LA ANORMALIDAD DE LO “NORMAL”

Subir una grada, cruzar una calle o hablar con otra persona son hechos tan comunes que nadie se percata de lo que se necesita para que ocurran. La vida social está ordenada pensando en que todos y todas pueden movilizarse y usar sus sentidos sin ningún problema. Eso es lo “normal”. Hay, sin embargo, un considerable número de personas que enfrentan dificultades para hacerlo. Según el VI Censo de Población, en El Salvador hay 235,302 personas con discapacidad. La mayoría están en edad productiva. Para ellas la infraestructura es un obstáculo, pero también lo es la mentalidad de esta sociedad y la discriminación de la que son víctimas.

Existe en el país la obligación de que cada empresa contrate al menos a una persona con discapacidad por cada veinticinco empleadas. Eso no se cumple. Pero la misma Ley de equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad que obliga, impone una multa que invita a desobedecer: sólo $57.71 dólares. Eso, en la cabeza de quien las percibe como carga, es preferible a tenerlas en su grupo de trabajo. Lo mismo ocurre en las escuelas. Se prefiere ignorarlas y decir que no pueden facilitarles las condiciones necesarias para que estudien. No se construyen rampas para movilizarse en los centros escolares, entrar a las aulas y al resto de espacios; no hay intérpretes para personas sordas, textos en braille y no se capacita al magisterio para educar con equidad.

Pero no sólo se debe avanzar en eso. Es necesario que las acciones para incluirlas dejen de verse como caridades u obras de altruismo, pues es su derecho. Las personas ciegas, sordas en sillas de ruedas o con deficiencias intelectuales también tienen derecho a la educación, a la salud, a una vivienda digna, a la información, a la cultura, al entretenimiento y al trabajo. En dos palabras: a vivir. Todo lo que límite el goce de sus derechos es un incumplimiento del Estado a sus compromisos internacionales, pero también a su razón de ser: la persona humana y su bienestar.

Claro que demanda inversión presupuestaria, pero el Estado debe considerarlo como lo hace con los derechos de los demás. Es necesario normalizar la sociedad salvadoreña. No lo está porque excluye a su población, porque hay sectores que no son parte del desarrollo y en los que no se invierte. Tampoco es normal que se siga viendo a las personas con discapacidad como “especiales”. Quienes discriminan podrían encontrarse en esa condición si sufrieran un accidente, una enfermedad que se la provoque o al llegar a la vejez. Por eso, en la discriminación que estas personas padecen no hay nada de normalidad ni de humanidad. Es necesario cambiar.

IDHUCA PRESENTA LINEA BASE SOBRE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL SALVADOR

Ante más de 75 representantes de instituciones estatales, asociaciones y organizaciones de la sociedad civil vinculadas con el tema, el IDHUCA presentó el documento "Personas con discapacidad en El Salvador. Línea de base", este 26 de noviembre.

En este se explora, a partir de fuentes oficiales, la situación demográfica de las personas con discapacidad en el país, así como su acceso a servicios públicos esenciales como salud, educación, información y transporte público. A modo de propuesta, la línea de base presenta desafíos concretos para el Estado a fin de garantizar el goce y respeto irrestricto de los derechos humanos de las personas con discapacidad.

La presentación formal del documento, a cargo de la consultora Sonia Ivett Cuéllar, también incluyó una sintesis de los resultados obtenidos a un año de iniciado el proyecto "Participación ciudadana y fortalecimiento institucional para la vigencia de los derechos humano de las personas con discapacidad en El Salvador". Este esfuerzo es posible gracias a la colaboración de la organización española ECOSOL-SORD y el auspicio del Gobierno de Aragón.

Vea una presentación sobre los resultados del primer año del proyecto aqui:
http://www.4shared.com/file/162414107/245baf98/PCD_proyecto.html

SER UN DISCÍPULO

“¡Sería tan irracional que me matasen! No he hecho nada malo”, dijo Ignacio Ellacuría a un periodista catalán cuando le preguntó si tenía miedo. La entrevista se publicó en España un día antes que el batallón “Atlacatl” entrara a la UCA para ejecutarlo junto a cinco jesuitas más, Julia Elba Ramos y Celina Mariceth, su hija. Fue un acto irracional para la gente decente. Ni ellas, ni los Ignacios, Segundo, Juan Ramón, Lolo y Amando habían hecho algo “malo” para morir así. Los sacerdotes fueron asesinados por exigir respeto para mujeres como las que compartieron su martirio, dignas representantes de un pueblo que sufría las consecuencias de las políticas criminales del régimen de turno.

Es justo que estas buenas personas reciban ahora la máxima condecoración que el Estado salvadoreño entrega: la Orden Nacional “José Matías Delgado”. Y es necesario rescatar el valor de esa distinción tan depreciada por jefes de Estado anteriores. Se la dieron a un animador televisivo mexicano, sin que hiciera méritos extraordinarios. También a los cubanos estadounidenses, padrinos de Luis Posada Carriles, y al generalísimo Francisco Franco. Entregarla hoy a quienes aportaron al avance científico y académico del país a su democratización, al respeto de los derechos humanos y la defensa de las víctimas de la represión y la guerra, comienza a devolverle su brillo.

La frase de Ellacuría también puede aplicarse a todas las víctimas civiles salvadoreñas. Ninguna había hecho “nada malo”. Las y los mártires de la UCA murieron a manos del mismo batallón que ejecutó la masacre de El Mozote, donde asesinaron centenares de niñas y niños. Por eso, la condecoración que recibieron debe extenderse a la gente por la cual entregaron su vida.

Pero la Orden Nacional no salda la deuda con la verdad, la justicia y la memoria. Retirar el “velo espeso de oscuridad y mentiras para dejar entrar la luz de la justicia y la verdad”, como afirmó el presidente Mauricio Funes, requiere más que un acto honorífico. Un segundo paso sería señalar –con nombre y apellido– a los autores de estas y otras graveas violaciones de derechos humanos. Luego, tendría que derogarse la amnistía sin alegar que no le corresponde al Ejecutivo. Si logró que le aprobaran el Presupuesto, también puede conseguir esto usando su iniciativa de ley. Buscar a las personas desaparecidas, es otra tarea pendiente.

Esas y otras son medidas que debe impulsar el jefe de Estado, para ser un verdadero discípulo de los jesuitas masacrados. El camino está claro: es el de los once seguidores más cercanos de Jesús que continuaron su obra comprometidos con los más pobres, lavándoles sus pies, sanando sus heridas con verdad y justicia. Y ahí no hay donde perderse.

QUÉ TRISTEZA MÁS GRANDE…

En el inventario de poblaciones afectadas por el huracán “Ida” y la baja presión del sábado están la Málaga, San Martín, Santiago Texacuangos, Apulo, Aguilares, Verapaz… En síntesis, las mismos del Mitch y el Stan, de los terremotos del 2001 y de todos los fenómenos naturales vueltos desastres por las injustas “reglas del juego” imperantes. La población excluida siempre paga la factura de las malas decisiones o las incapacidades oficiales. Y no le ha dado tregua la crisis económica, la violencia y ahora esto. ¿Pudo evitárseles el sufrimiento? Sí y también los otros.

No sólo se supo que el “Ida” afectaría al país; también una depresión tropical que entró por la costa pacífica. El Servicio Nacional de Estudios Territoriales informó que la cantidad de agua caída entre la noche del viernes y la mañana del sábado, indicaba que había zonas susceptibles a deslizamientos en Alegría y los volcanes de San Vicente y San Miguel, especialmente. Advertencia hubo.

Esto ya había pasado con gobiernos anteriores. El 27 de septiembre del 2005 una fuerte lluvia inundó la Feria Internacional, la colonia San Benito, la Málaga, La Vega, Candelaria, el barrio Modelo y la colonia Santa Anita, dentro de la capital. Se alegó que en quince minutos había caído el agua de una hora de tormenta. “Nos enfrentamos a una lluvia fuera de lo normal”, dijo el entonces ministro de Gobernación, René Figueroa. Ahora, el director de Protección Civil, Jorge Meléndez, usa un argumento parecido para explicar la tardía declaración de alerta. “Cuando se presentan eventos grandes, es difícil tener una apreciación inmediata, sobre todo siendo de noche”, aseguró. ¿Cuál es la diferencia?

Tampoco se vale explotar el dolor de la población con fines partidistas. Deben deducirse responsabilidades por no actuar a tiempo, con base en las recomendaciones de personas expertas. De confirmarse negligencia o error, al menos surgirían las renuncias inmediatas en un país normal. Pero también es cierto que administraciones anteriores fueron incapaces de disminuir las vulnerabilidades en las zonas afectadas, ahora y en el pasado. Como bien dijo en un noticiero televisivo Alfredo Cristiani, en el volcán de San Vicente los terremotos del 2001 dejaron una grieta amenazante. ¿Por qué no hicieron nada Francisco Flores y Antonio Saca?

En medio del griterío permanente e interminable de acusaciones mutuas entre los rivales políticos, la gente más humilde llora sus seres queridos y la pérdida de sus precarios haberes. Por las víctimas urge tomar medidas para romper con tan inmerecido destino. Ese pueblo pobre y maltratado recibió la solidaridad de Romero y los mártires de la UCA. Con esa gente se solidariza hoy el IDHUCA. Con los y las tristes más tristes del mundo, nuestras hermanas, nuestros hermanos…

Este pueblo cargado de dignidad, que ahora comparte desde su pobreza la abundancia de su corazón y que no tiene crisis de solidaridad, merece más que una mención especial, nuestra admiración.

¿DULCE O TRETA?

Rodolfo Parker, Ciro Cruz Zepeda y ARENA salieron frustrados del último “madrugón” legislativo. Uno perdió la vicepresidencia del Órgano; si le quedaba algo, también la cordura. Entre su agonía, descendió a la “llanura” anunciando la cruzada democristiana por las libertades y contra el “comunismo”. Ciro ya no presidirá la Asamblea los tres años correspondientes; dentro de poco la pasará al “efemelenista” Sigfrido Reyes. Él mismo anunció un “golpe parlamentario”; no pasó hoy, pero ya quedó pactado.

ARENA aguantó más. A la pérdida del Ejecutivo se sumó el surgimiento de un “nuevo” grupo político, desgajado de su seno. En varias ocasiones, eso le había pasado al FMLN y los “areneros” no dudaron en reconocer las disidencias, otorgándoles de inmediato los beneficios de tal categoría; ahora pretendían que sus “traidores” recibieran un trato distinto. Pero no sólo han sido abrazados por el FMLN; también se colaron en la junta directiva y pesarán en las negociaciones por venir.

Lo que ocurrió la madrugada del “día de brujas” fue producto de una transacción entre los partidos, a excepción de ARENA; Cambio Democrático no votó. Seguro que negociaron el apoyo a la reforma fiscal, al presupuesto, a los préstamos y… La Asamblea se convirtió en una “casa de cambio” donde unos perdieron más que otros, según la fuerza de su moneda.

Ante semejante escenario, es aún más urgente la necesaria y profunda reforma del sistema político salvadoreño. De no ser así, seguiremos viendo diputados y diputadas sin responder a los intereses de la población a la cual –en teoría– se deben; continuarán rendidos ante los “señoríos” partidistas que los dejaron ingresar a su “rebaño” parlamentario. No obstante, cuando en el Salón Azul se envalentonan y desafían a sus dirigentes, pretenden ser portadores de la “voluntad del pueblo”. ¿Cuándo han consultado a ese “pueblo” sus decisiones?

Hasta la fecha sólo se puede especular sobre lo tranzado. Pero lo visto permite compararlos con los rateros que aprovechan la nocturnidad para saquear casas. ¿Quién se cree el “cuento” de los “buenos” con sus “sanas” aspiraciones de ingresar al COENA, frustradas por los “malos” del partido? El bando que hoy “gana” cobija, entre otros, a dos funcionarios del (des)gobierno de Antonio Saca acusados de corruptos por el Ministro de Gobernación. ¿Qué hicieron esos, según Humberto Centeno, delincuentes? Esconderse bajo la silla legislativa del “presidenciable”, con quien pasaron de ser antagonistas irreconciliables a enemigos íntimos. ¡Por favor! Estos días, se han visto cosas en nombre de la “gobernabilidad”. ¡Y las que están por verse!

Igual es simbólica la fecha. Los y las estadounidenses celebraron el sábado 31, el “día de brujas”; como es su costumbre, preguntaron “¿dulce o treta?”. Acá pasó igual con la “hechicería” vernácula legislativa.

Publicado en Diario Co Latino (miércoles 4 de noviembre de 2009)

Víctimas ganan la batalla

Víctimas de tortura y crímenes contra la humanidad de El Salvador le ganan la batalla al ex vice ministro de la Defensa Nacional de aquel país después de cuatro años de litigio

4 de octubre del 2009. El Tribunal Supremo de Estados Unidos de América (EUA) ha denegado hoy el recurso interpuesto el pasado 28 de mayo por el ex vice ministro de la Defensa Nacional de El Salvador, coronel Nicolás Carranza, en el que pedía a la alta instancia que revisara el veredicto dictado contra él dictado en el 2005 en Memphis declarándolo culpable de cometer crímenes de lesa humanidad contra la población civil salvadoreña. El recurso de Carranza ante el Supremo exigía que los tribunales de Estados Unidos le eximieran de toda responsabilidad y consideraran legal la aplicación de la Ley de Amnistía de El Salvador de 1993. La decisión del Tribunal Supremo denegando el recurso, confirma la decisión del Tribunal de Apelación que ya en marzo del 2007 rechazó un recurso de apelación del acusado basado en el mismo motivo.

El Centro de Justicia y Responsabilidad, (CJA) y la firma de Abogados Bass, Berry & Sims de Nashville interpusieron esta demanda en diciembre del 2003. En octubre del 2005, un jurado de Memphis determinó que Carranza era responsable –por su cargo en la estructura militar de entonces– de la tortura de los demandantes y el asesinato extrajudicial de sus familiares: Por eso, lo condenó a pagar una indemnización por daños y perjuicios de seis millones de dólares. Carranza interpuso recurso ante el Tribunal de Apelación para el circuito No. 6, alegando que la Ley de Amnistía de El Salvador –aprobada en 1993 y declarada contra Derecho por instancias internacionales, incluyendo Naciones Unidas y la Comisión Interamericana– debía protegerle de ser demandado civilmente en EUA.

El gobierno de El Salvador bajo la presidencia de Antonio Saca y su partido político Alianza Repúblicana Nacionalista (ARENA) contrató al abogado de Alexandria, Virginia, John Kiyonaga para que defendiera también como posición oficial de la amnistración de Saca la sostenida por Carranza: que la Ley de Amnistía debía ser aplicada y observada por los tribunales estadounidenses. El Tribunal de Apelación rechazó esta postura y declaró que la Ley de Amnistía no era legal ni vinculante para los Tribunales de EUA.

Las atrocidades sufridas por los demandantes tuvieron lugar en El Salvador durante el mandato de Carranza como vice ministro de la Defensa Nacional y como director general de la Policía de Hacienda, entre 1980 y 1992. Durante este periodo, el ejército salvadoreño y las fuerzas de seguridad asociadas al mismo fueron responsables por la tortura, violación, muerte y desaparición forzada de alrededor de 80,000 civiles. Consecuencia de la vigencia de la Ley de Amnistía de El Salvador, ninguno de los responsables de estas atrocidades ha sido llevado ante la justicia. CJA ha interpuesto e impulsado con éxito varios procesos por los crímenes y violaciones de derechos humanos ocurridos en El Salvador durante la guerra civil. CJA ha impulsado a su vez la querella criminal en España por la ejecución de los jesuitas de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas (UCA), de Elba Ramos y de su hija Celina .

Sobre Bass, Berry & Sims

Con más de 230 abogados y abogadas representando numerosas compañías que cotizan en bolsa y son parte de Fortune 500, la firma Bass, Berry & Sims ha estado involucrada en algunos de los mayores y más significativas transacciones de negocios y litigio en el país. Para más información, visite nuestra página de internet www.bassberry.com.

Sobre CJA

CJA es una organización de derechos humanos localizada en San Francisco, dedicada a impedir tortura y otros severos abusos de derechos humanos en el mundo y a avanzar en la realización de los derechos de las personas supervivientes que buscan verdad, justicia y reconciliación. CJA utiliza el litigio para responsabilizar a los perpetradores individuales de abusos a los derechos humanos, desarrollar leyes protectoras de los derechos humanos, y avanzar en la consolidación del Estado de Derecho en países en periodos de transición. www.cja.org.

Habitantes de Sitio del Niño exigen justicia

En el marco del segundo aniversario del cierre de la fábrica de Baterías de El Salvador, habitantes del cantón Sitito del Niño y dirigentes del Movimiento Sin Plomo hicieron un llamado, de nueva cuenta, para que en la zona se declare emergencia nacional.

A la entrada de las antiguas instalaciones de la fábrica, Carlos Mejía, del Movimiento sin Plomo, organizado por los propios afectados, hizo un llamado al Gobierno para obtener justicia y así corregir en alguna medida los daños a la salud de los lugareños.

Por su lado, Benjamín Cuéllar, director del IDHUCA, hizo énfasis en que los problemas de estas personas deben ser escuchados y solucionados de manera inmediata. De igual modo, Celina Guerra representante de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia y Edith Campos representante del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA) explicaron que no se podía seguir con el irrespeto de los derechos de los menores, porque afecta su desarrollo.