SOBRE EL GOLPE DE ESTADO EN HONDURAS

Y AHORA, ¿QUIÉN PODRÁ DEFENDERNOS?

El IDHUCA se une al mundo respetuoso de los derechos humanos, para condenar enérgicamente el golpe de Estado en Honduras. Los militares de ese país detuvieron y expatriaron al presidente Manuel Zelaya, pisoteando la legalidad y las instituciones. La Carta Magna hondureña manda qué hacer ante eso. “Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador –señala su artículo 3– ni a quienes asuman funciones o empleos públicos por la fuerza de las armas o usando medios o procedimientos que quebranten o desconozcan lo que esta Constitución y las leyes establecen”.

Este suceso repudiable recuerda un oscuro pasado que se creía superado. Hace años, era usual que los uniformados en la región se declararan “defensores del Estado” y destituyeran gobiernos por la fuerza, arropados en la doctrina de la “seguridad nacional”, para instalarse en el poder o colocar civiles sometidos a sus designios. Tras ellos estaban, siempre, poderosos grupos económicos y políticos. La última revuelta de esas ocurrió en Venezuela, el 13 de abril del 2001.

Pero hoy, el planeta entero mira al vecino país con la misma preocupación de antaño. Hace tres décadas, El Salvador también se contaba entre los países con esos problemas. ¿Ahora no? ¡Ojala! Aunque hay atrevidos columnistas domésticos que justifican semejante retroceso, afirmando que “es un claro mensaje para aquellos gobernantes latinoamericanos que quieran irrespetar el orden constitucional establecido en cada uno de los países”.

Que este señor diga eso, ya no asusta. Sólo es una raya más en el tigre, si se compara con otra afirmación y con quien la lanzó. Es lamentable que el militar retirado, general Carlos Humberto Corado, crea que el fin justifica los medios. El ex ministro de la Defensa Nacional dijo: “Los militares hondureños analizaron eso con las otras autoridades del Estado sureño y determinaron que era mejor abortar este proceso en este momento, que dejarlo que se profundice porque el día de mañana podía ser algo inconveniente para los intereses del país”. ¡Cuidado señores!

El general Corado no es considerado “duro”. Pero hay otros altos oficiales jubilados que sí lo son y en extremo. ¿Actuarían igual que sus colegas “catrachos” si consideran que deben poner orden por la falta de Fiscal, la acefalía en la Corte u otra cosa? ¿Qué tal si deciden que Mauricio Funes está haciendo algo “inconveniente” para el país? O, más bien, para los dueños del país.

Los militares, ni están “chavos” ni son del “ocho”; tampoco existe “Superman”. Las Fuerzas Armadas, sean hondureñas o salvadoreñas, no son las responsables de defender la Constitución y las instituciones democráticas. Sólo el pueblo salva al pueblo. Por eso, lo que hoy se necesita es más y mejor ciudadanía: inteligente, creativa, fuerte y firme.

SOBRE EL INCUMPLIMIENTO LEGISLATIVO DE ELEGIR MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS

El proceso de elección conjunta en cuestión, fue detenido con la excusa de cumplir lo ordenado por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la cual dictó una medida cautelar en el proceso de amparo 128-2009 a favor de la demandante Michelle Gallardo de Gutiérrez. Tal decisión es insostenible jurídicamente, ya que la Asamblea Legislativa puede y debe proceder de inmediato a realizar tales nombramientos haciendo uso de los siguientes argumentos constitucionales:

1. El artículo 1 Cn. reconoce la concepción personalista del Estado, que “está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común (…)”. El artículo 246 plantea que “los principios, derechos y obligaciones establecidos por esta Constitución no pueden ser alterados por las leyes que regulen su ejercicio. La Constitución prevalecerá sobre todas las leyes y reglamentos. El interés público tiene primacía sobre el interés privado”. Y en el presente caso está en juego el derecho a la justicia de toda la población, frente al “deseo” de optar a un cargo público de la demandante.


2. La posibilidad de que no se nombren magistrados y magistradas, creándose una situación jurídica y política de indefinición tras adoptar una medida cautelar de índole constitucional que ordena tal cosa, no está contemplada en ningún supuesto legal. Entonces, el Órgano Legislativo –con el fin de hacer valer los derechos de acceso a la justicia, la seguridad jurídica y el debido proceso– debe hacer esa designación con base a la Constitución y a la jurisprudencia de la misma Sala de los Constitucional, que establece la viabilidad de aplicar directamente la Constitución en los siguientes términos:
   “La jurisprudencia constitucional ha aceptado la posibilidad de realizar un control de constitucionalidad sobre actos concretos que no reúnen las características de generalidad y abstracción –propias de las normas jurídicas impersonales–, sí son aplicación directa de la Constitución.Asimismo, se ha sostenido que dicho criterio se fundamenta en la necesidad de no dejar zonas exentas de control, sobre aquellas actuaciones concretas de los funcionarios cuyo único fundamento normativo es la Constitución; en tales casos, el ejercicio de potestades públicas en la producción de dicho acto, sólo tiene como parámetro de control los límites formales, materiales y genérico-valorativos que establece la Ley Suprema (…)”. (Proceso de inconstitucionalidad 5-2006).


3. Adicionalmente, la comentada medida cautelar no posee las condicionantes para justificar su ejecución; por eso fue cuestionada ampliamente por la ex magistrada Victoria Marina Velásquez de Avilés, en su voto disidente incluido dentro de la resolución de la Sala. Así, la petición de la demandante carece de la presunción de buen derecho y no existe el riesgo latente de verse despojada de un derecho constitucional que, a simple vista, no existe.

La elección legislativa inmediata de quienes ocuparán los más altos cargos en la judicatura, basando tal decisión en la aplicación directa de la norma constitucional, resolvería el grave problema institucional que El Salvador enfrenta en la actual coyuntura y pondría un alto –por primera vez en la historia reciente– al voluntarismo y la arbitrariedad judicial que han caracterizado el actuar de la Sala de lo Constitucional durante los últimos nueve años.

En el país no deben continuar tensionando irresponsablemente esta situación, al punto de llegar a desatar una crisis que despierte aspiraciones e impulse iniciativas peligrosas entre ciertos sectores civiles y militares, alentados por el mal ejemplo de lo ocurrido en Honduras hace unos días para “solucionarla” sin importar los daños que le causen a la incipiente y endeble democracia nacional.

¿QUÉ DIJO? ¡QUÉ VERGÜENZA!

“Habría mecanismos que le trato de decir, la excusa o el impedimento que pudimos haber señalado nosotros, pero que en el caso no cabe”. Así intentó explicar su posición, en el marco de la conflictiva y peligrosa coyuntura generada –de forma irresponsable y descarada– por quienes pretenden seguir garantizando la impunidad en el país para favorecerse y favorecer a ciertos grupos de poder. ¿Quién las pronunció? El “flamante” presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Agustín García Calderón, cuyo mandato termina en seis días.

Pero quiere quedarse nueve años más. Para eso, dice cosas incomprensibles como la anterior y maniobra de manera intolerable. Haciendo un laborioso ejercicio de traducción y comprensión, parece que pretendió argumentar que no es juez y parte –junto a su colega Julio Acosta Baires– en el proceso de amparo mediante el cual han entrampado la elección de cinco miembros propietarios y sus respectivos suplentes, quienes deberían integrarse a la CSJ el primer día del próximo mes.

El también impresentable Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) reclamó que ambos no intervengan en la decisión de dicho amparo, por haber expresado abiertamente su interés de seguir en la Corte. Pero no, quieren estar e inclinar la balanza a su favor; para eso han hecho y deshecho de todo.

Al igual que lo actuado durante su paso “dirigiendo” el “máximo” tribunal salvadoreño, quien en menos de una semana dejará ese cargo –¡ojala!– hoy recurre a su cantinflada retórica para justificar lo injustificable, ¿Por qué no le hace el favor a la sociedad, retirándose sin contribuir a empeorar la crisis institucional? Suficiente con la situación económica y la inseguridad, para vivir en permanente preocupación. Si a eso le agregan –él y sus colegas cómplices, junto al CNJ y la Asamblea Legislativa– el daño que le están haciendo con sus chanchullos a un sistema de justicia enclenque, este país nunca cambiará. Es el mismo egoísta y perverso manejo de los partidos políticos, que también ha impedido el nombramiento del Fiscal General de la República.

Así, ¡por favor! ¿cómo enfrentará el presidente Mauricio Funes el crimen organizado y la delincuencia común? Esas dos lacras que tanto daño le están haciendo a la niñez, a la juventud y a toda la sociedad salvadoreña, deben estar festejando que –sin ninguna vergüenza– se mantenga ese círculo vicioso integrado por la falta de democracia de los mencionados partidos políticos, la elección de funcionarios de segundo grado en la Asamblea, el mal trabajo de las instituciones que llegan a “dirigir” y la mayor frustración y pérdida de credibilidad entre la población. Es necesario, entonces, romperlo con experiencias sociales exitosas en la lucha por la justicia y el respeto de los derechos humanos.

LOS ESPOSOS GARCÍA PRIETO Y EL IDHUCA SOLICITAN AUDIENCIA A CANCILLERÍA

Durante quince años, José Mauricio García Prieto Hirlemann y Gloria Giralt de García Prieto han exigido justicia por el asesinato de su hijo Ramón Mauricio. Por su constancia y valentía han sufrido amenazas y atentados, pero también han logrado en el país la condena de dos de los hechores materiales de tan cobarde crimen. Eso, sin embargo, no evitó que continuaran los seguimientos, las llamadas telefónicas y otras formas de hostigamiento para frenar su lucha. Porque este ejemplar matrimonio ha insistido en que se dé con quien planificó y ordenó el homicidio. No obstante, el Estado salvadoreño no ha investigado la autoría intelectual del crimen ni de dónde provienen los ataques en su contra; tampoco ha hecho nada para procesar y sancionar a los responsables de todo eso.

De ahí que Gloria y Mauricio hayan tenido que acudir a la Corte Interamericana de Derechos, donde denunciaron y desenmascararon a los tres gobiernos anteriores que se presentaban ante el mundo como los constructores de la pacificación y el progreso en el país. El 26 de septiembre y el 3 de diciembre del 2006, dicha Corte decretó medidas provisionales para proteger su derecho a la vida y a la integridad, ordenando al Estado salvadoreño brindarles custodia y establecer el origen de las amenazas y los hostigamientos.

Además, el 20 de noviembre del 2007, el mismo tribunal regional lo condenó por haber violado los derechos humanos a las garantías judiciales, a la protección judicial y a la integridad personal de estas víctimas. En el fallo ordenó –entre otras medidas de reparación– que el “Estado debe concluir las investigaciones pendientes respecto al homicidio de Ramón Mauricio García Prieto y las amenazas y hostigamientos, en un plazo razonable (…)”. Por último, señaló que supervisaría la “ejecución íntegra” de la sentencia y daría “por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma”
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Pasado más de año y medio, eso no ha ocurrido; la impunidad ha prevalecido. Por ello, este día, los esposos García Prieto y el IDHUCA solicitarán al canciller Hugo Roger Martínez Bonilla una audiencia, para conocer la posición oficial sobre el cumplimiento pleno y efectivo de dicha resolución y contribuir a que el Estado salvadoreño honre sus compromisos internacionales, respondiendo a las demandas de las víctimas con verdad y justicia.

San Salvador, viernes 19 de junio del 2009.

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IDHUCA inaugura diplomado en Gestión migratoria y Derechos Humanos

Personal de la Dirección General de Migración y Extranjería escuchan a Gilma Pérez, coordinadora del Programa de Migrantes del IDHUCA, exponer la estructura y contenido del diplomado.

Con el fin de fortalecer el quehacer de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) , el IDHUCA inauguró, el 18 de junio, el diplomado en Gestión migratoria y derechos humanos, dirigido al personal de la referida institución.

De junio a septiembre de 2009, los participantes podrán no sólo reflexionar sobre el abordaje y atención de los migrantes, sino aplicar la perspectiva de los derechos humanos a su trabajo. Según Gilma Pérez, coordinadora del área de Migrantes del IDHUCA, el diplomado ha sido diseñado en 4 módulos: transformación de conflictos, grupos vulnerables e intervención en crisis, desafíos de la actual gestión migratoria desde el derecho internacional de los derechos humanos y los procesos de formulación de políticas públicas.

El IDHUCA ha acompañado procesos de regularización para extranjeros que trabajan o viven en El Salvador; y forma parte, además, de la Comisión Técnica del programa "Bienvenio a Casa", espacio desde el cual ha conocido las condiciones en las que se producen las repatriaciones. Estas experiencias le han permitido desarrollar un proceso de monitoreo constante sobre la situación de los migrantes, razones por las que ahoa inicia este nuevo proceso formativo.

El acto de inauguración contó con la participación del Lic. Francisco Alvarado, director general de Migración y Extranjería; P. José María Tojeira, rector de la UCA; Lic. Henry Campos, viceministro de seguridad y justicia; Benjamín Cuéllar, director del IDHUCA; y Luis Ramírez, director de la Escuela de Formación de la Procuraduría para de la Defensa de los Derechos Humanos.

Sembrando futuro

El pasado jueves 11 de junio, en Sembrando futuro, su espacio para hablar sobre derechos humanos, conversamos sobre el Caso García Prieto, 15 años después. En el estudio nos acompañaron Doña Gloria Giralt de García Prieto; Don Mauricio García Prieto; y Guadalupe de Espinoza, subdirectora de derechos humanos del IDHUCA.

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O escúchelo:

La próxima semana:
Tema: Los desafíos de la nueva gestión en materia de migración
Fecha: Jueves 18 de junio de 2009
Hora: 7:00 p.m.
Radio YSUCA http://www.ysuca.org.sv/

Sembrando futuro

Este jueves 4 de junio

Sembrando futuro, su espacio para hablar sobre derechos humanos, estuvo dedicado a analizar el primer discurso presidencial de Mauricio Funes. En el estudio nos acompañaron el Lic. Óscar Luna, procurador para la defensa de los Derechos Humanos; Sonia Iveth Sánchez, economista y consultora; y Benjamín Cuéllar, director del IDHUCA.

Descargue la entrevista completa aquí

O escúchela aquí

La próxima semana:

Día: Jueves 11 de junio de 2009

Tema: El caso García Prieto 15 años después

Hora: 7:oo p.m.

Escúchelo: Radio YSUCA 91.7 fm o en linea en: www.ysuca.org.sv/

El IDHUCA opina

EL FÚTBOL, LOS BOLETOS Y LA IMPUNIDAD

El fútbol es un deporte que tiene millones de aficionados, aficionadas y practicantes. Aglutina a las personas alrededor de un equipo e incluso ha servido de inspiración para la obra de cantantes y escritores. Sin embargo, también ha sido manipulado por intereses políticos.

En 1978, por ejemplo, la dictadura militar en Argentina utilizó el campeonato mundial de ese año para enfrentar las críticas contra el régimen político. El lateral derecho de la selección alemana, Berti Vogts, se atrevió a declarar: “Argentina es un país donde reina el orden. Yo no he visto a ningún preso político”.

Ciertamente, lo suyo era el fútbol y nada más. Ahora nadie duda de las atrocidades cometidas en aquellos tiempos en la nación campeona del último torneo de la década de los setenta. Ahora se rumora que el primer ministro italiano y presidente del club de fútbol Milan, no anuncia la venta del mejor jugador de su equipo por las implicaciones que tendría en las elecciones de este fin de semana.

El balompié también es comercio. Cada año se mueven millones de dólares en contrataciones, comercialización de camisetas y otros artículos deportivos, patrocinios, mercadeo, derechos de transmisión y venta de boletos. Eso ocurre en Europa, pero también en Latinoamérica.

En El Salvador, el fútbol igual mueve dinero, pero como ocurre en otros ámbitos de la vida nacional, hiede a corrupción. Hace ya algunos años, en la Federación Salvadoreña de Fútbol, FEDEFUT, hubo un millonario faltante que desestabilizó a todo el deporte nacional.

Juan Torres, el ex presidente de la FEDEFUT fue procesado por fraude, pero no terminó tras las rejas porque la Fiscalía fue incapaz de presentar pruebas de su culpabilidad. Ese antecedente ha sido nocivo. Se permitió la impunidad.

Ahora que la selección salvadoreña ha vuelto a despertar ilusiones en sus aficionados y aficionadas resulta nuevamente rentable y atractiva para las empresas y para quienes manejan la Federación. Pero, otra vez, hay señalamientos de malversaciones o, al menos, manejos oscuros.

Es que la actuación de la federación frente al partido contra la selección mejicana genera muchas dudas. El estadio Cuscatlán, donde se jugará el partido, tiene capacidad para alrededor de treinta mil personas ¿cómo se agotaron los boletos en no más de seis horas? ¿Cómo es que el mercado negro obtuvo tantas entradas si se dijo que sólo se venderían dos por persona?

Ya en el encuentro con la selección de Estados Unidos se había dado otro problema. Muchos aficionados no pudieron entrar pese a comprar su boleto. Nadie ha respondido si hubo sobreventa, ni se ha devuelto el dinero a estas personas. ¿No es esto un delito contra las aficionadas, los aficionados y la economía pública? Aunque ya la defensoría del consumidor anunció que indagaran el caso del partido contra México, también el de Estados Unidos debe investigarse. Ojala que no se permita la impunidad si es que se hizo algo ilícito.

También debe ponerse atención al contrato de transmisión exclusiva de los juegos del seleccionado. Los consumidores tienen derecho a elegir quién les presta un servicio. Además, los medios de difusión tienen derecho a informar sobre cualquier hecho y la población a ser informada. A la luz de la Declaración de principios sobre libertad de expresión debe analizarse este contrato. Debe tenerse claro que aunque la Federación Salvadoreña de Fútbol no es un ente del Estado, nadie debe estar por encima de la Ley.