La máquina de destruir gente

Publicado en Diario CoLatino, sección Opiniones del 4 de octubre del 2016

José María Tojeira, S.J.

El sistema de atención a niños y jóvenes en el Salvador es lo más parecido a una trituradora de gente, una máquina de destruir o desechar personas. Comenzamos con la tasa de mortalidad infantil, que aunque se ha reducido sensiblemente en los últimos años todavía es alta: En torno a las 16 muertes por cada mil niños nacidos vivos. Esta es una primera destrucción evitable de vidas. En los primeros años de vida no aseguramos la debida nutrición de los niños. Entre los seis meses y los cinco años se calcula que el 16% de los niños sufren algún grado de desnutrición. Con ello reducimos las posibilidades de salud de estas personas junto con su desarrollo intelectual. Entre los dos y los cuatro años el número de niños que asisten sistemáticamente a un kinder no alcanza el 5%. Desaprovechamos la oportunidad de desarrollar la inteligencia y las capacidades en una edad que la neurociencia considera clave para el pleno desarrollo humano. En educación preescolar tenemos nada más al 50% de los niños. Seguimos ahí destruyendo posibilidades de integración afectiva, socialización y desarrollo de capacidades tanto intelectuales como de afiliación y recto manejo de los sentimientos. La deserción escolar en el primer año de primaria marca un retraso en la educación que tiene consecuencias en el propio desarrollo. En general la deserción escolar y la repetición del grado va prolongándose a lo largo de los once años formales de educación. La repetición es muy fuerte en el primer año y la deserción se acelera de nuevo en los dos años de bachillerato. Si al año nacen aproximadamente en torno a los 120,000 niños, sólo el 25% de ellos terminarán el bachillerato a la edad estipulada si hubieran seguido los ritmos normales del sistema educativo. En general la repitencia, la deserción y el atraso repercute en las posibilidades y en el desarrollo de capacidades del joven.

Al final, el futuro de la patria, como pomposamente solemos llamar a los jóvenes, está sometido a una especie de trituradora de personas en la que las piezas, ubicadas en la familia, en la sociedad, en el sistema de salud y en la escuela, se llaman pobreza, violencia, baja calidad y escasa cobertura educativa. Sólo los más afortunados salen adelante teniendo perspectivas de futuro. Los demás están condenados a lo que llamamos la transmisión intergeneracional de la pobreza. Y la culpa no es al final personal, sino fruto de un esquema de funcionamiento económico, social e institucional que impide de hecho el desarrollo de capacidades de nuestros niños y jóvenes.

En el plan El Salvador Educado se enfoca este problema. Pero los grandes medios de comunicación y la propia sociedad salvadoreña parece más interesada en los pleitos políticos que en debatir los problemas de esta máquina de destruir personas que es nuestra propia sociedad tal y como está organizada de cara a la educación y cuidado de los niños. A pesar de tener una buena legislación al respecto (la ley LEPINA), la implementación deja demasiado que desear. Y los responsables somos los adultos en general, demasiado distraídos en nuestras preocupaciones, cuando no en la ley del sálvese quien pueda, corriendo hacia soluciones inmediatas e individuales, olvidando que los niños requieren siempre soluciones de largo plazo para llegar a un futuro mejor que el de sus padres. Que un niño muera en el primer año de su existencia puede deberse a la baja cobertura nacional del sistema de salud, aunque la cobertura haya crecido en los últimos años. La baja asistencia y la inexistencia de un sistema de educación infantil en los primeros años se le pueden achacar al Estado. La repitencia y deserción puede deberse a padres irresponsables o a maestros de baja calidad. Pero el conjunto de situaciones y sistemas que termina excluyendo o dificultando seriamente las posibilidades de una vida digna al 75% de nuestra población desde el nacimiento es culpa y responsabilidad de todos.

Los números están ahí. Los mismos números, o parecidos, de los que el presidente de ANEP decía que determinaban el salario mínimo. En ese caso son los números de los poderosos los que fijan salarios de hambre. Pero en el caso de este sistema de formación del niño que excluye y margina, incapacita y dificulta el desarrollo, los números son responsabilidad de todos los que nos llamamos salvadoreños. ¿Nos gusta esa máquina de destruir gente? ¿Por qué seguimos con ella? Nos preocupamos demasiado de las maras y demasiado poco de un sistema que siempre, mientras exista, producirá tensión social, violencia y desesperanza. ¿Es eso lo que queremos? ¿Es imposible cambiarlo? ¿No es posible comenzar a hablar con seriedad sobre ese tema? Cuando uno ve la máquina de matar que insensiblemente tenemos montada en el país, y la propia lentitud con la que encaramos el problema, no podemos menos que pensar que algo falla en nuestro patriotismo y en nuestra propia conciencia de humanidad.

Y sí, hay que insistir. La organización de la salud y la educación, la transmisión intergeneracional de culturas machistas, corruptas y mágicas, son máquinas de matar. Como lo es el sistema económico vigente, con los salarios mínimos de vergüenza incluidos. Las máquinas de matar no se cambian de un plumazo. Necesitan tiempo, para irlas convirtiendo en maquinaria que funcione a favor de la vida. Es necesario tener políticas básicas que reflejen acuerdos nacionales, tomar decisiones y mantenerlas, dar el tiempo necesario para asegurar que la vida florece y se perpetúa a través de la calidad de las instituciones. Algo se ha avanzado en el siglo XX a favor de la vida. Pero la institucionalidad social es todavía tan elitista, tan reservada a una cuarta parte de la población, que se la debe considerar todavía como máquina de matar. Mientras no caigamos en la cuenta de ello seguiremos poniendo parches en una maquinaria obsoleta. Sólo la conciencia genera cambios. Y los políticos, que deberían generar conciencia de la realidad, de momento están más preocupados por conservar o conseguir el poder e insultarse mutuamente para ganar provecho. Así, y más en tiempo de crisis, perdemos tiempo. Y nos volvemos cómplices de la máquina de matar.

El Fondo Monetario y 

el desprecio a los pobres

Publicado en la sección Opiniones del Diario Co Latino de fecha 27 de septiembre del 2016.

 José María Tojeira

Recientemente el Fondo Monetario Internacional ha dado siete recomendaciones a El Salvador. Algunas de ellas son positivas, como el impuesto predial, el aumento del impuesto sobre la renta de personas, especialmente de quienes ganan más, o el aumento de la edad de jubilación. La reducción del gasto en burocracia también es acertada si se invierte más en las personas y en las redes de protección social. Pero otras, como el aumento del IVA implica un serio desprecio de los pobres. No es raro que así sea, porque el FMI nunca se ha destacado por su preocupación social. Es cierto que El Salvador está pasando una grave crisis y que el nivel de deuda pública es muy alto. Y es normal que se pidan sacrificios. Pero silenciar en sus recomendaciones el tema de un salario mínimo a todas luces injusto, que no permite el desarrollo de las capacidades de las personas, que las excluye del desarrollo y las mantiene en una marginación permanente, nos es más que una muestra de una conciencia basura. Sobre todo si a este silencio se le añade una subida del IVA. Es cierto que el IVA es uno de los impuestos más fáciles de recaudar. Pero aumentarlo en estas circunstancias, en las que la mitad de la población vive en la pobreza, es hacer pagar los costos de la crisis actual a quienes tienen menos culpa de ella.

Porque la culpa de la crisis es fundamentalmente de quienes tienen más dinero en el país, y de quienes han gobernado nuestro país desde el fin de la guerra hasta el presente. Los gestores de la economía nacional no son los pobres sino las élites. Y son precisamente ellas las que tienen que cargar con el mayor peso de la recuperación de la crisis. Pero todo indica que el FMI se inclina hacia la tendencia elitista del país, que prefiere que la mayor parte de los impuestos recaigan con mayor dureza sobre quienes tienen menos dinero y menos culpa de la crisis. No importa que sean precisamente los pobres, que han emigrado de El Salvador víctimas del mal trato económico y de la falta de protección gubernamental ante la violencia, quienes aminoran la crisis con sus remesas. Porque si la crisis no se ha acentuado es precisamente por una enorme cantidad migrantes campesinos y suburbanos, que se han ido sobre todo a Estados Unidos, y desde ahí envían sus remesas a la familia en el terruño nativo. Frente al rostro transparente y solidario de nuestros hermanos en el exterior, se alza el rostro de negreros de este Fondo internacional, tan dispuesto siempre a castigar a los pobres en tiempo de crisis.

Ni siquiera aparece en las recomendaciones del FMI el establecer un IVA diferenciado que aumente según el lujo o lo dispensable de los artículos y rebaje el impuesto a los artículos de primera necesidad. Un igualitarismo absurdo en el IVA lo único que hace es afectar con mayor dureza a quien menos tiene y multiplicar la desigualdad en El Salvador. Hacerle caso al FMI es olvidar que la desigualdad es causa real de violencia. Si no hubiera violencia en el país nuestro Producto Interno Bruto crecería en un 20% por lo menos. Si para algo deben servir los impuestos es para reducir la desigualdad entre las personas. Como también sirve para reducir la desigualdad el aumentar con seriedad el salario mínimo. Sobre todo el existente en El Salvador que en algunas de sus tipificaciones no alcanza a cubrir ni siquiera la canasta alimentaria de una familia promedio de El Salvador.

Para colmo de males estas recomendaciones, que son una especie de imposiciones en un país débil y dividido como el nuestro, vienen formuladas por personas que generalmente desconocen lo que es la pobreza. En el mejor de los casos la han estudiado desde situaciones de privilegio, gozan de unos espléndidos salarios y magníficos términos de jubilación. En otras palabras, se puede decir con toda franqueza que son un grupo de ricos y afortunados los que determinan el sacrificio de los pobres, mayoría en nuestro país. Aunque individualmente los técnicos del FMI sean buenas personas, trabajan desde la comodidad y desde una institución que privilegia la economía de los ricos. Eso los mancha y los denigra éticamente. El hecho de que en países como México sigan creciendo los millonarios mientras el salario promedio se devalúa, es un ejemplo de la dirección que tienen las recomendaciones del FMI. Colaborar con las recomendaciones que producen  ese tipo de disfunciones es contribuir con una economía que mata y que impide o entorpece el desarrollo libre de las capacidades de las personas.

Una institución bastante más seria que el FMI es la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Hablando de salarios decentes acordó en 2015 que un promedio de 200 dólares por persona sería la base para los países débiles o en vías de desarrollo. Lo que quiere decir que si una familia es de cuatro personas, el ingreso de la misma debe ser al menos de 800 dólares. Y hablando de impuestos la OIT da también unos consejos diferentes para los países emergentes y en vías de desarrollo como el nuestro. Entre ellos la “formalización de las empresas y de los trabajadores informales, para ampliar la base impositiva (y para incluirlos en el ámbito de los regímenes de protección social analizados más adelante); mejorar la progresividad de las imposiciones tributarias, a fin de que quienes más ganan paguen una proporción mayor de la carga fiscal global; y mejorar la recaudación impositiva” (Informe mundial sobre salarios 2014-2015, salarios y desigualdad de ingresos). Pero este tipo de recomendaciones no suele tener el mismo impacto en nuestros medios de comunicación. Al final, el FMI es un instrumento de los países más poderosos, centrados en la importancia de sus capitales. Y nuestros capitales e intereses empresariales, siempre dependientes del dinero del más fuerte, son cómplices del abuso. Cuando el presidente de ANEP en El Salvador dice que el arzobispo, al hablar del salario mínimo “habla con el corazón, pero la economía es de números” dice una verdad a medias. Es cierto que el arzobispo habla desde el corazón solidario de la Iglesia. Pero los números económicos del presidente de ANEP hacen que unos vivan en la abundancia y otros pasen hambre. Son números sin corazón. Números a favor de unos pocos que, como decía el papa Pío XI, se acumulan en los más poderosos, “lo que con frecuencia es tanto como decir los más violentos y los más desprovistos de conciencia”. Hay números más justos que los suyos, señor presidente de ANEP, incluso en una economía de premio Nóbel. Y el arzobispo, desde su corazón, tiene mucha más razón que Usted desde los números del becerro de oro.

Fiscalía y jueces ¿Tal para cual?

Publicado el 20 de septiembre de 2016 en la sección Opiniones del Diario Co Latino.

José M. Tojeira

Sobre la Fiscalía existe una gran presión. En primer lugar la presión de la propia delincuencia que sobrepasa con mucho la capacidad de la fiscalía, escasamente dotada y llevando algunos fiscales más casos de los que se pueden tramitar en un año. La presión de las grande redadas y macro-casos produce también una natural tensión. Cuando se detiene a cincuenta o setenta personas es muy fácil equivocarse. Pero si los jueces sueltan a la mayoría las críticas van generalmente o al propio juez o a la fiscalía. Si los detienen y se abre instrucción contra todos o contra la mayoría, hay una enorme posibilidad de que se incluyan a inocentes dentro del grupo. Las multidetenciones además suelen tener defectos como los de uso excesivo de la fuerza, mal trato físico y en ocasiones trato denigrante. Aunque en estos casos la tendencia es más a quejarse de la PNC, la Fiscalía no deja de estar involucrada y recibe también su parte de descrédito. Y finalmente está presente la convicción general de que la Fiscalía es incapaz de perseguir a personas o personajes que se mueven en los altos niveles del dinero y en las esferas superiores del poder, sea político o militar. Todo Fiscal General que llega al puesto sabe que con mayor o menor razón una de las acusaciones que tendrá al cabo de los tres años de su nombramiento será la de ser incapaz de tocar los delitos de cuello blanco, verde olivo o de la amplia franja de los colores partidarios.

El actual Fiscal General ha entrado en su puesto con ganas de acción. Y ha apostado simultáneamente por perseguir posibles delitos en las altas esferas y por mantener simultáneamente una actividad acusatoria que abarca a grandes grupos. La persecución de delitos de corrupción en las estructuras del estado ha levantado un relativo entusiasmo tanto en sectores de clase media, generalmente los más indignados con la corrupción, como en otros más amplios. Su accionar cuenta además con un firme respaldo diplomático. Un buen número de embajadores ve necesaria la lucha contra la corrupción en el país. Y es que la ayuda externa necesita cada vez más transparencia. Aunque los partidos políticos muestran diversas actitudes, desde la venganza a la relativa protección, lo cierto es que El Salvador hace tiempo que esperaba alguna señal en esa dirección. Queda mucho por ver y por hacer en este terreno, pues la amplia corrupción existente en los últimos  treinta años, más o menos, ha marcado la historia reciente de El Salvador. Que se esperaba respuesta es real. Y en ese sentido, respetando la presunción de inocencia, es necesario continuar y ampliar los procesos de investigación.

La dificultad puede encontrarse más bien en el campo de las grandes redadas. Éstas tienen con frecuencia cierto apoyo, más mediático que generalizado. Pero a poco que se investigue en ellas, se encuentran fácilmente errores graves, atribuibles a la Fiscalía y a los jueces. Los enfrentamientos masivos con bandas delincuentes producen de vez en cuando una alto número de muertos, algunos de ellos con más trazas de haber sido ejecutados que de haber perecido en la refriega. Ni la Inspectoría General de la PNC ni la Fiscalía ha percibido esos detalles, algunos de los cuales son de pura lógica, ante unas narraciones o unas fotografías que dejan demasiadas preguntas sueltas. Cuando desde la opinión o desde instituciones afines a los Derechos Humanos se han hecho observaciones no han faltado amenazas de algún que otro fiscal que percibe la crítica casi como apología del terrorismo. De no crecer en seriedad en este terreno la Fiscalía se encontrará con un problema grave de desprestigio. Tocar a los grandes será siempre positivo si se demuestra el delito. Pero ello no justifica ni oculta el abuso de los pequeños.

El sistema judicial tiene otro tipo de presiones. Más allá de la valía personal de algunos jueces repartidos por todos los estratos del sistema, el órgano judicial se percibe como entreverado por la corrupción, con un servicio excesivamente burocrático y lento, con una arbitrariedad difícil de contrarrestar de parte del ciudadano, con un lenguaje complejo y difícil de asimilar tanto por las víctimas como por muchos de los acusados. Tiene un buen presupuesto, pero una mala respuesta al país. Un caso ejemplar del tipo de abusos puede ejemplificarse con un caso atendido por el juez de paz Salvador Machuca, de San Miguel Tepezontes. El Idhuca defendía a un joven que en enero había sido brutalmente golpeado por un miembro de la PNC. La familia denunció la golpiza ante la Fiscalía sin  que el caso tuviera mayor trascendencia. Incluso después de la denuncia el joven volvió a ser golpeado por la policía. Y finalmente ha sido detenido acusado de pertenencia a banda terrorista. A causa de las heridas sufridas en las golpizas anteriores había estado internado en el hospital Rosales y sigue sufriendo secuelas de los golpes. En la audiencia inicial se presentaron pruebas de lo dicho y diversos arraigos. Pero el juez no revisó las pruebas presentadas y dictó prisión preventiva para el joven. Era una audiencia inicial para más de 50 personas y el juez llegó con la resolución tomada de antemano. Resolución que leyó y que ciertamente no escribió mientras estaba en la audiencia.

Esto, en cualquier sistema judicial democrático se llama prevaricato. Es simple y sencillamente dar resoluciones a sabiendas de que son injustas. Porque cualquier juez tiene que saber que al imputado hay que escucharle, tomar en cuenta lo que dice y presuponer la inocencia, dando normalmente medidas sustitutivas a la prisión. Pero el sistema judicial rara vez toma en cuenta esas exigencias. Además, la mayoría de la gente sencilla o ignora cómo reclamar sus derechos o no tiene posibilidades de hacerlo. En esta audiencia inicial en la que se dio resolución contra este joven, había más de cincuenta personas imputadas de diversos delitos. Sólo la minoría tenía abogado, mientras a más de cuarenta los defendía un solo abogado de la Procuraduría General. Los magistrados de la Corte Suprema pueden decir que la presunción de inocencia supone que a la mayoría de los encausados se les puede dar medidas sustitutivas de la cárcel mientras no sean condenados. La fiscalía pide siempre, o casi siempre, prisión preventiva. Y algunos jueces les siguen la corriente, sin escuchar a los encausados ¿Es esto justicia de régimen democrático? ¿Es esto estado de derecho? Ciertamente, perseguir el delito de este modo chambón e ignorante no puede llevarnos a nada bueno. Hay buenas intenciones en algunos miembros de la Fiscalía y de algunos jueces decentes. Pero abundan demasiado este tipo de jueces irresponsables, que se lavan la manos por temor o por pereza y mandan las resoluciones a la siguiente fase dañando los derechos de las personas y en particular su presunción de inocencia. En casos como el que mencionamos, de este joven golpeado por la PNC, se añade la irresponsabilidad y el prevaricato, sin consecuencias para jueces y fiscales. Así no avanzamos.

El patriotero

Publicado por: Diario Co Latino, 13 septiembre, 2016 en Opiniones.

José M. Tojeira

El diccionario define la palabra patriotero como un adjetivo que se le aplica a quien “alardea excesiva e inoportunamente de patriotismo”. Esos alardes exagerados e inoportunos llevan a lo que se suele llamar patrioterismo: la costumbre de ensalzar la patria, llenando la boca de elogios a la misma sin preocuparse por el bien común. El vicio patriotero está por supuesto muy extendido en políticos y funcionarios, mientras las grandes mayorías de habitantes de El Salvador tienen un grande y sano fervor hacia la tierra en que nacieron. Estos últimos son patriotas, aman la tierra en que nacieron, la familia, el barrio, los parientes, los lugares y paisajes bellos de nuestra tierra. Si se van del país es porque se sienten amenazados, porque no encuentran oportunidades, porque no pueden desarrollar sus propias capacidades. Sueñan con una vida mejor para ellos y sus parientes. Incluso en algunos casos se organizan para colaborar con el bienestar de su municipio invirtiendo en parques, iglesias, calles, bienes públicos que puedan disfrutar sus parientes y amigos, además de las casas familiares.

El patriotero es minoría. Pero una minoría con peso. Con frecuencia asciende a puestos públicos, lanzando promesas en discursos tan floridos como vacíos de realidad. Habla de bienestar y desarrollo y pasa indiferente ante el bajo o incluso nulo nivel de derechos económicos y sociales que sufre nuestra gente. Grita contra el crimen y las maras, busca manos duras y penas más fuertes y se queda indiferente ante la pobreza, la desigualdad, el machismo, la violencia intrafamiliar y otras plagas que son formas de violencia y poderosos inductores de delincuencia. Se enriquece desde el poder, utilizando de diversos modos recursos estatales. Son los que acaparan fraudulentamente dinero que se envía para damnificados y los usan en favor del propio partido. O los que llaman desde un alto cargo ejecutivo a un alcalde del propio partido para decirle que permita talar árboles a una constructora de viviendas, aunque eso dañe la cuenca de los ríos de la zona. Quienes se oponen a una ley que garantice el acceso universal al agua de todos los salvadoreños, y simultáneamente se niegan a prohibir legalmente la minería a cielo abierto que tanto daño ha hecho en otros países pequeños y que tanto puede llegar a amenazar la cuenca del río Lempa. El dinero es el dios del patriotero, y todas sus acciones, desde los viajes internacionales hasta los seguros médicos, se van cubriendo con fondos estatales mientras el pueblo tiene serias deficiencias en sus servicios de salud.

Por esa misma razón nuestra gente buena, gente mayoría, tiene serias reservas con la política. Porque no ve que avance en la construcción del bien común. Porque contempla que para unos cuantos, con demasiada influencia, la patria no es más que un recurso para llenarse de dinero los bolsillos. El tema es viejo y el cansancio de la gente es cada día mayor. Por muchas partes va aflorando ese adorado becerro de oro que ya Monseñor Romero decía que era la causa principal de la violencia en El Salvador. Nuestro arzobispo actual, Mons. Escobar, afirma también en su carta “Veo en la ciudad violencia y discordia”, que la exclusión social y la idolatría del dinero, junto con el individualismo y la impunidad son las principales causas de la violencia que hoy sufre El Salvador. Males en buena parte vinculados también de una forma u otra con la política.

Es evidente que no todos los políticos son malos ni patrioteros. Pero los infectados con patrioterismo barato y simultáneamente depredador, son suficientes como para crear mala fama a algo que es necesario en todo país, y urgente en naciones con graves problemas como la nuestra: la política enfocada al bien común. Y es que el patrioterismo no es más que el encubrimiento de diversas enfermedades de la política que se unen para deformarla y convertirla en una actividad tan individual como egoísta. Contribuyen a deformar la política los funcionarios corruptos que solo buscan dinero, y se olvidan de los salarios miserables de la gente, mientras se oponen a subir el salario mínimo. Les siguen los que tienen una mentalidad cuadrada, de derechas o de izquierdas, incapaces de ver con realismo nuestra propia realidad nacional si no pasa por los lentes de su ideología. Les acompañan los que buscan soluciones fáciles, con capacidad de llenar noticieros y distraer de los problemas de fondo, más difíciles de solucionar. Y ponen la guinda en el pastel los mentirosos, que consideran el engaño como una de las mejores armas de la política, poniendo en práctica aquello que decía Maquiavelo de que “quien engaña encontrará siempre quien se deje engañar”.

Celebrar el mes de la patria, de la independencia, no puede ser un festival de tambores y ruido, desfiles y palillonas, frases bonitas, colores y exhibición de armas de guerra. Es un mes que debe utilizarse para contemplar nuestra realidad, evaluarla, y definir caminos de desarrollo social y convivencia pacífica. Los desfiles y la bulla terminan pronto. Y al final no queda más que esperar al año siguiente para volver a repetir, en el mejor de los casos, frases poéticas como las de la Marcha Triunfal de Rubén Darío. Y decimos en el mejor de los casos, porque la generalidad de los discursos ni tiene un contenido decente ni pasa un examen de literatura. Mentir gritando nunca ha sido la mejor de las costumbres ciudadanas y sólo ha conseguido pasar a la historia del ridículo. Necesitamos que el patriotismo de la mayoría de nuestra gente se centre en exigencias sociales, económicas y culturales, se eleve sobre la cháchara dominante de la política y fuerce a los políticos a reconocer sus responsabilidades en la construcción de un orden más justo, más equitativo y más pacífico. Si el quince de Septiembre nos ayudara a poner en evidencia a los políticos patrioteros, avanzaríamos mucho más fácilmente hacia el desarrollo que necesitamos.

Crímenes graves y perdón

José María Tojeira, director del IDHUCA

A raíz de la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía, y con la detención y posterior liberación de algunos de los autores materiales de la masacre en la UCA, algunas personas han hablado de la necesidad de perdonar. Lo triste es que varias de ellas, incluidos algunos representantes del partido en el Gobierno, han mencionado el tema de un modo, cuando menos, confuso y poco claro. En la mentalidad de algunos se mezcla indebidamente el perdón cristiano de los pecados y el perdón legal de los delitos. Dos cosas diferentes que merece la pena explicar. Otros insisten en que la justicia abre heridas y que, por tanto, es mejor perdonar y olvidar. Y no faltan quienes creen que el perdón de las víctimas se consigue dándoles regalos o donaciones económicas.

Sobre el perdón cristiano hay que decir que es una exigencia clave para todo el que crea de verdad en la doctrina y vida de Jesucristo. El perdón cristiano debe darse desde el primer momento, aunque cueste. De entrada, consiste en no querer para el ofensor ningún mal, mucho menos el mismo que él ocasionó. Un cristiano debe rezar por quienes le persiguen u ofenden. Pero todo ello no significa que el perdón sea ajeno a la verdad y a la justicia. Perdonar no es cerrar los ojos, olvidar o volverse indiferente ante el mal realizado. Al contrario, es comprometerse a no seguir la senda o el ejemplo del malhechor. Si el que comete el delito mata, el cristiano no cree en el ojo por ojo y diente por diente. Porque ese estilo coloca a la víctima al mismo nivel del verdugo. Si el asesino recurre a la brutalidad de matar, el cristiano no se puede identificar con él buscando matarle –ilegal o legalmente donde haya pena de muerte–. Pero evidentemente debe exigir justicia, pues esta no está reñida con el perdón. Más bien es un elemento fundamental, como la verdad, para evitar la repetición del crimen y para el bien de la comunidad. Y precisamente porque la justicia es para el bien de la comunidad, no se deja en manos del ofendido, sino en manos de instituciones estatales sometidas a reglas. Si es cristiano, el ofendido debe perdonar. Pero la justicia debe actuar.

Si todo dependiera del perdón personal, sobraría la justicia. Los asesinos podrían seguir matando, confiados en el perdón de las personas. Y muchos serían obligados a perdonar por miedo, o se verían obligados a la legítima defensa mediante la fuerza bruta, identificándose así, de cierta manera, con el asesino. Hay que señalar que en el Caso Jesuitas, y eso aparece en los periódicos de la época, desde el primer momento sus compañeros dijeron que perdonaban a los asesinos. Era el perdón cristiano. Y por eso, en la rueda de prensa del mismo día en que se cometieron los asesinatos, dijeron: “Queremos justicia y no venganza”. Eso era importante afirmarlo en un tiempo de guerra civil donde algunos grupos podían sentirse empujados a la venganza. Máxime cuando el propio Estado, en vez de investigar a los sospechosos evidentes, que eran militares, se dedicó durante dos meses a echarle la culpa a la guerrilla. Posteriormente, ya condenados dos de los nueve acusados por el delito, y como símbolo del deseo de reconciliación, los jesuitas pidieron el indulto para ellos en una carta a la Asamblea Legislativa. La respuesta de los diputados de Arena fue diversa. Unos dijeron que solo los afectados o los salvadoreños podían pedir indulto, que los jesuitas no podían por ser extranjeros, como si los jesuitas no hubiéramos sido afectados por el crimen. Y otros dijeron que la petición de indulto era un “show”, porque también se exigía que se siguiera la investigación a los autores intelectuales del asesinato. Simultáneamente se envió una carta al presidente Cristiani, invitándole a unirse a la solicitud de indulto para los dos condenados.

Hoy se sigue insistiendo en que los jesuitas perdonen, sin que los victimarios pidan perdón y sin que colaboren con la verdad. Pero es evidente que quienes eso dicen no les interesa el perdón cristiano, sino única y fundamentalmente el perdón legal. Porque no es lo mismo perdón cristiano que perdón legal. Si hoy alguien dijera a los que sufren asesinatos que perdonen legalmente a los asesinos, sería posible incluso que se le acusara de apología del terrorismo. El perdón legal le compete al Estado, no a los individuos afectados. Y ya la Sala de lo Constitucional ha invitado a recorrer el camino de la justicia transicional, el mismo que han seguido otros países después de guerras civiles. Los mismos jesuitas han insistido en la justicia transicional como camino de reconciliación más efectivo, al buscar en ella, simultáneamente, verdad, justicia, reparación para las víctimas y medidas de perdón de las penas temporales (cárcel). Poca gente, lamentablemente, ha impulsado el camino de la justicia transicional, siendo como es el más indicado para lograr una reconciliación duradera. El mundo del derecho y del pensamiento jurídico, así como los legisladores, tienen aquí un importante desafío, que no solo contribuirá al bien del país, sino a la mejora de la profesión del abogado.

Cuando los abogados presentan a los victimarios como víctimas, y a las víctimas como victimarios que odian y no quieren perdonar, están traicionando su profesión. Están mintiendo. Y que un abogado mienta es definitivamente una traición al pensamiento jurídico y a la práctica profesional. Y vuelven a mentir cuando animan a los parientes de los victimarios a pedir que las víctimas perdonen. Porque saben de sobra que a quien le toca perdonar es al Estado. Y saben que el tipo de perdón que llamamos amnistía ha sido declarado inconstitucional. Trasladar las funciones estatales a las víctimas es un claro acto de irresponsabilidad legal y, por supuesto, una falta a la ética profesional. Por desgracia, los colegios de abogados, en su mayoría, no tienen normas de ética profesional ni capacidad de impedir el ejercicio profesional por faltas a la ética. Aunque hay abogados probos, honrados y profesionales, no hay duda de que también existe en la profesión un buen número de los que podríamos llamar abogados-sanguijuela, o lo que en otros tiempos y en otros países llamaban abogansters del dólar. Personas que con frecuencia se instalan en las estructuras legislativas o judiciales del Estado.

Pensar las cosas, buscar justicia, no oponerse a la verdad son necesidades para todos, especialmente para el mundo del derecho, en tantos aspectos muy corrompidos, como nos lo están mostrando situaciones recientes de todo tipo. Corrupción que va desde el prevaricato, el fraude judicial y la falsedad ideológica (o mentira consciente) hasta frases como las de una jueza que decía que algunos salvadoreños solo se podrán rehabilitar en la tumba. Con seguridad esta jueza desconoce el artículo 27 de la Constitución, que da a los centros penales la tarea de “readaptación” del delincuente para así lograr “la prevención de los delitos”.

Crímenes graves y perdón

José María Tojeira, director del IDHUCA

01/09/2016

Sobre el perdón cristiano hay que decir que es una exigencia clave para todo el que crea de verdad en la doctrina y vida de Jesucristo. El perdón cristiano debe darse desde el primer momento, aunque cueste. De entrada, consiste en no querer para el ofensor ningún mal, mucho menos el mismo que él ocasionó. Un cristiano debe rezar por quienes le persiguen u ofenden. Pero todo ello no significa que el perdón sea ajeno a la verdad y a la justicia. Perdonar no es cerrar los ojos, olvidar o volverse indiferente ante el mal realizado. Al contrario, es comprometerse a no seguir la senda o el ejemplo del malhechor. Si el que comete el delito mata, el cristiano no cree en el ojo por ojo y diente por diente. Porque ese estilo coloca a la víctima al mismo nivel del verdugo. Si el asesino recurre a la brutalidad de matar, el cristiano no se puede identificar con él buscando matarle –ilegal o legalmente donde haya pena de muerte–. Pero evidentemente debe exigir justicia, pues esta no está reñida con el perdón. Más bien es un elemento fundamental, como la verdad, para evitar la repetición del crimen y para el bien de la comunidad. Y precisamente porque la justicia es para el bien de la comunidad, no se deja en manos del ofendido, sino en manos de instituciones estatales sometidas a reglas. Si es cristiano, el ofendido debe perdonar. Pero la justicia debe actuar.

Si todo dependiera del perdón personal, sobraría la justicia. Los asesinos podrían seguir matando, confiados en el perdón de las personas. Y muchos serían obligados a perdonar por miedo, o se verían obligados a la legítima defensa mediante la fuerza bruta, identificándose así, de cierta manera, con el asesino. Hay que señalar que en el Caso Jesuitas, y eso aparece en los periódicos de la época, desde el primer momento sus compañeros dijeron que perdonaban a los asesinos. Era el perdón cristiano. Y por eso, en la rueda de prensa del mismo día en que se cometieron los asesinatos, dijeron: “Queremos justicia y no venganza”. Eso era importante afirmarlo en un tiempo de guerra civil donde algunos grupos podían sentirse empujados a la venganza. Máxime cuando el propio Estado, en vez de investigar a los sospechosos evidentes, que eran militares, se dedicó durante dos meses a echarle la culpa a la guerrilla. Posteriormente, ya condenados dos de los nueve acusados por el delito, y como símbolo del deseo de reconciliación, los jesuitas pidieron el indulto para ellos en una carta a la Asamblea Legislativa. La respuesta de los diputados de Arena fue diversa. Unos dijeron que solo los afectados o los salvadoreños podían pedir indulto, que los jesuitas no podían por ser extranjeros, como si los jesuitas no hubiéramos sido afectados por el crimen. Y otros dijeron que la petición de indulto era un “show”, porque también se exigía que se siguiera la investigación a los autores intelectuales del asesinato. Simultáneamente se envió una carta al presidente Cristiani, invitándole a unirse a la solicitud de indulto para los dos condenados.

Hoy se sigue insistiendo en que los jesuitas perdonen, sin que los victimarios pidan perdón y sin que colaboren con la verdad. Pero es evidente que quienes eso dicen no les interesa el perdón cristiano, sino única y fundamentalmente el perdón legal. Porque no es lo mismo perdón cristiano que perdón legal. Si hoy alguien dijera a los que sufren asesinatos que perdonen legalmente a los asesinos, sería posible incluso que se le acusara de apología del terrorismo. El perdón legal le compete al Estado, no a los individuos afectados. Y ya la Sala de lo Constitucional ha invitado a recorrer el camino de la justicia transicional, el mismo que han seguido otros países después de guerras civiles. Los mismos jesuitas han insistido en la justicia transicional como camino de reconciliación más efectivo, al buscar en ella, simultáneamente, verdad, justicia, reparación para las víctimas y medidas de perdón de las penas temporales (cárcel). Poca gente, lamentablemente, ha impulsado el camino de la justicia transicional, siendo como es el más indicado para lograr una reconciliación duradera. El mundo del derecho y del pensamiento jurídico, así como los legisladores, tienen aquí un importante desafío, que no solo contribuirá al bien del país, sino a la mejora de la profesión del abogado.

Cuando los abogados presentan a los victimarios como víctimas, y a las víctimas como victimarios que odian y no quieren perdonar, están traicionando su profesión. Están mintiendo. Y que un abogado mienta es definitivamente una traición al pensamiento jurídico y a la práctica profesional. Y vuelven a mentir cuando animan a los parientes de los victimarios a pedir que las víctimas perdonen. Porquesaben de sobra que a quien le toca perdonar es al Estado. Y saben que el tipo de perdón que llamamos amnistía ha sido declarado inconstitucional. Trasladar las funciones estatales a las víctimas es un claro acto de irresponsabilidad legal y, por supuesto, una falta a la ética profesional. Por desgracia, los colegios de abogados, en su mayoría, no tienen normas de ética profesional ni capacidad de impedir el ejercicio profesional por faltas a la ética. Aunque hay abogados probos, honrados y profesionales, no hay duda de que también existe en la profesión un buen número de los que podríamos llamar abogados-sanguijuela, o lo que en otros tiempos y en otros países llamaban abogansters del dólar. Personas que con frecuencia se instalan en las estructuras legislativas o judiciales del Estado.

Pensar las cosas, buscar justicia, no oponerse a la verdad son necesidades para todos, especialmente para el mundo del derecho, en tantos aspectos muy corrompidos, como nos lo están mostrando situaciones recientes de todo tipo. Corrupción que va desde el prevaricato, el fraude judicial y la falsedad ideológica (o mentira consciente) hasta frases como las de una jueza que decía que algunos salvadoreños solo se podrán rehabilitar en la tumba. Con seguridad esta jueza desconoce el artículo 27 de la Constitución, que da a los centros penales la tarea de “readaptación” del delincuente para así lograr “la prevención de los delitos”. 

Crímenes graves y perdón

José María Tojeira, director del Idhuca

01/09/2016

A raíz de la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía y con la detención y posterior liberación de algunos de los autores materiales de la masacre en la UCA, algunas personas han hablado de la necesidad de perdonar. Lo triste es que varias de ellas, incluidos algunos representantes del partido en el Gobierno, han mencionado el tema de un modo, cuando menos, confuso y poco claro. En la mentalidad de algunos se mezcla indebidamente el perdón cristiano de los pecados y el perdón legal de los delitos. Dos cosas diferentes que merece la pena explicar. Otros insisten en que la justicia abre heridas y que, por tanto, es mejor perdonar y olvidar. Y no faltan quienes creen que el perdón de las víctimas se consigue dándoles regalos o donaciones económicas.

Sobre el perdón cristiano hay que decir que es una exigencia clave para todo el que crea de verdad en la doctrina y vida de Jesucristo. El perdón cristiano debe darse desde el primer momento, aunque cueste. De entrada, consiste en no querer para el ofensor ningún mal, mucho menos el mismo que él ocasionó. Un cristiano debe rezar por quienes le persiguen u ofenden. Pero todo ello no significa que el perdón sea ajeno a la verdad y a la justicia. Perdonar no es cerrar los ojos, olvidar o volverse indiferente ante el mal realizado. Al contrario, es comprometerse a no seguir la senda o el ejemplo del malhechor. Si el que comete el delito mata, el cristiano no cree en el ojo por ojo y diente por diente. Porque ese estilo coloca a la víctima al mismo nivel del verdugo. Si el asesino recurre a la brutalidad de matar, el cristiano no se puede identificar con él buscando matarle –ilegal o legalmente donde haya pena de muerte–. Pero evidentemente debe exigir justicia, pues esta no está reñida con el perdón. Más bien es un elemento fundamental, como la verdad, para evitar la repetición del crimen y para el bien de la comunidad. Y precisamente porque la justicia es para el bien de la comunidad, no se deja en manos del ofendido, sino en manos de instituciones estatales sometidas a reglas. Si es cristiano, el ofendido debe perdonar. Pero la justicia debe actuar.

Si todo dependiera del perdón personal, sobraría la justicia. Los asesinos podrían seguir matando, confiados en el perdón de las personas. Y muchos serían obligados a perdonar por miedo, o se verían obligados a la legítima defensa mediante la fuerza bruta, identificándose así, de cierta manera, con el asesino. Hay que señalar que en el Caso Jesuitas, y eso aparece en los periódicos de la época, desde el primer momento sus compañeros dijeron que perdonaban a los asesinos. Era el perdón cristiano. Y por eso, en la rueda de prensa del mismo día en que se cometieron los asesinatos, dijeron: “Queremos justicia y no venganza”. Eso era importante afirmarlo en un tiempo de guerra civil donde algunos grupos podían sentirse empujados a la venganza. Máxime cuando el propio Estado, en vez de investigar a los sospechosos evidentes, que eran militares, se dedicó durante dos meses a echarle la culpa a la guerrilla. Posteriormente, ya condenados dos de los nueve acusados por el delito, y como símbolo del deseo de reconciliación, los jesuitas pidieron el indulto para ellos en una carta a la Asamblea Legislativa. La respuesta de los diputados de Arena fue diversa. Unos dijeron que solo los afectados o los salvadoreños podían pedir indulto, que los jesuitas no podían por ser extranjeros, como si los jesuitas no hubiéramos sido afectados por el crimen. Y otros dijeron que la petición de indulto era un “show”, porque también se exigía que se siguiera la investigación a los autores intelectuales del asesinato. Simultáneamente se envió una carta al presidente Cristiani, invitándole a unirse a la solicitud de indulto para los dos condenados.

Hoy se sigue insistiendo en que los jesuitas perdonen, sin que los victimarios pidan perdón y sin que colaboren con la verdad. Pero es evidente que quienes eso dicen no les interesa el perdón cristiano, sino única y fundamentalmente el perdón legal. Porque no es lo mismo perdón cristiano que perdón legal. Si hoy alguien dijera a los que sufren asesinatos que perdonen legalmente a los asesinos, sería posible incluso que se le acusara de apología del terrorismo. El perdón legal le compete al Estado, no a los individuos afectados. Y ya la Sala de lo Constitucional ha invitado a recorrer el camino de la justicia transicional, el mismo que han seguido otros países después de guerras civiles. Los mismos jesuitas han insistido en la justicia transicional como camino de reconciliación más efectivo, al buscar en ella, simultáneamente, verdad, justicia, reparación para las víctimas y medidas de perdón de las penas temporales (cárcel). Poca gente, lamentablemente, ha impulsado el camino de la justicia transicional, siendo como es el más indicado para lograr una reconciliación duradera. El mundo del derecho y del pensamiento jurídico, así como los legisladores, tienen aquí un importante desafío, que no solo contribuirá al bien del país, sino a la mejora de la profesión del abogado.

Cuando los abogados presentan a los victimarios como víctimas, y a las víctimas como victimarios que odian y no quieren perdonar, están traicionando su profesión. Están mintiendo. Y que un abogado mienta es definitivamente una traición al pensamiento jurídico y a la práctica profesional. Y vuelven a mentir cuando animan a los parientes de los victimarios a pedir que las víctimas perdonen. Porque saben de sobra que a quien le toca perdonar es al Estado. Y saben que el tipo de perdón que llamamos amnistía ha sido declarado inconstitucional. Trasladar las funciones estatales a las víctimas es un claro acto de irresponsabilidad legal y, por supuesto, una falta a la ética profesional. Por desgracia, los colegios de abogados, en su mayoría, no tienen normas de ética profesional ni capacidad de impedir el ejercicio profesional por faltas a la ética. Aunque hay abogados probos, honrados y profesionales, no hay duda de que también existe en la profesión un buen número de los que podríamos llamar abogados-sanguijuela, o lo que en otros tiempos y en otros países llamaban abogansters del dólar. Personas que con frecuencia se instalan en las estructuras legislativas o judiciales del Estado.

Pensar las cosas, buscar justicia, no oponerse a la verdad son necesidades para todos, especialmente para el mundo del derecho, en tantos aspectos muy corrompidos, como nos lo están mostrando situaciones recientes de todo tipo. Corrupción que va desde el prevaricato, el fraude judicial y la falsedad ideológica (o mentira consciente) hasta frases como las de una jueza que decía que algunos salvadoreños solo se podrán rehabilitar en la tumba. Con seguridad esta jueza desconoce el artículo 27 de la Constitución, que da a los centros penales la tarea de “readaptación” del delincuente para así lograr “la prevención de los delitos”.