MASACRE DE COPAPAYO (I PARTE)

Testimonio de Rogelio Miranda, sobreviviente de la masacre de Copapayo, ocurrida entre el 4 y 5 de noviembre de 1983.

Descargue el audio en el siguiente enlace:
http://www.4shared.com/audio/sLnlJ7j1/testimoniocopapayo1.html

AUDIO DE LA INAUGURACIÓN DEL TRIBUNAL

Este es un enlace desde el que se puede descargar el audio de la inauguración del Tribunal internacional para la aplicación de la justicia restaurativa en El Salvador:

http://www.4shared.com/audio/kbA-T3M3/inauguracion.html

inauguracion.WAV

Santos Ventura Reyes

“MI MADRE DICE QUE LO VA A ESPERAR PARA MORIR”

Pasadas las nueve de la mañana inició hoy en Suchitoto la primera sesión del Tribunal Internacional para la Aplicación de la Justicia Restaurativa en El Salvador. Los jueces y las juezas se plantearon tres compromisos ante la concurrencia: dar seguimiento a sus recomendaciones, seguir apoyando el proceso de búsqueda de verdad y justicia, y no cerrar las puertas a ninguna víctima que acuda para ser oída. En el evento estuvieron presentes el alcalde de Suchitoto, Juan Javier Martínez, y el gobernador departamental de Cojutepeque, Walter Navarrete.

La inauguración estuvo a cargo del rector de la UCA, José María Tojeira, sj. “Las víctimas nos han dejado valores, como la indignación ante el mal”, sentenció. Además, dijo que ellas nos despiertan el hambre y la sed de justicia, un sentido profundo de la misericordia y la solidaridad, y generan capacidad de reconciliación. “Lo que ayer llorábamos con lagrimas hoy lo celebramos con alegría porque la fuerza de las víctimas supera con creces las del victimario”, concluyó.

Por su parte, el director del IDHUCA, Benjamín Cuéllar, recordó que el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que la situación económica y social originó las violaciones a los derechos civiles y políticos de la población. Agregó que pese a la gran cantidad de víctimas registradas por el Informe de la Comisión de la Verdad, estas cifras seguramente se han quedado cortas porque la gente no sabía adónde denunciar, no tenían los recursos económicos para hacerlo o no se animaban por el temor a perder la vida a consecuencia de la represión.

Finalmente tocó el turno a las víctimas. Rogelio Miranda, sobreviviente de la masacre de Copapayo, fue el primero en tomar el micrófono y narrar su sufrimiento. Contó cómo, a sus diez años, vio morir a su madre, su padre y tres hermanos. También habló sobre su experiencia como refugiado en Mesa Grande, Honduras. Uno de los jueces, el salvadoreño Ricardo Iglesias, planteó que no sólo se truncó el proyecto de vida de Rogelio, también el de la comunidad. “En Copapayo ‘viejo’ ya no hay nadie”, confirmó el testigo. Benigno Ayala, tío de Rogelio, agregó que a él le masacraron a cuarenta familiares, además narró la situación en la que encontró a su sobrino y cómo lo llevó a la casa de los abuelos de Miranda.

En la tarde, el turno fue para Santos Ventura Reyes, hermano de Francisco Ventura Reyes, desaparecido en 1980 cuando la Guardia Nacional lo retuvo junto a José Humberto Mejía en el parqueo de la embajada de Estados Unidos de América y lo entregó luego a un grupo de civiles. Desde entonces, la familia Ventura Reyes ha buscado a Francisco. “Desenterramos varios cadáveres en San Salvador, pero no encontramos el de mi hermano”, dijo la víctima, quien además afirmó haber escuchado que su hermano pudo haber salido muerto de la embajada, por lo que pide que le digan dónde está el cadáver de su hermano para darle “cristiana sepultura”.

Un juez le preguntó qué consecuencias tuvo este hecho para su familia, el señor Ventura contó que su madre aún lo espera. “Ella tiene noventa años, todavía está viva y dice que mi hermano está vivo y que lo va a esperar para morir”.

El viernes 9 de abril, el Tribunal conocerá la ejecución del Procurador General de la República, Mario Zamora Rivas, y dos casos de tortura. Estos testimonios están siendo transmitidos por radio YSUCA 91.7 FM.

Suchitoto, 8 de abril del 2010.

CONFERENCIA EMIGRANDO EN BUSCA DE JUSTICIA

Atentamente le invitamos a esta actividad que se realizará el 25 de marzo a las 5 p.m. en el auditorio del edificio de aulas "D", de la UCA.

Ponentes:

Almudena Bernabeu, abogada en España del caso de la masacre en la UCA
Nicholas van Aesltyn, abogado en Estados Unidos de América del caso Romero.

KATYA, ¡JUSTICIA YA!

Por más de diez años, la violación y el asesinato de la niña Katya Natalia Miranda Jiménez han permanecido impunes. Legalmente, ya venció el plazo que la Fiscalía General de la República (FGR) tenía para encontrar y sancionar a sus responsables. Durante todo ese tiempo, el IDHUCA –desde su acompañamiento comprometido a las víctimas, Hilda María Jiménez y Gina Marcela Miranda– ha denunciado las constantes fallas estatales y sus consecuencias más negativas: la falta de justicia para ambas y la frustración de una sociedad solidaria con su causa. Dentro y fuera del país, el caso es símbolo de una lucha mediante la cual se intenta contribuir a erradicar la violencia contra la niñez y las mujeres. Por lo dicho, el IDHUCA MANIFIESTA:

1. Que continuará apoyando incondicionalmente a Hilda María y Gina Marcela –madre y hermana de Katya Natalia, respectivamente– en su justa demanda. Por encima del apoyo técnico legal, el compromiso con su causa se ha concretado con el arduo y prolongado trabajo de mucha gente dentro del IDHUCA. Más allá del abogado o la abogada que se designe al caso, ese vínculo se enmarca en la opción esencial decidida desde hace casi veinticinco años: ser herramienta al servicio de las víctimas, con quienes se alcanzará derribar algún día el infame muro de la injusticia prevaleciente en el país.

2. Que siempre demandó a la FGR no permitir el triunfo de la impunidad; por eso cuestionó a Belisario Artiga y a Félix Garrid Safie. Ante la investigación que se inició y el requerimiento que se presentó el año pasado por el delito de secuestro, el IDHUCA le expresó a los agentes fiscales encargados del caso sus reservas por la poca solidez de sus argumentos e indagaciones. Se les pidió superar esos vacíos; pero en la medida que avanzó el tiempo, no lograron hacerlo.

3. Que si se desmarcó de la diligencia relativa a las declaraciones de la madre y la hermana de Katya Natalia, rendidas como anticipo de prueba en noviembre del año pasado, fue por considerarla innecesaria y contraproducente. Innecesaria porque los mismos fiscales solicitaron el lunes 24 de agosto del 2009 a la señora juez del caso, que dicha no se realizara. Contraproducente porque ese trámite podría afectar negativamente el esfuerzo impulsado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tendiente a lograr que el Estado salvadoreño cumpla su obligación de impartir justicia. De ahí la posición del IDHUCA. Aunque se trata de hechos diferentes al hipotético secuestro, la impunidad en la violación y el asesinato de Katya Natalia –derivada de la pasividad e ineptitud de las instituciones internas– podía ventilarse en el sistema interamericano hasta alcanzar un resultado favorable para las víctimas. Ahora, será más difícil.

Hace un cuarto de siglo, casi, el jesuita Segundo Montes fundó el IDHUCA; hace poco más de dos décadas, con su martirio confirmó el compromiso institucional originario: interpretar la realidad salvadoreña e influir en la misma para construir una sociedad basada en el respeto pleno de la dignidad humana. Por eso acompañó y seguirá acompañando a Hilda María y a Gina Marcela con objetividad, eficacia e intransigencia frente a quienes se empeñan en negarles justicia por acción u omisión. Desde el IDHUCA, esa es la mejor expresión de una solidaridad consecuente. Más allá de la impunidad judicial, la verdad tiene que florecer para que los criminales y quienes los favorecieron con su negligencia y sus desaciertos –intencionales o no– sean señalados por la sociedad. Por eso, continuará impulsando la campaña nacional e internacional: KATYA, ¡JUSTICIA YA!

San Salvador, 8 de marzo del 2010.

Escuchar audio de conferencia de prensa en:

https://docs.google.com/leaf?id=0Bz32fkOrZw3oYjY0Yzg4YjAtZmU5Ni00OTBjLWIyOTAtNjMzYjgxMDFlZTli&hl=en

DEL LADO DE LOS TRABAJADORES Y LAS TRABAJADORAS

Garantizar el cumplimiento de los derechos laborales y ofrecer asistencia legal en esta materia son algunos de los principales objetivos del Centro de Derechos Laborales (CDL) del IDHUCA, creado en noviembre de 2007.

Desde su fundación, el trabajo realizado por el Centro ha tenido tres ejes básicos: ofrecer servicios legales, educar y concienciar sobre los derechos de los trabajadores. Esta labor ha dado sus frutos: durante 2009, el CDL atendió 2,896 casos de hechos violatorios contra la integridad del trabajador. Entre estos se encuentran el incumplimiento de contratos, negación a goce de sueldo del día de descanso, suspensión ilegal de contratos, despidos injustificados, discriminación laboral (por raza, religión, edad o preferencia sexual), trabajo forzoso y explotación laboral.

Leer más: http://www.uca.edu.sv/shown.php?mnota=90486

MARIO ZAMORA: TRES DÉCADAS

La primera Junta Revolucionaria de Gobierno, que derrocó el 15 de octubre de 1979 al general Carlos Humberto Romero, fracasó casi de inmediato. Fue presionada por los poderes reales, civiles y militares, para no realizar los cambios que anunció y siguió reprimiendo brutalmente al pueblo. En los primeros días de enero de 1980, tres civiles que acompañaban a los oficiales golpistas junto a casi todo el gabinete, renunciaron. Entonces, el Partido Demócrata Cristiano (PDC) entró de cambio.

La madrugada del sábado 23 de febrero, pese al toque de queda, seis hombres con pasamontañas ingresaron a la casa de Mario Zamora mientras departía con familiares. Los tendieron en el piso, le subieron volumen a la música y llevaron a Zamora al baño donde lo ejecutaron. La Policía tardó horas en llegar. La Comisión de la Verdad afirmó que “lo asesinaron miembros de un cuerpo de seguridad estatal en una operación decidida a ese nivel y llevada a cabo dentro del marco de sus actividades ilegales”. Y concluyó señalando que jamás se investigó.

Antes, el PDC había celebrado una convención donde Mario –uno de sus dirigentes y Procurador de Pobres– planteó su desacuerdo con mantener la alianza con el Ejército en el gobierno. Pensaba que los militares usaban al partido para limpiar el rostro terrorista y las manos sangrientas del régimen.

Al momento de decidir continuar en la segunda Junta, Zamora y otros líderes democristianos le plantearon al Estado Mayor que sus militantes eran víctimas de la represión gubernamental; además, intentaron definir nuevas reglas de la relación. En ese escenario, Roberto D’Abuisson lo acusó públicamente de ser guerrillero. En medio de la violencia militar y de los cuerpos de “seguridad” contra sus “enemigos ─Mario era uno─ junto al accionar de los escuadrones de la muerte, eso suponía su sentencia de muerte. Así fue.

Domingo 24 de febrero: monseñor Óscar Arnulfo Romero lamenta lo ocurrido. “Quiero expresar en lo personal, mi dolor a la familia del querido doctor Mario Zamora Rivas. En este momento se está enterrando su cadáver en Cojutepeque; les suplico que nos unamos en oración por su eterno descanso”, se lamentó sin saber que correría la misma suerte un mes después.

Pasaron treinta años y su familia, como tantas otras que perdieron a sus seres queridos en medio de la brutal represión oficial y las acciones guerrilleras en 1980, sigue esperando verdad y justicia. Durante esas tres décadas y sobre todo después del fin de la guerra, ni políticos ni gobernantes se han solidarizado con esas víctimas en los hechos, no sólo en las palabras. ¿Habrá que esperar otra tres o más, para dignificarlas? No, porque una sociedad que permite eso es cómplice y es indigna.