Ante los hechos en el Complejo Educativo Doctor “Humberto Romero Alvergue” de San Salvador

Las Defensorías de la Niñez y de la Adolescencia de los distritos uno y cinco de San Salvador, la Coalición Centroamericana para la Prevención de la Violencia Juvenil y el Instituto de Derechos Humanos de la UCA, manifiestan:

El pasado viernes 15 de febrero, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) ingresaron al Complejo Educativo Doctor “Humberto Romero Alvergue” de San Salvador a capturar al padre de un estudiante sin explicación alguna. Tras forcejear y no poder someterlo, solicitaron refuerzos. Así llegaron al lugar veinte policías del Sistema de Emergencia 911, que procedieron a agredir al alumnado que grababa los incidentes. Al menos cincuenta y seis muchachas y muchachos resultaron afectados; seis con serias con lesiones físicas.

Ante semejantes sucesos, las Defensorías de la Niñez y de la Adolescencia de los distritos uno y cinco de San Salvador, la Coalición Centroamericana para la Prevención de la Violencia Juvenil, y el Instituto de Derechos Humanos de la UCA,

DEMANDAN A LA PNC:

1. Adoptar las medidas necesarias para sentar un precedente y evitar que este tipo de hechos se repita, investigando y castigando a los responsables en este caso.

2. Analizar sus patrones de conducta y la formación de sus miembros. La Inspectoría General de la misma, por su lado, debe vigilar y controlar el accionar del cuerpo investigando y deduciendo responsabilidades en los niveles superiores. Lo anterior, porque la actuación antes referida no sólo es otra arista de la brutalidad y el mal procedimiento policial, sino también de la práctica sistemática de acoso y abuso contra jóvenes en el país. Por eso, para corregir de fondo tal situación, no basta con sancionar a unos cuantos policías culpables directos en este caso.

3. Retomar su función de proteger y garantizar los derechos humanos. Preocupan los retrocesos en esta materia señalados por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, donde han aumentado las denuncias contra agentes. De eso dan cuenta sus intervenciones ante protestas como las del año pasado en el centro de San Salvador, Suchitoto y Cutumay Camones. Lamentablemente, cada vez más están quedando grabados en la retina de la población actos de brutalidad como el que provocó la muerte de un joven agricultor, el reportero televisivo pateado, y los tratos crueles inhumanos y degradantes por los que fue condenado en el 2007 el subinspector Edwin Arnoldo Guevara Henríquez. A esta lista habría que agregar los señalamientos contra miembros del cuerpo policial involucrados en sicariato.

4. Un actuar acorde a los estándares internacionales. En el presente caso, no se agotó el recurso del diálogo ni se adoptaron las medidas necesarias para garantizar la seguridad e integridad física y emocional del alumnado y el personal docente del plantel. Al respecto, el cuarto principio básico sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, aprobados por las Naciones Unidas en 1990, señala que “en el desempeño de sus funciones, utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego”.

5. Cesar la hostilidad, el acoso y otros atropellos contra la juventud salvadoreña que afectan sobre todo a la de menos recursos económicos. Tradicionalmente este sector poblacional ha sido sometido a la violencia y la violación de sus derechos humanos; en muchas ocasiones, sus agresores son agentes policiales. Tal situación se ha agudizado tras el impulso de los planes Mano Dura y Súper Mano Dura, mediante los cuales la han criminalizado.

Por último, las Defensorías de la Niñez y de la Adolescencia de los distritos uno y cinco de San Salvador, la Coalición Centroamericana para la Prevención de la Violencia Juvenil y el Instituto de Derechos Humanos de la UCA, urgen a la sociedad en general a denunciar este tipo de hechos en las instituciones estatales y sociales pertinentes para evitar que la PNC se siga desnaturalizando y se acerque más a los terrenos peligrosos donde se movieron la Policía Nacional, la Policía de Hacienda y la Guardia Nacional.

San Salvador, 20 de febrero del 2008.

Fotos: Comunicaciones IDHUCA y Defensorías de la Niñez

Ver enlace: Desórdenes y heridos en escuela Romero Albergue
(Febrero 15 de 2008 - La Prensa Gráfica, El Salvador)

VI CONCURSO POR LA VERDAD, LA JUSTICIA Y LA PAZ

Por sexto año consecutivo, el IDHUCA junto a la Comisión de Cultura de la Corte Suprema de Justicia, realizamos el Concurso por la verdad, la justicia y la paz, de poesía, cuanto corto y dibujo. En éste puede participar todas y todos los estudiantes de bachillerato o universitarios.

A través de esta actividad cultural se quiere promover entre la juventud los valores que le dan nombre al concurso.

Gracias al apoyo de algunas empresas privadas, se entregaran los siguientes premios los ganadores o las ganadoras:

Teléfonos celulares, cortesía de DIGICEL

Cuentas de ahorro, gracias a la Caja de Crédito de Soyapango

Certificados de regalo, patrocinados por la Fundación Sigma

Cursos de computación, entregados e impartidos por la Asociación Infocentros


Consulte las bases de competencia en: http://www.uca.edu.sv/idhuca

CASO GARCÍA PRIETO: DERROTA DE LA IMPUNIDAD ESTATAL

Tras el asesinato de Ramón Mauricio García Prieto Giralt, ocurrido el 10 de junio de 1994, sus padres –Gloria y Mauricio– iniciaron una desigual lucha para esclarecerlo y lograr la sanción de sus responsables materiales e intelectuales. El Estado salvadoreño les negó sistemáticamente justicia, pero su valiente y decidido esfuerzo logró derrotarlo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos; en ambas, la representación oficial acusó a las víctimas de “inventar” amenazas y otros hostigamientos sufridos a lo largo de su batallar. En la audiencia final ante la Corte, hace un año, los agentes gubernamentales hicieron gala de su ignorancia, incapacidad y falta de ética. Diez meses después, el 20 de noviembre del 2007, el máximo tribunal de protección de los derechos humanos en América desestimó los alegatos oficiales y dictó SENTENCIA UNÁNIME A FAVOR DE GLORIA Y MAURICIO, EN LA QUE CONDENÓ AL ESTADO POR VIOLAR DERECHOS HUMANOS EN PERJUICIO DE AMBOS.

Toca, ahora, compartir con el pueblo salvadoreño la relevancia de este fallo que condena de nuevo a un sistema interno de justicia ineficaz, cómplice y protector de asesinos, en detrimento de quienes han sufrido el menoscabo de sus derechos. Las víctimas de violaciones de derechos humanos en el país deben asumir sus enseñanzas, para profundizar la lucha contra la impunidad. De este claro y determinante veredicto, destaca lo siguiente:

- Gloria y Mauricio siempre tuvieron razón en su lucha y la siguen teniendo. Por eso, la Corte Interamericana dispuso –con el voto de todas y todos sus integrantes– que la sentencia es, por sí misma, una forma de reparación.

- Gloria y Mauricio García Prieto siempre tuvieron razón al acusar al Estado por la falta de investigación eficaz del asesinato de su hijo. Dicho incumplimiento continúa; por tanto, mientras no se concluya tal indagación se sigue violando el derecho de las víctimas a la verdad y la justicia.

- Gloria y Mauricio García Prieto siempre tuvieron razón al denunciar amenazas, seguimientos, daños a su patrimonio y atentados en su contra, al punto que las citadas Comisión y Corte del sistema regional de derechos humanos ordenaron al actual gobierno y sus antecesores brindarles protección, lo que nunca ha sido cumplido a cabalidad. La constante oficial es la de negar los hechos, dejarlos impunes y burlarse de las víctimas en audiencias internacionales donde se discutieron. Por lo anterior, el Estado fue condenado tras haberse fundamentado y probado legalmente las violaciones.

Esta es la segunda condena a un gobierno cuyo Presidente se jacta de ser protector y promotor de las libertades en la región. Ello debido a que las instituciones policial, fiscal y judicial, durante más de trece años se empeñaron en proteger poderosos criminales. De haber actuado correctamente, se habría evitado esta grave censura jurídica internacional.

El Estado tiene un año, a partir de notificada la sentencia, para cumplirla. La misma tiene la fuerza del Derecho, pues su fuente de obligatoriedad nace de tratados internacionales, principios constitucionales –artículos 1 y 144 de la Constitución– y se rige por los preceptos jurídicos de buena fe y pacta sun servanda; es decir, que lo pactado entre las partes es ley que debe respetarse.

Con la verdad, la legitimidad y la legalidad de su lado, Gloria y Mauricio le EXIGEN al Estado cumplir de manera responsable, diligente y en tiempo los siguientes aspectos ordenados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos:

§ La investigación pendiente tanto del asesinato de Ramón Mauricio García Prieto Giralt, como de las amenazas y hostigamientos posteriores en su contra.

§ La realización efectiva de las medidas para proteger su integridad y la de sus asesores, requeridas por la Corte previo a su fallo del 20 de noviembre del 2007.

§ La difusión de la sentencia en los términos ordenados por la Corte, para que la sociedad salvadoreña la conozca.

Por último, Gloria y Mauricio dedican esta victoria a todas aquellas víctimas de la falta de justicia en El Salvador. Como David contra Goliat, Gloria y Mauricio derrotaron al Estado y a sus protegidos en el presente caso; no pudieron cubrirse con la impunidad histórica, política y moral. Queda aún pendiente superar la impunidad judicial dentro del país. Eso se logrará, ciertamente, con la participación decidida de todas las víctimas de violación de sus derechos en todos los ámbitos. Sólo así habrá un nuevo El Salvador: democrático, respetuoso de la dignidad de sus habitantes y en paz.

San Salvador, martes 29 de enero del 2008.

Declaraciones de:
Benjamín Cuéllar, director del IDHUCA
Roberto Burgos, Abogado del IDHUCA
Gloria Giralt de García Prieto
Mauricio García Prieto

Preguntas de las y los periodistas
Video

Puede leer la sentencia y escuchar los audios de la conferencia de prensa en la página web del IDHUCA

IDHUCA Y APES EXIGEN RESPETO A LA LIBRE EXPRESIÓN

"El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada.” (Artículo 9, Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión)

Siempre que puede, el presidente Antonio Saca se declara defensor de la libertad de expresión y presume de su gobierno como un garante de su respeto. Pero la realidad es otra. Mucha gente es víctima de la inestabilidad laboral; sin embargo, en el caso de las y los periodistas ésta compromete su independencia. Al final del 2007, por ejemplo, un comunicador radiofónico fue despedido sin indemnización. En otro ámbito, está la agresión policial contra Alex Nolasco, del Canal 21, en Cutumay Camones; también la captura y prisión de Haydeé Chicas, encargada de comunicaciones del Comité Cristiano Pro Desplazados de El Salvador (CRIPDES). Todas son señales inquietantes que no deben obviarse, en medio de un clima generalizado de violencia que ha alcanzado al gremio como en el caso del asesinato de Salvador Sánchez, corresponsal de Radio Cadena “Mi Gente” y YSUCA, hace cuatro meses.

A esos hechos se agrega otro reciente. Desde inicios de enero, el empresario William Chamagua –propietario de Radio “Cadena Mi Gente”– así como el personal de la emisora han recibido amenazas de muerte a causa de su labor informativa; éstas ya fueron denunciadas al más alto nivel en la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República, con el acompañamiento del IDHUCA y la APES. Las autoridades se comprometieron a investigar los hechos a la brevedad posible.

No obstante, a dieciséis años de la firma del Acuerdo de Chapultepec y el inicio de los esfuerzos por democratizar al país, es deplorable que la libre difusión de ideas, pensamientos e información sea empañada por amenazas serias con las que, según parece, se pretende callar voces críticas a la actual gestión gubernamental. Garantizar la vigencia de estos derechos, es una obligación que adquirió el Estado salvadoreño cuando ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos.

Este caso cuestiona el supuesto clima favorable para la inversión extranjera y el sistema de libertades que pregona el presidente Saca. Chamagua –socio mayoritario de Radio Cadena “Mi Gente”– es un emigrante salvadoreño comprometido con el desarrollo del país y la democratización de la palabra. Su situación de riesgo es muestra de lo lejos que se encuentra El Salvador de la tan difundida paz social, así como del irrestricto respeto de los derechos humanos.

En el marco de una campaña preelectoral adelantada, inconstitucional y tensa como la actual, el libre ejercicio periodístico es fundamental para monitorear las acciones de los políticos y dar espacio a la voz ciudadana. Atentar contra los medios de difusión mina la posibilidad de que la población se informe y participe racionalmente, pidiendo cordura a los partidos y escogiendo la mejor opción para ser representados.

Ante estos hechos, el IDHUCA y APES exigen:

- A la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República que se investigue, pronto y de forma eficaz, la denuncia presentada por la víctima para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades del caso

- A la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos que supervise y acompañe las indagaciones, garantizando el respeto a la vida y a la integridad –tanto física como moral– del propietario y de todo el personal que labora en la estación.

- Al presidente Saca que cumpla su deber de asegurar el libre ejercicio del periodismo sin obstáculos laborales y riesgos personales, realizando todos los esfuerzos necesarios para prevenir que ocurran más hechos intimidatorios o de otro tipo que entorpezcan esa labor.

San Salvador, 21 de enero del 2008.