAMBLEA LEGISLATIVA CONDENA CONTRA EL GOBIERNO VENEZOLANO

Este 24 de septiembre, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) presentó una pieza de correspondencia a la Asamblea Legislativa en la que solicita se condene al gobierno venezolano por la expulsión de José Miguel Vivanco y Daniel Wilkinson, director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW) y subdirector de la misma, respectivamente. 

El organismo de derechos humanos pidió a la Comisión de Relaciones Exteriores que promueva esta iniciativa en el pleno legislativo. Los hechos que generaron la solicitud ocurrieron luego de que el pasado jueves 18 de septiembre, los referidos funcionarios presentaran en la ciudad de Caracas, Venezuela, el informe titulado “Una década de Chávez: intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los derechos humanos en Venezuela”. El documento analiza el impacto negativo de la administración del presidente Hugo Chávez Frías en la independencia de los tribunales y la libertad para los medios de comunicación, así como en la autonomía sindical y de la sociedad civil.

Horas después de dicha presentación, ambos representantes de HRW fueron incomunicados por orden presidencial, al tiempo que se les negó su derecho a contar con asistencia consular y fueron expulsados del territorio venezolano. Esos hechos constituyen violaciones de sus derechos humanos como defensores de los mismos y como personas, tal como lo establece la Declaración sobre los Derechos de los Defensores de los Derechos Humanos –adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1998– y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, del 24 de abril de 1963.

Como lo señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su Informe sobre la situación de las defensoras y defensores de derechos humanos en las Américas es “fundamental” el papel que estos realizan en el fortalecimiento de las democracias, al salvaguardar el Estado de Derecho. “Cuando se ataca a un defensor o defensora, quedan desprotegidas todas aquellas personas para quienes estos trabajan”, indica el informe. Por eso, en comunicado público ante los hechos contra los representantes de HRW, “la CIDH hace un llamado a las autoridades venezolanas a respetar la labor de defensa de las y los defensores de derechos humanos y su libertad de expresión”. 

En ese sentido, el IDHUCA se une a organizaciones de derechos humanos latinoamericanas, así como a organismos internacionales como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés) que han condenado la expulsión de los activistas de derechos humanos. De hecho, en un pronunciamiento público, cincuenta organismos nacionales de derechos humanos en América Latina y cinco regionales e internacionales instan “a las autoridades del Estado venezolano a dar marcha atrás con esta expulsión, y garantizar que todas las personas comprometidas con la tarea de promoción y protección de derechos fundamentales puedan desarrollar sus actividades con independencia y libertad”.

Asimismo, en la pieza de correspondencia presentada hoy se solicita la aprobación de una resolución de la Asamblea Legislativa a través de la cual se demande al presidente de la República reafirmar públicamente las garantías constitucionales para que las personas y los organismos que promueven los derechos humanos en El Salvador gocen de las condiciones de respeto y libertad necesarios para desarrollar su misión.

HERIDAS ABIERTAS, POLÍTICOS CERRADOS

En septiembre, cuando la Nación celebra su independencia, la “tandona” y miles de veteranos militares salieron a marchar en público. Ante eso, mucha gente –en el silencio impuesto– evocó a sus seres queridos torturados, desaparecidos o asesinados por algunos de estos. Los belicosos sonaron de nuevo los tambores de guerra, vociferando en defensa de la amnistía que les ha permitido tener “buen nombre”, opinar en los medios de difusión –como si se tratara de sensatos analistas– y amenazar con reaccionar ante determinada acción del “otro”. Y la “pedrada”, dicen, será del tamaño del “sapo”. Eso niega que El Salvador sea un país “reconciliado”. Todas las campañas electorales son polarizadas, desafiantes y peligrosas, dentro de una sociedad excluyente e insegura donde los que antes se disparaban siguen sin llegar a pactos mínimos y sus militantes continúan enfrentándose violentamente.

Esa amnistía no es “la piedra angular de la paz”; ni siquiera fue parte de los acuerdos. Ha sido piedra de tropiezo al impedir que estructuras criminales se desmontaran; así, escuadrones de la muerte asesinaron a Darol Francisco Velis y a Ramón Mauricio García Prieto en “tiempos de paz”. Luego, la “Sombra negra” exterminó pandilleros. Hay quienes afirman que continúan operando. Pero además de los militares, el FMLN y su candidato se niegan a derogarla aunque antes promovían lo contrario. Ya se entonaron con los aspirantes y después presidentes de ARENA, al decir que se abrirían heridas; “que tenemos que ver hacia el futuro, no más hacia el pasado”.

Mejor. Así, la lucha por la justicia al fin perdió el color partidista que maliciosamente le asignaron los victimarios para desprestigiarla. Ahora, ambas fuerzas políticas –responsables de graves violaciones de derechos humanos– coinciden en su discurso sin escuchar a quienes deberían ser protagonistas principales: las víctimas y sus familiares, a las cuales corresponde decidir si perdonan o no después de conocer verdades tan elementales como, por ejemplo, el paradero de sus seres queridos.

Estas heridas siguen abiertas y no las cierra la “buena voluntad” de un candidato. Pero hay que cerrarlas, para no cometer de nuevo errores pasados. Hay  que encarar, pues, la impunidad que permitió enterrar a decenas de miles de víctimas en 1932 junto con la justicia. ¿Tuvo algo que ver eso con lo que ocurrió después? ¡Sí! Abrió la posibilidad de “resolver”, con la violencia militar y policial, problemas estructurales del país que debían superarse mediante la existencia y el funcionamiento correcto de instituciones democráticas. Por eso, el país vivió su peor tragedia entre 1970 y 1992. También se arraigó la mala costumbre de “solucionar” así problemas entre particulares. Así, El Salvador es hoy y desde antes del conflicto, uno de los países más violentos del planeta.

MIGRACIÓN: LAS DOS CARAS DEL GOBIERNO

Era de esperarse. Se acercan las elecciones y el presidente Antonio Saca ya anunció que solicitará al inquilino de la Casa Blanca otra prórroga al Estado de Protección Temporal –TPS, por sus siglas en inglés– para la población salvadoreña afincada en territorio estadounidense. Así pasó en el 2003 y en el 2006, en víspera de los comicios municipales y legislativos.

 

Es cierto que el TPS le permite a la comunidad salvadoreña trabajar y gozar de mejores condiciones laborales, pero es reprobable que se busque su renovación para conseguir votos y se mire a esas personas como números estadísticos que se invocan cuando se necesita para fines partidistas, pero que resultan incómodas cuando exigen sus derechos. Se habla de ellas con orgullo cuando mandan dinero al país; pero cuando fallecen, desaparecen o reclaman mejor trato en su travesía, ni se mencionan en los discursos oficiales. Es peor cuando regresan deportados; se convierten en villanos. Y todavía más cuando exigen se respete su derecho al sufragio en el exterior; simplemente, les niegan su participación en la vida política nacional. Tampoco tienen la posibilidad de estar representadas en el parlamento, aunque el último censo demuestre que deberían. Las autoridades electorales han adelantado los plazos para evitar, entre otras cosas, que esa aspiración se cristalice. Así funciona la política estatal en este ámbito; con una cuestionable, inaceptable y denunciable doble moral.

 

Esas dos caras también surgen cuando la gente cruza las fronteras patrias. Se pide a las autoridades guatemaltecas, mejicanas y estadounidense que respeten los derechos de la gente salvadoreña. ¡Qué bien! Pero qué mal cuando eso se olvida si son nicaragüenses, hondureños, suramericanos o asiáticos –no maquileros– quienes ingresan al país y vienen con la misma esperanza que cargan las y los compatriotas que agarran camino hacia el norte. Ambas poblaciones dejan su terruño para mejorar la situación de sus familias.

 

Acá, las y los emigrantes realizan labores peligrosas y mal pagadas; caen en manos de proxenetas degenerados o patronos inescrupulosos que les esclavizan pagándoles menos, haciéndoles trabajar más o explotándolas sexualmente. Y si se quejan, los amenazan con llamar a migración. Ante esa realidad, es importante y urgente que las autoridades asuman un rol más activo supervisando que no se violen sus derechos laborales y facilitando la regularización de su estancia. La Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias, plantea esta obligación a los Estados que la han ratificado. El Salvador es uno de esos. La sociedad también puede aportar viendo en sus rostros sufrientes el mismo de sus parientes y amigos que se han ido, para solidarizarse y denunciar a quienes abusan de esa humilde gente.

SEMINARIO NACIONAL SOBRE MIGRACIÓN

Este 3 de septiembre, el IDHUCA inauguró el "Seminario nacional sobre migración", el cual se enmarca en las actividades de la Semana del migrante que se celebra todos los años durante los primeros siete días de septiembre.

En este seminario se analizan los avances y retrocesos en la implementación de la "Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares" en El Salvador, así como del trato que se le da a los centroamericanos que cruzan las fronteras nacionales para trabajar y de la situación actual del refugio.

Se cuenta con la participación de representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores,  la Dirección General de Migración y Extranjería, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, la División de fronteras de la Policía Nacional Civil, la Embajada de Nicaragua, el IDHUCA y otras instituciones involucradas en el tema.

El primero de los dos días de duración que tendrá este evento contó con la participación de la Viceministra de Relaciones Exteriores para los Salvadoreños en el Exterior, Margarita Escobar, quien habló de los programas de trabajadores temporales en el exterior.

El IDHUCA inició la Semana del migrante con la presentación del Informe del Procurador, Óscar Humberto Luna, al Comité de Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migrantes y de sus Familiares y concluirá con el Vía Crucis del Migrante este viernes a las 2 de la tarde en el interior de la UCA.

SANEAR LA PNC: UN NUEVO CHANCE

Seis meses duró Francisco Rovira en la Policía Nacional Civil (PNC). Durante ese tiempo, además de la ilógica promesa de bajar a cuatro el promedio de homicidios diarios, realizó no menos de veinticinco movimientos internos que afectaron varios mandos territoriales y técnicos. Cualquier persona mal pensada pudiera afirmar que esos cambios sirvieron a sus “asesores”, José Pérez Aguillón y José Aquino Oliva, para hacer de las suyas. Ellos no sólo tienen en común su primer nombre y su reciente renuncia como “guías” de Rovira; también trabajaron con él en la cartera de Hacienda en dos direcciones: la de Aduanas y la General de Impuestos Internos, de donde fueron despedidos por “pérdida de confianza”. Pérez Aguillón, además, fue investigado por sus vínculos con Margarita Parada Grimaldi y Reynerio Flores.

Ningún funcionario encargado de garantizar la seguridad de un país pagaría por los consejos de personas con semejante reputación, sobre todo si se plantea metas tan altas como las de Rovira en materia de homicidios. Por eso, el hasta hace poco director de la PNC no debió darse el lujo de contratar a esos “consultores” sin estar claro de su solvencia. En juego no sólo estaba su buen nombre, sino también la integridad institucional y la tranquilidad de la gente. Tampoco debió ubicar en puestos importantes a Mauricio Arriaza Chicas y a César Flores Murillo, uno vinculado con fraudes procesales y el otro con la “Sombra negra”.

Sin embargo, el daño se hizo al reforzar el lado oscuro de la PNC; eso es injusto, pues buena parte de su membresía trata de cumplir su deber. El ministro de Seguridad y Justicia, René Figueroa, debe entender que la renuncia de Rovira no es la señal de transparencia que demanda la ciudadanía. ¿Ingenuidad o malicia de su parte? Que la sociedad lo juzgue si no impulsa una investigación seria, responsable y abierta al escrutinio público, que permita sanear de una vez por todas a la institución.

No se puede seguir apostando a las afiliaciones y lealtades partidistas para conducir la PNC. Los políticos que hasta ahora la han manoseado, deben dejar de hacerlo. Rovira se presentó como “buen administrador”, pero sin liderazgo ni conocimiento y experiencia en los ámbitos de la seguridad y los derechos humanos.

Como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la PNC ha sido víctima de los desatinos del poder visible y oculto; eso ha trastocado su buena marcha pese a ser, ambas instituciones, las “hijas predilectas” de los acuerdos de paz. Toca a la ciudadanía hacerlas suyas, para evitar que las sigan maltratando más. Si no, de cara a lo que viene en los próximos meses, ¡que Dios nos agarre confesados!

Te esperamos

Getting Personal: Cuéllar and the ILEA

by NACLA

To the editors:

We, the undersigned, write to express serious concerns about the article “Another­ SOA? A U.S. Police Academy in El Salvador Worries Critics,” which appeared in the March/April edition of the NACLA Report on the Americas. There has been debate in El Salvador about the recently established U.S.-sponsored International Law Enforcement Academy (ILEA) in El Salvador, and the article reports on real and legitimate concerns about transparency and accountability at the academy.

However, it frames its criticism of the ILEA as a personal attack on Benjamín Cuéllar, director of the Human Rights Institute at the University of Central America (IDHUCA), who decided to offer human rights trainings at the academy.

Cuéllar is a distinguished human rights defender with a long history of selfless and courageous dedication to the cause of promoting human rights in El Salvador, many times at grave personal risk. As director of IDHUCA he has fought tirelessly for accountability of the security forces through advocacy, public denunciation, and local and international litigation. It is relevant to note for those less familiar with El Salvador that IDHUCA has personally felt the tragic effects of abuses by security forces, notably the murder of six Jesuits, their housekeeper, and her daughter, on the University of Central America campus by U.S.-trained members of the Salvadoran military in 1989.

As the article notes, IDHUCA decided to engage with the ILEA, offering a human rights course to police trainees similar to a one it has offered since the early 1990s. IDHUCA thought it important to offer the human rights training and believed that access to the institution would allow it to examine the curriculum and materials, and the courses offered. IDHUCA saw this as an opportunity to review the content and scope of the courses being given and to press for greater transparency and accountability within the institution. One may agree with this strategy or not; other organizations in the human rights and legal community in El Salvador chose not to participate in the ILEA. But agree or disagree, it is unjust and false to suggest, as the article does, that IDHUCA’s work at the ILEA implies a blanket endorsement of the academy and all its practices, or an indifference to concerns about transparency and accountability.

U.S. support for police assistance and training has been a controversial issue in El Salvador and other countries in Latin America, particularly given the history of U.S. policy in the region. That concern has been exacerbated by U.S. treatment of prisoners in Iraq and concerns about the treatment of prisoners at the U.S. base at Guantánamo. The debate over how best to professionalize the police forces of countries with histories of gross human rights violations and to promote much needed reforms is a valid one. Police training programs ought to be conducted transparently, there should be civilian oversight, and there should be clear assurances that both students and trainers will be civilians, rather than military personnel. As the article notes, there are concerns about all these issues at the ILEA in El Salvador. However, the article removes the ILEA discussion from an institutional context, instead focusing on Cuéllar as an individual, emphasizing its view of him as a loner in engaging with the academy, calling his beliefs “misguided,” painting him as secretive and unwilling to work with others, and questioning his legitimacy as a human rights defender. This is unfair to Cuéllar.

Human rights activists agree that El Salvador and many other countries in Latin America have much to do to consolidate a democratic police force. In fact, recent events in the region underscore that, however it is done, it is critical that Central American police forces be transformed into more transparent, accountable, and rights-respecting organizations.These training and reform efforts, of course, must include civilian oversight mechanisms, no military involvement, and a focus on the professionalization of police across the board. There are real disagreements about how to achieve those goals, and differing views on whether and how the United States and others in the international community should play a role in that process, but it is a process that needs to happen. There ought to be serious debate in the human rights, activist, and solidarity communities about those issues.

Unfortunately, Enzinna’s article obscured this real debate, substituting a personal attack on Cuéllar and simplistic criticism of the IDHUCA for a consideration of the issues.

Joy Olson

Executive Director

Washington Office on Latin America

Viviana Krsticevic

Executive Director

Center for Justice and International Law

William Leo

GrandeProfessor of Government

American University

George Vickers

Director of International Operations

Open Society Institute

Charles T. Call

Assistant Professor

American University

Mark Ungar

Associate Professor

Graduate Center

City University of New York

David Holiday

Program Officer, Latin America Program

Open Society Institute

Lars Schoultz

Kenan Professor of Political Science

University of North Carolina at Chapel Hill

Alex Wilde

Research Associate, Centro de Ética

Universidad Alberto Hurtado, Chile

Carlos Heredia

Iniciativa Ciudadana

Mexico City

Raúl Benitez Manaut

Researcher

Universidad Nacional Autónoma de México

Gino Costa

President

Ciudad Nuestra, Peru

Joseph Eldridge

American University

EMPRESAS MINERAS DIVIDEN A LAS COMUNIDADES

Este martes 8 de julio, el IDHUCA, la Conferencia Episcopal de El Salvador (CEDES), OXFAM América, la Mesa Permanente de Gestión de Riesgos, el Foro Nacional del Agua y la Mesa Nacional contra la Minería Metálica se pronunciaron contra los actos intimidatorios que un grupo de personas no identificadas, pero que afirman estar a favor de la “minería verde”, realizan contra quienes se oponen a la extracción de metales en el país.

Las acciones van desde los ataques verbales hasta las manifestaciones públicas. La más preocupante de todas se dio este 30 de junio cuando dos buses y una camioneta llenos de personas desconocidas se concentraron durante tres horas frente a las oficinas de OXFAM América en una acción intimidatoria contra esta agencia de cooperación canadiense por su apoyo a las organizaciones que defienden el ambiente de las zonas amenazadas por las empresas mineras.

Éstas, encabezadas por Pacific Rim, están sembrando el enfrentamiento entre vecinos, provocando la ira en sus empleados contra quienes se oponen a que operen en la zona de Chalatenango y Cabañas. Además de esta estrategia y de la millonaria campaña publicitaria, han financiado proyectos en San Isidro y Sensuntepeque con el fin de obtener la buena voluntad de los alcaldes y evitar que éstos sean protagonistas de la defensa de los recursos naturales de sus municipios.

Ante todo esto, Mons. Elías Bolaños, Obispo de Zacatecoluca mostró su preocupación porque se sigue impulsando un modelo de desarrollo que privilegia el lujo y la ganancia, y citó el numeral 471 del documento de Aparecida, del Consejo Episcopal Latinoamericano, que señala: “En América Latina y el Caribe se está tomando conciencia de la naturaleza como una herencia gratuita que recibimos para proteger, como espacio precioso de la convivencia humana y como responsabilidad cuidadosa del señorío del hombre para bien de todos. Esta herencia se manifiesta muchas veces frágil e indefensa ante los poderes económicos y tecnológicos”. Según Mons. Bolaños, en Cabañas y Chalatenango, esta herencia está siendo utilizada para dividir y eso es peligroso para el país.

Finalmente, Benjamín Cuéllar, director del IDHUCA apuntó que las empresas mineras han lanzado una campaña llena de falsedades y están manipulando a la población y jugando con su pobreza. Además agregó que desastres como el de la Málaga y la comunidad Melara, y la amenaza de la extracción minera pueden ser mayores porque en el país “sólo existe un río grande y muchas instituciones pequeñas que no están a la altura de lo que la situación demanda. El gran río (el Lempa) se puede contaminar por la minería y las instituciones pequeñas no podrían sancionar o aplicar la ley porque también es pequeña”, sentenció.

Reporte semanal del IDHUCA

EL QUE PROMETE, ¿SABE EN QUÉ SE METE?

En El Salvador la política se alimenta de promesas, mientras la realidad de mucha gente lo hace de tragedias. Esto se verifica cada vez que la ocasión se presta para evaluar o contrastar las palabras y los hechos. En cada evento electoral –es decir, a cada rato– aparecen las quimeras como regalo para la ciudadanía salvadoreña; las ilusiones son el anzuelo para pescar voluntades. Una vez instalado en lo municipal o nacional, el gobierno de turno se dedica a administrar calamidades; en la mayoría de ocasiones, con mucho desacierto. Las promesas hechas con bombo y platillo, repetidas a lo largo de una permanente y cada vez más descarada campaña publicitaria de los partidos mayoritarios, no se concretan y entre la gente crecen la desesperanza y la apatía; entre la gente, cabe aclarar, que no pertenece a ninguna de las dos “barras bravas” cuya conducta –alentada por sus “cúpulas”– también tiende a crecer pero en “calenturas” y agresividad mutua.

Ese es el escenario nacional. Bastante complicado para una extendida cantidad de población que tiene claras sus desventuras: la situación económica y social, la desigualdad, la violencia y la inseguridad, la mala calidad de los sistemas públicos de salud y de transporte, el deterioro del medio ambiente, y el alto costo de bienes y servicios, entre otras. Y sus hipotéticos representantes pertenecientes a la llamada “clase política” lo complican más, al utilizar los clamores populares para ofrecer salidas que ya demostraron su inutilidad o que antes las habían rechazado.

Por ejemplo, al presidente Antonio Saca le queda un año para terminar su mandato y durante ese período deberá –como dice que “las únicas promesas que valen son las que se cumplen”– honrar su palabra empeñada dentro del denominado Plan de Gobierno 2004-2009, en el numeral siete de sus ofertas: hacer de El Salvador, un país seguro. Apelando a la fallida “mano dura” de Francisco Flores que convirtió en “súper”, afirmó en dicho documento lo siguiente: “El Estado tiene la responsabilidad constitucional de realizar todas las acciones conducentes para procurar a los habitantes de la Nación la protección, conservación y defensa de los derechos fundamentales, particularmente la vida, la integridad física y moral y la libertad, los cuales se ven permanentemente amenazados por la criminalidad. Concibiendo la seguridad en forma amplia, y no solo referida a la necesidad de mantener el orden público y la tranquilidad ciudadana, creemos que el concepto también engloba la preocupación por la falta de trabajo, la delincuencia, el narcotráfico, la corrupción, la falta de recreación, la falta de vivienda, etc. Este proyecto persigue un accionar nacional conjunto en la búsqueda de la seguridad personal, buscando el involucramiento de las comunidades, los políticos, el Estado, la Sociedad Civil, la Empresa Privada, etc. Su ámbito de acción abarcará desde la prevención, hasta la reinserción, pasando por el combate a la delincuencia y los programas de rehabilitación”.

Y de eso, ¿qué? La realidad es infalible. El Presidente le apostó hace cuatro años a este tema, dado el significado que tenía para el electorado. Se pasó el tiempo entre anuncios y, en la práctica, la gente sigue viviendo con el alma en un hilo. Desde que asumió el cargo hasta abril del año en curso, asegura el periódico digital El Faro en su edición de la presente semana, son más de catorce mil los homicidios ocurridos en el país. Por eso se dice en las calles: “Tanto cacarea la gallina y nunca pone el huevo”.

En este ámbito, Saca designó a su hombre confianza –su compadre, su socio, su amigo…– como ministro de Gobernación, primero, y luego de Seguridad Pública y Justicia tras la creación de esa cartera. Así, a René Figueroa le encargó hacer realidad su promesa de campaña. Junto a éste figuró Rodrigo Ávila como segundo al mando, hasta que lo trasladaron de nuevo al puesto que ocupó durante la administración de Armando Calderón Sol: la dirección general de la Policía Nacional Civil (PNC). Saca inició la ejecución del ya citado plan “Súper mano dura”, aduciendo que éste había sido apoyado ampliamente en las mesas “interinstitucionales” a las que convocó el Ministerio de Gobernación para discutir –con entidades estatales y organismos de la sociedad– las medidas para enfrentar el fenómeno de las maras. El IDHUCA participó en tal iniciativa y da fe que nunca se acordó ese supuesto “apoyo”.

La ejecución del plan se limitó a algunas modificaciones en los procedimientos policiales, mayor coordinación entre la PNC y la Fiscalía General de la República, y redadas nocturnas con Grupos de Tarea Antipandillas; pero en los ámbitos de la investigación criminal, la prevención de la violencia, la rehabilitación de los delincuentes y su reinserción no mejoró sustancialmente. Lo que sí logró fue dejar en la memoria colectiva la frase que, pretencioso, pronunció al anunciar el inicio del mencionado plan a finales de agosto del 2004. “¡Se les acabó la fiesta a los malacates!”, dijo entonces Saca.

Más adelante, en noviembre del 2006, formó la Comisión Nacional de Seguridad y Paz Social con diversas personalidades que entregaron su informe final en julio del siguiente año con más de setenta recomendaciones que –como dijo Saca en su discurso de cuatro años en el gobierno– “se están implementando”. ¿Todas? ¿Algunas? Quién sabe. También creó un fideicomiso, cuestionado por inconstitucional, para financiar asuntos relacionados con seguridad y educación. Adicionalmente, propuso leyes como la “Antiterrorista”, contra el crimen organizado y los delitos de realización compleja, reformas penales para que la privación de libertad fuese la regla y no la excepción y –en la actualidad– se discute la aprobación de un nuevo Código Procesal Penal también controvertido.

En medio de ese cúmulo de medidas, en su mayoría improductivas, la prevención del delito y su investigación parecen haber llegado tarde o se quedaron en simple retórica. Sin embargo, el Ejecutivo se ufana del trabajo realizado por la Secretaría de la Juventud y el Consejo Nacional de Seguridad Pública. En la práctica, sus logros se cuentan con los dedos de una mano. Por ejemplo, existen dos granjas de rehabilitación para integrantes de maras que deciden abandonarlas; eso es insignificante, considerando la cantidad de pandilleros en el país. La construcción de canchas deportivas en comunidades de riesgo, es otro resultado que se publicita del trabajo preventivo. Pero no basta. Una cancha puede ayudar, cierto; el problema es que, en la realidad, éstas son escenarios de violencia y asesinatos de jóvenes. ¡Son inseguras! No hay que detenerse mucho para caer en la cuenta que más que canchas, la gente reclama oportunidades de desarrollo y ciudades seguras.

En febrero del 2008, el presidente Saca juramentó al quinto director de la PNC. Francisco Rovira sustituyó a Ávila, quien renunció para convertirse en el candidato presidencial del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). Rovira se definió desde el principio como “administrador” y asumió el cargo prometiendo modernizar la institución. Hace unas semanas ofreció una quimera más: reducir los homicidios a cuatro diarios antes del 7 de agosto; sin embargo, su jefe inmediato ya intervino para remediar semejante “desliz”. “No hay que ser morboso y casarse con un número, lo importante es que disminuyan los homicidios”, lo corrigió el ministro Figueroa; Saca, por su lado, calificó la oferta del director policial como “ambiciosa”.

Aunque la criminalidad tiene diferentes expresiones, la de los homicidios es la que más preocupa. De ahí que hay que contarle las costillas al Estado, con números en mano, frente a la promesa electorera de convertir a El Salvador en un “país seguro”. Las cifras reflejan una tragedia. ¿Qué peso tienen frente a ésta las palabras de Saca? Ninguno. Si a eso se suma la falta de una investigación que logre la condena de los victimarios y la reparación a las víctimas, el asunto es más grave. Como dato estadístico no se conoce a ciencia cierta el nivel de impunidad que reina en el país, pero se cuenta con estimados a partir de la cantidad de audiencias judiciales las cuales son mínimas ante la cantidad de crímenes que a diario se comenten.

Luego de cuatro años de aquella promesa, llama la atención la ausencia deliberada y maliciosa de una evaluación sobre la misma en el discurso del presidente dirigido a la Asamblea Legislativa y a la Nación hace unos días. Resulta lógico que calle cuando se tiene el “techo de vidrio”. Simplemente no cumplió y trata de evitar que se le pase la factura, en el marco de un descontento social bastante generalizado que se refleja en la baja calificación ciudadana otorgada a su gestión. Ojalá, ARENA y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) aprendan de esta lección; porque cuando la mayoría de la gente vive desesperada por su situación pero tiene esperanza, es posible avanzar. Pero si se generan grandes expectativas y no se le cumple esa desesperación se puede volver explosiva. Piensen bien, entonces, lo que van a prometer; porque después el problema en que van a meter al país, puede ser mayúsculo.

Una petición por Katy

Este 13 de mayo la "Ciudadanía unida por la justicia" -formada por representantes de la Concertación Feminista "Prudencia Ayala", las Defensorías de la Niñez y la Adolescencia, la Iglesia Emnanuel, el IDHUCA, Salvadoreños en el Mundo, el Colegio "Sagrado Corazón", los familiares de la víctima y todas las personas que se han unido al caso con su firma o su participación activa- presentó a la Fiscalía General de la República más de trece mil firmas de apoyo a la petición de investigar la violación y el asesinato de Katya Natalia Miranda Jiménez.

Una comisión ingresó al edificio de la institución para presentar esta demanda. Las demás personas, afuera, exigían justicia para Katya y lo hacían al ritmo de la Batucada y con actuaciones de dos mimos que sostenían la foto de la niña asesinada hace nueve años.

Respecto a la petición presentada al Fiscal General, Roberto Burgos, abogado del caso y representante del IDHUCA, declaró a los medios de comunicación que "La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el deber de investigación del Estado del El Salvador no se reduce a dar un simple trámite a las denuncias de las víctimas como si fuera un asunto particular que depende de ellas o representantes, tiene que hacerse realidad la obligación de investigar de la institución competente (...)".

Después, el grupo se traslado en caravana a la Asamblea Legislativa para presentar una pieza de correspondencia para que el parlamento pida cuentas al Fiscal por el incumplimiento de su función de defender los intereses de la sociedad y el Estado.

Finalmente, el grupo de ciudadanos y ciudadanas se trasladaron al cementerio "Jardines del recuerdo" para realizar un acto ecuménico y depositar las rosas, que acompañaron simbólicamente el evento, en la tumba de Katy.

JUSTICIA ¡YA!

Firme y apoye la petición de reapertura de este caso

Katya Natalia Miranda Jiménez, una niña salvadoreña de nueve años, fue violada y asesinada el 4 de abril de 1999. Desde entonces, su madre –Hilda María Jiménez– ha pedido insistente y constantemente que el caso sea investigado, pero las autoridades no le han respondido; al contrario, ella con su otra hijita tuvo que abandonar El Salvador porque su vida corría peligro.

En mayo del 2007, casi ocho mil personas firmaron una carta en la que Hilda María le pedía al actual Fiscal General de la República, Félix Garrid Safie, que reiniciara las investigaciones. Hasta hoy, éste no ha respondido y se corre el riesgo de que ocurra lo que ha sucedido en otros casos que quieren mantener en la impunidad: de manera deliberada, dejar que venza el plazo legal de diez años para que ya no se pueda acusar y enjuiciar a los responsables de este abominable crimen.

Por eso, queremos invitarte a ser parte de esta campaña solidaria para lograr que –por fin– el sistema de justicia salvadoreño funcione y responda como es debido a esta madre, a sus hijas –tanto Katya como su hermana Marcelita– a toda la niñez del país que es víctima de violencia sexual. Tú puedes participar uniéndote a una o a todas las siguientes iniciativas:

1. Fotografía de apoyo

Te pedimos tomarte una foto en un sitio representativo de tu país, de tu ciudad o de tu pueblo: un parque, una iglesia, un monumento, un río… Puede ser personal o familiar, pero es importante que aparezca el lugar simbólico y un rótulo con la frase "Katya: JUSTICIA ¡YA!". Éstas servirán para un mural virtual que estará en el sitio web dedicado al caso, además se entregarán al Fiscal Safie en un disco compacto y se enviará el enlace a organismos internacionales que defienden los derechos humanos. La foto hay que enviarla al correo: comunica.idhuca@gmail.com con tu nombre, tu lugar de residencia, indicando país y ciudad, así como el nombre del sitio simbólico elegido.

2. Participación en el “Día de las rosas”

Si vives en El Salvador, el 13 de mayo a las 9.30 a.m. te invitamos a acudir a la sede de la Fiscalía General de la República ubicada en Final 4ª Calle Oriente y 19ª Avenida Sur, Residencial Primavera, Santa Tecla, La Libertad (Ruta de autobuses que te llevan: 79, 101-A, 101-B), con una rosa. Ésta también representará una señal de apoyo a Hilda María Jiménez, si deseas también puedes llevar carteles o mantas solicitando que se investigue el caso y todos aquellos relacionados con la niñez.

3. Denuncias

Si tienes o conoces algún caso relacionado con violaciones a los derechos de la niñez puedes presentarlo en el IDHUCA, que está ubicado en la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, Tel. 2210-6677. También en la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia más cercana o enviarlo a través del correo: comunica.idhuca@gmail.com Si quieres que el caso se presente el 13 de mayo en el “Día de las rosas”, repórtalo a más tardar el 30 de abril. Los casos recibidos serán presentados en la Fiscalía general de la República y publicados en el sitio web diseñado para la campaña.

4. Recolección de firmas

Se solicitará el apoyo de la población para firmar una carta de apoyo a Hilda María que se presentará al Fiscal Safie el 13 de mayo. También te la mandaremos por correo electrónico, para que coloques tu nombre y número de documento de identidad.

Más adelante te informaremos sobre otras formas para apoyar esta iniciativa.

Por el bien de la niñez, JUSTICIA ¡YA!

Te lo agradecerán Hilda María Jiménez, Marcela Miranda Jiménez, el personal del IDHUCA, la juventud de las Defensorías de la Niñez y la Adolescencia y tanta gente digna que ha apoyado siempre esta lucha.

Ante los hechos en el Complejo Educativo Doctor “Humberto Romero Alvergue” de San Salvador

Las Defensorías de la Niñez y de la Adolescencia de los distritos uno y cinco de San Salvador, la Coalición Centroamericana para la Prevención de la Violencia Juvenil y el Instituto de Derechos Humanos de la UCA, manifiestan:

El pasado viernes 15 de febrero, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) ingresaron al Complejo Educativo Doctor “Humberto Romero Alvergue” de San Salvador a capturar al padre de un estudiante sin explicación alguna. Tras forcejear y no poder someterlo, solicitaron refuerzos. Así llegaron al lugar veinte policías del Sistema de Emergencia 911, que procedieron a agredir al alumnado que grababa los incidentes. Al menos cincuenta y seis muchachas y muchachos resultaron afectados; seis con serias con lesiones físicas.

Ante semejantes sucesos, las Defensorías de la Niñez y de la Adolescencia de los distritos uno y cinco de San Salvador, la Coalición Centroamericana para la Prevención de la Violencia Juvenil, y el Instituto de Derechos Humanos de la UCA,

DEMANDAN A LA PNC:

1. Adoptar las medidas necesarias para sentar un precedente y evitar que este tipo de hechos se repita, investigando y castigando a los responsables en este caso.

2. Analizar sus patrones de conducta y la formación de sus miembros. La Inspectoría General de la misma, por su lado, debe vigilar y controlar el accionar del cuerpo investigando y deduciendo responsabilidades en los niveles superiores. Lo anterior, porque la actuación antes referida no sólo es otra arista de la brutalidad y el mal procedimiento policial, sino también de la práctica sistemática de acoso y abuso contra jóvenes en el país. Por eso, para corregir de fondo tal situación, no basta con sancionar a unos cuantos policías culpables directos en este caso.

3. Retomar su función de proteger y garantizar los derechos humanos. Preocupan los retrocesos en esta materia señalados por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, donde han aumentado las denuncias contra agentes. De eso dan cuenta sus intervenciones ante protestas como las del año pasado en el centro de San Salvador, Suchitoto y Cutumay Camones. Lamentablemente, cada vez más están quedando grabados en la retina de la población actos de brutalidad como el que provocó la muerte de un joven agricultor, el reportero televisivo pateado, y los tratos crueles inhumanos y degradantes por los que fue condenado en el 2007 el subinspector Edwin Arnoldo Guevara Henríquez. A esta lista habría que agregar los señalamientos contra miembros del cuerpo policial involucrados en sicariato.

4. Un actuar acorde a los estándares internacionales. En el presente caso, no se agotó el recurso del diálogo ni se adoptaron las medidas necesarias para garantizar la seguridad e integridad física y emocional del alumnado y el personal docente del plantel. Al respecto, el cuarto principio básico sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, aprobados por las Naciones Unidas en 1990, señala que “en el desempeño de sus funciones, utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego”.

5. Cesar la hostilidad, el acoso y otros atropellos contra la juventud salvadoreña que afectan sobre todo a la de menos recursos económicos. Tradicionalmente este sector poblacional ha sido sometido a la violencia y la violación de sus derechos humanos; en muchas ocasiones, sus agresores son agentes policiales. Tal situación se ha agudizado tras el impulso de los planes Mano Dura y Súper Mano Dura, mediante los cuales la han criminalizado.

Por último, las Defensorías de la Niñez y de la Adolescencia de los distritos uno y cinco de San Salvador, la Coalición Centroamericana para la Prevención de la Violencia Juvenil y el Instituto de Derechos Humanos de la UCA, urgen a la sociedad en general a denunciar este tipo de hechos en las instituciones estatales y sociales pertinentes para evitar que la PNC se siga desnaturalizando y se acerque más a los terrenos peligrosos donde se movieron la Policía Nacional, la Policía de Hacienda y la Guardia Nacional.

San Salvador, 20 de febrero del 2008.

Fotos: Comunicaciones IDHUCA y Defensorías de la Niñez

Ver enlace: Desórdenes y heridos en escuela Romero Albergue
(Febrero 15 de 2008 - La Prensa Gráfica, El Salvador)

VI CONCURSO POR LA VERDAD, LA JUSTICIA Y LA PAZ

Por sexto año consecutivo, el IDHUCA junto a la Comisión de Cultura de la Corte Suprema de Justicia, realizamos el Concurso por la verdad, la justicia y la paz, de poesía, cuanto corto y dibujo. En éste puede participar todas y todos los estudiantes de bachillerato o universitarios.

A través de esta actividad cultural se quiere promover entre la juventud los valores que le dan nombre al concurso.

Gracias al apoyo de algunas empresas privadas, se entregaran los siguientes premios los ganadores o las ganadoras:

Teléfonos celulares, cortesía de DIGICEL

Cuentas de ahorro, gracias a la Caja de Crédito de Soyapango

Certificados de regalo, patrocinados por la Fundación Sigma

Cursos de computación, entregados e impartidos por la Asociación Infocentros


Consulte las bases de competencia en: http://www.uca.edu.sv/idhuca

CASO GARCÍA PRIETO: DERROTA DE LA IMPUNIDAD ESTATAL

Tras el asesinato de Ramón Mauricio García Prieto Giralt, ocurrido el 10 de junio de 1994, sus padres –Gloria y Mauricio– iniciaron una desigual lucha para esclarecerlo y lograr la sanción de sus responsables materiales e intelectuales. El Estado salvadoreño les negó sistemáticamente justicia, pero su valiente y decidido esfuerzo logró derrotarlo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos; en ambas, la representación oficial acusó a las víctimas de “inventar” amenazas y otros hostigamientos sufridos a lo largo de su batallar. En la audiencia final ante la Corte, hace un año, los agentes gubernamentales hicieron gala de su ignorancia, incapacidad y falta de ética. Diez meses después, el 20 de noviembre del 2007, el máximo tribunal de protección de los derechos humanos en América desestimó los alegatos oficiales y dictó SENTENCIA UNÁNIME A FAVOR DE GLORIA Y MAURICIO, EN LA QUE CONDENÓ AL ESTADO POR VIOLAR DERECHOS HUMANOS EN PERJUICIO DE AMBOS.

Toca, ahora, compartir con el pueblo salvadoreño la relevancia de este fallo que condena de nuevo a un sistema interno de justicia ineficaz, cómplice y protector de asesinos, en detrimento de quienes han sufrido el menoscabo de sus derechos. Las víctimas de violaciones de derechos humanos en el país deben asumir sus enseñanzas, para profundizar la lucha contra la impunidad. De este claro y determinante veredicto, destaca lo siguiente:

- Gloria y Mauricio siempre tuvieron razón en su lucha y la siguen teniendo. Por eso, la Corte Interamericana dispuso –con el voto de todas y todos sus integrantes– que la sentencia es, por sí misma, una forma de reparación.

- Gloria y Mauricio García Prieto siempre tuvieron razón al acusar al Estado por la falta de investigación eficaz del asesinato de su hijo. Dicho incumplimiento continúa; por tanto, mientras no se concluya tal indagación se sigue violando el derecho de las víctimas a la verdad y la justicia.

- Gloria y Mauricio García Prieto siempre tuvieron razón al denunciar amenazas, seguimientos, daños a su patrimonio y atentados en su contra, al punto que las citadas Comisión y Corte del sistema regional de derechos humanos ordenaron al actual gobierno y sus antecesores brindarles protección, lo que nunca ha sido cumplido a cabalidad. La constante oficial es la de negar los hechos, dejarlos impunes y burlarse de las víctimas en audiencias internacionales donde se discutieron. Por lo anterior, el Estado fue condenado tras haberse fundamentado y probado legalmente las violaciones.

Esta es la segunda condena a un gobierno cuyo Presidente se jacta de ser protector y promotor de las libertades en la región. Ello debido a que las instituciones policial, fiscal y judicial, durante más de trece años se empeñaron en proteger poderosos criminales. De haber actuado correctamente, se habría evitado esta grave censura jurídica internacional.

El Estado tiene un año, a partir de notificada la sentencia, para cumplirla. La misma tiene la fuerza del Derecho, pues su fuente de obligatoriedad nace de tratados internacionales, principios constitucionales –artículos 1 y 144 de la Constitución– y se rige por los preceptos jurídicos de buena fe y pacta sun servanda; es decir, que lo pactado entre las partes es ley que debe respetarse.

Con la verdad, la legitimidad y la legalidad de su lado, Gloria y Mauricio le EXIGEN al Estado cumplir de manera responsable, diligente y en tiempo los siguientes aspectos ordenados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos:

§ La investigación pendiente tanto del asesinato de Ramón Mauricio García Prieto Giralt, como de las amenazas y hostigamientos posteriores en su contra.

§ La realización efectiva de las medidas para proteger su integridad y la de sus asesores, requeridas por la Corte previo a su fallo del 20 de noviembre del 2007.

§ La difusión de la sentencia en los términos ordenados por la Corte, para que la sociedad salvadoreña la conozca.

Por último, Gloria y Mauricio dedican esta victoria a todas aquellas víctimas de la falta de justicia en El Salvador. Como David contra Goliat, Gloria y Mauricio derrotaron al Estado y a sus protegidos en el presente caso; no pudieron cubrirse con la impunidad histórica, política y moral. Queda aún pendiente superar la impunidad judicial dentro del país. Eso se logrará, ciertamente, con la participación decidida de todas las víctimas de violación de sus derechos en todos los ámbitos. Sólo así habrá un nuevo El Salvador: democrático, respetuoso de la dignidad de sus habitantes y en paz.

San Salvador, martes 29 de enero del 2008.

Declaraciones de:
Benjamín Cuéllar, director del IDHUCA
Roberto Burgos, Abogado del IDHUCA
Gloria Giralt de García Prieto
Mauricio García Prieto

Preguntas de las y los periodistas
Video

Puede leer la sentencia y escuchar los audios de la conferencia de prensa en la página web del IDHUCA

IDHUCA Y APES EXIGEN RESPETO A LA LIBRE EXPRESIÓN

"El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada.” (Artículo 9, Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión)

Siempre que puede, el presidente Antonio Saca se declara defensor de la libertad de expresión y presume de su gobierno como un garante de su respeto. Pero la realidad es otra. Mucha gente es víctima de la inestabilidad laboral; sin embargo, en el caso de las y los periodistas ésta compromete su independencia. Al final del 2007, por ejemplo, un comunicador radiofónico fue despedido sin indemnización. En otro ámbito, está la agresión policial contra Alex Nolasco, del Canal 21, en Cutumay Camones; también la captura y prisión de Haydeé Chicas, encargada de comunicaciones del Comité Cristiano Pro Desplazados de El Salvador (CRIPDES). Todas son señales inquietantes que no deben obviarse, en medio de un clima generalizado de violencia que ha alcanzado al gremio como en el caso del asesinato de Salvador Sánchez, corresponsal de Radio Cadena “Mi Gente” y YSUCA, hace cuatro meses.

A esos hechos se agrega otro reciente. Desde inicios de enero, el empresario William Chamagua –propietario de Radio “Cadena Mi Gente”– así como el personal de la emisora han recibido amenazas de muerte a causa de su labor informativa; éstas ya fueron denunciadas al más alto nivel en la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República, con el acompañamiento del IDHUCA y la APES. Las autoridades se comprometieron a investigar los hechos a la brevedad posible.

No obstante, a dieciséis años de la firma del Acuerdo de Chapultepec y el inicio de los esfuerzos por democratizar al país, es deplorable que la libre difusión de ideas, pensamientos e información sea empañada por amenazas serias con las que, según parece, se pretende callar voces críticas a la actual gestión gubernamental. Garantizar la vigencia de estos derechos, es una obligación que adquirió el Estado salvadoreño cuando ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos.

Este caso cuestiona el supuesto clima favorable para la inversión extranjera y el sistema de libertades que pregona el presidente Saca. Chamagua –socio mayoritario de Radio Cadena “Mi Gente”– es un emigrante salvadoreño comprometido con el desarrollo del país y la democratización de la palabra. Su situación de riesgo es muestra de lo lejos que se encuentra El Salvador de la tan difundida paz social, así como del irrestricto respeto de los derechos humanos.

En el marco de una campaña preelectoral adelantada, inconstitucional y tensa como la actual, el libre ejercicio periodístico es fundamental para monitorear las acciones de los políticos y dar espacio a la voz ciudadana. Atentar contra los medios de difusión mina la posibilidad de que la población se informe y participe racionalmente, pidiendo cordura a los partidos y escogiendo la mejor opción para ser representados.

Ante estos hechos, el IDHUCA y APES exigen:

- A la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República que se investigue, pronto y de forma eficaz, la denuncia presentada por la víctima para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades del caso

- A la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos que supervise y acompañe las indagaciones, garantizando el respeto a la vida y a la integridad –tanto física como moral– del propietario y de todo el personal que labora en la estación.

- Al presidente Saca que cumpla su deber de asegurar el libre ejercicio del periodismo sin obstáculos laborales y riesgos personales, realizando todos los esfuerzos necesarios para prevenir que ocurran más hechos intimidatorios o de otro tipo que entorpezcan esa labor.

San Salvador, 21 de enero del 2008.