martes, 25 de agosto de 2009
Invitación
jueves, 13 de agosto de 2009
RELACIONES CADA VEZ MÁS TENSAS
Puede cuestionarse la credibilidad de los medios nacionales de difusión masiva, su independencia o su buena fe. Pero el Estado no debe poner cortapisas a su labor. Independientemente de la calidad informativa o ética de esas empresas, transmiten noticias y valoraciones; por tanto, juegan un rol social importante. Al respecto, la Declaración de principios sobre libertad de expresión establece que los “condicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad por parte de los Estados son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión reconocido en los instrumentos internacionales”. No se vale, entonces, que una supuesta tergiversación mediática sea la excusa para negar información o justificar la negativa de funcionarios públicos a brindar declaraciones; mucho menos, si se trata del presidente de la República.
Durante el reciente altercado en Catedral Metropolitana −con roces y jaloneos por parte de la seguridad del mandatario, Mauricio Funes− se impidió que integrantes de la prensa en sus diversas manifestaciones ingresaran al recinto religioso; además, la Policía Nacional Civil les amenazó con la cárcel. Esos son hechos condenables, sin duda.
A la fecha, la corta relación del gremio periodístico con el presidente Funes ha sido tirante. Antes de ganar las elecciones, rechazó conceder entrevistas a un medio escrito por considerarlo tendencioso. Recién investido, fue cuestionado por llegar bastante tarde y hacer esperar a los comunicadores y las comunicadoras en una conferencia de prensa. Ahora se le critica por evadir a quienes un día fueron sus colegas, por centralizar la información y por las limitaciones a la apertura en sus pocas apariciones públicas.
viernes, 24 de julio de 2009
Constatan violaciones sistemáticas a los derechos humanos
derechos humanos en Honduras.
Informe Preliminar
Tegucigalpa, 23 de julio de 2009
recomendaciones al respecto a la OEA, la ONU, la Unión Europea y sus Estados miembros.
Divididos en cuatro grupos de trabajo, la misión ha recibido testimonios de casos ocurridos en varias partes del territorio hondureño: Tegucigalpa, San Pedro Sula, Olancho y Colón. Ha llevado a cabo con este objeto entrevistas con diferentes organizaciones y expertos de derechos humanos, movimientos sociales, sindicatos, medios de comunicación, periodistas, diputados del Congreso Nacional, partidos políticos, el Fiscal General de la República, la Fiscal Especial de Derechos Humanos, el General Director de la Policía Nacional, agencias de cooperación internacional, representantes de Naciones Unidas, del cuerpo diplomático, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General de la República, la Defensa Pública, la Dirección General de Migración y familiares del Presidente Manuel Zelaya.
Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Iniciativa de Copenague para Centroamérica y México (CIFCA), FIAN
Internacional, la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD), la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES-Colombia),
Suedwind-Austria, Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeon Cañas (IDHUCA-El Salvador), Asociación Pro Derechos Humanos de Perú (APRODEH),
el Instituto de Estudios Políticos sobre América Latina y Africa (IEPALA-España), Federación de Asociaciones de defensa y promoción de los Derechos Humanos (España), Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú, Servicio Paz y Justicia (SERPAJ-Uruguay), Solidaridad Mundial (Bélgica), IBIS (Dinamarca), Alianza Social Continental, Enlazando Alternativas, y Centro de Estudios Tricontinental.
ii. Los hechos verificados por la Misión
1. Con fecha 28 de junio de 2009 a las 5:15 am, efectivos de las fuerzas armadas, tras reducir violentamente a la guardia encargada de su protección, irrumpieron en la Casa Presidencial
y secuestraron al Presidente Constitucional de Honduras señor Manuel Zelaya Rosales. La captura del Presidente se produjo sin que se presentara el mandato judicial correspondiente. Inmediatamente después fue trasladado a una base aérea desde donde fue llevado a Costa Rica, según testimonió el mismo Presidente, mediante un avión que despegó a las 6:10 AM de Honduras. El asalto de la Casa Presidencial se llevó a cabo ejerciendo violencia contra los bienes y ocupantes de la casa. Los hechos descritos fueron denunciados por miembros de la custodia del Presidente Constitucional derrocado, así como por familiares del mismo que se encontraban el día del golpe en la Casa Presidencial.
y a las leyes y la inobservancia de las resoluciones y sentencias de los órganos jurisdiccionales”, cesándolo en su cargo de Presidente a pesar de no existir norma constitucional o legal que posibilitara tal cese, y designando a Roberto Micheletti Baín como “Presidente Constitucional de la República” (Decreto del Congreso Nro. 141-09).
4. El decreto de suspensión de los derechos fundamentales de los hondureños continúa siendo aplicado pese a haberse vencido el plazo de 72 horas de duración originalmente contemplado en el decreto que dispuso estas restricciones; y no existe ningún decreto posterior que haya prorrogado formalmente esta suspensión. Asimismo, de forma diaria y a través de comunicados en diversos medios de comunicación, se ha venido variando aleatoriamente los horarios de vigencia del toque de queda impuesto en la capital y en el interior del país.
por la Mision, dieron horarios diferentes y expresaron diferencias sobre su contenido.
7. La Misión internacional sobre derechos humanos en Honduras ha identificado la existencia de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país con posterioridad al golpe de Estado. De igual forma, ha constatado la desprotección de numerosas personas afectadas ante la
respuesta inadecuada de las instituciones que son constitucionalmente responsables de velar por el respeto a los derechos fundamentales de los y las hondureñas. En particular, la Misión llama la atención sobre la grave omisión del cumplimiento de las obligaciones funcionales del Comisionado
Nacional de Derechos Humanos, Sr. Ramón Custodio.
8. Entre las vulneraciones de derechos fundamentales denunciados ante la Misión se encuentran un importante número de ejecuciones extrajudiciales, centenares de detenciones arbitrarias, múltiples amenazas, cercenamiento de la libertad de expresión e información, así como restricciones indebidas a la libertad de circulación, enmarcado todo ello en un contexto de clara persecución política que afecta especialmente a dirigentes políticos y sindicales, defensores y
defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales, periodistas, ciudadanos/as extranjeros/as, entre otros.
9. En efecto, desde que se consumó el golpe de estado y en relación a él, según diversas fuentes constatadas por la Mision, han sido reportadas las siguientes muertes de personas: ISIS OBED MURILLO MENCIAS, de 19 años, muerto por disparos de las Fuerzas Armadas durante la marcha celebrada el 5 de julio por los partidarios del presidente depuesto al aeropuerto de Toncontin, Tegucigalpa; GABRIEL FINO NORIEGA, periodista de Radio Estelar, en el departamento de Atlántida, asesinado de 7 impactos de bala el 3 de julio cuando salía de su centro de trabajo; RAMON GARCIA, líder del partido politico Unión Democrática (UD), obligado a bajar de un vehículo de transporte público cuando regresaba de una manifestación y acribillado a tiros en la localidad de Santa Bárbara por desconocidos; ROGER IVAN BADOS, ex dirigente
sindical del sector textil y actual militante de la UD y del Bloque Popular (BP), amenazado de muerte con posterioridad al golpe y asesinado a tiros tras sacarlo por la fuerza de su propia casa el 11 de julio en San Pedro Sula; VICKY HERNANDEZ CASTILLO (SONNY EMELSON HERNANDEZ), miembro de la comunidad LGTB, muerto en San Pedro Sula por un impacto de
bala en el ojo y con señales de estrangulamiento, durante el toque de queda; y una persona no identificada, vestida con una camiseta de la denominada “cuarta urna”, encontrada muerta el 3 de julio en el sector de “La Montañita” en Tegucigalpa, lugar que fue cementerio clandestino de
ejecuciones extrajudiciales durante los años 80. La misión continúa verificando otras denuncias de ejecuciones extrajudiciales.
12. Hemos recibido informaciones relativas a la utilización política de la capacidad legítima del Estado de investigar y sancionar a personas vinculadas a la comisión de delitos. El caso que puede ilustrar esta tendencia es el del padre de Isis Obed Murillo, Don José David Murillo Sánchez, quien fuera capturado luego de que rindiera testimonio ante la Fiscalía de Derechos Humanos por el asesinato de su hijo. Su captura y posterior detención fue justificada con base en un antiguo proceso judicial que se encontraba paralizado, el mismo que fue reactivado luego de que Murillo acudiera a la justicia a denunciar la muerte de su hijo. De la lectura del expediente y la entrevista con jueces, testigos, abogados y el propio señor Murillo se deducen serias violaciones al debido proceso, la defensa, la libertad, etc. Otras denuncias recibidas comprenden
asimismo procesos relativos a funcionarios del Gobierno depuesto.
arbitrarias e irregulares. Sólo durante esta semana se han registrado allanamientos sin orden judicial y detenciones arbitrarias de, por los menos, veinte personas nicaragüenses.
malos tratos, no se les ofreció asistencia consular, ni se les brindó condiciones de detención adecuadas, en algunos casos se les mantuvo detenidos en celdas policiales con otras personas acusadas de la comisión de delitos comunes, no tuvieron acceso a un juez ni a un defensor. Estas acciones fueron llevadas a cabo por miembros de la Policía Nacional Civil.
18. La misión ha recibido múltiples denuncias relacionadas con el reclutamiento forzoso de jóvenes por parte del Ejército en zonas rurales, para integrarlos a las reservas.
Radio Globo fueron militarizadas como parte del operativo de silenciamiento de medios de comunicación ocurrido con ocasión del golpe. Se suspendió temporalmente la transmisión de Canal 36 y hemos recibido denuncias, así como hemos constatado, el asalto a diversos locales de medios de comunicación y amenazas de muerte contra periodistas, el bloqueo de sus transmisiones o la interceptación telefónica y bloqueo de su acceso a internet.
periodistas como el director del diario El Libertador, Sr. JHONNY JOSE LAGOS ENRIQUEZ, así como contra LUIS GALDANES, conductor del programa radial “Tras la Verdad”. El señor Lagos viene siendo objeto, además, de una persecución judicial promovida por el Fiscal General de
Honduras, Dr. Luis Rubí, en base al art. 349 del Código Penal de Honduras que solo puede aplicarse a servidores públicos, condición que el señor Lagos Henríquez no tiene.
21. En la ciudad de Progreso, por otra parte, las fuerzas militares ocuparon y silenciaron las trasmisiones de Radio PROGRESO, siendo hostigado su director el sacerdote jesuita ISMAEL
MORENO, detenido temporalmente el periodista ROMELL ALEXANDER GÓMEZ MEJÍA y recibido amenazas de muerte en el caso del periodista ROMEL ROMERO, canalizadas a través del teléfono celular de su esposa, la Sra. MIRIAM ESPINAL. Igualmente, el Equipo de Reflexión y Comunicación (ERIC), estrecho colaborador de Radio Progreso, viene siendo objeto de amenazas y hostigamiento por parte de fuerzas militares que se encuentran permanentemente
situadas frente a su sede en la Casa San Ignacio, Boulevard Canán, en Progreso.
miembros de Televisora del Aguan, Canal 5. Por su parte, el periodista, Presidente del Sindicato de Maestros de Tocoa y Director del programa de noticias Centro de Noticias de Colón Sr. WILFREDO PAZ ha recibido constantes amenazas anónimas de quemarle la emisora si continuaba con sus emisiones, ordenando el ya referido Capitán Tercero, que la empresa de cable cortara la trasmisión del programa del Sr. Palacios.
24. La Misión ha recibido igualmente denuncias muy concretas de la actuacion de grupos paramilitares, compuestos por civiles vinculados supuestamente a organizaciones de narcotraficantes, y a grupos de seguridad privada al servicio de destacados empresarios, quienes vestidos con traje de camuflaje operan conjuntamente con miembros del XV Batallón del Ejercito Hondureño en el departamento de Colón.
iii. Conclusiones
La Misión internacional constató la existencia de violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos en Honduras con posterioridad al golpe de Estado. Algunas de ellas tienen como origen la aplicación de normas abiertamente contrarias a los compromisos internacionales de protección de derechos humanos, la militarización de funciones de seguridad e instituciones estatales, abusos por parte de fuerzas de seguridad del Estado y la falta de respuesta de los mecanismos de garantía del Estado.
Los vicios identificados en el Decreto 11-2009 hacen ilegítimas las medidas adoptadas con fundamento en el mismo, como por ejemplo, las centenares de detenciones por toque de queda, allanamientos y las restricciones a la libertad de movilización en las carreteras.
La Misión considera que uno de sus hallazgos fundamentales consiste en establecer la desprotección de numerosos afectados por las graves violaciones perpetradas ante la respuesta inadecuada de las instituciones que son responsables de velar por la garantía de los derechos fundamentales de los y las hondureñas. Ello es evidenciado en la manifiesta falta de recursos de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, así como en la inoperancia de la Corte Suprema para decidir sobre la legalidad del decreto de suspensión de garantías y otros amparos sobre violaciones a derechos fundamentales ocurridas con ocasión del golpe, y la negligencia del Comisionado Nacional de Derechos Humanos.
Más aún, es posible sostener, que algunas instituciones de control de derechos han asumido un papel abiertamente cómplice de las autoridades de facto, haciendo caso omiso de sus funciones
constitucionales y legales.
Hemos constatado serias limitaciones a la libertad de expresión y amedrentamientos destinados a restringir la circulación de información que critique al régimen de facto. A su vez, consideramos que una parte de los medios de masivos comunicación del país ha tenido una actitud irrespetuosa con la pluralidad de ideas y la democracia. En ocasiones, estos medios se han hecho eco de posiciones abiertamente represivas e incitadoras de la violencia contra los partidarios del gobierno depuesto.
iv. Recomendaciones
2- Mantener una posición firme de condena al golpe de Estado, exigiendo la restitución del Presidente Zelaya y el restablecimiento del orden constitucional;
3- Mantener la suspensión de las relaciones diplomáticas con el régimen de facto, así como de cualquier apoyo económico o financiero dirigido a las instituciones del Estado involucradas en el
golpe de Estado;
4- Desconocer los resultados de elecciones convocadas por el gobierno de facto, tal y como fue expresado por el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, asi como desconocer cualquier decision adoptada por dicho gobierno.
Visitas a las oficinas de personas y organizaciones en riesgo
Invitaciones e intercambios constantes con las mismas
Apoyo logístico que sea pertinente para su seguridad
Implementación de un sistema de alerta y emergencia de
acceso inmediato para personas en riesgo.
Abrir conjuntamente con ONG internacionales un apoyo
adicional para la sociedad civil hondureña, para reforzar su
capacidad de proteger y monitorear DDHH. En particular, es
necesario de aumentar los recursos humanos y financieros para
que atiendan las necesidades en el interior del país.
organizaciones de la sociedad civil hondureña.
7- Los Estados deben tomar medidas contra los principales responsables del golpe, tales como la restricción de otorgar visas y el congelamiento de cuentas bancarias en el exterior.
de grave quebrantamiento del orden constitucional.
· Abstención de relaciones diplomáticas con el nivel de viceministros del gobierno ilegítimo, como también con todos los representantes diplomáticos hondureños en la Unión Europea
que apoyan al gobierno de facto.
· Suspensión, más allá del apoyo presupuestario, de todos los programas dirigidos a apoyar las instituciones del Estado que han estado involucradas en el golpe de estado.
· Mantener la decisión de suspender las negociaciones del Acuerdo de Asociación entre la UE y América Central hasta que se restituya el orden constitucional en Honduras.
· Suspensión de Honduras del Sistema General de Preferencias (SGP plus) de la Unión Europea.
II.
Seguir otorgando medidas cautelares para proteger a las
personas en situación en riesgo
Realizar a la brevedad la visita in situ al país y emitir un
informe con las recomendaciones que estime convenientes.
10- El Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas debe pronunciarse en contra del golpe de Estado en Honduras y adicionalmente debe tomar medidas que contribuyan al
restablecimiento del orden constitucional.
11- El sistema de protección de Derechos Humanos de la ONU debe activar los mecanismos apropiados para abordar la situación de derechos humanos en Honduras, en particular considerar la pertinencia de:
Adoptar una resolución a nivel del Consejo de Derechos
Humanos;
Establecer una oficina permanente del Alto Comisionado de
Derechos Humanos en Honduras;
Realizar visitas de verificación de las relatorías especiales
competentes en materia de libertad de expresión, defensores y
defensoras de derechos humanos e independencia de los jueces
y abogados.
12- La Corte Penal Internacional debe actuar preventivamente. Por ello solicitamos al Fiscal General de la Corte Penal Internacional iniciar diligencias conducentes a una posible investigación penal conforme a la disposición del art. 7, numeral g del Estatuto de Roma que contempla la competencia por el crimen de persecución política.
Ante la gravedad de la situación de derechos humanos, hemos tomado la decisión entre las organizaciones nacionales e internacionales involucradas en la misión, iniciar en seguimiento a
esta misión un Observatorio de Derechos Humanos enHonduras.
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Los integrantes de la Misión de Observación sobre la situación de los
Derechos Humanos en Honduras, han sido las siguientes personas:
· Luis Guillermo Pérez (CIFCA)
· Marcia Aguiluz (CEJIL)
· Viviana Krsticevic (CEJIL)
· Martin Wolpold-Bosien (FIAN Internacional)
· Jorge Rojas (CODHES)
· Benjamín Cuellar (IDHUCA)
· Miguel Jugo (Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de
Perú)
· Javier Mujica (FIDH)
· Efraín Olivera (PIDHDD, SERPAJ)
· Enrique Santiago (IEPALA, FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE
DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOSESPAÑA)
· Ellen Verryt (Solidaridad Mundial)
· Hans Peter Dejgaard(IBIS – Dinamarca)
· Katrin Erlingsen (Asesora del Presidente de la Comisión de
Cooperación económica y Desarrollo del Parlamento alemán)
· Leo Gabriel (Instituto de Investigaciones Interculturales y de
cooperación - Austria)
· Katia Nouten (CIFCA)
· Dolores Jarquín (Alianza Social Continental)
· Francois Houtart (Centro De Estudios Tricontinental)
miércoles, 8 de julio de 2009
LINO MORALES CANJURA: EN MEMORIA
martes, 30 de junio de 2009
SOBRE EL GOLPE DE ESTADO EN HONDURAS
lunes, 29 de junio de 2009
SOBRE EL INCUMPLIMIENTO LEGISLATIVO DE ELEGIR MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS
El proceso de elección conjunta en cuestión, fue detenido con la excusa de cumplir lo ordenado por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la cual dictó una medida cautelar en el proceso de amparo 128-2009 a favor de la demandante Michelle Gallardo de Gutiérrez. Tal decisión es insostenible jurídicamente, ya que la Asamblea Legislativa puede y debe proceder de inmediato a realizar tales nombramientos haciendo uso de los siguientes argumentos constitucionales:
- El artículo 1 Cn. reconoce la concepción personalista del Estado, que “está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común (…)”. El artículo 246 plantea que “los principios, derechos y obligaciones establecidos por esta Constitución no pueden ser alterados por las leyes que regulen su ejercicio. La Constitución prevalecerá sobre todas las leyes y reglamentos. El interés público tiene primacía sobre el interés privado”. Y en el presente caso está en juego el derecho a la justicia de toda la población, frente al “deseo” de optar a un cargo público de la demandante.
- La posibilidad de que no se nombren magistrados y magistradas, creándose una situación jurídica y política de indefinición tras adoptar una medida cautelar de índole constitucional que ordena tal cosa, no está contemplada en ningún supuesto legal. Entonces, el Órgano Legislativo –con el fin de hacer valer los derechos de acceso a la justicia, la seguridad jurídica y el debido proceso– debe hacer esa designación con base a la Constitución y a la jurisprudencia de la misma Sala de los Constitucional, que establece la viabilidad de aplicar directamente la Constitución en los siguientes términos:
“La jurisprudencia constitucional ha aceptado la posibilidad de realizar un control de constitucionalidad sobre actos concretos que no reúnen las características de generalidad y abstracción –propias de las normas jurídicas impersonales–, sí son aplicación directa de la Constitución.Asimismo, se ha sostenido que dicho criterio se fundamenta en la necesidad de no dejar zonas exentas de control, sobre aquellas actuaciones concretas de los funcionarios cuyo único fundamento normativo es la Constitución; en tales casos, el ejercicio de potestades públicas en la producción de dicho acto, sólo tiene como parámetro de control los límites formales, materiales y genérico-valorativos que establece la Ley Suprema (…)”. (Proceso de inconstitucionalidad 5-2006). - Adicionalmente, la comentada medida cautelar no posee las condicionantes para justificar su ejecución; por eso fue cuestionada ampliamente por la ex magistrada Victoria Marina Velásquez de Avilés, en su voto disidente incluido dentro de la resolución de la Sala. Así, la petición de la demandante carece de la presunción de buen derecho y no existe el riesgo latente de verse despojada de un derecho constitucional que, a simple vista, no existe.
La elección legislativa inmediata de quienes ocuparán los más altos cargos en la judicatura, basando tal decisión en la aplicación directa de la norma constitucional, resolvería el grave problema institucional que El Salvador enfrenta en la actual coyuntura y pondría un alto –por primera vez en la historia reciente– al voluntarismo y la arbitrariedad judicial que han caracterizado el actuar de la Sala de lo Constitucional durante los últimos nueve años.
En el país no deben continuar tensionando irresponsablemente esta situación, al punto de llegar a desatar una crisis que despierte aspiraciones e impulse iniciativas peligrosas entre ciertos sectores civiles y militares, alentados por el mal ejemplo de lo ocurrido en Honduras hace unos días para “solucionarla” sin importar los daños que le causen a la incipiente y endeble democracia nacional.
miércoles, 24 de junio de 2009
¿QUÉ DIJO? ¡QUÉ VERGÜENZA!
“Habría mecanismos que le trato de decir, la excusa o el impedimento que pudimos haber señalado nosotros, pero que en el caso no cabe”. Así intentó explicar su posición, en el marco de la conflictiva y peligrosa coyuntura generada –de forma irresponsable y descarada– por quienes pretenden seguir garantizando la impunidad en el país para favorecerse y favorecer a ciertos grupos de poder. ¿Quién las pronunció? El “flamante” presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Agustín García Calderón, cuyo mandato termina en seis días.
Pero quiere quedarse nueve años más. Para eso, dice cosas incomprensibles como la anterior y maniobra de manera intolerable. Haciendo un laborioso ejercicio de traducción y comprensión, parece que pretendió argumentar que no es juez y parte –junto a su colega Julio Acosta Baires– en el proceso de amparo mediante el cual han entrampado la elección de cinco miembros propietarios y sus respectivos suplentes, quienes deberían integrarse a la CSJ el primer día del próximo mes.
El también impresentable Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) reclamó que ambos no intervengan en la decisión de dicho amparo, por haber expresado abiertamente su interés de seguir en la Corte. Pero no, quieren estar e inclinar la balanza a su favor; para eso han hecho y deshecho de todo.
Al igual que lo actuado durante su paso “dirigiendo” el “máximo” tribunal salvadoreño, quien en menos de una semana dejará ese cargo –¡ojala!– hoy recurre a su cantinflada retórica para justificar lo injustificable, ¿Por qué no le hace el favor a la sociedad, retirándose sin contribuir a empeorar la crisis institucional? Suficiente con la situación económica y la inseguridad, para vivir en permanente preocupación. Si a eso le agregan –él y sus colegas cómplices, junto al CNJ y
Así, ¡por favor! ¿cómo enfrentará el presidente Mauricio Funes el crimen organizado y la delincuencia común? Esas dos lacras que tanto daño le están haciendo a la niñez, a la juventud y a toda la sociedad salvadoreña, deben estar festejando que –sin ninguna vergüenza– se mantenga ese círculo vicioso integrado por la falta de democracia de los mencionados partidos políticos, la elección de funcionarios de segundo grado en