Idhuca presenta amparo contra magistrados de Corte

Este día, el IDHUCA presentó demanda de Amparo contra José Néstor Mauricio Castaneda Soto, Julio Enrique Acosta Baires y Mauricio Alfredo Clará, todos magistrados propietarios de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por haber resuelto “que la Asamblea Legislativa deberá abstenerse de realizar la elección de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, para el período comprendido entre el uno de julio del año dos mil nueve y el treinta de junio del año dos mil dieciocho, tomando como base la lista de candidatos conformada y que le fue remitida por el Consejo Nacional de la Judicatura; lo anterior mientras se mantenga la verosimilitud de las circunstancias fácticas y jurídicas apreciadas para la adopción de tal medida”.

Además, se solicita que esta demanda sea conocida por los magistrados suplentes, con base a las disposiciones aplicables del Derecho común y según el artículo 1154 del Código Procedimientos Civiles. el cual establece que las “recusaciones a los funcionarios judiciales pueden hacerse con expresión de causa o sin ella, de palabra o por escrito”.

La demanda es en contra de la adopción de la medida cautelar de suspender el acto reclamado, decretada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ala detener la elección de sus futuros miembros, en la resolución pronunciada a las ocho horas con cuarenta minutos del 5 de mayo del 2009, punto resolutivo número dos, del proceso de Amparo 128-2009.

Los derechos que el IDHUCA considera violados son los siguientes:

1. Derecho a la seguridad jurídica, consagrado en el artículo 1 de la Constitución.
2. Derecho a la protección en la conservación y defensa de los derechos, contemplado en el artículo 2 de la Constitución.

Desde el IDHUCA se continuarán analizando e impulsando propuestas para que la sociedad salvadoreña condene y rechace a los responsables de estos atropellos a las instituciones, que al igual que con la falta de nombramiento del Fiscal General de la República, atentan contra la investigación criminal y la impartición de justicia. En el presente caso deben señalarse al Consejo Nacional de la Legislatura, los magistrados de la Sala de lo Constitucional –con la excepción de la doctora Victoria Marina Velásquez de Avilés– y las legislaturas que eligieron a estos funcionarios y funcionarias.

San Salvador, lunes 11 de mayo del 2009.

Enlace: Colatino "País podría enfrentar crisis institucional por falta de Fiscal"

Elfaro.net: NOTICIAS
La Corte Suprema se acerca al limbo jurídico

Editorial José María Tojeira "Jueces y Fiscales" (Colatino)

IDHUCA lanza proyecto

El pasado 5 de mayo el IDHUCA presentó el proyecto “Participación ciudadana y fortalecimiento institucional para la vigencia de los derechos humanos de las personas con discapacidad en El Salvador”, el cual se ejecuta gracias al apoyo de Economía y Colaboración Solidaria con las Personas Sordas (ECOSOL-Sord), de España.

El objetivo de este proyecto es contribuir a una mayor participación de funcionarios, funcionarias y actores sociales en la promoción, protección y defensa de los derechos humanos de las personas con discapacidad en el país.

Compartimos un comunicado publicado el 6 de mayo en La Prensa Gráfica:

PCDi[1]

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Sentencia Tribunal internacional para la aplicación de la justicia restaurativa en El Salvador

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Leer más en:

Verdad, justicia y paz para las víctimas

¿Por qué no hay teléfono en el cielo?

Tribunal de justicia restaurativa en El Salvador

Invitación

Por este medio, el IDHUCA y la Coordinadora de Comités de Víctimas deViolaciones de Derechos Humanos en el Conflicto Armado tienen elagrado de invitar a la presentación y entrega de la sentencia delTribunal internacional para la aplicación de la justicia restaurativaen El Salvador, realizado del 25 al 27 de marzo.

Fecha: Viernes 24 de abril de 2009

Hora: 9:30 a.m.

Lugar: Salón "Elba y Celina", 3 planta del Edificio del ICAS (UCA)

Invitados:

José María Tojeira, S.J., rector de la UCA.

Gloria Giral de García Prieto y Ricardo Iglesias, jueces del Tribunal.

Esperanza Cortez y Julián Terezón, víctimas que presentaron sutestimonio al Tribunal.

VERDAD, JUSTICIA Y PAZ PARA LAS VÍCTIMAS

No es casual que un grupo de juristas internacionales, un especialista salvadoreño en derechos humanos y una valiente mujer que lucha por la justicia, exijan derogar la Ley de Amnistía impuesta en el país desde hace dieciséis años. No lo es, porque ese reclamo lo hicieron tras escuchar los testimonios de varias víctimas del pasado conflicto político y bélico. Las atrocidades cometidas entonces no pueden quedar en la oscuridad. La población torturada, masacrada, asesinada o desaparecida no merece que sus victimarios se oculten en la impunidad oficial.

Estas personalidades que condenaron al Estado salvadoreño por haber permitido, alentado y ejecutado esos actos brutales, constituyeron el Tribunal internacional para la aplicación de la justicia restaurativa en El Salvador. La capilla Jesucristo Liberador, en la UCA, albergó a víctimas sobrevivientes de graves violaciones de derechos humanos y a familiares de quienes las sufrieron. También a personas solidarias interesadas en saldar esas cuentas pendientes. Los mismos jesuitas masacrados en 1989, participaron como testigos de la locura que imperó y que ahora se esconde amenazante bajo las faldas de un Estado defensor de criminales.

Por más que se llame a “pasar la página” sin leerla ni aprender sus lecciones, las víctimas y sus seres queridos no lo harán mientras no se conozca la verdad y se haga justicia. “Yo lo recuerdo –afirmó Miriam Ayala, sobreviviente de Las Aradas, en el río Sumpul– y mis heridas no han sanado. Tenía doce años cuando fue la masacre y mi hermana de catorce murió ahí”. ¿Cómo pretender que olvide, que no tenga pesadillas? ¿Cómo exigirle que perdone a quienes no se arrepienten de haber ejecutado a su familia y a las personas con quienes creció?

Cuando los gobernantes se amarran solos las manos y no cumplen su deber con las víctimas, se desautorizan. Por eso, derogar la amnistía no es sólo un acto simbólico. Es una necesidad para las instituciones, porque con ese pretexto atrofiaron aún más la justicia salvadoreña; lo es también para los culpables porque así podrían aceptar su responsabilidad, dar muestras de arrepentimiento y terminar sus días en paz con Dios, con la sociedad y consigo mismos.

Mauricio Gaborit, sicólogo declarante ante el Tribunal, explicó que los criminales actuaron convencidos de que estaban defendiendo “la patria de la agresión comunista”. Gloria de García Prieto, integrante del mismo, preguntó cómo se podía evitar nuevas bestialidades si piensan que cumplieron con su deber. El perito respondió así: “Esas personas tienen que ser traídas a la justicia […] Sólo se puede vivir reconciliados cuando ambas partes reconocen lo que ha sucedido. El perdón no se arranca; el perdón ocurre cuando alguien dice perdóname y, entonces, yo puedo decir estás perdonado”.

*Artículo publicado Diario Colatino

TRIBUNAL INTERNACIONAL PARA LA APLICACIÓN DE LA JUSTICIA RESTAURATIVA EN EL SALVADOR

Julio Rivera, sobreviviente de la masacre en Las Aradas, Chalatenango:
¿POR QUÉ NO HAY TELÉFONO EN EL CIELO?

San Salvador, 26 de marzo de 2009. Este día el Tribunal internacional para la aplicación de la justicia restaurativa en El Salvador escuchó los impactantes testimonios de Erlinda de Franco, cuyo esposo, Manuel Franco, fue ejecutado; Esperanza Cortés, quién denunció la desaparición de sus dos hermanas, y de Miriam Ayala y Julio Rivera, sobrevivientes de la masacre de Las Aradas, ocurrida en el departamento de Chalatenango el 14 de mayo de 1980.

El esposo de Erlinda, Manuel Franco, era líder del Frente Democrático Revolucionario cuando fue secuestrado junto a siete dirigentes políticos y asesinado por un grupo paramilitar el 27 de noviembre de 1980. En un comunicado de prensa publicado en el diario salvadoreño El Mundo, la “Brigada Anticomunista General Maximiliano Hernández Martínez”, se responsabilizó del hecho.

Esperanza, por su parte, habló sobre su experiencia buscando a dos hermanas desaparecidas: Sandra y Doris, esta última estaba embarazada cuando la raptaron. Su esposo también fue apresado y torturado, hasta que finalmente lo exiliaron. “Nunca perdí la esperanza de que cuando todo esto terminara, yo iba a reiniciar la búsqueda de mis hermanas”, declaró la señora Cortés.

La tarde estuvo aún más carga de emociones fuertes. Los relatos de Miriam y Julio impusieron el silencio entre los asistentes. Narraban su padecimiento como sobrevivientes de la masacre de Las Aradas. Con las manos en la frente y la mirada al cielo, Miriam hacía una pausa para recomponerse luego de haber declarado: “Yo lo recuerdo y mis heridas no han sanado, tenía doce años cuando fue la masacre y mi hermana de catorce murió ahí”. Su padre y su hermano también habían sido asesinados un mes antes.

Finalmente fue el turno de Julio Rivera, quien también escapó de la muerte, una suerte que no tuvieron sus veinte familiares masacrados. Tenía siete años cuando todo ocurrió y se salvó gracias a que pudo pasar el río Sumpul con su padre unos días antes de la masacre. Desde el otro lado vieron y escucharon lo ocurrido, el ejército salvadoreño acorraló a la población en el río que sirve de límite con Honduras y la armada de ese país evitó que la gente huyera.

Ambos relataron que los niños y las niñas eran separados de sus madres y asesinados frente a ellas de forma salvaje. El río, cuentan, tenía un color achocolatado, y estaba inundado de personas que aunque no sabían nadar no tenían más opción que lanzarse para escapar de las balas. Una buena parte murió ahogada. “Cunado veo que a la gente le llaman de Estado Unidos sus familiares, tengo envidia. ¿Por qué no hay teléfono en el cielo?” se preguntó Julio. Mañana, el tribunal escuchará los testimonios de los sobrevivientes de la masacre de La Raya en San Vicente y emitirá su fallo.

Patrocinan esta iniciativa: la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID), la Fundación por la Justicia, el Consejo General del Poder Judicial, Intermon Oxfam, la Asociación de Antiguos Alumnos de Jesuitas Valencia, la Fundación de los Derechos Humanos de la Comunidad Valenciana, el Centro UNESCO de Valencia y el Club de Encuentro de Valencia.

TRIBUNAL DE JUSTICIA RESTAURATIVA EN EL SALVADOR

San Salvador, 25 de marzo de 2009. Esta mañana se instaló en la capilla de los mártires de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) el Tribunal internacional para la aplicación de la justicia restaurativa en El Salvador. Las historias de tortura sufridas por tres presos políticos durante los años de la guerra en este país fueron escuchadas por un grupo de renombrados jueces nacionales e internacionales.

El periodista, Francisco Ramírez, que fue detenido y torturado por ser crítico a los hechos de violencia protagonizados por el gobierno de la época; el sindicalista, Arnulfo Grande, que también sufrió vejaciones, y el empleado público, Blas Escamilla –actualmente de 98 años–, que fue castrado a raíz de una patada recibida en sus testículos dieron cuenta de la sistemática práctica de tortura a la que fueron sometidas cientos de personas en esta nación centroamericana durante finales del siglo pasado.

El tribunal se plantea como un aporte a la reconstrucción del tejido social, una responsabilidad de la que el Estado quiso desentenderse cuando decretó la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz; por eso, cuando las primeras víctimas que exponían sus casos declararon que la citada normativa debía ser derogada, la concurrencia coincidió con un aplauso de apoyo a la petición.

La tarde la cerró el señor Julián Terezón, acompañado por su nieta Beatriz, un padre que sufrió el asesinato de un hijo y la desaparición de su hija. Así, entre lágrimas, las y los asistentes recordaron el pasado de represión, pudieron apoyar a las víctimas presentes y se solidarizaron con todas las demás personas que perdieron padre, madre, hijos, hijas u otros seres queridos.

Esta iniciativa es impulsada por la Coordinadora Nacional de Comités de Víctimas de los Derechos Humanos en el Conflicto Armado y el Instituto de Derechos Humanos de la UCA y continuará mañana con la exposición de otros casos de desapariciones, así como con el relato de las masacres de Las Aradas en Chalatenango y La Raya en San Vicente.

El tribunal, conformado por Paulo Pires, presidente de la Comisión de Amnistía de Brasil; Belisario dos Santos, ex secretario de Justicia y Defensa de la Ciudadanía del Estado de Sao Paulo; José Ramón Juániz, presidente de abogados del Mundo, sección Valencia; Ricardo Iglesias, abogado salvadoreño y consultor en derechos humanos, eligió como presidente a José María Tomás, magistrado español y presidente de la Fundación por la Justicia de Valencia, y como vicepresidenta a Gloria Giralt de García Prieto, salvadoreña luchadora por la justicia. Este viernes 27 de marzo harán público su fallo con base en lo escuchado durante los dos días anteriores.

Hasta hoy, se han adherido a esta iniciativa: la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID), la Fundación por la Justicia, el Consejo General del Poder Judicial, Intermon Oxfam, la Asociación de Antiguos Alumnos de Jesuitas Valencia, la Fundación de los Derechos Humanos de la Comunidad Valenciana, el Centro UNESCO de Valencia y el Club de Encuentro de Valencia.