jueves, 18 de febrero de 2010
Justicia restaurativa en El Salvador, comentario desde Brasil
A continuación, compartimos un texto sobre Justicia restaurativa, escrito por Belisario Dos Santos, miembro del Tribunal internacional para la aplicación de la justicia restaurativa en El Salvador, realizado en marzo de 2009 en El Salvador.
Lea el texto en el siguiente enlace:
http://www.scribd.com/doc/27066791/BSJ-LE-MONDE
REPORTAJE SOBRE IGNACIO ELLACURÍA RECIBE PREMIO REY JUAN CARLOS, EN ESPAÑA
El trabajo periodístico Ellacuría, crimen sin castigo sobre el asesinato de Ignacio Ellacuría, rector de
La producción -realizada por el equipo de " En Portada" de Televisión Española TVE- muestra la historia del caso y presenta una reflexión crítica sobre el estado de impunidad tanto en este como en el resto de graves violaciones de derechos humanos ocurridos durante el conflicto armado en el país. Pese al cese al fuego y la firma de los acuerdos de paz, la impunidad histórica y la negación a la verdad y justicia siguen siendo una constante en el sistema salvadoreño.
El reportaje se produjo en el contexto de la querella interpuesta por CJA y
Desde el IDHUCA, nos sumamos al reconocimiento de esta labor periodística y alentamos a la continua búsqueda de la verdad mediante el ejercicio ético de la investigación y la defensa de los derechos humanos.
Ver vídeo en el enlace
www.rtve.es/noticias/20090522/
miércoles, 17 de febrero de 2010
QUE EL SALVADOR CREZCA
El 10 de junio del año pasado, el presidente de la República anunció que el Consejo Nacional para
Siete meses y medio más tarde, su jefe la destituyó. En esa abrupta remoción y las de Juan Pablo Durán de
La gente tiene derecho a saber qué hicieron mal; si se les echó por ineptos, corruptos o por defender intereses particulares. Peor aún si cometieron delitos; eso amerita persecución penal y no sólo separación. A diferencia de otras experiencias, hoy no todas las personas agacharon la cabeza ni salieron por la puerta trasera; al contrario, denunciaron supuestas arbitrariedades.
En el caso Cuenca, el presidente justificó su decisión escuetamente: “pérdida de confianza” y falta de “resultados concretos que impliquen un cambio visible respecto a gestiones anteriores”. Motivos poco cristalinos. ¿Por qué le pérdida de confianza? La funcionaria destituida declaró que el mandatario le ordenó despedir al director de artes, Óscar Soles, pero ella consideró que no encontraba razones para ello y desobedeció; también reveló haberse opuesto a que
Y el argumento de la falta de resultados palpables debería preocupar a otros funcionarios como los del gabinete de seguridad, porque en ese tema no hay ninguno; al menos para bien. Más homicidios, más soldados en esas tareas, más descrédito policial y más frustración de la gente, es lo que se observa. ¿Qué varió entonces?
No es lo mismo gobernar con autoridad que hacerlo autoritariamente. No dar a conocer el fundamento de las decisiones que impactan en temas nacionales importantes –en este caso la cultura– u ofrecer explicaciones vagas, ubica a quien actúa así más cerca de lo segundo: desde la imposición. Autoridad no es eso; viene del latín augere, que significa “hacer crecer”. Ese es el cambio, que El Salvador y su gente crezcan; no que sigamos igual que antes.
lunes, 1 de febrero de 2010
Audiencias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Hace casi dieciséis años, Ramón Mauricio García Prieto Giralt fue asesinado por un “escuadrón de la muerte” integrado por policías de la vieja y la entonces “nueva generación”, sin que hasta la fecha se sepa quién ordenó su ejecución y las continúas amenazas a sus padres, Mauricio y Gloria. Por la negligencia estatal para realizar esas necesarias investigaciones, en noviembre del 2007 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado salvadoreño; por unanimidad le ordenó efectuarlas, así como publicar la sentencia en un periódico de amplia circulación nacional y brindar asistencia médica y sicológica a los señores García Prieto, entre otras cosas. Un año antes, el 26 de septiembre del 2006, la Corte IDH mandó al Estado salvadoreño proteger la vida de Gloria y Mauricio, la de sus hijas y sus representantes. Desde entonces, le había solicitado investigar dichas amenazas y evitar su repetición.
Este jueves 28 de enero, el mismo organismo convocó a una audiencia para conocer cómo se habían cumplido sus mandatos. El Estado admitió no haber investigado nada ni haber brindado la protección requerida, así como la asistencia médica y sicológica para los señores García Prieto. Además, reconoció que en el pasado había ofendido a las víctimas con sus escritos y su actuación dentro del sistema interamericano. Asimismo, planteó que la publicación de la sentencia no se hizo de forma satisfactoria y se comprometió a hacerlo de nuevo, como es debido.
Pese al cambio del discurso oficial en la forma, el fondo también debe ser otro. En tal sentido, destaca que haya habido contactos positivos con la Policía Nacional Civil para concretar las medidas de protección para los padres de Ramón Mauricio, a iniciativa de su director general. Pero también urge que hayan gestiones de alto nivel entre el jefe de Estado y el Fiscal General de la República, para garantizar que se investigue y dé con los autores intelectuales del asesinato y las amenazas, así como con los autores materiales de estas últimas.
La Corte IDH también revisó las medidas provisionales otorgadas para proteger la vida y la integridad de Adrián Meléndez Quijano, su familia y sus representantes. Las amenazas se originaron por denunciar violaciones de sus derechos humanos por mandos militares cuando él se desempeñaba como jefe del Departamento de Derechos Humanos del Ministerio de la Defensa Nacional. La más reciente ocurrió cuatro días antes de esta audiencia, lo que confirma la persistencia de las mismas y la necesidad de que cumpla lo ordenado por la Corte IDH.
El Estado, en este caso, argumentó falta de recursos para costear la alimentación y el resto de la logística necesaria para cumplir. Asimismo, aceptó que no había investigado el origen de los hostigamientos. Al respecto, la Corte IDH planteó que todos los demandados argumentan limitaciones presupuestarias para incumplir, pero que eso no puede ser excusa cuando se trata de resguardar la vida e integridad física de las personas.
Como en el caso García Prieto, el IDHUCA demanda se reúnan el presidente de la República y el Fiscal General, para garantizar se investigue y ubique a los responsables de las amenazas, pues esa es la mejor forma de enfrentarlas. También requiere al Estado que provea la seguridad necesaria para el coronel Meléndez y su familia. Ni él ni los suyos causaron esta situación; su origen hay que buscarlo en las estructuras estatales.
Este jueves 28 de enero, el mismo organismo convocó a una audiencia para conocer cómo se habían cumplido sus mandatos. El Estado admitió no haber investigado nada ni haber brindado la protección requerida, así como la asistencia médica y sicológica para los señores García Prieto. Además, reconoció que en el pasado había ofendido a las víctimas con sus escritos y su actuación dentro del sistema interamericano. Asimismo, planteó que la publicación de la sentencia no se hizo de forma satisfactoria y se comprometió a hacerlo de nuevo, como es debido.
Pese al cambio del discurso oficial en la forma, el fondo también debe ser otro. En tal sentido, destaca que haya habido contactos positivos con la Policía Nacional Civil para concretar las medidas de protección para los padres de Ramón Mauricio, a iniciativa de su director general. Pero también urge que hayan gestiones de alto nivel entre el jefe de Estado y el Fiscal General de la República, para garantizar que se investigue y dé con los autores intelectuales del asesinato y las amenazas, así como con los autores materiales de estas últimas.
La Corte IDH también revisó las medidas provisionales otorgadas para proteger la vida y la integridad de Adrián Meléndez Quijano, su familia y sus representantes. Las amenazas se originaron por denunciar violaciones de sus derechos humanos por mandos militares cuando él se desempeñaba como jefe del Departamento de Derechos Humanos del Ministerio de la Defensa Nacional. La más reciente ocurrió cuatro días antes de esta audiencia, lo que confirma la persistencia de las mismas y la necesidad de que cumpla lo ordenado por la Corte IDH.
El Estado, en este caso, argumentó falta de recursos para costear la alimentación y el resto de la logística necesaria para cumplir. Asimismo, aceptó que no había investigado el origen de los hostigamientos. Al respecto, la Corte IDH planteó que todos los demandados argumentan limitaciones presupuestarias para incumplir, pero que eso no puede ser excusa cuando se trata de resguardar la vida e integridad física de las personas.
Como en el caso García Prieto, el IDHUCA demanda se reúnan el presidente de la República y el Fiscal General, para garantizar se investigue y ubique a los responsables de las amenazas, pues esa es la mejor forma de enfrentarlas. También requiere al Estado que provea la seguridad necesaria para el coronel Meléndez y su familia. Ni él ni los suyos causaron esta situación; su origen hay que buscarlo en las estructuras estatales.
sábado, 30 de enero de 2010
miércoles, 27 de enero de 2010
El IDHUCA expresa su profunda preocupación por las diversas manifestaciones de la inseguridad y la violencia en el país, durante los primeros días del 2010. Esta situación se agrava cada vez más y las instituciones encargadas de garantizar la seguridad pública han sido incapaces de frenar las muertes, las extorsiones, los robos, los secuestros y las demás acciones criminales. El aumento de los militares en las ciudades y el campo con más funciones que antes en este ámbito, no ha rendido los frutos ofrecidos; al contrario, las granadas y otras armas de uso privativo de la Fuerza Armada están siendo usadas para asesinar y aterrorizar a la gente.
En este contexto merecen particular atención las amenazas al procurador para la defensa de los derechos humanos, Óscar Humberto Luna. El autodenominado “Grupo de exterminio antidelincuencial” le dio 48 horas para abandonar el país y anunció que empezará a asesinar delincuentes.
También ese debe condenar la ejecución de Victoriano Abel Vega, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía Municipal de Santa Ana (SITRAMSA). En un país donde muere violenta y dolorosamente un promedio de trece personas diarias y donde los homicidios por cada cien mil habitantes superan los setenta y cinco, se produce este hecho criminal en medio de una especial coyuntura dentro del sector público; coyuntura marcada por numerosos despidos y abundantes denuncias de violaciones de derechos laborales. En ese marco los liderazgos sindicales han jugado un rol determinante para hacer frente a los abusos y arbitrariedades, entre los que se destacó el de Victoriano Vega.
Frente a estas situaciones, el IDHUCA:
1. DEMANDA a las autoridades garantizar la integridad y la vida del procurador Luna y su familia, investigar el origen de las amenazas en su contra, ubicar a los responsables y sancionarlos ejemplarmente. Ante la grave situación delincuencial, es preciso que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos realice su labor sin presiones como estas, para que pueda garantizar que en el desarrollo de las tareas de seguridad pública no se atropellen los derechos de la gente.
2. CONDENA el asesinato de Victoriano Abel Vega y emplaza tanto a la Policía Nacional Civil como a la Fiscalía General de la República, para que lo investiguen y esclarezcan a fin de que sus responsables sean procesados y sancionados como manda la ley.
3. EXHORTA al Presidente de la República, a las y los diputados así como a la judicatura para que promuevan ya las acciones necesarias tendientes a que la salvadoreña se convierta en una sociedad libre de armas; a incrementar el número, las capacidades y la tecnificación del personal encargado de la seguridad pública; a dotar al país del Instituto de Investigación Científica del Delito y a profundizar la depuración institucional. Todo ello, como parte de una política pública integral en la lucha frontal contra todo tipo de impunidad.
4. EXIGE se respete los derechos laborales de las personas que son parte del sector público, en todos los órganos y entidades de gobierno. Deben cesar los despidos arbitrarios así como los atropellos en perjuicio de los trabajadores y las trabajadoras. Nada justifica que se irrespete el debido proceso; por eso, se debe asegurar su derecho de audiencia y el resto de garantías procesales. Actualmente existen vacíos legales que perjudican a quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad en materia de estabilidad laboral, de los cuales se aprovechan quienes los destituyen.
San Salvador, 25 de enero de 2010.
viernes, 15 de enero de 2010
HILAR LA HISTORIA: EXHUMACIONES EN ARCATAO
El Juzgado de Paz de Arcatao y la Fiscalía Generalla República de Chalatenango aprobaron que este lunes 18 de enero el Centro de Derechos Humanos Bartolomé de Las Casas, el Equipo Comunitario de Antropología Forense de Guatemala, el IDHUCA y el Comité de víctimas de violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado en Arcatao, Chalatenango, exhumen los restos de −al menos− nueve personas ejecutadas en Cerro Grande, Los Dubones y el Sitio, y que permanecen sepultadas en fosas clandestinas.
Este acto de justicia y dignificación se realizará dos días después de conmemorarse dieciocho años de la firma del Acuerdo de Chapultepec, al final del enfrentamiento armado. Desde entonces, no se han deducido responsabilidades por esta masacre; al contrario, de manera sistemática las autoridades se han negado a buscar la verdad e impartir justicia. En ese marco de impunidad, estos procesos permiten a las víctimas procesar su duelo y conocer qué pasó con sus seres queridos, enterrarlos dignamente y tener más argumentos para exigirle a las instituciones cumplir su mandato constitucional.
En Chalatenango se hará un estudio criminológico para establecer las causas de la muerte de estas personas, el tipo de heridas en su cuerpo, el proceder de sus victimarios y la clase de armamento utilizado para ejecutarlas.
Estas acciones deberían ser impulsadas o acompañadas por el Estado, propiciando que las víctimas ocupen su lugar: el de las mejores y más dignas protagonistas de la historia salvadoreña. Además, deben servir como base para un verdadero proceso de reparación y conciliación de la sociedad. Es necesario que, de ahora en adelante, se conozca la verdad y se reconozca la honradez y el valor de las víctimas.
San Salvador, 15 de enero del 2010.
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