martes, 12 de mayo de 2009
lunes, 11 de mayo de 2009
Atenta invitación
Esperamos contar con su presencia en esta actividad
En conmemoración del natalicio del jesuita Segundo Montes y del treinta aniversario de las masacres en Catedral y la Embajada de Venezuela, donde murieron estudiantes de la UCA, las unidades de la Vicerrectoría de Proyección Social tienen el agrado de invitarle al
Foro Sembrando Futuro
"LA JUVENTUD SALVADOREÑA, TREINTA AÑOS DESPUÉS"
Día: viernes 15 de mayo del 2009
Lugar: Parroquia universitaria "Jesucristo liberador" (UCA)
Hora: 5:00 p.m.
Invitados:Antonio Morales Carbonel, miembro de FUR-30; Óscar Meléndez, miembro del Colectivo Utopía; y Sonia Iveth Sánchez, consultora en temas de juventud.
Idhuca presenta amparo contra magistrados de Corte
Este día, el IDHUCA presentó demanda de Amparo contra José Néstor Mauricio Castaneda Soto, Julio Enrique Acosta Baires y Mauricio Alfredo Clará, todos magistrados propietarios de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por haber resuelto “que la Asamblea Legislativa deberá abstenerse de realizar la elección de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, para el período comprendido entre el uno de julio del año dos mil nueve y el treinta de junio del año dos mil dieciocho, tomando como base la lista de candidatos conformada y que le fue remitida por el Consejo Nacional de la Judicatura; lo anterior mientras se mantenga la verosimilitud de las circunstancias fácticas y jurídicas apreciadas para la adopción de tal medida”.
Además, se solicita que esta demanda sea conocida por los magistrados suplentes, con base a las disposiciones aplicables del Derecho común y según el artículo 1154 del Código Procedimientos Civiles. el cual establece que las “recusaciones a los funcionarios judiciales pueden hacerse con expresión de causa o sin ella, de palabra o por escrito”.
La demanda es en contra de la adopción de la medida cautelar de suspender el acto reclamado, decretada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ala detener la elección de sus futuros miembros, en la resolución pronunciada a las ocho horas con cuarenta minutos del 5 de mayo del 2009, punto resolutivo número dos, del proceso de Amparo 128-2009.
Los derechos que el IDHUCA considera violados son los siguientes:
1. Derecho a la seguridad jurídica, consagrado en el artículo 1 de la Constitución.
2. Derecho a la protección en la conservación y defensa de los derechos, contemplado en el artículo 2 de la Constitución.
Desde el IDHUCA se continuarán analizando e impulsando propuestas para que la sociedad salvadoreña condene y rechace a los responsables de estos atropellos a las instituciones, que al igual que con la falta de nombramiento del Fiscal General de la República, atentan contra la investigación criminal y la impartición de justicia. En el presente caso deben señalarse al Consejo Nacional de la Legislatura, los magistrados de la Sala de lo Constitucional –con la excepción de la doctora Victoria Marina Velásquez de Avilés– y las legislaturas que eligieron a estos funcionarios y funcionarias.
San Salvador, lunes 11 de mayo del 2009.
Enlace: Colatino "País podría enfrentar crisis institucional por falta de Fiscal"
Elfaro.net: NOTICIASLa Corte Suprema se acerca al limbo jurídico
Editorial José María Tojeira "Jueces y Fiscales" (Colatino)
jueves, 7 de mayo de 2009
IDHUCA lanza proyecto
El pasado 5 de mayo el IDHUCA presentó el proyecto “Participación ciudadana y fortalecimiento institucional para la vigencia de los derechos humanos de las personas con discapacidad en El Salvador”, el cual se ejecuta gracias al apoyo de Economía y Colaboración Solidaria con las Personas Sordas (ECOSOL-Sord), de España.
El objetivo de este proyecto es contribuir a una mayor participación de funcionarios, funcionarias y actores sociales en la promoción, protección y defensa de los derechos humanos de las personas con discapacidad en el país.
Compartimos un comunicado publicado el 6 de mayo en La Prensa Gráfica:
PCDi[1]
martes, 28 de abril de 2009
Sentencia Tribunal internacional para la aplicación de la justicia restaurativa en El Salvador
miércoles, 22 de abril de 2009
Invitación
Por este medio, el IDHUCA y la Coordinadora de Comités de Víctimas deViolaciones de Derechos Humanos en el Conflicto Armado tienen elagrado de invitar a la presentación y entrega de la sentencia delTribunal internacional para la aplicación de la justicia restaurativaen El Salvador, realizado del 25 al 27 de marzo.
Fecha: Viernes 24 de abril de 2009
Hora: 9:30 a.m.
Lugar: Salón "Elba y Celina", 3 planta del Edificio del ICAS (UCA)
Invitados:
José María Tojeira, S.J., rector de la UCA.
Gloria Giral de García Prieto y Ricardo Iglesias, jueces del Tribunal.
Esperanza Cortez y Julián Terezón, víctimas que presentaron sutestimonio al Tribunal.
jueves, 2 de abril de 2009
VERDAD, JUSTICIA Y PAZ PARA LAS VÍCTIMAS
No es casual que un grupo de juristas internacionales, un especialista salvadoreño en derechos humanos y una valiente mujer que lucha por la justicia, exijan derogar la Ley de Amnistía impuesta en el país desde hace dieciséis años. No lo es, porque ese reclamo lo hicieron tras escuchar los testimonios de varias víctimas del pasado conflicto político y bélico. Las atrocidades cometidas entonces no pueden quedar en la oscuridad. La población torturada, masacrada, asesinada o desaparecida no merece que sus victimarios se oculten en la impunidad oficial.
Estas personalidades que condenaron al Estado salvadoreño por haber permitido, alentado y ejecutado esos actos brutales, constituyeron el Tribunal internacional para la aplicación de la justicia restaurativa en El Salvador. La capilla Jesucristo Liberador, en la UCA, albergó a víctimas sobrevivientes de graves violaciones de derechos humanos y a familiares de quienes las sufrieron. También a personas solidarias interesadas en saldar esas cuentas pendientes. Los mismos jesuitas masacrados en 1989, participaron como testigos de la locura que imperó y que ahora se esconde amenazante bajo las faldas de un Estado defensor de criminales.
Por más que se llame a “pasar la página” sin leerla ni aprender sus lecciones, las víctimas y sus seres queridos no lo harán mientras no se conozca la verdad y se haga justicia. “Yo lo recuerdo –afirmó Miriam Ayala, sobreviviente de Las Aradas, en el río Sumpul– y mis heridas no han sanado. Tenía doce años cuando fue la masacre y mi hermana de catorce murió ahí”. ¿Cómo pretender que olvide, que no tenga pesadillas? ¿Cómo exigirle que perdone a quienes no se arrepienten de haber ejecutado a su familia y a las personas con quienes creció?
Cuando los gobernantes se amarran solos las manos y no cumplen su deber con las víctimas, se desautorizan. Por eso, derogar la amnistía no es sólo un acto simbólico. Es una necesidad para las instituciones, porque con ese pretexto atrofiaron aún más la justicia salvadoreña; lo es también para los culpables porque así podrían aceptar su responsabilidad, dar muestras de arrepentimiento y terminar sus días en paz con Dios, con la sociedad y consigo mismos.
Mauricio Gaborit, sicólogo declarante ante el Tribunal, explicó que los criminales actuaron convencidos de que estaban defendiendo “la patria de la agresión comunista”. Gloria de García Prieto, integrante del mismo, preguntó cómo se podía evitar nuevas bestialidades si piensan que cumplieron con su deber. El perito respondió así: “Esas personas tienen que ser traídas a la justicia […] Sólo se puede vivir reconciliados cuando ambas partes reconocen lo que ha sucedido. El perdón no se arranca; el perdón ocurre cuando alguien dice perdóname y, entonces, yo puedo decir estás perdonado”.
*Artículo publicado Diario Colatino
Estas personalidades que condenaron al Estado salvadoreño por haber permitido, alentado y ejecutado esos actos brutales, constituyeron el Tribunal internacional para la aplicación de la justicia restaurativa en El Salvador. La capilla Jesucristo Liberador, en la UCA, albergó a víctimas sobrevivientes de graves violaciones de derechos humanos y a familiares de quienes las sufrieron. También a personas solidarias interesadas en saldar esas cuentas pendientes. Los mismos jesuitas masacrados en 1989, participaron como testigos de la locura que imperó y que ahora se esconde amenazante bajo las faldas de un Estado defensor de criminales.
Por más que se llame a “pasar la página” sin leerla ni aprender sus lecciones, las víctimas y sus seres queridos no lo harán mientras no se conozca la verdad y se haga justicia. “Yo lo recuerdo –afirmó Miriam Ayala, sobreviviente de Las Aradas, en el río Sumpul– y mis heridas no han sanado. Tenía doce años cuando fue la masacre y mi hermana de catorce murió ahí”. ¿Cómo pretender que olvide, que no tenga pesadillas? ¿Cómo exigirle que perdone a quienes no se arrepienten de haber ejecutado a su familia y a las personas con quienes creció?
Cuando los gobernantes se amarran solos las manos y no cumplen su deber con las víctimas, se desautorizan. Por eso, derogar la amnistía no es sólo un acto simbólico. Es una necesidad para las instituciones, porque con ese pretexto atrofiaron aún más la justicia salvadoreña; lo es también para los culpables porque así podrían aceptar su responsabilidad, dar muestras de arrepentimiento y terminar sus días en paz con Dios, con la sociedad y consigo mismos.
Mauricio Gaborit, sicólogo declarante ante el Tribunal, explicó que los criminales actuaron convencidos de que estaban defendiendo “la patria de la agresión comunista”. Gloria de García Prieto, integrante del mismo, preguntó cómo se podía evitar nuevas bestialidades si piensan que cumplieron con su deber. El perito respondió así: “Esas personas tienen que ser traídas a la justicia […] Sólo se puede vivir reconciliados cuando ambas partes reconocen lo que ha sucedido. El perdón no se arranca; el perdón ocurre cuando alguien dice perdóname y, entonces, yo puedo decir estás perdonado”.
*Artículo publicado Diario Colatino
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