IDHUCA SOLICITA A ASAMBLEA LEGISLATIVA CONDENA CONTRA EL GOBIERNO VENEZOLANO

Este 24 de septiembre, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) presentó una pieza de correspondencia a la Asamblea Legislativa en la que solicita se condene al gobierno venezolano por la expulsión de José Miguel Vivanco y Daniel Wilkinson, director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW) y subdirector de la misma, respectivamente. 

El organismo de derechos humanos pidió a la Comisión de Relaciones Exteriores que promueva esta iniciativa en el pleno legislativo. Los hechos que generaron la solicitud ocurrieron luego de que el pasado jueves 18 de septiembre, los referidos funcionarios presentaran en la ciudad de Caracas, Venezuela, el informe titulado “Una década de Chávez: intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los derechos humanos en Venezuela”. El documento analiza el impacto negativo de la administración del presidente Hugo Chávez Frías en la independencia de los tribunales y la libertad para los medios de comunicación, así como en la autonomía sindical y de la sociedad civil.

Horas después de dicha presentación, ambos representantes de HRW fueron incomunicados por orden presidencial, al tiempo que se les negó su derecho a contar con asistencia consular y fueron expulsados del territorio venezolano. Esos hechos constituyen violaciones de sus derechos humanos como defensores de los mismos y como personas, tal como lo establece la Declaración sobre los Derechos de los Defensores de los Derechos Humanos –adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1998– y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, del 24 de abril de 1963.

Como lo señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su Informe sobre la situación de las defensoras y defensores de derechos humanos en las Américas es “fundamental” el papel que estos realizan en el fortalecimiento de las democracias, al salvaguardar el Estado de Derecho. “Cuando se ataca a un defensor o defensora, quedan desprotegidas todas aquellas personas para quienes estos trabajan”, indica el informe. Por eso, en comunicado público ante los hechos contra los representantes de HRW, “la CIDH hace un llamado a las autoridades venezolanas a respetar la labor de defensa de las y los defensores de derechos humanos y su libertad de expresión”. 

En ese sentido, el IDHUCA se une a organizaciones de derechos humanos latinoamericanas, así como a organismos internacionales como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés) que han condenado la expulsión de los activistas de derechos humanos. De hecho, en un pronunciamiento público, cincuenta organismos nacionales de derechos humanos en América Latina y cinco regionales e internacionales instan “a las autoridades del Estado venezolano a dar marcha atrás con esta expulsión, y garantizar que todas las personas comprometidas con la tarea de promoción y protección de derechos fundamentales puedan desarrollar sus actividades con independencia y libertad”.

Asimismo, en la pieza de correspondencia presentada hoy se solicita la aprobación de una resolución de la Asamblea Legislativa a través de la cual se demande al presidente de la República reafirmar públicamente las garantías constitucionales para que las personas y los organismos que promueven los derechos humanos en El Salvador gocen de las condiciones de respeto y libertad necesarios para desarrollar su misión.

HERIDAS ABIERTAS, POLÍTICOS CERRADOS

En septiembre, cuando la Nación celebra su independencia, la “tandona” y miles de veteranos militares salieron a marchar en público. Ante eso, mucha gente –en el silencio impuesto– evocó a sus seres queridos torturados, desaparecidos o asesinados por algunos de estos. Los belicosos sonaron de nuevo los tambores de guerra, vociferando en defensa de la amnistía que les ha permitido tener “buen nombre”, opinar en los medios de difusión –como si se tratara de sensatos analistas– y amenazar con reaccionar ante determinada acción del “otro”. Y la “pedrada”, dicen, será del tamaño del “sapo”. Eso niega que El Salvador sea un país “reconciliado”. Todas las campañas electorales son polarizadas, desafiantes y peligrosas, dentro de una sociedad excluyente e insegura donde los que antes se disparaban siguen sin llegar a pactos mínimos y sus militantes continúan enfrentándose violentamente.

Esa amnistía no es “la piedra angular de la paz”; ni siquiera fue parte de los acuerdos. Ha sido piedra de tropiezo al impedir que estructuras criminales se desmontaran; así, escuadrones de la muerte asesinaron a Darol Francisco Velis y a Ramón Mauricio García Prieto en “tiempos de paz”. Luego, la “Sombra negra” exterminó pandilleros. Hay quienes afirman que continúan operando. Pero además de los militares, el FMLN y su candidato se niegan a derogarla aunque antes promovían lo contrario. Ya se entonaron con los aspirantes y después presidentes de ARENA, al decir que se abrirían heridas; “que tenemos que ver hacia el futuro, no más hacia el pasado”.

Mejor. Así, la lucha por la justicia al fin perdió el color partidista que maliciosamente le asignaron los victimarios para desprestigiarla. Ahora, ambas fuerzas políticas –responsables de graves violaciones de derechos humanos– coinciden en su discurso sin escuchar a quienes deberían ser protagonistas principales: las víctimas y sus familiares, a las cuales corresponde decidir si perdonan o no después de conocer verdades tan elementales como, por ejemplo, el paradero de sus seres queridos.

Estas heridas siguen abiertas y no las cierra la “buena voluntad” de un candidato. Pero hay que cerrarlas, para no cometer de nuevo errores pasados. Hay  que encarar, pues, la impunidad que permitió enterrar a decenas de miles de víctimas en 1932 junto con la justicia. ¿Tuvo algo que ver eso con lo que ocurrió después? ¡Sí! Abrió la posibilidad de “resolver”, con la violencia militar y policial, problemas estructurales del país que debían superarse mediante la existencia y el funcionamiento correcto de instituciones democráticas. Por eso, el país vivió su peor tragedia entre 1970 y 1992. También se arraigó la mala costumbre de “solucionar” así problemas entre particulares. Así, El Salvador es hoy y desde antes del conflicto, uno de los países más violentos del planeta.

MIGRACIÓN: LAS DOS CARAS DEL GOBIERNO

Era de esperarse. Se acercan las elecciones y el presidente Antonio Saca ya anunció que solicitará al inquilino de la Casa Blanca otra prórroga al Estado de Protección Temporal –TPS, por sus siglas en inglés– para la población salvadoreña afincada en territorio estadounidense. Así pasó en el 2003 y en el 2006, en víspera de los comicios municipales y legislativos.

 

Es cierto que el TPS le permite a la comunidad salvadoreña trabajar y gozar de mejores condiciones laborales, pero es reprobable que se busque su renovación para conseguir votos y se mire a esas personas como números estadísticos que se invocan cuando se necesita para fines partidistas, pero que resultan incómodas cuando exigen sus derechos. Se habla de ellas con orgullo cuando mandan dinero al país; pero cuando fallecen, desaparecen o reclaman mejor trato en su travesía, ni se mencionan en los discursos oficiales. Es peor cuando regresan deportados; se convierten en villanos. Y todavía más cuando exigen se respete su derecho al sufragio en el exterior; simplemente, les niegan su participación en la vida política nacional. Tampoco tienen la posibilidad de estar representadas en el parlamento, aunque el último censo demuestre que deberían. Las autoridades electorales han adelantado los plazos para evitar, entre otras cosas, que esa aspiración se cristalice. Así funciona la política estatal en este ámbito; con una cuestionable, inaceptable y denunciable doble moral.

 

Esas dos caras también surgen cuando la gente cruza las fronteras patrias. Se pide a las autoridades guatemaltecas, mejicanas y estadounidense que respeten los derechos de la gente salvadoreña. ¡Qué bien! Pero qué mal cuando eso se olvida si son nicaragüenses, hondureños, suramericanos o asiáticos –no maquileros– quienes ingresan al país y vienen con la misma esperanza que cargan las y los compatriotas que agarran camino hacia el norte. Ambas poblaciones dejan su terruño para mejorar la situación de sus familias.

 

Acá, las y los emigrantes realizan labores peligrosas y mal pagadas; caen en manos de proxenetas degenerados o patronos inescrupulosos que les esclavizan pagándoles menos, haciéndoles trabajar más o explotándolas sexualmente. Y si se quejan, los amenazan con llamar a migración. Ante esa realidad, es importante y urgente que las autoridades asuman un rol más activo supervisando que no se violen sus derechos laborales y facilitando la regularización de su estancia. La Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias, plantea esta obligación a los Estados que la han ratificado. El Salvador es uno de esos. La sociedad también puede aportar viendo en sus rostros sufrientes el mismo de sus parientes y amigos que se han ido, para solidarizarse y denunciar a quienes abusan de esa humilde gente.

SEMINARIO NACIONAL SOBRE MIGRACIÓN

Este 3 de septiembre, el IDHUCA inauguró el "Seminario nacional sobre migración", el cual se enmarca en las actividades de la Semana del migrante que se celebra todos los años durante los primeros siete días de septiembre.

En este seminario se analizan los avances y retrocesos en la implementación de la "Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares" en El Salvador, así como del trato que se le da a los centroamericanos que cruzan las fronteras nacionales para trabajar y de la situación actual del refugio.

Se cuenta con la participación de representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores,  la Dirección General de Migración y Extranjería, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, la División de fronteras de la Policía Nacional Civil, la Embajada de Nicaragua, el IDHUCA y otras instituciones involucradas en el tema.

El primero de los dos días de duración que tendrá este evento contó con la participación de la Viceministra de Relaciones Exteriores para los Salvadoreños en el Exterior, Margarita Escobar, quien habló de los programas de trabajadores temporales en el exterior.

El IDHUCA inició la Semana del migrante con la presentación del Informe del Procurador, Óscar Humberto Luna, al Comité de Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migrantes y de sus Familiares y concluirá con el Vía Crucis del Migrante este viernes a las 2 de la tarde en el interior de la UCA.

SANEAR LA PNC: UN NUEVO CHANCE

Seis meses duró Francisco Rovira en la Policía Nacional Civil (PNC). Durante ese tiempo, además de la ilógica promesa de bajar a cuatro el promedio de homicidios diarios, realizó no menos de veinticinco movimientos internos que afectaron varios mandos territoriales y técnicos. Cualquier persona mal pensada pudiera afirmar que esos cambios sirvieron a sus “asesores”, José Pérez Aguillón y José Aquino Oliva, para hacer de las suyas. Ellos no sólo tienen en común su primer nombre y su reciente renuncia como “guías” de Rovira; también trabajaron con él en la cartera de Hacienda en dos direcciones: la de Aduanas y la General de Impuestos Internos, de donde fueron despedidos por “pérdida de confianza”. Pérez Aguillón, además, fue investigado por sus vínculos con Margarita Parada Grimaldi y Reynerio Flores.

Ningún funcionario encargado de garantizar la seguridad de un país pagaría por los consejos de personas con semejante reputación, sobre todo si se plantea metas tan altas como las de Rovira en materia de homicidios. Por eso, el hasta hace poco director de la PNC no debió darse el lujo de contratar a esos “consultores” sin estar claro de su solvencia. En juego no sólo estaba su buen nombre, sino también la integridad institucional y la tranquilidad de la gente. Tampoco debió ubicar en puestos importantes a Mauricio Arriaza Chicas y a César Flores Murillo, uno vinculado con fraudes procesales y el otro con la “Sombra negra”.

Sin embargo, el daño se hizo al reforzar el lado oscuro de la PNC; eso es injusto, pues buena parte de su membresía trata de cumplir su deber. El ministro de Seguridad y Justicia, René Figueroa, debe entender que la renuncia de Rovira no es la señal de transparencia que demanda la ciudadanía. ¿Ingenuidad o malicia de su parte? Que la sociedad lo juzgue si no impulsa una investigación seria, responsable y abierta al escrutinio público, que permita sanear de una vez por todas a la institución.

No se puede seguir apostando a las afiliaciones y lealtades partidistas para conducir la PNC. Los políticos que hasta ahora la han manoseado, deben dejar de hacerlo. Rovira se presentó como “buen administrador”, pero sin liderazgo ni conocimiento y experiencia en los ámbitos de la seguridad y los derechos humanos.

Como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la PNC ha sido víctima de los desatinos del poder visible y oculto; eso ha trastocado su buena marcha pese a ser, ambas instituciones, las “hijas predilectas” de los acuerdos de paz. Toca a la ciudadanía hacerlas suyas, para evitar que las sigan maltratando más. Si no, de cara a lo que viene en los próximos meses, ¡que Dios nos agarre confesados!