miércoles, 17 de febrero de 2010

QUE EL SALVADOR CREZCA

El 10 de junio del año pasado, el presidente de la República anunció que el Consejo Nacional para la Cultura y el Arte (CONCULTURA) sería sustituido por una Secretaría de Cultura. Eso se concretó: la entidad pasó del Ministerio de Educación a depender directamente de Mauricio Funes. La idea, según él, era elevarle el perfil y fomentar su independencia; es decir, que el país creciera en ese ámbito. Dieciséis días después, Breni Cuenca llegó a dirigirla tras ser propuesta por artistas, académicos y gestores culturales junto a otros candidatos.

Siete meses y medio más tarde, su jefe la destituyó. En esa abrupta remoción y las de Juan Pablo Durán de la Lotería Nacional de Beneficencia, Carla Albanez del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria, Francisco Gómez de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, y Tomás Campos de la Superintendencia General de Telecomunicaciones, no están claro el por qué. De ahí tanta conjetura. Es cierto que antes tampoco se informaba o quien salía aducía “razones personales”; pero se supone que ahora hay un cambio.

La gente tiene derecho a saber qué hicieron mal; si se les echó por ineptos, corruptos o por defender intereses particulares. Peor aún si cometieron delitos; eso amerita persecución penal y no sólo separación. A diferencia de otras experiencias, hoy no todas las personas agacharon la cabeza ni salieron por la puerta trasera; al contrario, denunciaron supuestas arbitrariedades.

En el caso Cuenca, el presidente justificó su decisión escuetamente: “pérdida de confianza” y falta de “resultados concretos que impliquen un cambio visible respecto a gestiones anteriores”. Motivos poco cristalinos. ¿Por qué le pérdida de confianza? La funcionaria destituida declaró que el mandatario le ordenó despedir al director de artes, Óscar Soles, pero ella consideró que no encontraba razones para ello y desobedeció; también reveló haberse opuesto a que la Secretaría de Inclusión Social absorbiera la Orquesta Sinfónica Juvenil. ¿Por eso la desconfianza presidencial?

Y el argumento de la falta de resultados palpables debería preocupar a otros funcionarios como los del gabinete de seguridad, porque en ese tema no hay ninguno; al menos para bien. Más homicidios, más soldados en esas tareas, más descrédito policial y más frustración de la gente, es lo que se observa. ¿Qué varió entonces?

No es lo mismo gobernar con autoridad que hacerlo autoritariamente. No dar a conocer el fundamento de las decisiones que impactan en temas nacionales importantes –en este caso la cultura– u ofrecer explicaciones vagas, ubica a quien actúa así más cerca de lo segundo: desde la imposición. Autoridad no es eso; viene del latín augere, que significa “hacer crecer”. Ese es el cambio, que El Salvador y su gente crezcan; no que sigamos igual que antes.

lunes, 1 de febrero de 2010

Audiencias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Hace casi dieciséis años, Ramón Mauricio García Prieto Giralt fue asesinado por un “escuadrón de la muerte” integrado por policías de la vieja y la entonces “nueva generación”, sin que hasta la fecha se sepa quién ordenó su ejecución y las continúas amenazas a sus padres, Mauricio y Gloria. Por la negligencia estatal para realizar esas necesarias investigaciones, en noviembre del 2007 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado salvadoreño; por unanimidad le ordenó efectuarlas, así como publicar la sentencia en un periódico de amplia circulación nacional y brindar asistencia médica y sicológica a los señores García Prieto, entre otras cosas. Un año antes, el 26 de septiembre del 2006, la Corte IDH mandó al Estado salvadoreño proteger la vida de Gloria y Mauricio, la de sus hijas y sus representantes. Desde entonces, le había solicitado investigar dichas amenazas y evitar su repetición.

Este jueves 28 de enero, el mismo organismo convocó a una audiencia para conocer cómo se habían cumplido sus mandatos. El Estado admitió no haber investigado nada ni haber brindado la protección requerida, así como la asistencia médica y sicológica para los señores García Prieto. Además, reconoció que en el pasado había ofendido a las víctimas con sus escritos y su actuación dentro del sistema interamericano. Asimismo, planteó que la publicación de la sentencia no se hizo de forma satisfactoria y se comprometió a hacerlo de nuevo, como es debido.

Pese al cambio del discurso oficial en la forma, el fondo también debe ser otro. En tal sentido, destaca que haya habido contactos positivos con la Policía Nacional Civil para concretar las medidas de protección para los padres de Ramón Mauricio, a iniciativa de su director general. Pero también urge que hayan gestiones de alto nivel entre el jefe de Estado y el Fiscal General de la República, para garantizar que se investigue y dé con los autores intelectuales del asesinato y las amenazas, así como con los autores materiales de estas últimas.

La Corte IDH también revisó las medidas provisionales otorgadas para proteger la vida y la integridad de Adrián Meléndez Quijano, su familia y sus representantes. Las amenazas se originaron por denunciar violaciones de sus derechos humanos por mandos militares cuando él se desempeñaba como jefe del Departamento de Derechos Humanos del Ministerio de la Defensa Nacional. La más reciente ocurrió cuatro días antes de esta audiencia, lo que confirma la persistencia de las mismas y la necesidad de que cumpla lo ordenado por la Corte IDH.

El Estado, en este caso, argumentó falta de recursos para costear la alimentación y el resto de la logística necesaria para cumplir. Asimismo, aceptó que no había investigado el origen de los hostigamientos. Al respecto, la Corte IDH planteó que todos los demandados argumentan limitaciones presupuestarias para incumplir, pero que eso no puede ser excusa cuando se trata de resguardar la vida e integridad física de las personas.

Como en el caso García Prieto, el IDHUCA demanda se reúnan el presidente de la República y el Fiscal General, para garantizar se investigue y ubique a los responsables de las amenazas, pues esa es la mejor forma de enfrentarlas. También requiere al Estado que provea la seguridad necesaria para el coronel Meléndez y su familia. Ni él ni los suyos causaron esta situación; su origen hay que buscarlo en las estructuras estatales.

miércoles, 27 de enero de 2010

El IDHUCA expresa su profunda preocupación por las diversas manifestaciones de la inseguridad y la violencia en el país, durante los primeros días del 2010. Esta situación se agrava cada vez más y las instituciones encargadas de garantizar la seguridad pública han sido incapaces de frenar las muertes, las extorsiones, los robos, los secuestros y las demás acciones criminales. El aumento de los militares en las ciudades y el campo con más funciones que antes en este ámbito, no ha rendido los frutos ofrecidos; al contrario, las granadas y otras armas de uso privativo de la Fuerza Armada están siendo usadas para asesinar y aterrorizar a la gente.

En este contexto merecen particular atención las amenazas al procurador para la defensa de los derechos humanos, Óscar Humberto Luna. El autodenominado “Grupo de exterminio antidelincuencial” le dio 48 horas para abandonar el país y anunció que empezará a asesinar delincuentes.

También ese debe condenar la ejecución de Victoriano Abel Vega, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía Municipal de Santa Ana (SITRAMSA). En un país donde muere violenta y dolorosamente un promedio de trece personas diarias y donde los homicidios por cada cien mil habitantes superan los setenta y cinco, se produce este hecho criminal en medio de una especial coyuntura dentro del sector público; coyuntura marcada por numerosos despidos y abundantes denuncias de violaciones de derechos laborales. En ese marco los liderazgos sindicales han jugado un rol determinante para hacer frente a los abusos y arbitrariedades, entre los que se destacó el de Victoriano Vega.

Frente a estas situaciones, el IDHUCA:

1. DEMANDA a las autoridades garantizar la integridad y la vida del procurador Luna y su familia, investigar el origen de las amenazas en su contra, ubicar a los responsables y sancionarlos ejemplarmente. Ante la grave situación delincuencial, es preciso que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos realice su labor sin presiones como estas, para que pueda garantizar que en el desarrollo de las tareas de seguridad pública no se atropellen los derechos de la gente.

2. CONDENA el asesinato de Victoriano Abel Vega y emplaza tanto a la Policía Nacional Civil como a la Fiscalía General de la República, para que lo investiguen y esclarezcan a fin de que sus responsables sean procesados y sancionados como manda la ley.

3. EXHORTA al Presidente de la República, a las y los diputados así como a la judicatura para que promuevan ya las acciones necesarias tendientes a que la salvadoreña se convierta en una sociedad libre de armas; a incrementar el número, las capacidades y la tecnificación del personal encargado de la seguridad pública; a dotar al país del Instituto de Investigación Científica del Delito y a profundizar la depuración institucional. Todo ello, como parte de una política pública integral en la lucha frontal contra todo tipo de impunidad.

4. EXIGE se respete los derechos laborales de las personas que son parte del sector público, en todos los órganos y entidades de gobierno. Deben cesar los despidos arbitrarios así como los atropellos en perjuicio de los trabajadores y las trabajadoras. Nada justifica que se irrespete el debido proceso; por eso, se debe asegurar su derecho de audiencia y el resto de garantías procesales. Actualmente existen vacíos legales que perjudican a quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad en materia de estabilidad laboral, de los cuales se aprovechan quienes los destituyen.

San Salvador, 25 de enero de 2010.

viernes, 15 de enero de 2010

HILAR LA HISTORIA: EXHUMACIONES EN ARCATAO


El Juzgado de Paz de Arcatao y la Fiscalía General de la República de Chalatenango aprobaron que este lunes 18 de enero el Centro de Derechos Humanos Bartolomé de Las Casas, el Equipo Comunitario de Antropología Forense de Guatemala, el IDHUCA y el Comité de víctimas de violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado en Arcatao, Chalatenango, exhumen los restos de −al menos− nueve personas ejecutadas en Cerro Grande, Los Dubones y el Sitio, y que permanecen sepultadas en fosas clandestinas.

Este acto de justicia y dignificación se realizará dos días después de conmemorarse dieciocho años de la firma del Acuerdo de Chapultepec, al final del enfrentamiento armado. Desde entonces, no se han deducido responsabilidades por esta masacre; al contrario, de manera sistemática las autoridades se han negado a buscar la verdad e impartir justicia. En ese marco de impunidad, estos procesos permiten a las víctimas procesar su duelo y conocer qué pasó con sus seres queridos, enterrarlos dignamente y tener más argumentos para exigirle a las instituciones cumplir su mandato constitucional.

En Chalatenango se hará un estudio criminológico para establecer las causas de la muerte de estas personas, el tipo de heridas en su cuerpo, el proceder de sus victimarios y la clase de armamento utilizado para ejecutarlas.

Estas acciones deberían ser impulsadas o acompañadas por el Estado, propiciando que las víctimas ocupen su lugar: el de las mejores y más dignas protagonistas de la historia salvadoreña. Además, deben servir como base para un verdadero proceso de reparación y conciliación de la sociedad. Es necesario que, de ahora en adelante, se conozca la verdad y se reconozca la honradez y el valor de las víctimas.

San Salvador, 15 de enero del 2010.

viernes, 4 de diciembre de 2009

LA ANORMALIDAD DE LO “NORMAL”


Subir una grada, cruzar una calle o hablar con otra persona son hechos tan comunes que nadie se percata de lo que se necesita para que ocurran. La vida social está ordenada pensando en que todos y todas pueden movilizarse y usar sus sentidos sin ningún problema. Eso es lo “normal”. Hay, sin embargo, un considerable número de personas que enfrentan dificultades para hacerlo. Según el VI Censo de Población, en El Salvador hay 235,302 personas con discapacidad. La mayoría están en edad productiva. Para ellas la infraestructura es un obstáculo, pero también lo es la mentalidad de esta sociedad y la discriminación de la que son víctimas.

Existe en el país la obligación de que cada empresa contrate al menos a una persona con discapacidad por cada veinticinco empleadas. Eso no se cumple. Pero la misma Ley de equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad que obliga, impone una multa que invita a desobedecer: sólo $57.71 dólares. Eso, en la cabeza de quien las percibe como carga, es preferible a tenerlas en su grupo de trabajo. Lo mismo ocurre en las escuelas. Se prefiere ignorarlas y decir que no pueden facilitarles las condiciones necesarias para que estudien. No se construyen rampas para movilizarse en los centros escolares, entrar a las aulas y al resto de espacios; no hay intérpretes para personas sordas, textos en braille y no se capacita al magisterio para educar con equidad.

Pero no sólo se debe avanzar en eso. Es necesario que las acciones para incluirlas dejen de verse como caridades u obras de altruismo, pues es su derecho. Las personas ciegas, sordas en sillas de ruedas o con deficiencias intelectuales también tienen derecho a la educación, a la salud, a una vivienda digna, a la información, a la cultura, al entretenimiento y al trabajo. En dos palabras: a vivir. Todo lo que límite el goce de sus derechos es un incumplimiento del Estado a sus compromisos internacionales, pero también a su razón de ser: la persona humana y su bienestar.

Claro que demanda inversión presupuestaria, pero el Estado debe considerarlo como lo hace con los derechos de los demás. Es necesario normalizar la sociedad salvadoreña. No lo está porque excluye a su población, porque hay sectores que no son parte del desarrollo y en los que no se invierte. Tampoco es normal que se siga viendo a las personas con discapacidad como “especiales”. Quienes discriminan podrían encontrarse en esa condición si sufrieran un accidente, una enfermedad que se la provoque o al llegar a la vejez. Por eso, en la discriminación que estas personas padecen no hay nada de normalidad ni de humanidad. Es necesario cambiar.

viernes, 27 de noviembre de 2009

IDHUCA PRESENTA LINEA BASE SOBRE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL SALVADOR




Ante más de 75 representantes de instituciones estatales, asociaciones y organizaciones de la sociedad civil vinculadas con el tema, el IDHUCA presentó el documento "Personas con discapacidad en El Salvador. Línea de base", este 26 de noviembre.

En este se explora, a partir de fuentes oficiales, la situación demográfica de las personas con discapacidad en el país, así como su acceso a servicios públicos esenciales como salud, educación, información y transporte público. A modo de propuesta, la línea de base presenta desafíos concretos para el Estado a fin de garantizar el goce y respeto irrestricto de los derechos humanos de las personas con discapacidad.

La presentación formal del documento, a cargo de la consultora Sonia Ivett Cuéllar, también incluyó una sintesis de los resultados obtenidos a un año de iniciado el proyecto "Participación ciudadana y fortalecimiento institucional para la vigencia de los derechos humano de las personas con discapacidad en El Salvador". Este esfuerzo es posible gracias a la colaboración de la organización española ECOSOL-SORD y el auspicio del Gobierno de Aragón.

Vea una presentación sobre los resultados del primer año del proyecto aqui:
http://www.4shared.com/file/162414107/245baf98/PCD_proyecto.html