Foro sobre ratificación CPI (IDHUCA y PGA)

Ese día celebramos junto con Parlamentarians for Global Action el foro Paz, Democracia, Estado de Derecho y la Corte Penal Internacional, que tuvo como fin sentar bases teóricas e indagar sobre las voluntades políticas para una eventual firma y ratificación del Estatuto de Roma por parte del Estado de El Salvador.Al foro se hicieron presentes estudiantes de derecho, activistas de derechos humanos, investigadores y medios de comunicación.
La mesa de honor estuvo presidida por el Padre Andreu Oliva Sj., Rector de la Universidad y el Diputado Sigfrido Reyes, Presidente de la Asamblea Legislativa.

Se desarrollaron dos interesantes espacios de debate con panelistas de lujo, a saber, senadores de Bélgica, Chile, República Dominicana y El Salvador.

Aniversario del IDHUCA!

Aniversario del IDHUCA

Una pareja ejemplar

Hace un mes, el pasado viernes 10 de junio exactamente, se cumplieron diecisiete años del asesinato de un joven salvadoreño alegre y prometedor. Fue en esa fecha de 1994, frente a un buen número de testigos, cuando a plena luz del día cayó mortalmente abatido a balazos Ramón Mauricio García Prieto Giralt. Para entonces las opiniones dentro y fuera del país, en su mayoría, le auguraban un feliz destino a El Salvador después de que los “guerreros” acordaron alzar sus armas. Era una época de esperanza; era la oportunidad para el cambio de verdad. Y eran raras y muy mal vistas las voces críticas que, en ese escenario, ya observaban y denunciaban nubarrones en el horizonte de un proceso que −sin más análisis que el de las partes interesadas y las Naciones Unidas− nos lo quisieron vender como la tan ansiada “pacificación” nacional. Y mucha gente se lo compró como tal.

Entre las expresiones que “desentonaban” en medio de esa “marcha triunfal” oficiosa y oficial, se encontraban las de Gloria y Mauricio. ¿Quiénes eran este par de “pesimistas” entre tanta “dicha y felicidad”? Pues, precisamente, la madre y el padre de ese joven ingeniero cuya ejecución se dio cuando −poco más de un año atrás− la Comisión de la Verdad había presentado su informe y cuando se acababa de conocer el del Grupo conjunto para la investigación de grupos armados ilegales con motivación política; largo y eufemística denominación con la que, los “palabreros” diplomáticos de entonces, se refirieron a lo que no era otra cosa más que los fatídicos y aún impunes “escuadrones de la muerte”.

Esas organizaciones criminales, estructuras bien formadas para el mal que tantas víctimas produjeron antes y durante la guerra, siguieron asesinando después de su fin. Víctimas más conocidas de su accionar durante el inicio de la posguerra, aunque no las únicas, son Francisco Velis y José Mario López; ambos dirigentes del ahora partido en el gobierno, el primero asesinado el 25 de octubre de 1993 y el segundo el 9 de diciembre del mismo año. A excepción de Nidia Díaz, no conozco alguien más que haya hecho algo por reivindicarlos dentro de la exguerrilla, nadie los conmemora. Nidia y la familia Velis, con el apoyo del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas (IDHUCA), empujaron una enfermiza justicia guanaca −cuando se creía que iba a mejorar su salud por los acuerdos de paz− y a fuerza de tenacidad lograron la condena de un curtido policía partícipe fundamental en ese crimen: Carlos Romero Alfaro, alias “Zaldaña”.

Esas ejecuciones ocurrieron en el marco de una campaña electoral en la que por primera vez participaba el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), el desarmado, y se redujeron cuando las encuestas de entonces anunciaron el gane del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). Era obvio el origen de esas muertes, el cual se comprobó con la condena judicial de “Zaldaña” pese a todos los obstáculos.

Pero ya con Armando Calderón Sol en la titularidad del Órgano Ejecutivo y en víspera de nombrar paradójicamente a un militar como el comisionado presidencial para cumplir los acuerdos de paz en materia de seguridad pública −el general Mauricio Ernesto Vargas− ocurrió la inesperada y brutal muerte de Ramón Mauricio. Ese terrible hecho hizo de Gloria y Mauricio el símbolo viviente de una lucha desafiante y valiente, solitaria y ejemplar en la posguerra salvadoreña. Desafiante porque cuestionaba los “cantos de sirena” gubernamentales y de la antigua guerrilla hecha partido de oposición, dentro del sistema al cual se oponían; desafiante, además y sobre todo, porque sin miedo a nada ni a nadie dejaron claras sus sospechas de la autoría intelectual de su tragedia. Valiente por eso, pues estaban tocando lo intocable en una época cuando el principal señalado era aún un “poderoso” firmante de los acuerdo de esa su “paz”.

Pero también solitaria porque solos, ambos, lograron llegar hasta donde poca gente logra llegar en estas tierras. Quizás sea injusto absolutizar. Ciertamente ha habido alguna solidaridad con su causa; pero ha sido poca, muy poca. El esfuerzo de Gloria y Mauricio García Prieto no fue bandera de lucha de ningún partido electorero; ni siquiera del supuestamente más “radical” como pretende presentarse uno, pese a que su discurso es cada vez menos creíble. A pesar de los pesares −obstáculos y amenazas, calumnias y todo lo demás− Gloria y Mauricio llegaron casi en la más absoluta orfandad hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos y lograron, sin ser un caso de la guerra, sentar en el “banquillo de los acusados” al Estado salvadoreño. Sin otra compañía más que la verdad, esta pareja intachable logró condenar a un sistema de justicia que se negó una y otra vez a impartirla por proteger a un oscuro criminal.

“El Estado −estableció esa respetable Corte− violó los derechos a las garantías judiciales, a la protección judicial y a la integridad personal consagrados en […] la Convención Americana sobre Derechos Humanos […] en perjuicio del señor José Mauricio García Prieto Hirlemann y la señora Gloria Giralt de García Prieto”.Además, ese mismo Estado “violó los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial consagradas en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humano, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento y el derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5.1 de la Convención Americana, por el incumplimiento del deber de investigar las amenazas y hostigamientos sufridos por el señor José Mauricio García Prieto Hirlemann y la señora Gloria Giralt de García Prieto”.

Su lucha, Gloria y Mauricio, también ha sido y sigue siendo ejemplar. ¿Por qué? Pues porque desde su dolor y su decencia, su cólera y su legítima terquedad, inspiraron y siguen inspirando a tanta gente más en su lícita y necesaria rebeldía frente a la impunidad. Lo lograron con la mamá de Adriano Vilanova y la de Katya Miranda; también con el papá de William Gaitán y la familia del cadete Erick Mauricio Peña Carmona. Y con tanta gente más que ya perdió el miedo y está dispuesta a pelear con todo lo lógico y −sobre todo− lo genuino de una causa que para avanzar no depende de ningún “analista” ni de gobernante alguno; que para ganar, no requiere de “falsos profetas” ni defensores de derechos humanos de puro discurso.

Gloria, Mauricio…. ¿No se han dado cuenta de algo? ¿No saben que Ustedes dos, par de gente buena y tan necesaria, le han hecho un gran bien a este país? El “caso García Prieto” le comenzó a quitar la careta a la bestia que se quiso disfrazar de un Estado respetuoso de los derechos humanos. Con su íntegro e incansable batallar, comenzaron a derrotar la impunidad que quisieron consolidar los criminales y sus cómplices de antes y de ahora mediante la auto y negociada amnistía del 20 de marzo de 1993, que siguen defendiendo a capa y espada este “gobierno” y esta “oposición”. Cualquier persona, medianamente informada sobre lo que ocurre en el país los conoce; conoce su lucha y al monstruo que enfrentan desde hace tantos años. Su decidida y permanente denuncia trascendió y trasciende las administraciones de Calderón Sol, Flores, Saca y Funes.

Y no sólo son ejemplo de amor por la justicia en El Salvador; también lo son más allá de sus fronteras. Los quiere y admira mucha gente que estuvo y está en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, el conocido CEJIL que se encuentra en plena celebración de sus dos décadas de existencia y que los ha acompañado desde 1996; también muchas personas que fueron y son parte del sistema interamericano de protección de derechos humanos. Este sistema aún exige y espera ver un cambio real en nuestro país.

Y es que más allá de la retórica y las invocaciones a monseñor Romero como su “guía espiritual”, el actual Gobierno no ha cumplido hasta ahora la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dictó condenando al Estado salvadoreño, por el asesinato de Ramón Mauricio García Prieto. No lo ha hecho, igual que Antonio Saca desde noviembre del 2007 hasta que terminó su mandato al final de mayo del 2009. Bueno, en realidad ni el anterior ni este Gobierno cumplieron nada de fondo en este ni en otros casos ventilados en el sistema interamericano.

Quienes acusaron a Saca de incurrir en desacato al no obedecer las recomendaciones de la Comisión Interamericana en el caso de nuestro arzobispo mártir, hoy están en el otro lado y no hacen algo que los distinga en lo esencial de los de antes. Ya van más de dos años de pura labia; han tenido siete meses más que Saca para cumplir y nada. Y su verborrea se las desmonta fácil, en un dos por tres, la dignidad de Gloria y Mauricio García Prieto desde su indeclinable valor y compromiso con la verdad y la justicia. Ya quisieran un poquito de eso quienes fueron firmantes de una paz que, digan lo que digan, nunca llega a este sufrido país.

Benjamín Cuéllar

Inauguran Diplomado

En horas de la mañana, el pasado viernes 17 de junio se inauguró el VI Diplomado de Derechos Humanos e Investigación Criminal, organizado por el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA) en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), el Instituto de Medicina Legal “Dr. Roberto Masferrer” (IML), la Policía Nacional Civil (PNC) y la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP).

Presidieron el acto José Miguel Fortín Magaña, director del IML; Carlane de Parada, subdirectora de la Escuela de Capacitación Fiscal; Luisa Carolina Arévalo, jefa de la División de Estudios de la ANSP; César Baldemar Flores, en representación del director general de la PNC; y Benjamín Cuéllar Martínez, director del IDHUCA.

Estas personas recibieron en el evento, las respectivas copias del convenio de cooperación entre las cinco instituciones, que entre sus propósitos se plantea realizar esfuerzos conjuntos para fortalecer la coordinación del trabajo en lo relativo a la investigación del delito; también actualizar y profundizar los conocimientos de las y los participantes en dicha materia, con enfoque de derechos humanos.

Esta actividad académica que arrancó su sexta edición con la participación de 47 personas, 31 hombres y 16 mujeres, finalizará el 11 de noviembre del presente año. Quienes participan en la misma realizarán, junto a las clases teóricas que se impartirán, actividades prácticas como la presentación de casos e intercambiarán experiencias desde cada institución. Además, el conocimiento personal y la confianza que se generan entre las alumnas y los alumnos facilitarán a futuro –como ha ocurrido en los eventos anteriores– el trabajo de campo y eso redundará en beneficio de la población que es víctima de la inseguridad producto del accionar criminal.

Pánico a la justicia, defensa de la dignidad

En este país, a diferencia de otros que sí son normales, el solo asomo de una posible justicia para las víctimas excluidas a todo nivel lo pone de cabeza. Trastoca el poco orden establecido, derriba mitos, desenmascara liderazgos con pies de barro, señala profetas impostores, saca a flote intereses mezquinos, desnuda personalidades alteradas, rompe relaciones… En fin, pone a temblar a quienes tienen deudas con la misma o están en la posibilidad cierta de tenerlas −hoy o después− por su actual posición en cualquier nicho de poder y por los abusos que puedan cometer o están cometiendo desde ahí. Si permitimos que eso siga así, estamos muy mal. Si no nos plantamos como pueblo soberano y digno, como ciudadanía activa o como poder real −que cada quien le diga como quiera− ya sabemos cuál es el destino porque, sin duda, conocemos muy bien este camino.

“Los manejos menos visibles son más difíciles de probar, aunque son evidentes. En esta campaña se utilizó la mentira, la calumnia, la amenaza, todo medio disponible, contra las autoridades del país, contra los responsables más directos de la nueva orientación y, en general, contra todos aquellos que podían suponer un apoyo al cambio social”. ¿Les suena? Pues eso es parte de lo que escribió Ignacio Ellacuría hace más de treinta y cinco años, en aquél célebre “¡A sus órdenes mi capital!”. Sin duda, ese texto perfectamente puede ser considerado para analizar los acontecimientos que hoy en día se están produciendo en el país.

¿Ha habido confabulaciones secretas o, dicho coloquialmente, “movidas turbias” en la gestación y el manejo de una crisis provocada por quienes tiemblan al asomar una justicia constitucional independiente, imparcial y sana para la democracia? ¡Claro que sí! Porque tiemblan y reaccionan criminales de guerra, responsables de violaciones de derechos humanos y delitos contra la humanidad −de uno u otro bando− junto a sus cómplices, patrocinadores y encubridores. Mauricio Funes en campaña hizo suyo el heredado cliché de “no abrir heridas” y ha cumplido, reiterando cada vez que puede ese compromiso; casualmente (¿?) lo hizo un día antes de sancionar el espurio intento legislativo por “cercar” a la Sala de lo Constitucional, al final de su discurso por los dos años de estar sentado en la silla presidencial. No puede ni debe, entonces, darse “baños de pureza” insinuando la posible tranza entre Alfredo Cristiani y dicha Sala para garantizarle más impunidad a éste y a otros.

Pero además tiemblan los poderes ocultos o no tan disimulados, cuyos grandes capitales podrían afectarse si se da marcha atrás a la “dolarización” y si se revisan o revierten los tratados de libre comercio con potencias del norte o del sur del continente. Tiemblan también quienes pactaron llegar al gobierno y están en el mismo, ofreciendo “no tocar” todo eso y otros asuntos que han sido y siguen siendo “intocables”.

Los “manejos” que Ellacuría denunció en su momento continúan vigentes como prácticas entre las élites. De nuevo y como siempre se ha mentido sobre temas cruciales para las víctimas y calumniado a una verdadera autoridad, como esa que hoy emana de la Sala de lo Constitucional. Con su desempeño, cuatro de sus integrantes son responsables directos de una nueva y ansiada orientación de la justicia. Una justicia por la que entregó su vida el guía espiritual de este pueblo sufriente y no de gobiernos complacientes como el actual. Una justicia por la que, junto a Romero, también asesinaron a las y los mártires de la UCA. Una justicia por la que, sobre todo, ejecutaron y desaparecieron tantas personas humildes y anónimas cuyas familias siguen clamando precisamente eso: justicia.

A estos magistrados que −siempre en palabras de Ellacuría− “podían suponer un apoyo al cambio social”, los quieren amarrar. Y si los atan a ellos, le estarán lanzando un muy mal mensaje a las y a los jueces “de a pie”. Sólo el pueblo salvadoreño, construyendo y ejerciendo su poder, es capaz de evitarlo. Hoy en día hay indignación contra quienes le tienen miedo a la justicia, dentro y fuera del territorio nacional; la hay, mucha y con sobradas razones. Pero la indignación −que no es mala− puede resultar inútil si no se transforma en pasión por la justicia y en acción creativa, decidida e intransigente hasta alcanzarla.

Entonces, ¿qué hacer? ¿Imitar o innovar como antes? ¿Imitar a la gente española indignada o la de otros pueblos que en sus condiciones han hecho gala de ingenio y creatividad? Sí y no. Sí en el fondo; no en la forma. Me explico. En España ocupan masivamente la Plaza del Sol y otras principales en un día, manteniendo la protesta hasta donde quieren y deben. Acá no llenamos ni siquiera la Plaza Italia, que es un pequeño arriate ubicado casi frente al sitio donde −hace unos días− Funes militarizó la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. ¿Es mayor la indignación allá? Quizás no.

En nuestro país hay inseguridad, iniquidad e impunidad hasta para regalar. ¿O no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Será que acá no le interesa a la población cambiar una realidad tan negativa como la que le han impuesto irresponsables gobiernos y capitales egoístas? Yo veo tres frenos que le impiden a la necesaria protagonista –la juventud salvadoreña− construir poder y ser la fuerza que se preocupe y trabaje, se manifieste y proteste, se lance en pos del verdadero cambio que es muy distinto al que le prometieron en noviembre del 2007. Se trata del real, el cierto, el que nace desde abajo y desde adentro de las necesidades y el dolor de las mayorías populares; no del que cada vernáculo político oportunista y su séquito ofrecen una y otra vez, en su afán por crearse un raquítico pero lucrativo “reinado”.

Insisto: me parece que tres son los frenos que dificultan el que −por ahora− se dé en el nuestro lo que en otros países ha ocurrido y está ocurriendo. El primero: la impunidad para los violadores de derechos humanos que, desde el aparato estatal, hicieron lo que quisieron en 1932 y de 1972 en adelante sin que hayan tenido que pagar por sus inmensas culpas. Eso pesa mucho en el imaginario colectivo. El segundo: la condición económica y social de la mayor parte de nuestra juventud que si consigue dinero para ir al “ciber”, seguro que dedicará tan “preciado” momento a otras cosas. Es poco probable que se dedique a discutir sobre el desencanto con la “esperanza” que ofreció este señor o a promover la organización popular en torno a la actual e inmensa indignación nacional. Ello, en un país donde –según me cuentan− sólo el 3% de su población ingresa a Internet y donde esa precaria proporción tiene que ver más con el sector empresarial. Por último, está el freno político: el de los partidos –léase FMLN y ARENA, sobre todo− y de una sociedad “oegenizada” pero no organizada, que para mí constituye una “tercerización” de las legítimas demandas de verdad y justicia de las mayorías populares en sus diversos ámbitos.

Es hora, pues, de superar esquemas tradicionales de lucha en defensa de la dignidad humana y de unas instituciones cuyo precio en sangre y dolor es altísimo. Si dejamos morir solos a estos cuatro magistrados dignos –no por ellos, que valen la pena, sino por el país− la dignidad de la sociedad salvadoreña seguirá siendo atropellada por los poderes ilegales, inmorales y criminales.

Y de nuevo, citando a Ellacuría, “sigue siendo hora de trabajar por un robustecimiento de la conciencia colectiva; sigue siendo hora de promover la organización popular y campesina; sigue siendo hora de fortalecer la estructura del Estado […]; sigue siendo hora de recordarle al Gobierno que no tiene −hoy menos que nunca− el más mínimo derecho a reprimir a quienes están exigiendo lo que él mismo les ha dicho que es absolutamente debido e irrenunciable. Sigue siendo hora de hacer todo lo posible para que no vuelva a repetirse este escandaloso, vergonzoso, injusto: ‘¡A sus órdenes, mi capital!’". Finalizada la cita, cabe decir que el capital es capital y ordena, sin importar de quién sea. ¡Ay de aquellos que le obedecen!

TRIBUNAL DECLARA NULIDAD EN CASO RECORD

El 30 de mayo del presente año, el Tribunal de Sentencia de Santa Tecla inició la vista pública en el proceso penal contra los imputados Hugo Reynaldo Trujillo Díaz, Arturo Marenco Carballo y José Edgardo Brito Menéndez; también contra la Empresa Baterías de El Salvador, S.A. de C.V., como responsable civil subsidiario. El delito que motivó esa acción: contaminación ambiental en perjuicio de la naturaleza, el medio ambiente y –en consecuencia– de las personas que habitan en varias colonias del cantón Sitio del Niño, municipio de San Juan Opico, departamento de La Libertad.

El 2 de junio, dicho Tribunal declaró la nulidad total en algunos aspectos y parcial en otros. Lo hizo, en respuesta a la solicitud de la defensa de los imputados porque --según esa autoridad judicial− no se había cumplido con lo regulado en el artículo 263-A del Código Penal el cual exige, para iniciar la acción penal correspondiente, el agotamiento del proceso administrativo en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) regulado en la Ley de Medio Ambiente, aplicando en tal sentido una ley derogada por considerar que es más favorable a estas personas y a la empresa.

Por lo anterior, el IDHUCA y el MOVIMIENTO SIN PLOMO (MSP) consideran que tal resolución carece de fundamento lógico y jurídico, ya que ese Tribunal colegiado resolvió aplicar un precepto legal que se encontraba derogado. Además, el proceso administrativo se siguió contra la Empresa y los procesados eran empleados de alto rango en la misma.

La resolución trae como consecuencia jurídica la invalidez de todos los actos realizados desde la presentación del requerimiento fiscal; además, suspende el proceso hasta que se realice –según el Tribunal– el procedimiento administrativo por el MARN. Ayer el IDHUCA y el MSP apelaron contra dicha resolución, para que la Cámara competente revoque la nulidad declarada.

Las víctimas directas e indirectas en este caso se encuentran llenas de indignación y seguirán desarrollando una acción legítima, hasta recibir la justicia que se merecen: su lucha valiente va a impedir que las instituciones obligadas a impartirla, se la sigan negando.

San Salvador, viernes 9 de junio del 2011.