Instituto de Derechos Humanos de la UCA

Emigración irregular y derechos humanos

2012-01-26T13:53:00.000-08:00

Este 25 de Enero, en San José Las Flores, Tonacatepeque se llevó a cabo un breve convivio para abordar el tema de la emigración irregular.

Personas de la comunidad brindaron sus testimonios

Se contó con la presencia de un consultorio migratorio itinerante para las personas que requieran de asesoría en esta materia.

Esta actividad se inserta en una serie de talleres que desarrollaremos en el marco de un proyecto destinado a la prevención de la migración irregular y derechos humanos. Nos acompaña el Museo de la Palabra e Imagen con una exposición fotográfica y hemos colocado a disposición de las comunidades un consultorio jurídico itinerante en materia migratoria.

Ambientalistas de Cabañas denuncian atentado contra sacerdote

2012-01-26T08:47:00.000-08:00

Este día miembros del Comité medioambiental de Cabañas, la Asociación AMigos de San Isidro, el CESTA e IDHUCA denunciaron las amenzas y agresión contra el sacerdote Neftaly Ruiz por parte de unos supuestos "estudiantes" universitarios quienes robaron material del trabajo que el sacerdote desempeña como Secretario del Comité medioambiental.

Este hecho se suma a una serie de eventos (asesinatos y amenazas) que vienen sufriendo miebros de este grupo que encabeza una lucha contra la explotación minera en la zona, hechos cuyas investiagaciones no avanzan. Por esa razón, solicitaron la pronta aprobación de la ley que está en discusión legislativa para prohibir dicha explotación y mayor voluntad para escalarecer los asesinatos, atentados y amanezas sufridas.

nota relacionada: http://www.contrapunto.com.sv/sociedadcivil/denuncian-acciones-contra-ambientalistas

El récord del Caso “Récord”

2011-12-16T14:15:00.000-08:00

Desde el 24 de octubre del corriente año se celebra la vista pública en el proceso judicial abierto por la contaminación ambiental en El Sitio del Niño, municipio de San Juan Opico, departamento de La Libertad, cuya responsabilidad recae en la sociedad Baterías de El Salvador, S. A. de C. V.. En este caso, el IDHUCA participa como querellante; es decir, en representación de las víctimas afectadas.

Hasta la fecha, luego de ocho semanas de audiencias, se han resuelto diversos incidentes alegados tanto por la Fiscalía General de la República como por la querella y la defensa de los imputados; se trata de alegatos de las partes para que dicha vista pública no se realice o sobre pruebas que no debían admitirse. En todo eso, la que salió mal parada fue la defensa debido a que los jueces declararon nula una prueba pericial que había ofrecido. En ese marco, la defensa de los imputados y de Baterías de El Salvador S. A. de C. V. apelaron para revertir el daño que sostienen se les ha causado en el proceso, lo cual está pendiente de ser resuelto por la Cámara de la Cuarta Sección del Centro con sede en Santa Tecla.

Posteriormente, han declarado doce peritos: diez estadounidenses, uno mexicano y otro salvadoreño. Sus opiniones técnicas han versado sobre análisis especializados realizados en el laboratorio estadounidense ANA-LAB de suelo, ceniza, escoria superficie, agua sangre y cristalografía.

El 13 de diciembre declaró el perito Fabián Ayala, del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), quien hizo un análisis de modelación de dispersión de contaminantes de Baterías de El Salvador S. A. de C. V. cuando funcionaba; consistió en obtener datos climatológicos de la zona sobre temperatura, dirección del viento y nubosidad para luego determinar la altura de las chimeneas de los hornos 3 y 4 de la fábrica, así como la de los edificios aledaños. Ello, para establecer los posibles puntos de impacto del plomo emitido por las chimeneas en la zona de El Sitio del Niño, mientras la fábrica estaba en actividad.

Sobre la declaratoria del abandono de la querella de la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado, es importante aclarar que esta institución ha apelado para que sea la Cámara de la Cuarta Sección del Centro, con sede en Santa Tecla, la que resuelva si continúa o no participando en el proceso. Sin embargo, la querella que ejerce el IDHUCA en representación de las víctimas integrantes del Movimiento Sin Plomo, no ha sufrido ninguna modificación; por tanto, se sigue siendo parte en el juicio luchando por los derechos de las comunidades representadas.

Se estima, que esta vista pública se prolongue más allá del primer trimestre del próximo año debido a la complejidad del caso. El IDHUCA, por su parte, prepara otras denuncias por el delito de lesiones en las víctimas de El Sitio del Niño siempre contra la misma empresa.

Semana de conmemoración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

2011-12-03T11:15:00.000-08:00

Invitación a presentación de libro

2011-12-01T09:25:00.000-08:00

charla sobre "Derechos Humanos en Centroamérica"

2011-12-01T09:16:00.000-08:00

Imágenes de "Los Frutos de la Vida"

2011-12-01T09:09:00.000-08:00

Encuentro de Defensorías de la niñez, adolescencia y juventud, 2011

2011-11-27T10:19:00.000-08:00

imágenes del encuentro, nos acompañan Defensorías de San Salvador, Izalco, Colón, Tonacatepeque y Tecoluca. Al rededor, de 100 niños, niñas y jóvenes trabajando por sus derechos!

invitación en el marco del día internacional de las personas con discapacidad

2011-11-27T07:43:00.001-08:00

invitación a Homenaje

2011-11-27T07:30:00.001-08:00

Juan Chacón, Doroteo Hernández, Enrique Álvarez Córdova, Enrique Escobar Barrera, Humberto Mendoza y Manuel Franco, integrantes de la Dirección Nacional del FDR, fueron secuestrados el 27 de noviembre de 1980 por hombres fuertemente armados vestidos de civil, quienes a plena luz del día ingresaron a las instalaciones del colegio Externado de San José en medio de un operativo realizado por miembros de la Policía de Hacienda. Sus cadáveres, cruelmente torturados, aparecieron el siguiente día en el Parque Centenario de la ciudad de San Salvador y Apulo, Ilopango.

Para recordar a estos seis líderes, verdaderos héroes de la lucha democrática popular, y denunciar tanto a sus asesinos como al Estado salvadoreño que –desde hace treinta y un años– sigue en deuda con las víctimas sobrevivientes en este y tantos casos más, la familia Franco y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (IDHUCA), invitan al pueblo salvadoreño a participar en el homenaje que realizarán a los dirigentes del FDR.

DÍA: Lunes 28 de noviembre del 2011

LUGAR: Cementerio de Los Ilustres, en el Cementerio General (entrada frente al portón 10 del Mercado Central)

HORA: 4 de la tarde

San Salvador, sábado 26 de noviembre de 2011

invitación a Conversatorio

2011-11-27T07:29:00.001-08:00

invitación a charla

2011-11-27T07:28:00.000-08:00

Opinión sobre el cambio de titular en Ministerio de Justicia y Seguridad

2011-11-24T07:51:00.001-08:00

Entrevista Benjamín Cuéllar by IDHUCA

Foro "Crisis de la Institucionalidad democrática en Centroamérica"

2011-11-21T18:40:00.000-08:00

Compartimos algunas imágenes y video de este Foro que desarrollamos en San Salvador, con el apoyo del Programa "Centroamérica Democrática, CAD" e ICCO.

Tribunal para la aplicación de la Justicia Restaurativa en El Salvador, 2010

2011-11-21T16:04:00.000-08:00

Invitación!

2011-11-07T20:50:00.000-08:00

Radio Revista 27 de octubre

2011-11-03T09:58:00.001-07:00

SEMBRANDO FUTURO 27-10-11 by IDHUCA

invitados:

Romel Sandoval (FUNDE) y Melissa Salgado (profesora de Economía de la UCA).

Programa de Seguridad y Prevención de Violencia IDHUCA

A LA CIDH EN BUSCA DE VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN

2011-11-01T18:11:00.000-07:00

El próximo 16 de noviembre se cumplen veintidós años de la ejecución de seis sacerdotes jesuitas, Julia Elba Ramos y su hija adolescente Celina. Y este año los órganos Ejecutivo y Judicial le garantizaron la falta de castigo a sus responsables, al no capturarlos cuando eran reclamados por la Audiencia Nacional de España. Todo ello, sobre la base de una Fiscalía General de la República (FGR) incapaz de hacer su trabajo para lograr dentro del país su enjuiciamiento. Por el perverso funcionamiento de esas y otras instituciones, no sólo los responsables de estos crímenes contra la humanidad siguen intocables; también los de todas las atrocidades ocurridas antes y durante el conflicto armado salvadoreño.

En bien de toda la sociedad y no de un grupo privilegiado, entonces, el momento es más que propicio para impulsar acciones que muevan a la sociedad de la indignación a la acción, frente a un Estado confabulado contra la justicia y atrofiado por la impunidad. No es bueno seguir tolerando que por proteger a violadores de derechos humanos, criminales de guerra y responsables de delitos contra la humanidad, las mayorías populares tengan que morir a diario o sobrevivir en el paraíso de la delincuencia. ¡Sí! Eso es El Salvador y por ello, hoy en día, es el país más violento del mundo aunque no lo quieran aceptar quienes le agachan la cabeza –en la administración pública– a los poderes reales de ayer y ahora.

Considerando lo anterior y con la plena conciencia de que no hay más bases para la paz que la verdad y la justicia, un grupo de víctimas ha juntado sus anhelos y esfuerzos para realizar acciones tendientes a generar conciencia –dentro y fuera del país– sobre la falta de democracia y respeto de los derechos humanos en El Salvador cuando las autoridades estatales, a todo nivel, se niegan a satisfacer sus legítimas demandas. Dichas acciones a realizarse el próximo miércoles 2 de noviembre en Washington, D. C., son las siguientes:

1. Denunciar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) los casos de Francisco Ventura Reyes, universitario desaparecido en 1980; Rolando González Morales y Carlos Santos Menjívar, jóvenes detenidos y torturados en 1981 y 1983, respectivamente; Roque Dalton García, poeta asesinado en 1975; Félix Antonio Ulloa, Rector de la Universidad de El Salvador, asesinado en 1980; y Mario Zamora Rivas, Procurador General de Pobres, asesinado en 1980. A excepción de Dalton, quien fue ejecutado por el Ejercito Revolucionario del Pueblo (ERP), el resto de la responsabilidad se atribuye a fuerzas gubernamentales; sin embargo, todas las denuncias son contra el Estado salvadoreño por negarles verdad, justicia y reparación a las víctimas.

2. Conversar con congresistas estadounidenses preocupados por la situación salvadoreña.

3. Conversar con organizaciones de derechos humanos e instituciones interesadas en el combate de la impunidad como Washington Office on Latin America (WOLA), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Fundación para el Debido Proceso Legal (FDPL).

4. Conferencia de prensa para dar a conocer los casos presentados en la CIDH y el resultado de las gestiones realizadas como parte del presente esfuerzo.

San Salvador, martes 1 de noviembre del 2011.

imágenes de Foro "retos del Sindicalismo en ES"

2011-10-28T16:19:00.000-07:00

Panelistas: Roberto Zaldaña de Feasies , José Pinzón (Guatemala) Secretario General consejo Unidad Sindical de America Central y El Caribe; Aracely Martínez, Sindicato General de Costureras, Bernabé Recinos del Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador, Tito Ramírez de Bases Magisteriales.

El Salvador sigue incumpliendo recomendaciones de la Comisión Interamericana en los casos de Monseñor Romero y la masacre en la UCA

2011-10-27T14:52:00.000-07:00

Conclusiones de reunión de trabajo entre el Estado y representantes de las víctimas

Washington D. C., 27 de octubre del 2011.

El Estado salvadoreño sigue sin investigar el asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, ocurrido en 1980, ni las ejecuciones de seis sacerdotes jesuitas junto a Julia Elba Ramos y Celina, su hija adolescente, perpetradas en 1989. Estas deudas oficiales fueron reconocidas por autoridades estatales el día de ayer, durante una reunión de trabajo convocada oficiosamente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para examinar el cumplimiento de sus recomendaciones en estos casos y en el de la masacre de Las Hojas, ocurrida en 1983. Además, el Estado aceptó que tampoco ha adecuado su legislación para dejar sin efecto la Ley de Amnistía vigente en el país desde 1993.

El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) participaron en la reunión como representantes de las víctimas. Ambas organizaciones expresaron su frustración por la falta de avances en la justicia salvadoreña.

En el caso de los sacerdotes jesuitas, su colaboradora y la hija de ésta, las organizaciones señalaron que el Estado incluso ha obstaculizado los esfuerzos de la justicia universal impulsados por la Audiencia Nacional de España, que se encuentra conociendo el caso a raíz de una denuncia presentada el 13 de noviembre del 2008 por el Center for Justice and Accountability (CJA), con sede en San Francisco, Estados Unidos de América, y la Asociación Pro Derechos Humanos de España. En agosto pasado, la Policía Nacional Civil de El Salvador no detuvo a nueve militares acusados por esos hechos contra quienes la Interpol había emitido una orden internacional de captura, a propósito del llamamiento a juicio dictado por el juez de la causa; lo mismo ocurrió en septiembre con otros cinco militares imputados.

En el caso de Monseñor Romero, señalaron que permanece cerrado desde 1993 y el Estado no ha adoptado ninguna medida para cambiar esta situación. Además, indicaron que desde noviembre del 2009 el Estado se comprometió a adoptar medidas simbólicas de reparación, sin que a la fecha se hayan dado avances sustanciales en este sentido.

Las organizaciones denunciaron la inacción estatal para derogar la Ley de Amnistía y señalaron que en junio anterior, se aprobó un decreto legislativo –sancionado el mismo día por el Presidente de la República− que obligaba a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a decidir las demandas de inconstitucionalidad por unanimidad. Este decreto se impulsó, en buena medida, debido al temor de algunos grupos de poder de que dicha Sala se pronunciara sobre la inconstitucionalidad de la amnistía, aun sin existir demanda alguna en tal sentido. El mismo fue derogado posteriormente como consecuencia de la presión nacional e internacional ejercida.

Las organizaciones manifestaron que el incumplimiento absoluto de las recomendaciones de la CIDH, vacía de significado los actos oficiales de reconocimiento de responsabilidad por las violaciones cometidas por el Estado y las medidas simbólicas de reparación. La representación de las víctimas afirmó que es imposible reparar el daño causado sin la obtención de justicia.

Finalmente, CEJIL e IDHUCA solicitaron a la Comisión Interamericana que se involucre de manera más cercana en el seguimiento de sus recomendaciones pues, de lo contrario, la impunidad seguirá perpetuándose. Ambas organizaciones confían en que la CIDH acceda a su solicitud y que el Estado adopte medidas efectivas y concretas para cumplir sus obligaciones internacionales en derechos humanos.

Particularmente, el IDHUCA demandó que el Estado acompañe la iniciativa de los tribunales internacionales para la aplicación de la justicia restaurativa que promueve desde el 2009, derogue la Ley de Amnistía y apruebe la Ley de verdad, justicia, reparación y dignificación para las víctimas y la sociedad salvadoreña.

Los hechos

El 24 de marzo de 1980, Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez fue asesinado con el disparo de un francotirador integrante de un escuadrón de la muerte, formado por agentes estatales. La muerte de Monseñor Romero fue uno de los hechos más graves previo al conflicto armado interno en El Salvador, que se extendió hasta 1991 y dejó más de setenta y cinco mil personas ejecutadas de la población civil y otras violaciones masivas de derechos humanos.

El caso de la masacre en la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” se refiere a los asesinatos de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras, perpetrados por militares salvadoreños en dicha institución académica ubicado en la ciudad de San Salvador. Los hechos ocurrieron el 16 de noviembre de 1989 en el contexto de la mayor ofensiva armada en la época lanzada por la entonces guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), hoy partido en el Gobierno.

La decisión de la Comisión en este último caso fue emitida el 22 de diciembre de 1999; la del caso Romero el 13 de diciembre de 2000.

Para más información sobre el caso Jesuitas ver acá

Para más información sobre el caso Romero ver http://www.cidh.oas.org/annualrep/99span/De%20Fondo/ElSalvador11481.htm

Ver también, CEJIL insta al Estado salvadoreño a dejar sin efecto el Decreto 743 y a evitar acciones que amenacen la independencia judicial

http://cejil.org/comunicados/cejil-insta-al-estado-salvadoreno-a-dejar-sin-efecto-el-decreto-743-y-a-evitar-acciones-

Invitación a Misa

2011-10-24T15:56:00.000-07:00

Conversemos sobre Sindicalismo!

2011-10-24T10:55:00.000-07:00

Invitación

2011-10-17T13:54:00.001-07:00

Radio Revista: Sembrando Futuro

2011-10-14T13:24:00.000-07:00

Este jueves 13 de octubre, en la Radio Revista "Sembrando Futuro" (YSUCA, 91.7 f.m.), se abordó el tema "Situación de trabajadores y trabajadoras en el sector público" en el que se discutieron los beneficios de negociar y firmar contratos colectivos cuando el "patrón" es el Estado. Nos acompañaron integrantes del Sindicato de trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Hacienda, quienes nos compartieron su valiosa experiencia.

El Programa estuvo a cargo del Centro de Derechos Laborales del IDHUCA.

POR EL RESCATE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

2011-09-19T12:41:00.000-07:00

Hoy, 19 de septiembre, Romeo Barahona cumple dos años como Fiscal General de la República; antes fue adjunto durante alrededor de ocho años. La ocasión es propicia para que la sociedad inicie un debate serio e impulse las acciones pertinentes para lograr que esta institución contribuya a hacer realidad las tres aspiraciones del Acuerdo de Ginebra,[1] que tienen en su centro los derechos humanos y siguen siendo las grandes deudas del proceso de pacificación: su respeto irrestricto, democratizar el país y (re)unificar la sociedad.

Esta institución es pieza clave para transitar hacia ese ideal de Nación. Lo es desde la perspectiva global del derecho a la justicia, sobre todo; pero también de otros que dependen de éste y, por tanto, de la superación de la impunidad: vida, seguridad, integridad física y desarrollo económico y social colectivo e individual, por citar algunos de los más evidentes. Y también lo es desde los derechos de las víctimas y de quienes se presuma son responsables de haber cometido un delito.

Sin embargo, sobre todo de 1999 en adelante, quienes han ocupado el cargo no aprueban una evaluación seria por la lenta y deficiente investigación de los delitos, el abuso del criterio de oportunidad y el escaso o nulo uso de la prueba científica. Su ineficacia se revela de forma dramática con los altos índices de homicidios, que colocan al país entre los más violentos en el mundo. A ello se agrega lo que revela el reciente Informe global de competitividad 2011- 2012, publicado por la Universidad de Columbia: El Salvador ocupa el sitio 142 en lo relativo al desarrollo del crimen organizado entre 142 países. Eso ocurre al analizar el desempeño de sus instituciones que deben investigar los delitos y castigar sus responsables.

Pero además, la FGR le garantiza la impunidad a los autores centrales de graves violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra y delitos contra la humanidad ocurridos antes de la guerra y durante la misma. Belisario Artiga, es ejemplo de lo anterior porque sentó el precedente de esa práctica fortalecedora de la impunidad con su actuación en el caso de la masacre en la UCA.

En septiembre del 2009, entre fuertes críticas, asumió el cargo Romeo Barahona. El FMLN, en el 2006, rechazó su nombramiento; tres años después cambió de parecer. Barahona no investigó de oficio y en tiempo denuncias sobre corrupción hechas al inicio de su mandato. ¿Por qué, entonces, va a perseguir a los responsables de aquellas atrocidades? Siguió, pues, la práctica de sus antecesores. Eso está claro con los datos iniciales de una investigación: de veintiséis casos de violaciones graves de derechos humanos ocurridas antes de la guerra y durante sus primeros años, ninguno avanza. Hay denuncias en las cuales ni siquiera se ha nombrado fiscal; en un caso, se extravió la denuncia y las víctimas tuvieron que entregar una copia para reponerlo.

Por todo lo anterior –conscientes de que la paz inicia cuando termina la impunidad– convocamos a la sociedad salvadoreña para que reclame se combata la impunidad de forma eficaz, decida e inteligente, mediante el fortalecimiento de la FGR. Eso pasa por:

1. Organizar una campaña nacional e impulsar actividades de impacto para exigir a la Asamblea Legislativa se nombre –por encima de intereses particulares perversos– a la persona idónea que conduzca con un liderazgo valiente y una gestión transparente, eficaz y esperanzadora, ese esfuerzo necesario y urgente para superar la intolerable violencia que castiga a las mayorías populares salvadoreñas, dos décadas después del fin de la guerra.

2. Proponer un mecanismo de elección del o la Fiscal General de la República con participación real de la población, organizada o no, para asegurar una adecuada conducción de la FGR.

3. Impulsar un proceso de fortalecimiento de la FGR.

San Salvador, lunes 19 de septiembre del 2011

[1] Firmado el 4 de abril de 1990, por el Gobierno salvadoreño y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) .

http://www.diariocolatino.com/es/20110919/nacionales/96736/Fiscal-General-criticado-por-altos-niveles-de-impunidad.htm

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/56054/2011/09/19/IDHUCA-critica-politica-de-seguridad-y-gestion-fiscal

algunas notas:

Foro sobre ratificación CPI (IDHUCA y PGA)

2011-09-06T14:16:00.001-07:00

Ese día celebramos junto con Parlamentarians for Global Action el foro Paz, Democracia, Estado de Derecho y la Corte Penal Internacional, que tuvo como fin sentar bases teóricas e indagar sobre las voluntades políticas para una eventual firma y ratificación del Estatuto de Roma por parte del Estado de El Salvador.Al foro se hicieron presentes estudiantes de derecho, activistas de derechos humanos, investigadores y medios de comunicación.
La mesa de honor estuvo presidida por el Padre Andreu Oliva Sj., Rector de la Universidad y el Diputado Sigfrido Reyes, Presidente de la Asamblea Legislativa.

Se desarrollaron dos interesantes espacios de debate con panelistas de lujo, a saber, senadores de Bélgica, Chile, República Dominicana y El Salvador.

Aniversario del IDHUCA!

2011-09-04T08:19:00.000-07:00

Aniversario del IDHUCA

2011-08-22T16:00:00.001-07:00

Una pareja ejemplar

2011-07-12T13:14:00.000-07:00

Hace un mes, el pasado viernes 10 de junio exactamente, se cumplieron diecisiete años del asesinato de un joven salvadoreño alegre y prometedor. Fue en esa fecha de 1994, frente a un buen número de testigos, cuando a plena luz del día cayó mortalmente abatido a balazos Ramón Mauricio García Prieto Giralt. Para entonces las opiniones dentro y fuera del país, en su mayoría, le auguraban un feliz destino a El Salvador después de que los “guerreros” acordaron alzar sus armas. Era una época de esperanza; era la oportunidad para el cambio de verdad. Y eran raras y muy mal vistas las voces críticas que, en ese escenario, ya observaban y denunciaban nubarrones en el horizonte de un proceso que −sin más análisis que el de las partes interesadas y las Naciones Unidas− nos lo quisieron vender como la tan ansiada “pacificación” nacional. Y mucha gente se lo compró como tal.

Entre las expresiones que “desentonaban” en medio de esa “marcha triunfal” oficiosa y oficial, se encontraban las de Gloria y Mauricio. ¿Quiénes eran este par de “pesimistas” entre tanta “dicha y felicidad”? Pues, precisamente, la madre y el padre de ese joven ingeniero cuya ejecución se dio cuando −poco más de un año atrás− la Comisión de la Verdad había presentado su informe y cuando se acababa de conocer el del Grupo conjunto para la investigación de grupos armados ilegales con motivación política; largo y eufemística denominación con la que, los “palabreros” diplomáticos de entonces, se refirieron a lo que no era otra cosa más que los fatídicos y aún impunes “escuadrones de la muerte”.

Esas organizaciones criminales, estructuras bien formadas para el mal que tantas víctimas produjeron antes y durante la guerra, siguieron asesinando después de su fin. Víctimas más conocidas de su accionar durante el inicio de la posguerra, aunque no las únicas, son Francisco Velis y José Mario López; ambos dirigentes del ahora partido en el gobierno, el primero asesinado el 25 de octubre de 1993 y el segundo el 9 de diciembre del mismo año. A excepción de Nidia Díaz, no conozco alguien más que haya hecho algo por reivindicarlos dentro de la exguerrilla, nadie los conmemora. Nidia y la familia Velis, con el apoyo del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas (IDHUCA), empujaron una enfermiza justicia guanaca −cuando se creía que iba a mejorar su salud por los acuerdos de paz− y a fuerza de tenacidad lograron la condena de un curtido policía partícipe fundamental en ese crimen: Carlos Romero Alfaro, alias “Zaldaña”.

Esas ejecuciones ocurrieron en el marco de una campaña electoral en la que por primera vez participaba el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), el desarmado, y se redujeron cuando las encuestas de entonces anunciaron el gane del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). Era obvio el origen de esas muertes, el cual se comprobó con la condena judicial de “Zaldaña” pese a todos los obstáculos.

Pero ya con Armando Calderón Sol en la titularidad del Órgano Ejecutivo y en víspera de nombrar paradójicamente a un militar como el comisionado presidencial para cumplir los acuerdos de paz en materia de seguridad pública −el general Mauricio Ernesto Vargas− ocurrió la inesperada y brutal muerte de Ramón Mauricio. Ese terrible hecho hizo de Gloria y Mauricio el símbolo viviente de una lucha desafiante y valiente, solitaria y ejemplar en la posguerra salvadoreña. Desafiante porque cuestionaba los “cantos de sirena” gubernamentales y de la antigua guerrilla hecha partido de oposición, dentro del sistema al cual se oponían; desafiante, además y sobre todo, porque sin miedo a nada ni a nadie dejaron claras sus sospechas de la autoría intelectual de su tragedia. Valiente por eso, pues estaban tocando lo intocable en una época cuando el principal señalado era aún un “poderoso” firmante de los acuerdo de esa su “paz”.

Pero también solitaria porque solos, ambos, lograron llegar hasta donde poca gente logra llegar en estas tierras. Quizás sea injusto absolutizar. Ciertamente ha habido alguna solidaridad con su causa; pero ha sido poca, muy poca. El esfuerzo de Gloria y Mauricio García Prieto no fue bandera de lucha de ningún partido electorero; ni siquiera del supuestamente más “radical” como pretende presentarse uno, pese a que su discurso es cada vez menos creíble. A pesar de los pesares −obstáculos y amenazas, calumnias y todo lo demás− Gloria y Mauricio llegaron casi en la más absoluta orfandad hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos y lograron, sin ser un caso de la guerra, sentar en el “banquillo de los acusados” al Estado salvadoreño. Sin otra compañía más que la verdad, esta pareja intachable logró condenar a un sistema de justicia que se negó una y otra vez a impartirla por proteger a un oscuro criminal.

“El Estado −estableció esa respetable Corte− violó los derechos a las garantías judiciales, a la protección judicial y a la integridad personal consagrados en […] la Convención Americana sobre Derechos Humanos […] en perjuicio del señor José Mauricio García Prieto Hirlemann y la señora Gloria Giralt de García Prieto”.Además, ese mismo Estado “violó los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial consagradas en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humano, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento y el derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5.1 de la Convención Americana, por el incumplimiento del deber de investigar las amenazas y hostigamientos sufridos por el señor José Mauricio García Prieto Hirlemann y la señora Gloria Giralt de García Prieto”.

Su lucha, Gloria y Mauricio, también ha sido y sigue siendo ejemplar. ¿Por qué? Pues porque desde su dolor y su decencia, su cólera y su legítima terquedad, inspiraron y siguen inspirando a tanta gente más en su lícita y necesaria rebeldía frente a la impunidad. Lo lograron con la mamá de Adriano Vilanova y la de Katya Miranda; también con el papá de William Gaitán y la familia del cadete Erick Mauricio Peña Carmona. Y con tanta gente más que ya perdió el miedo y está dispuesta a pelear con todo lo lógico y −sobre todo− lo genuino de una causa que para avanzar no depende de ningún “analista” ni de gobernante alguno; que para ganar, no requiere de “falsos profetas” ni defensores de derechos humanos de puro discurso.

Gloria, Mauricio…. ¿No se han dado cuenta de algo? ¿No saben que Ustedes dos, par de gente buena y tan necesaria, le han hecho un gran bien a este país? El “caso García Prieto” le comenzó a quitar la careta a la bestia que se quiso disfrazar de un Estado respetuoso de los derechos humanos. Con su íntegro e incansable batallar, comenzaron a derrotar la impunidad que quisieron consolidar los criminales y sus cómplices de antes y de ahora mediante la auto y negociada amnistía del 20 de marzo de 1993, que siguen defendiendo a capa y espada este “gobierno” y esta “oposición”. Cualquier persona, medianamente informada sobre lo que ocurre en el país los conoce; conoce su lucha y al monstruo que enfrentan desde hace tantos años. Su decidida y permanente denuncia trascendió y trasciende las administraciones de Calderón Sol, Flores, Saca y Funes.

Y no sólo son ejemplo de amor por la justicia en El Salvador; también lo son más allá de sus fronteras. Los quiere y admira mucha gente que estuvo y está en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, el conocido CEJIL que se encuentra en plena celebración de sus dos décadas de existencia y que los ha acompañado desde 1996; también muchas personas que fueron y son parte del sistema interamericano de protección de derechos humanos. Este sistema aún exige y espera ver un cambio real en nuestro país.

Y es que más allá de la retórica y las invocaciones a monseñor Romero como su “guía espiritual”, el actual Gobierno no ha cumplido hasta ahora la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dictó condenando al Estado salvadoreño, por el asesinato de Ramón Mauricio García Prieto. No lo ha hecho, igual que Antonio Saca desde noviembre del 2007 hasta que terminó su mandato al final de mayo del 2009. Bueno, en realidad ni el anterior ni este Gobierno cumplieron nada de fondo en este ni en otros casos ventilados en el sistema interamericano.

Quienes acusaron a Saca de incurrir en desacato al no obedecer las recomendaciones de la Comisión Interamericana en el caso de nuestro arzobispo mártir, hoy están en el otro lado y no hacen algo que los distinga en lo esencial de los de antes. Ya van más de dos años de pura labia; han tenido siete meses más que Saca para cumplir y nada. Y su verborrea se las desmonta fácil, en un dos por tres, la dignidad de Gloria y Mauricio García Prieto desde su indeclinable valor y compromiso con la verdad y la justicia. Ya quisieran un poquito de eso quienes fueron firmantes de una paz que, digan lo que digan, nunca llega a este sufrido país.

Benjamín Cuéllar

Inauguran Diplomado

2011-06-20T10:20:00.000-07:00

En horas de la mañana, el pasado viernes 17 de junio se inauguró el VI Diplomado de Derechos Humanos e Investigación Criminal, organizado por el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA) en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), el Instituto de Medicina Legal “Dr. Roberto Masferrer” (IML), la Policía Nacional Civil (PNC) y la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP).

Presidieron el acto José Miguel Fortín Magaña, director del IML; Carlane de Parada, subdirectora de la Escuela de Capacitación Fiscal; Luisa Carolina Arévalo, jefa de la División de Estudios de la ANSP; César Baldemar Flores, en representación del director general de la PNC; y Benjamín Cuéllar Martínez, director del IDHUCA.

Estas personas recibieron en el evento, las respectivas copias del convenio de cooperación entre las cinco instituciones, que entre sus propósitos se plantea realizar esfuerzos conjuntos para fortalecer la coordinación del trabajo en lo relativo a la investigación del delito; también actualizar y profundizar los conocimientos de las y los participantes en dicha materia, con enfoque de derechos humanos.

Esta actividad académica que arrancó su sexta edición con la participación de 47 personas, 31 hombres y 16 mujeres, finalizará el 11 de noviembre del presente año. Quienes participan en la misma realizarán, junto a las clases teóricas que se impartirán, actividades prácticas como la presentación de casos e intercambiarán experiencias desde cada institución. Además, el conocimiento personal y la confianza que se generan entre las alumnas y los alumnos facilitarán a futuro –como ha ocurrido en los eventos anteriores– el trabajo de campo y eso redundará en beneficio de la población que es víctima de la inseguridad producto del accionar criminal.

Pánico a la justicia, defensa de la dignidad

2011-06-20T09:15:00.000-07:00

En este país, a diferencia de otros que sí son normales, el solo asomo de una posible justicia para las víctimas excluidas a todo nivel lo pone de cabeza. Trastoca el poco orden establecido, derriba mitos, desenmascara liderazgos con pies de barro, señala profetas impostores, saca a flote intereses mezquinos, desnuda personalidades alteradas, rompe relaciones… En fin, pone a temblar a quienes tienen deudas con la misma o están en la posibilidad cierta de tenerlas −hoy o después− por su actual posición en cualquier nicho de poder y por los abusos que puedan cometer o están cometiendo desde ahí. Si permitimos que eso siga así, estamos muy mal. Si no nos plantamos como pueblo soberano y digno, como ciudadanía activa o como poder real −que cada quien le diga como quiera− ya sabemos cuál es el destino porque, sin duda, conocemos muy bien este camino.

“Los manejos menos visibles son más difíciles de probar, aunque son evidentes. En esta campaña se utilizó la mentira, la calumnia, la amenaza, todo medio disponible, contra las autoridades del país, contra los responsables más directos de la nueva orientación y, en general, contra todos aquellos que podían suponer un apoyo al cambio social”. ¿Les suena? Pues eso es parte de lo que escribió Ignacio Ellacuría hace más de treinta y cinco años, en aquél célebre “¡A sus órdenes mi capital!”. Sin duda, ese texto perfectamente puede ser considerado para analizar los acontecimientos que hoy en día se están produciendo en el país.

¿Ha habido confabulaciones secretas o, dicho coloquialmente, “movidas turbias” en la gestación y el manejo de una crisis provocada por quienes tiemblan al asomar una justicia constitucional independiente, imparcial y sana para la democracia? ¡Claro que sí! Porque tiemblan y reaccionan criminales de guerra, responsables de violaciones de derechos humanos y delitos contra la humanidad −de uno u otro bando− junto a sus cómplices, patrocinadores y encubridores. Mauricio Funes en campaña hizo suyo el heredado cliché de “no abrir heridas” y ha cumplido, reiterando cada vez que puede ese compromiso; casualmente (¿?) lo hizo un día antes de sancionar el espurio intento legislativo por “cercar” a la Sala de lo Constitucional, al final de su discurso por los dos años de estar sentado en la silla presidencial. No puede ni debe, entonces, darse “baños de pureza” insinuando la posible tranza entre Alfredo Cristiani y dicha Sala para garantizarle más impunidad a éste y a otros.

Pero además tiemblan los poderes ocultos o no tan disimulados, cuyos grandes capitales podrían afectarse si se da marcha atrás a la “dolarización” y si se revisan o revierten los tratados de libre comercio con potencias del norte o del sur del continente. Tiemblan también quienes pactaron llegar al gobierno y están en el mismo, ofreciendo “no tocar” todo eso y otros asuntos que han sido y siguen siendo “intocables”.

Los “manejos” que Ellacuría denunció en su momento continúan vigentes como prácticas entre las élites. De nuevo y como siempre se ha mentido sobre temas cruciales para las víctimas y calumniado a una verdadera autoridad, como esa que hoy emana de la Sala de lo Constitucional. Con su desempeño, cuatro de sus integrantes son responsables directos de una nueva y ansiada orientación de la justicia. Una justicia por la que entregó su vida el guía espiritual de este pueblo sufriente y no de gobiernos complacientes como el actual. Una justicia por la que, junto a Romero, también asesinaron a las y los mártires de la UCA. Una justicia por la que, sobre todo, ejecutaron y desaparecieron tantas personas humildes y anónimas cuyas familias siguen clamando precisamente eso: justicia.

A estos magistrados que −siempre en palabras de Ellacuría− “podían suponer un apoyo al cambio social”, los quieren amarrar. Y si los atan a ellos, le estarán lanzando un muy mal mensaje a las y a los jueces “de a pie”. Sólo el pueblo salvadoreño, construyendo y ejerciendo su poder, es capaz de evitarlo. Hoy en día hay indignación contra quienes le tienen miedo a la justicia, dentro y fuera del territorio nacional; la hay, mucha y con sobradas razones. Pero la indignación −que no es mala− puede resultar inútil si no se transforma en pasión por la justicia y en acción creativa, decidida e intransigente hasta alcanzarla.

Entonces, ¿qué hacer? ¿Imitar o innovar como antes? ¿Imitar a la gente española indignada o la de otros pueblos que en sus condiciones han hecho gala de ingenio y creatividad? Sí y no. Sí en el fondo; no en la forma. Me explico. En España ocupan masivamente la Plaza del Sol y otras principales en un día, manteniendo la protesta hasta donde quieren y deben. Acá no llenamos ni siquiera la Plaza Italia, que es un pequeño arriate ubicado casi frente al sitio donde −hace unos días− Funes militarizó la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. ¿Es mayor la indignación allá? Quizás no.

En nuestro país hay inseguridad, iniquidad e impunidad hasta para regalar. ¿O no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Será que acá no le interesa a la población cambiar una realidad tan negativa como la que le han impuesto irresponsables gobiernos y capitales egoístas? Yo veo tres frenos que le impiden a la necesaria protagonista –la juventud salvadoreña− construir poder y ser la fuerza que se preocupe y trabaje, se manifieste y proteste, se lance en pos del verdadero cambio que es muy distinto al que le prometieron en noviembre del 2007. Se trata del real, el cierto, el que nace desde abajo y desde adentro de las necesidades y el dolor de las mayorías populares; no del que cada vernáculo político oportunista y su séquito ofrecen una y otra vez, en su afán por crearse un raquítico pero lucrativo “reinado”.

Insisto: me parece que tres son los frenos que dificultan el que −por ahora− se dé en el nuestro lo que en otros países ha ocurrido y está ocurriendo. El primero: la impunidad para los violadores de derechos humanos que, desde el aparato estatal, hicieron lo que quisieron en 1932 y de 1972 en adelante sin que hayan tenido que pagar por sus inmensas culpas. Eso pesa mucho en el imaginario colectivo. El segundo: la condición económica y social de la mayor parte de nuestra juventud que si consigue dinero para ir al “ciber”, seguro que dedicará tan “preciado” momento a otras cosas. Es poco probable que se dedique a discutir sobre el desencanto con la “esperanza” que ofreció este señor o a promover la organización popular en torno a la actual e inmensa indignación nacional. Ello, en un país donde –según me cuentan− sólo el 3% de su población ingresa a Internet y donde esa precaria proporción tiene que ver más con el sector empresarial. Por último, está el freno político: el de los partidos –léase FMLN y ARENA, sobre todo− y de una sociedad “oegenizada” pero no organizada, que para mí constituye una “tercerización” de las legítimas demandas de verdad y justicia de las mayorías populares en sus diversos ámbitos.

Es hora, pues, de superar esquemas tradicionales de lucha en defensa de la dignidad humana y de unas instituciones cuyo precio en sangre y dolor es altísimo. Si dejamos morir solos a estos cuatro magistrados dignos –no por ellos, que valen la pena, sino por el país− la dignidad de la sociedad salvadoreña seguirá siendo atropellada por los poderes ilegales, inmorales y criminales.

Y de nuevo, citando a Ellacuría, “sigue siendo hora de trabajar por un robustecimiento de la conciencia colectiva; sigue siendo hora de promover la organización popular y campesina; sigue siendo hora de fortalecer la estructura del Estado […]; sigue siendo hora de recordarle al Gobierno que no tiene −hoy menos que nunca− el más mínimo derecho a reprimir a quienes están exigiendo lo que él mismo les ha dicho que es absolutamente debido e irrenunciable. Sigue siendo hora de hacer todo lo posible para que no vuelva a repetirse este escandaloso, vergonzoso, injusto: ‘¡A sus órdenes, mi capital!’". Finalizada la cita, cabe decir que el capital es capital y ordena, sin importar de quién sea. ¡Ay de aquellos que le obedecen!

TRIBUNAL DECLARA NULIDAD EN CASO RECORD

2011-06-10T14:19:00.000-07:00

El 30 de mayo del presente año, el Tribunal de Sentencia de Santa Tecla inició la vista pública en el proceso penal contra los imputados Hugo Reynaldo Trujillo Díaz, Arturo Marenco Carballo y José Edgardo Brito Menéndez; también contra la Empresa Baterías de El Salvador, S.A. de C.V., como responsable civil subsidiario. El delito que motivó esa acción: contaminación ambiental en perjuicio de la naturaleza, el medio ambiente y –en consecuencia– de las personas que habitan en varias colonias del cantón Sitio del Niño, municipio de San Juan Opico, departamento de La Libertad.

El 2 de junio, dicho Tribunal declaró la nulidad total en algunos aspectos y parcial en otros. Lo hizo, en respuesta a la solicitud de la defensa de los imputados porque --según esa autoridad judicial− no se había cumplido con lo regulado en el artículo 263-A del Código Penal el cual exige, para iniciar la acción penal correspondiente, el agotamiento del proceso administrativo en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) regulado en la Ley de Medio Ambiente, aplicando en tal sentido una ley derogada por considerar que es más favorable a estas personas y a la empresa.

Por lo anterior, el IDHUCA y el MOVIMIENTO SIN PLOMO (MSP) consideran que tal resolución carece de fundamento lógico y jurídico, ya que ese Tribunal colegiado resolvió aplicar un precepto legal que se encontraba derogado. Además, el proceso administrativo se siguió contra la Empresa y los procesados eran empleados de alto rango en la misma.

La resolución trae como consecuencia jurídica la invalidez de todos los actos realizados desde la presentación del requerimiento fiscal; además, suspende el proceso hasta que se realice –según el Tribunal– el procedimiento administrativo por el MARN. Ayer el IDHUCA y el MSP apelaron contra dicha resolución, para que la Cámara competente revoque la nulidad declarada.

Las víctimas directas e indirectas en este caso se encuentran llenas de indignación y seguirán desarrollando una acción legítima, hasta recibir la justicia que se merecen: su lucha valiente va a impedir que las instituciones obligadas a impartirla, se la sigan negando.

San Salvador, viernes 9 de junio del 2011.

A la cabeza de la bestia

2011-05-23T13:32:00.000-07:00

El pasado lunes 16 de mayo, el periódico digital "El Faro" publicó un amplio reportaje sobre el llamado "Cartel de Texis". El mismo trata sobre una estructura del crimen organizado bien montada en la zona noroeste del país, que comprende varios municipios de los departamentos de Chalatenango y Santa Ana. La crónica contiene abundante información con nombres y apellidos de los integrantes de una mafia, que incluye funcionarios policiales y judiciales además de "empresarios" –entre comillas– y miembros de maras. De este trabajo periodístico se desprenden elementales interrogantes que, sin duda, no serán respondidas a menos que la sociedad salvadoreña lo exija como es debido.

La primera: ¿Desde cuándo? No desde cuándo se investiga esta red, pues eso aparece en la información de “El Faro”. Mas bien, ¿desde cuándo existen estructuras como la que ahora salta a la luz pública? La respuesta es sencilla: desde que las instituciones estatales fueron convertidas en un aparato organizado criminal para violar derechos humanos. Y desde que ese uso delincuencial de las instituciones fue cubierto por el manto de la impunidad, también institucional, en aras de favorecer grupos privilegiados de poder económico mediante la preservación de una situación social contraria al bien común. ¿Será suficiente, entonces, remontarse hasta 1932?

Con las riendas del país en las manos y en función de una retorcida doctrina de “seguridad nacional”, que planteaba el exterminio de cualquier oposición individual o colectiva, el saqueo de las arcas nacionales era lo lógico. Quien pidiera cuentas corría el riesgo cierto de ser víctima desaparecida o ejecutada; en el “mejor de los casos”, de ser torturada para aparecer luego dando fe pública de la “honradez” del régimen Por violadores de derechos humanos y corruptos, fueron condenados Alberto Fujimori y Augusto Pinochet. El primero está en la cárcel; el segundo murió antes, pero fue enterrado en el basurero de la historia hasta por sus defensores cuando descubrieron que –además de asesino– era un ladrón de altos vuelos. Y para que no digan, también está el dictador rumano Nicolás Ceauşescu; tras un juicio sumarísimo fue fusilado con su esposa, el 25 de diciembre de 1989.

A esos dos rostros del crimen organizado súmenle el del tráfico de drogas, personas, órganos humanos, vehículos, armas, basura y demás. Surge entonces la otra cuestión: ¿adónde están los “capos” salvadoreños? Si no se ha escudriñado en ninguna de las tres facetas de esa alta y muy bien estructurada delincuencia, han permanecido y se encuentran en la más absoluta tranquilidad que les brinda una impunidad bendecida o aceptada por todos los poderes de antes y de ahora, reales y formales. He ahí una de las causas profundas de los males nacionales.

En esto hemos insistido, tanto quien escribe estas líneas como mucha gente con quien ha platicado al respecto, sin que se nos escuche. No creo que andemos tan perdidos si, por citar algo, en Guatemala y México los “zetas” fueron “kaibiles” o pertenecieron a otro tipo de tropas élites gubernamentales e insurgentes. ¿Dónde andarán las tropas especiales y ordinarias de los bandos que se enfrentaron en la reciente guerra salvadoreña, quizás la más “peleada” de todas las ocurridas en lo interno de los países de la región? ¿Estudiando filosofía o dedicadas al cultivo del arte? ¿Meditando sobre los valores de la vida y del “más allá”? ¡Por favor! Si son personas excluidas social y políticamente pero “mano de obra” barata, experta y abundante en materia de violencia, lo lógico es que anden en eso. ¿O no?

¿Y las instituciones del Estado encargadas de investigar y sancionar a quienes siguen nadando en esas aguas?, es otra pregunta. ¿Tienen los recursos, la capacidad, la voluntad y –sobre todo– el valor de hacerlo? En el marco del entramado estatal salvadoreño, todos los caminos conducen a la Fiscalía General de la República para generar más incógnitas. ¿Por qué su titular, Romeo Barahona, no ha instalado aún la infraestructura necesaria para iniciar las escuchas telefónicas? ¿Por qué se opone a la creación de una comisión internacional para combatir la impunidad? ¿Por qué, en lugar de negarse a ello, no propone algo mejor? ¿Por qué no se gana, con un trabajo eficaz, la confianza para que sea él quien dirija dicha entidad?

Sobre el “Cartel de Texis”, un periodista de “El Faro” le comentó que el Ministro de Justicia y Seguridad Pública –Manuel Melgar– responsabilizó a la Fiscalía de retardar las investigaciones desde el 2000. ¿Por qué le respondió Barahona que sólo puede dar explicaciones desde que asumió el cargo, si durante un largo período –en el cual también se debió indagar sobre esta estructura criminal– él fungió como adjunto de dos titulares en la institución? Por último, ¿por qué eligieron a Barahona para una misión tan vital para salvar al país, como es la de combatir la impunidad con todo? ¿Qué se negoció en Casa Presidencial para nombrarlo?

Hay otras interrogantes que nos preocupan y que más adelante deberán comentarse. ¿Vamos o estamos ya en una nueva guerra, sin que aún no hayamos salido bien de la anterior? En esa línea, ¿se va a continuar apostándole a la Fuerza Armada como la solución? ¿Pretenden seguir pegándole a la bestia del crimen organizado en las patas, sin tocarle la cabeza? Soldados abundan; generales hay pocos. De seguir así, lo único que van a conseguir es que la fiera se tropiece y se levante más encolerizada. Sino, miren lo que está pasando en México.

Sería bueno que quienes conducen el país, respondan con claridad y fundamento antes de que inicie la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. Sobre todo, porque El Salvador será su sede y porque su gobierno propuso como tema de la misma “La seguridad ciudadana en las Américas”. No vayan a terminar siendo “candil de la calle y oscuridad de su

Publicado en ContraPunto

Importante foro

2011-05-20T09:12:00.000-07:00

Exposición de esfuerzos locales de prevención de violencia.

El IDHUCa con el apoyo de CECI, RTI, la Municipalidad de Santa Tecla, y USAID realizaron el foro: Organizaciòn Local, Una estrategia de Prevenciçon de la violencia.

En esta actividad hubo un intercambio de experiencias de los municipios Colón, Puerto El Triunfo y Santa Tecla y al que acudieron representantes de sociedad civil, cooperación y población en general.

¿Dónde están tu hermana y tu hermano?

2011-05-05T09:39:00.000-07:00

“La violencia en todas sus formas acarrea enormes pérdidas a la sociedad. En los 18 años que han transcurrido entre 1992, año en que se firmaron los Acuerdos de Paz, y el año 2009, han fallecido 59,842 personas a causa del homicidio. Esto equivale a 3,325 homicidios por año o 9.1 personas asesinadas por día, convirtiendo al homicidio en la primera causa de muerte en El Salvador en período del 2004 al 2008, superando a las muertes provocadas por accidentes de tránsito, infartos, neumonía, diabetes, etc.”. Eso dice un reciente e interesante trabajo de graduación elaborado por cuatro jóvenes estudiantes de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas” (UCA), que lleva por título “Acciones de la política de seguridad pública en El Salvador en el periodo de 1992 a 2009”.

Si a esa cifra -escandalosa pero cierta- se suman alrededor de cuatro mil víctimas mortales del 2010 y más del millar en lo que va del 2011, nuestro país en “paz” está por alcanzar la cantidad de ejecuciones producto de la violencia política y bélica durante esa terrible etapa del recién pasado siglo. De seguir así, en poco tiempo se habrá llegado a las setenta y cinco mil víctimas. En su inmensa mayoría, éstas pertenecen a la parte humana más despreciada por un modelo económico y político que sólo favorece a los dueños del país.

Opiniones van y vienen ante este nuestro drama nacional, sin encontrarle solución. ¿Por qué? Pues porque quienes deciden o pueden influir en las decisiones sobre el rumbo nacional, no piensan en la gente; no les interesa, aunque lo digan “del diente al labio”.

La llamada “clase política” y los gobiernos de la posguerra tienen una gran responsabilidad en que las cosas estén así, cierto. Pero más culpables son esos poderes económicos que los patrocinan y que, en su egoísta afán de tener más y más, pretenden seguir viajando en la “primera clase” de un país cuyo vuelo −de accidentarse de nuevo, como ocurrió dos veces en el siglo pasado− también se los llevará de encuentro; a menos que, cínicamente, algunos decidan apostarle de lleno a ser parte de la estructura del crimen organizado, que pudiera −tarde o temprano− tomar del todo las riendas del Estado. Si eso ocurre, sólo algunos se “salvarán” a costa del desastre general.

Pero también hay que voltear la mirada a eso que llaman “sociedad civil”: las universidades, las iglesias, los medios masivos de difusión -entre los cuales hay unos que sí informan y forman- y las organizaciones de diverso tipo que existen dentro de la misma. El “dejar hacer” y “dejar pasar”, el no señalar lo infame y no reclamar lo conveniente para las mayorías populares, el esperar que alguien nos traiga la “esperanza” y el “cambio” sin exigirle que cumpla sus promesas, el callar ante el uso abusivo de los bienes estatales, el permitir que unos pocos disfruten el “buen vivir” a costa del “mal común”… Con todo esto se peca por acción y también por omisión.

Hay que recordar que a Caín, el Señor le preguntó: “¿Dónde está tu hermano Abel?” Y el parricida contestó: “No sé. ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano?”, tratando de evitar su responsabilidad. “¿Qué has hecho?”, le dijo el Señor. “La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito eres de la tierra que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano”.

Como a Caín, esa es la interpelación que debe hacerse al país; especialmente a los que toman las grandes decisiones y de diversas formas son responsables de su ejecución. Hay quienes deberían temblar al escucharla y decidirse, de una vez por todas, a cambiar; sobre todo los poderes económicos, políticos, gubernamentales, mediáticos, eclesiales, académicos y sociales. Las víctimas sufrientes ven cómo estas fuerzas pretenden evadir sus responsabilidades. Y las que celebran la reciente canonización de Juan Pablo II, deben recordar lo que hace casi quince años les dijo aquí en El Salvador: “Para construir la paz en la justicia, para edificar la fraternidad y la reconciliación, el Redentor ha recorrido el camino opuesto a la violencia, a la soberbia, al egoísmo, a la lógica del poder, escogiendo la pobreza y el servicio”.

En medio de ese escenario doloroso y desafiante, se extrañan más las voces que -como la de Óscar Romero- denunciaban el mal con valentía desde su parcial opción preferencial por los derechos de las víctimas. Los líderes religiosos deben ganarse esa calidad más allá de los formalismos, saliendo en defensa de éstas que son el cuerpo de Cristo martirizado. Nuestro arzobispo santificado por los pueblos crucificados desde hace mucho, ante el cadáver del canciller Mauricio Borgonovo Pohl el 11 de mayo de 1977, proclamó el rechazo de la Iglesia a la violencia y su compromiso de estar con quien la sufre. “No pueden seguir viviendo tranquilos –sentenció− los que llevan la violencia a estos extremos horribles”.

Todos los poderes que por acción u omisión son responsables de los homicidios que siguen ocurriendo, corren el riesgo de terminar siendo vistos como los “sepulcros blanqueados” de nuestros días −así de fuerte es la palabra de Jesús− si no trabajan por alcanzar una paz sólida construida sobre la verdad y la justicia. Quienes son fieles a las enseñanzas de Romero entre las mayorías populares y la “sociedad civil”, deben exigir a los poderes que trabajen en serio para alcanzarla. Este pueblo no merece seguir padeciendo más.

Benjamín Cuéllar

El Bumerang regresa

2011-05-05T08:06:00.000-07:00

Cuentan que un hombre consultó a una vidente su destino y supo que la muerte lo visitaría pronto. “No voy a permitir que me encuentre; huiré lejos de aquí”, se dijo a sí mismo. Angustiado, atravesó tierra y mar hasta llegar a otro continente donde cruzó ríos, montañas y bosques para encontrar una distante y casi inalcanzable cueva. “En este lugar tan lejano no me hallará la muerte”, pensó. Al ingresar a la caverna, se encontró con la última sorpresa de su vida. Sentada, tranquila, la muerte lo aguardaba. “Te estaba esperando; llegaste a tiempo”, le dijo y se lo llevó.

Los responsables de crímenes aberrantes y grandes violaciones de derechos humanos, permanecen protegidos cuando ellos o sus herederos detentan el poder. Mentira oficial, leyes de amnistía, procesos viciados, funcionarios comprados, inmunidades vitalicias, evidencias destruidas y testigos fallecidos, son algunas de las piedras con las cuales se levantan verdaderos muros de impunidad; lo hacen sobre la falsa creencia de que la verdad y la justicia nunca los podrán sortear.

Pero quienes colocan a las víctimas esos valladares llevan las de perder, pues la falsedad y la infamia

-por su misma inconsistencia y mezquindad- se desvirtúan y superan en la medida que, con el esfuerzo de quienes las padecen, asoman pinceladas de verdad y justicia.

Por eso, no hay que extrañarse tanto con el proceso abierto recientemente contra el general Carlos Eugenio Vides Casanova para deportarlo del territorio estadounidense. Este militar fue acusado allá por tres compatriotas que soportaron crueles torturas mientras él, durante una parte de la larga noche de violencia política y bélica que asoló el país, dirigía la desaparecida Guardia Nacional. El jurado lo declaró culpable en el 2002, junto al general Guillermo García, por no haber impedido los tormentos que sufrieron estas personas civiles e indefensas. Pese a que ambos oficiales retirados apelaron, el fallo fue ratificado en el 2007. Esa condena y otras por venir, son del todo previsibles al tener la certeza -por ser irreversible e irremediable- de que la justicia prevalecerá siempre sobre cualquier intento de evadirla.

Con esa sentencia, irónicamente pronunciada en el país cuyo gobierno fue el principal aliado del ejército salvadoreño durante la guerra, comenzó una nueva etapa en los intentos por hacer valer los derechos de las víctimas. Por primera vez fueron reivindicadas ante los responsables de un aparato organizado de poder que ordenó, toleró y encubrió grandes atrocidades; además comenzó a hacerse más difícil para los altos jefes castrenses de entonces, eludir sus responsabilidades.

Con la condena de los generales Vides Casanova y García, inició el “turno del ofendido” anunciado por Roque Dalton. Esa parte de la historia tan anhelada y tan buscada por las víctimas, la del triunfo de la verdad y la justicia, ya comenzó a asomarse producto de su imaginación y sus esfuerzos.

Luego de ser y permanecer pisoteadas por el sistema en lo más profundo de su dignidad, ven hoy una luz esperanzadora: que los torturadores y asesinos junto a sus mentores, encubridores y facilitadores, están ya ante la posibilidad cierta de que terminen para ellos las comodidades de la impunidad que hasta ahora han disfrutado. Al reconocer la responsabilidad de estos militares, se señaló a la Fuerza Armada de El Salvador como una institución que violó de forma sistemática los derechos humanos y quedó desmentida la versión oficial de que fueron “actos aislados”. Es importante y positivo que en los Estados Unidos de América se asuma eso después de todo el daño que las administraciones de Ronald Regan y George Bush padre, sobre todo, le causaron al pueblo salvadoreño.

Sin embargo, resulta escandaloso que a estas alturas en nuestro país -cuyas autoridades se ufanan de conducir un Estado de Derecho - sólo cuatro honorables magistrados en la Sala de lo Constitucional del máximo tribunal junto a otras funcionarias y otros funcionarios excepcionales puedan plantarse ante las víctimas sin rubor, mirándolas a los ojos con el compromiso de cumplirles.

Es inaceptable que a casi dos décadas del fin de la guerra y después de todo lo que se ha invertido para hacerlo funcionar, no exista un buen sistema de justicia ni las personas con agallas suficientes para investigar hechos aberrantes y vergonzosos, constitutivos de verdaderos crímenes contra la humanidad. Ni siquiera honran su palabra empeñada y repetida cada vez que pueden del 1 de junio del 2009 en adelante, al incumplir obligaciones que como Estado tienen frente a decisiones emanadas de los organismos internacionales de protección de los derechos humanos. Esos son pasos necesarios que se resisten a dar. Pero más allá de las ataduras que han aceptado quienes aparentemente tienen en sus manos las riendas del país, por fortuna la justicia - como derecho y como valor- es universal y no habrá lugar ni ambiente que le impida sentar en el banquillo de los acusados a los criminales, sin importar el bando al que hayan pertenecido.

La historia da vueltas. Y en materia de graves violaciones de derechos humanos, es como el bumerang que regresa exacto al lugar de donde fue lanzado; sólo que con sus puntas al revés y en dirección de quien lo lanzó. Ha llegado el momento de la siega y, tal como pasó con el hombre que quiso escapar de la muerte, no importa donde se escondan los responsables de tanta atrocidad ocurrida en nuestro país ni la finura de los tejidos que hayan elaborado para enmarañar la verdad. Lo cierto es que la ignominia terminará siendo derrotada, pues tarde o temprano la honradez prevalecerá.

Para bien del pueblo, ya está irrumpiendo el “turno del ofendido”. Es la hora de comenzar a escribir la otra parte de la historia, con la luminosa tinta de las víctimas; la que borrará amnistías, perdones y olvidos impuestos, manejos publicitarios impulsados por quienes tienen los medios para ello y acusaciones inmerecidas contra las personas y los grupos que luchan por hacer valer sus derechos legítimos. Así caerá, por fin, el muro de impunidad. No se trata de venganza, sino de un auténtico proceso de paz y conciliación.

Cuando las instituciones busquen verdad, impartan justicia y reparen el daño causado a las víctimas −las de antes, durante y después de la guerra− podremos hablar con certeza de un El Salvador distinto. Sólo así existirá una democracia real en el país. Y la principal responsabilidad de su construcción, no deberá adjudicarse a los que firmaron acuerdos y ahora disfrutan el “descanso del guerrero”. No, por favor.

Será de las víctimas sobrevivientes y de las familias de las personas ejecutadas y desaparecidas que han declarado ante el Tribunal Internacional para la Aplicación de la Justicia Restaurativa en El Salvador, de las que han denunciado crímenes abominables en el sistema interamericano de derechos humanos y obtenido la condena del Estado salvadoreño en la Corte del mismo, de las que han presentado sus casos a una Fiscalía General de la República casi siempre inoperante.

El mérito será también de las niñas y los niños de El Mozote y el río Sumpul, asesinados junto a centenares de personas adultas de todas las edades; de quienes murieron en todos los rincones del país y de aquella gente que aún no aparece; de las personas que injustamente detenidas, fueron torturadas por sus captores; de las y los familiares de Roque Dalton, Mario Zamora, Patricia Cuéllar, Félix Ulloa, Francisco Ventura, Ramón Mauricio García Prieto, las hermanas Serrano y tantas más que retan al sistema nacional demandándole un correcto desempeño para derrotar la impunidad.

Cuando eso ocurra, las víctimas sabrán perdonar desde su generosa dignidad y en El Salvador se podrá hablar de una sociedad en paz. Así será cuando acá, parafraseando a Montesquieu, la justicia sea como la muerte: que nadie escape de ella.

(publicado en Contra Punto)

FISCAL CUESTIONADO

2011-05-02T09:43:00.001-07:00

Una vez más el Fiscal General de la República, Romeo Benjamín Barahona, ha recibido e incumplido sendas órdenes de la Honorable Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. En esta ocasión le ha reiterado que su actuar en el caso del licenciado Diego Balmore Escobar es contrario a lo normado en la Carta Magna y debe pagarle los salarios retenidos ilegalmente desde enero del 2010.

El 13 de abril del corriente año la Sala le determinó a dicho funcionario hacer efectivo ese desembolso y que informara, en un plazo de tres días hábiles, el cumplimiento de esa decisión. Tras las vacaciones de Semana Santa, dicho término venció el pasado martes 26 de abril. Barahona esperó hasta después del período de asueto para informar a la Sala, con el único e inhumano fin de prolongarle al licenciado Escobar su deteriorada situación económica individual y familiar.

Igualmente el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Óscar Humberto Luna, en marzo del presente año emitió nueva resolución confirmando la calidad de violador de derechos humanos del Fiscal General. Pese a ello, Barahona no acató las recomendaciones del Defensor del Pueblo por lo que se le pedirá una merecida censura pública.

El recién pasado 28 de febrero, el licenciado Escobar –víctima de los atropellos de quien debería garantizar el respeto de la legalidad en El Salvador– fue convocado a una reunión para comunicarle que su contrato ya no sería renovado, pese a que su relación laboral en la Fiscalía General de la República no es contractual. Su vínculo laboral emana de la Ley Orgánica de dicha institución. En el fondo, lo que busca el referido Fiscal General con esta medida es no darle cabal cumplimiento a lo ordenado por la Sala de lo Constitucional y el Procurador Luna.

En realidad, Barahona está desesperado; eso lo lleva a equivocarse una y otra vez en sus estrategias legales dentro de este caso. Ni él ni sus asesores han podido hacer nada frente a la contundencia de los alegatos del licenciado Escobar. El actual Fiscal General –quien debería ser el mejor protagonista en el combate a la impunidad y la superación de la violencia delincuencial– es el mismo que tantas reacciones negativas ha despertado por su deficiente trabajo; el mismo que, además de los problemas con la mencionada Sala y el Procurador Luna, también ha chocado con el Presidente de la República y las Naciones Unidas, así como con integrantes del cuerpo diplomático acreditado en el país.

Pareciera que Barahona no responde a los lineamientos que le establece la Constitución, sino a otros intereses. El mensaje es claro. Poco a poco los espacios se le van cerrando. La sociedad antera, junto al licenciado Escobar, deben exigirle que respete la legalidad y las instituciones. Si no, las mismas serán utilizadas para que así lo haga.

San Salvador, lunes 2 de mayo del 2011.

El pez por la boca muere

2011-04-22T08:50:00.000-07:00

“Los precios en El Salvador están bien altos. Por las nubes. Y siguen subiendo y subiendo. Sólo el gobierno parece no darse cuenta. Todos sufren por los altos precios, principalmente la clase media y los pobres. El aumento del costo de la vida, ¿adónde va ir a parar?” La mayoría de personas, seguramente estará de acuerdo con lo anterior. Es un diagnóstico atinado y condensado de lo que está ocurriendo actualmente en el país, cuyo contenido difícilmente puede ser refutado. Sin embargo, no es el resultado de un sondeo de opinión ni un juicio formulado por quien escribe estas líneas acerca de la situación que, al día de hoy, constituye la principal aflicción de la gente. Sólo la delincuencia y la incontrolable violencia en sus diversas manifestaciones, le pelean el primer lugar en la competencia de los males que afectan a la población salvadoreña. Tampoco es la transcripción textual de algún alegato formulado por la oposición política más visceral, durante la última sesión plenaria en la Asamblea Legislativa. Si le ponen atención a lo que sigue, se darán cuenta de qué se trata.

“¡Es hora de cambiar! Mauricio Presidente, ¡un cambio seguro!”. Sí. Se trata de eso; no se equivoca. Así finalizaba un spot, uno entre tantos de la larga y costosa campaña proselitista –iniciada antes del plazo constitucional establecido– que impulsó al FMLN y a su candidato hasta la Casa Presidencial. Ahora están donde querían y desde donde podían transformar el país, según lo prometieron. Y es que en otro de esos anuncios electoreros, se le preguntaba al público destinatario: “¿Usted cree que los que no supieron gobernar cuando todo iba bien, van a saber hacerlo ahora?”. Eso indica que al pedir el voto ciudadano para sí, lo hacían conociendo que se nos venía encima el agravamiento de una crisis mundial de varios rostros: financiera, alimentaria, energética, ambiental y más.

Pero ellos, a diferencia del mal trabajo de los otros y pese a todo, se ofrecían como los conocedores de la fórmula para superar los problemas más graves. O, al menos, eran los indicados para evitar que la población resultara tan golpeada; sobre todo, “la clase media y los pobres”. Bien recordará bastante gente, además de los anuncios de “ciudad mujer” y la “fábrica de empleos”, aquéllos en las que aparecían hombres y mujeres de oficina “trabajando” en la gestación de la “esperanza” que estaba naciendo y la formulación de los planes para el “cambio” que vendría con el nuevo gobierno. Algunas de esas personas que “actuaban” entonces como funcionarias y funcionarios de ficción, asumieron puestos claves reales en el manejo de los asuntos nacionales el 1 de junio del 2009.

Pensar que antes y después de las elecciones en las que triunfaron no tenían idea de la “herencia maldita” que estaban por recibir, es creer en flores de papel que se les echa agua y crecen. Quizás no sabían los detalles, pero el tamaño sí. Así tildó Mauricio Funes, ya no candidato sino presidente, al paquete que recibió; lo hizo después de que una veintena de personas murieron incineradas, el 20 de junio del año pasado, cuando un grupo de criminales de la peor calaña quemó el bus en el que viajaban.

Por privilegiar intereses de grupos reducidos pero todopoderosos, los gobiernos anteriores minaron la capacidad estatal para mejorar la vida de las mayorías populares. Eso es del todo cierto. El problema es que durante los ya casi dos años con el del “cambio”, esa “herencia maldita” ha sido la disculpa oficial predilecta para justificar la permanencia de los mismos males.

Y esa excusa la emplean cuando se habla de los derechos humanos más violados en El Salvador de estos días: el de la seguridad de las personas y su patrimonio, junto a los económicos y sociales. Esa es la recurrente y ya gastada respuesta a las demandas de una población que, hoy por hoy, no alcanza a ver cómo comienzan siquiera a mostrarse las soluciones en esos asuntos. Y es la de nunca acabar: se le echa la culpa a otros pero no se impulsan acciones decididas, adecuadas y creativas para superarlos. Al hablar sobre esto, alguien me dijo:

“Mire el 2008, fue un año duro por la ‘gas’, Lo recuerdo porque me tocó ajustarme mucho. Y pasaba ‘puetando’ a Saca, mientras la derecha sacaba el argumento de que era la crisis, el petróleo… Y que eso no lo controla el gobierno. Yo recuerdo que todos los ‘izquierdosos’ criticaban. Nosotros también porque –si bien ese argumento es parcialmente válido– Saca a la par tomaba decisiones que nos afectaban más. Además no previó los efectos, teniendo la información. Funes también tenía una proyección sobre el panorama económica mundial. Y es que a un gobernante no se le juzga por la suerte del contexto que le tocó administrar, sino por cómo lo administra”.

Así las cosas, como antes la economía salvadoreña sigue de mal en peor. A un deprimido mercado laboral, debe sumarse el alto costo de la vida que sigue subiendo. La primera quincena de abril ha sido particularmente difícil con el acelerado crecimiento de los precios de los combustibles y con el incremento al del gas, porque aunque se reciba el subsidio oficial siempre se paga cerca de un dólar más; también con el encarecimiento de la energía y, como consecuencia de todo lo anterior, el de la canasta básica.

Sin duda, en nuestra sociedad predomina la iniquidad pues se excluye a las mayorías populares mientras los sectores incluidos son cada vez menores. Por eso, al cierre del 2010, el Instituto de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (IUDOP) constató que la población tenía una valoración bastante negativa de su situación: el 67.9 % afirmó que el costo de la vida aumentó mucho y el 15.4 dijo que aumentó algo. De hecho, cada vez más gente percibe que la pobreza en el país es mayor; eso ha crecido considerablemente, sobre todo respecto a las opiniones que externaba al cierre del 2009 cuando aún se respiraba un ambiente más optimista, asociado con la “alternancia” en el control del Órgano Ejecutivo.

“El pez por la boca muere”, dice el refrán popular. Pero también puede vivir y vivir con dignidad, si honra su palabra. Superada la etapa inicial de “aprendizaje”, esta administración presidencial ya consumió más de la tercera parte de su período. Este gobierno que ofreció el nacimiento de la esperanza y la venida de un cambio tan anhelado, ya no puede ser “consentido” por el ojo crítico de la sociedad como se pedía −implícita o explícitamente− cuando comenzó a dar sus primeros pasos. Debe ser juzgado y encarado sin regateos para que mejore en lo que le queda de vida.

También se debe hacer este ejercicio con quienes administraron tan mal la “cosa pública” durante tantos años y ahora, desde la oposición, “tiran piedras” como si estuvieran libres de pecado; o aprovechan la búsqueda de apoyos legislativos por parte del Órgano Ejecutivo, para salir “gananciosos” desde la trinchera política que llaman “derecha social”.

Antes de que se cierre el peligroso círculo de frustración y el desencanto se apodere del alma nacional después de ver cómo unos y otros gobiernan, El Salvador debe despertar y actuar con urgencia. No hay otra salida. Cuando la situación es desesperante pero hay esperanza, se avanza; cuando no la hay, se estalla. Por eso hay que buscar la esperanza donde se puede encontrar y trabajar por el cambio real con quien puede lograrlo: en la sociedad. Sólo una sociedad demandante, tendrá un Estado garante del respeto de sus derechos.

Benjamín Cuéllar

(Artículo publicado en Contra Punto)

En los Montes, Montes soy

2011-04-07T07:49:00.000-07:00

Catalina ya está junto a su hermana Cristina, que al morir le dejó el encargo de continuar con la labor de la Fundación “Segundo y Santiago Montes”. Estos dos, hermanos también de Caty, fallecieron en 1989. No se esperaba tan pronto su partida, después de haberla tenido acá hace cuatro meses y unos días. Estuvo entre nosotras y nosotros, en esta tierra martirial donde el promotor del Instituto de Derechos Humanos de la UCA derramó su sangre por la gente que amó; por su gente. No esperábamos su muerte, porque nunca dejó de darnos la impresión de estar dispuesta a seguir siempre viva para no dejar morir –cual fiel guardiana– el legado de aquellos dos. Pero se fue, pese a estar irremediablemente condenada a no dejar este país que la aceptó y la adoptó. Hoy, con el vacío físico de su viaje sin retorno, permanece presente su generosa entrega en favor de la dignidad humana. No fue poco lo que hizo; fue mucho y muchísimo lo que les dio a las mayorías populares salvadoreñas. Muy merecedora del Premio “Castilla y León de los Valores Humanos”, fue Catalina Montes en el 2005; sin embargo, eso no fue pretexto para alejarse de éstas pues más allá de los reconocimientos a su capacidad intelectual estaba –en primer sitio– su compromiso real con quienes la necesitaron y recibieron su desprendida solidaridad. Eso lo materializó de muchas maneras, entre las cuales destaca su papel al frente de la Fundación “Segundo y Santiago Montes”. Cuando hace dos años le preguntaron a Caty sobre esta institución, ella respondió lo siguiente: “La Fundación ‘Segundo y Santiago Montes’ nace para dar continuidad a la obra intelectual, cultural, social y de defensa de los derechos humanos llevada a cabo por Segundo y Santiago Montes. Surge con la intención de, por un lado, recoger y catalogar la obra ingente pictórica, escultórica, poética, dramática, ensayística de Santiago, así como de continuar su labor en defensa de la justicia. Por otro lado, recoge el legado de Segundo Montes y acompaña el desarrollo del grupo de expatriados salvadoreños que al regresar a El Salvador, quisieron dar a su asentamiento el nombre de Ciudad Segundo Montes, para honrar la memoria del hombre que dedicó su vida a ayudarlos y dignificar a los más pobres de los pobres”. Durante su última visita al país en noviembre del año pasado, al conmemorarse veintiún años de la masacre en la UCA, acompañó al entonces rector –el padre José María Tojeira– en el acto mediante el cual se bautizó un auditorio del campus en honor a su hermano. Tras develar la placa del mismo, Catalina dijo: “Su nombre y su recuerdo son como un talismán que atrae ayuda a quienes más lo necesitan. Estoy muy agradecida con esta universidad por preservar el legado de mi hermano de múltiples maneras”. Sin duda, Segundo fue un ser extraordinario como lo fueron también Santiago y Cristina Montes. Pero Caty no se quedó atrás. Menuda de cuerpo y franca de alma, consideraba que esa familia era una inspiración constante y no una pesada responsabilidad que debía cargar sobre sus hombros. Siendo la primera mujer en recibir el Premio “Castilla y León de los Valores Humanos”, al momento de aceptarlo quiso dejar claro que era su familia –precisamente– la que merecía el galardón. “Yo sólo recojo lo que la muerte me deja caer”, sentenció. Sin embargo, el jurado argumentó que el premio era el reconocimiento que se le hacía a “la vida y la obra de una castellana y leonesa animada por la bondad y la justicia, la dignidad humana y el favor hacia los demás”. En esa misma entrevista, Catalina Montes describió un día de su vida. “Generalmente –afirmó– muy atareado. Madrugo y trasnocho y hago largas jornadas de trabajo. Atiendo a mis estudiantes. Me comunico con mucha gente en entrevistas, por correo normal y electrónico. Asisto a reuniones de trabajo, leo, escribo, hago y justifico proyectos, reviso leyes y reglamentos, controlo cuentas y presupuestos. Cada día hago hueco para la oración, para la familia, para los amigos: los grandes apoyos. Los fines de semana dedico doce o catorce horas a recibir en la sede de la Fundación a toda clase de personas. Los veranos trabajo en El Salvador”. A esa mujer solidaria y eterna para este pueblo, al que acompañó su hermano Segundo y por el cual dio su vida, sin duda le calzan muy bien –como un justo homenaje– los versos sencillos de Martí: “Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes; en los montes, monte soy”. "Amar es encontrar en la felicidad de otro tu propia felicidad" (Gottfried Wilhelm Leibniz)

Invitación

2011-04-06T14:07:00.000-07:00

Como parte del festival Verdad 2011, denominado “Jóvenes: memoria, seguridad y paz” se realizará la premiación del IX Concurso Juvenil Verdad, Justicia y Paz: poesía, cuento corto, dibujo y canción.

El jurado estuvo integrado por los escritores Álvaro Darío Lara, Pablo Benítez y Néstor Durán. y se realizará este jueves 7 de abril, a las 9:00 a.m., en el aula I-15 de la UCA.

Una propuesta. ¿La toman o la dejan?

2011-03-30T16:44:00.001-07:00

Benjamín Cuellar Martínez

Hace ocho días, el domingo 20 de junioel 2010, fue incinerado un bus del transporte público en Mejicanos. En esa ciudad vecina de la capital de mi país, San Salvador, murieron en el instante –en un solo instante infernal– más de diez personas; entre las víctimas fatales se encontraba una niña cuyo paso en este mundo apenas alcanzó los dieciocho meses. En los días inmediatos luego del bestial suceso la cifra se incrementó hasta alcanzar las dieciséis, de treinta y una que viajaban en el vehículo. Casi simultáneamente, fueron ametralladas dentro de otro bus tres personas: dos niñas y un hombre.

Ese fin de semana se contabilizaron más de cincuenta asesinatos en un país donde hace más de dieciocho años terminó una guerra que produjo antes y durante la misma, según los cálculos más aceptados y quizás más conservadores, setenta y cinco mil muertes violentas entre la población civil no combatiente a lo largo de entre tres o cuatro lustros; hay que agregarles más de ocho mil personas desaparecidas y una abundante cantidad de detenciones ilegales y víctimas de torturas.

Por lo que se ve, los acuerdos que pusieron fin al conflicto armado no fueron lo suficientemente magnánimos con una Patria que continúa limpiando la sangre derramada por su gente y llorando junto a las familias dolientes cada una de esas tragedias. ¿Por qué? No por los documentos en sí mismos sino por sus interesadas interpretaciones, manipulaciones y convenientes cumplimientos de lo pactado que quedaron en manos de quienes los firmaron. A estos les entregaron la exclusividad de su ejecución y se excluyó de la misma a quien puso la mayor cuota de sacrificio a lo largo de tantos años: el pueblo salvadoreño.

Por eso, El Salvador está herido; desde hace casi dos décadas su cuerpo social se debate entre los discursos políticos que ofrecen tiempos mejores y un presente desgarrador. El país está roto, maltrecho, y aun así continúa firme la decisión oficial de no someterlo al inevitable tratamiento curativo: el de la verdad, la justicia y la reparación para todas las víctimas. ¡Todas! Las de antes, durante y después de la guerra; las que produjeron cualquiera de los bandos que se enfrentaron en el campo de batalla; las que siguen produciendo quienes continuaron enfrentándose en las campañas electorales y el Salón Azul de la Asamblea Legislativa después de firmada entre ellos la “paz”.

Si antes se pasearon la muerte y otros dolores por todo el territorio nacional debido al enfrentamiento político entre dos partes, hoy siguen reinando en El Salvador a consecuencia de las políticas públicas miopes, desacertadas y egoístas de los sectores interesados en evadir la necesaria rendición de cuentas; también por la oposición de los que no vieron al país como un todo en peligro y esquivaron la enorme responsabilidad de plantarse como firmes defensores de los intereses mayoritarios, urgidos de instituciones estatales fuertes.

No investigaron ni juzgaron a los autores de las masacres de El Mozote; al contrario, los encumbraron como “héroes” que salvaron al país de las “garras del comunismo” y lo hicieron pese a que se documentaron, testimonial y científicamente, los hechos. Sólo para muestra, un botón tomado del informe de la Comisión de la Verdad:

“En el Convento, se encontraron restos óseos correspondientes a un mínimo de 143 personas. Sin embargo, el análisis de laboratorio realizado indica que ‘puede haber habido un número mayor de muertos. Esta incertidumbre con respecto al número total de esqueletos es una consecuencia de las masivas lesiones peri-morten, el daño post-morten y el grado de mezcla de los restos. Muchos infantes podrían haber sido totalmente cremados; otros niños tal vez no fueron contados debido a la extensa fragmentación de las partes del cuerpo’ […] Los restos óseos y los elementos encontrados en el Convento muestran numerosos signos de daño producido por aplastamiento y por un incendio […] La mayoría de las víctimas eran menores de edad. Los expertos determinaron en un primer momento, después de realizar la exhumación, que ‘Aproximadamente el 85% de las 117 víctimas eran niños menores de 12 años’, aclarando que una estimación más exacta de la edad de los individuos se harían en el laboratorio […] Allí fueron identificados los restos de esqueletos identificados de 143 individuos, de los cuales 131 correspondían a niños menores de 12 año, 5 a adolescentes y 7 adultos. Agregaron que ‘El promedio de edad de los niños es de aproximadamente seis años de edad’ […] Una de las víctimas era una mujer embarazada”.

En nuestro país, pues, hay una enorme escuela de crueldad; pero sobre todo, de impunidad. Y las secuelas dañinas de todo eso, las siguen sufriendo las mayorías populares: la población campesina, la del comercio “informal”, la desempleada, la descontenta… Esas que Ignacio Ellacuría definió como aquellas que no pueden satisfacer sus necesidades básicas fundamentales, que están marginadas por minorías elitistas y que se encuentran en condición de desposeídas por ordenamientos sociales históricos excluyentes, tanto en lo económico como en lo político.

¿Por qué no se exigió la pena de muerte para los responsables de las atrocidades ocurridas en El Mozote o de otros hechos similares? ¿Porque la venganza no es ninguna solución para esos males, sino un estímulo para que se agraven? Eso, que es cierto, no fue el motivo real para no aplicarles esa sanción fatal y sin retorno. La razón última para no “molestar” de ninguna forma a los criminales, fue la de protegerlos. Había que, al menos así se dijo, evitar que “corriera más sangre” y “hubiera otra guerra”; dicho en otras palabras: que si los sectores económicos, políticos y sociales a los que pertenecían los violadores de derechos humanos –llámense Domingo Monterrosa o Mayo Sibrián, Roberto D’Abuisson o Joaquín Villalobos– eran “tocados”, habrían usado el poder que tenían y tienen para impedir la consumación de semejante medida.

Por eso no fueron siquiera investigados y sancionados de alguna forma que no fuera el fusilamiento o la inyección letal. Por eso sus víctimas no recibieron justicia ni fueron reparados los daños que les causaron. Por eso no se fortalecieron las instituciones estatales correspondientes ni se dejaron funcionando para que hechos similares como el que ahora nos indigna con toda razón, aunque sus causas sean otras, no ocurrieran. Por eso no se sentaron los necesarios precedentes para evitarlos en la medida de lo posible. Por eso ahora, el crimen organizado –ya no como antes el que desde el aparato estatal violó derechos humanos– se pasea campante con sus otros dos rostros: el de la corrupción y el del tráfico de drogas, armas, vehículos, personas y más.

Propongamos, entonces, intentar lo que no se ha intentado hasta ahora. Más allá de las manos duras y súper duras, los provisionales pero casi permanentes usos de los militares en tareas de seguridad pública, las recriminaciones mutuas de incapacidad entre los dos bandos de siempre y las oportunistas mociones de las “banditas” partidistas, que se haga lo que nunca se ha hecho. Que se cree una Comisión Internacional contra la Impunidad, pero para todo el “triángulo norte” de Centroamérica. No sólo para Guatemala sino también para Honduras y El Salvador, pues los vasos comunicantes de las mafias criminales existen. Patrocinada por las Naciones Unidas y liderada, por ejemplo, por alguien de la estatura de Baltasar Garzón ahora que está desempleado por pensar y actuar en favor de las víctimas de la violencia y la impunidad de cualquier signo.

Y que se le dé la misión de combatir los tres rostros del crimen organizado. Que investigue la verdad y promueva la sanción de todos los responsables de lo que ahora nos abate: las estructuras que posibilitaron las violaciones de derechos humanos, las de la corrupción y las de los traficantes de todo lo que promueve el enriquecimiento ilícito, generador de la violencia insoportable que puede echar al traste lo poco que se ha avanzado en la reforma de esta parte de la región.

¿Les parece o no? ¿La toman o la dejan? Si no, que Dios nos agarre confesados.

Artículo, publicado en Contrapunto, 29 de junio del 2010

Comunicado

2011-03-29T10:03:00.000-07:00

23 ORGANIZACIONES DENUNCIAN MAS DE 2000 VIOLACIONES CONTRA DEFENSORES/AS DE DERECHOS HUMANOS EN LAS AMÉRICAS

Washington D.C, 29 de marzo de 2011 – El clima de inseguridad en el que trabajan los y las defensores/as de derechos humanos en las Américas ha alcanzado niveles alarmantes. Esta situación responde a la persistencia de ataques por parte de actores estatales o que actúan con su respaldo o tolerancia, como paramilitares, y a la aparición de nuevas formas de hostigamiento por parte del crimen organizado y empresas extractivas con intereses económicos en la región. Así lo denunciaron hoy 23 ONGs de 11 países reunidas en Washington D.C para el 141 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En un informe de 2010, Naciones Unidas señaló que entre 2004 y 2009 se registraron más de 146 denuncias de amenazas a defensores/as de derechos humanos en las Américas. Según este organismo, los países donde más denuncias se producen son Colombia, México, Guatemala,

Brasil y Perú (en ese orden).

Las organizaciones de defensores/as denunciaron una realidad aún más preocupante. Según sus investigaciones, en Colombia entre 2002 y 2009 más de 1000 defensores fueron víctimas de agresiones incluyendo asesinatos, amenazas, detenciones arbitrarias y torturas ;y sólo en el 2010 se registraron al menos 32 asesinatos de defensores. Son especialmente preocupantes las violaciones contra quienes trabajan por los derechos de las personas desplazadas, lideresas de grupos de mujeres, los/las que trabajan por la restitución de tierras y sindicalistas. Así, 46 líderes de desplazados activos en procesos de restitución de tierras fueron asesinados entre el 2002 y el 2011.

En Guatemala se registraron 1072 agresiones de 2007 a 2010, de las cuales 45 fueron asesinatos y el 98% quedaron impunes. Mientras tanto, en Honduras por lo menos 50 defensores/as han sido asesinados desde que se produjo el golpe de Estado. Los representantes de la sociedad civil reunidos en Washington D.C hicieron particular hincapié en el incremento de actividades ilegítimas de inteligencia por parte de los Estados contra los defensores/as de derechos humanos.

Las organizaciones solicitaron a la CIDH crear una relatoría u oficina específica encargada de la protección de los defensores/as. También pidieron a este organismo que exija a los Estados que implementen medidas efectivas de protección y mejores políticas públicas que garanticen el trabajo de defensores/as, y la investigación de los actos de violencia y amenazas realizados en contra de personas que ponen en riesgo su vida para denunciar situaciones de injusticia social.

Listado de organizaciones: Amazon Watch/ Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) / Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua / Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) / Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, México/ Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, México/ Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)/ Corporación de Defensa y Promoción de los Derechos del Pueblo (CODEPU) /Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH) / Comité de Defensa integral de Derechos Humanos “Gobixha”, AC. / Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) / Comité de Familiares de Víctimas (COFAVIC)/Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) / Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR)/ / Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) / Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas (IDHUCA) / Global Rights Partners for Justice/ Observatorio Ciudadano, Chile/ Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA) / Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) / Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA) / Washington Office on Latin América (WOLA) /

Apuntes breves de un justo Tribunal

2011-03-29T09:54:00.001-07:00

Pasadas las diez de la mañana del lunes 21 de marzo, un expectante y acogedor ambiente era el escenario propicio que Arcatao ofrecía para iniciar la tercera edición del Tribunal internacional para la aplicación de la justicia restaurativa en El Salvador. Su iglesia abrió las puertas de par en par para recibir a quienes −provenientes de esa ciudad “chalateca”, de otros municipios del mismo departamento, del resto del país y de otras tierras− se encontraron en torno a una mismo propósito: el de honrar a monseñor Óscar Arnulfo Romero entre la gente por la que ofreció su vida, intentando ser fieles a su legado. Verdad, justicia y reparación es la exigencia principal de las víctimas sobrevivientes y las familias de aquellas que fueron asesinadas o desaparecidas, escrita en la manta colocada al frente del templo católico. Su destinatario ausente en el evento: una representación estatal en capacidad de darle respuesta.

José María Tomás y Tío, el valenciano presidente del Tribunal, dio inició a la primera jornada en compañía de la entrañable Gloria Giralt de García Prieto −emblemática víctima salvadoreña de la violencia y la impunidad durante la posguerra− y Suelli Bellato, vicepresidenta de la Comisión de Amnistía de Brasil; completaba el solidario grupo de jueces otro querido jurista también de Valencia, España: José Ramón Juaniz. Cada cual intervino en el arranque de las sesiones.

José María anunció que habían decidido, una vez más, que el Tribunal estuviese “presidido por las victimas. Esta es la razón por lo que Ustedes ven que en el centro de esta mesa hay una silla no vacía; es la silla prioritaria, la que tiene mayor consideración y la que tiene delante las flores que en nombre del pueblo salvadoreño y en el nuestro, este Tribunal ofrece a cada una de las personas que van a ir pasando por aquí. Tengan la amabilidad de relatarnos su experiencia, su historia, su vida; reciban nuestro reconocimiento, nuestro respeto y nuestra obediencia”.

Siguió Gloria, la vicepresidenta, quien reconoció y agradeció el honor de “poder rescatar a las victimas del anonimato, saber que todas las victimas tienen un nombre, saber que todas las victimas ya no son parte de una estadística sino que están aquí contando sus casos, pidiendo justicia categóricamente, recordando todos los hechos y denunciando todos los delitos que se cometieron con ellas”.

Haciendo gala de su “portuñol”, Suelli dijo: “Veo con mucha alegría los jóvenes, los estudiantes que están acá. Porque están como acercándose a su historia para cuidarla y hacerla vivir en la memoria. Por aquellos que lucharon por un país mejor, más justo, vengo acá con mi compañera Ruanna del proyecto educativo, porque queremos aprender con Ustedes que la verdad y la dignidad hacen parte de una gran defensa de la humanidad”.

“Ustedes las víctimas −cerró esta parte introductoria José Ramón− nos piden cercanía, proximidad a sus vidas y a sus comunidades, reconocimiento social, verdad y reparación. La justicia sólo es verdadera justicia si es restaurativa, si contribuye a recuperar la verdad y a restaurar a las victimas en sus derechos; pero también si consigue demostrar y denunciar quiénes fueron los que violentaron esos derechos y, al mismo tiempo, establecer las medidas necesarias para garantizar las mejor calidad de vida a las personas y comunidades sobrevivientes”.

Las palabras de los alcaldes de Arcatao y Nueva Trinidad −José Milton Monge Alvarenga y José Raymundo Alas, respectivamente− sirvieron para reafirmar lo que desde el inicio de este esfuerzo en marzo del 2009 ha estado siempre claro: que la ansiada pacificación del país sólo se logrará abajo y adentro, porque quienes dijeron y dicen intentar alcanzarla arriba y afuera ya dieron suficientes muestras de incapacidad, indolencia e insolencia.

“Aunque la mentira halla caminado cien años −sentenció el edil anfitrión− la verdad la alcanza en una hora. Quiero decir que estamos dispuestos a contribuir y quiero agradecer a la mesa principal, a la UCA y a quienes estamos acá, especialmente a los niños y las niñas que también están con nosotros. Aunque hay heridas que no han cicatrizado, con esas investigaciones van a terminar de cicatrizar las secuelas para que eso no se vuelva a repetir y para contribuir a la paz, a la justicia en El Salvador y en el mundo. Por eso estamos acá. Quiero decirles bienvenidos. En mi calidad de alcalde principal es un honor, es una dicha el que hayan seleccionado al municipio de Arcatao”.

El gobernante de Nueva Trinidad se expresó así: “Somos los protagonistas de dar testimonio de lo que en estos pueblos aconteció. Es importante centrarnos en el tema y ser nosotros los dispuestos a comprometernos para darle vida a este proceso, a darle seguimiento en una zona muy remota de Chalatenango. Es importante la representación de El Salvador, Brasil y España. Es un tribunal internacional el cual, creemos, puede llegar al trasfondo de la situación: a su inicio pero también al final, que es hacer justicia y alcanzar la reconciliación. Es importante porque, creemos nosotros, no es correcto que esta situación que se dio en El Salvador vuelva a suceder. Sólo nosotros podemos detener cualquier represión en el futuro, si hoy hacemos un buen trabajo donde se haga constar que repudiamos esa situación que se dio en nuestro país”.

Tras la exposición de las legítimas razones por las que nació y se mantiene con vida el Tribunal, con abundantes motivos para seguir creciendo, se empezaron a escuchar las voces necesarias. Hablaron parientes de las mujeres ejecutadas en el caserío El Rincón, cantón Manaquil, municipio de Nueva Trinidad; también de los niños y las niñas que murieron bajo el fuego criminal de las fuerzas gubernamentales en la Comunidad Ignacio Ellacuría, caserío Guancora, municipio de Arcatao.

Grabadas en todas las mentes presentes quedaron sentimientos y mandatos de las víctimas declarantes. Por ejemplo, éste: “Yo quisiera ver un resultado, porque nosotros sentimos a la familia. Que tuviera un castigo el que lo hizo, porque lo hizo injustamente. No lo hacía porque le habían hecho algo a él”. O éste: “Yo lo que deseo es que castiguen a los que hicieron eso en la Casa Comunal, la masacre. Y que no quede escrito en los papeles, que se cumplan los acuerdos que aquí se van a tomar. Yo le pido al Tribunal que no se quede así nomás, que haya justicia. Eso es lo que pido como madre que siente sus hijos”.

Benjamín Cuéllar

*artículo publicado en Contrapunto

“HAZTE OIR, PON FIN A LA DISCRIMINACIÓN”

2011-03-24T08:45:00.000-07:00

CONVERSATORIO SOBRE DERECHOS HUMANOS

“HAZTE OIR, PON FIN A LA DISCRIMINACIÓN”

DIA: 25 DE MARZO DEL 2011

HORA: 3:00 P.M.

LUGAR: AULA I – 15 DEL EDIFICIO DE MAESTRIAS, UCA

Objetivo:

Abrir el dialogo con el Estado, instituciones y la sociedad civil para analizar y comprender las expresiones y dinámicas de la exclusión social, política, económica y cultural de la población indígena y afro descendientes de cara a compromisos que puedan incidir a un ejercicio efectivo de sus derechos humanos.

En la Mesa principal nos acompañarán:

Señora Carmen Rosa Villa, representante Oficina Regional en Panamá del Alto Comisionado de Derechos Naciones Unidas

Señor Alfonso Avelar, Director de Pueblos Indígenas de la Secretaría de Inclusión Social

Señora Dorte Ellehammer, Coordinadora Residente a.i PNUD

Señor Gerardo Alegría, Procurador Adjunto Derechos Civiles, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

Representante de comunidades indígenas en El Salvador.

las y los esperamos.

Tribunal Internacional para la aplicación de la Justicia Restaurativa de El Salvador

2011-03-17T16:20:00.000-07:00

Por tercera edición, el IDHUCA y el Comité de Víctimas de Arcatao, estàn cordialmente invitados.

TRES MUJERES INOLVIDABLES

2011-03-11T14:33:00.000-08:00

En un país con una historia como la nuestra, donde la injusticia estructural ha determinado para mal el destino de sus mayorías populares, a casi dos décadas del fin de la guerra cualquier mes entre 1975 y 1991 es heroico y martirial. Pero entre los doce, marzo es especial. Durante el mismo murieron a manos de los poderes visibles y ocultos el jesuita Rutilio Grande y sus acompañantes campesinos, un adulto mayor y un adolescente, en 1977; también su amigo y VI Arzobispo de San Salvador, monseñor Óscar Arnulfo Romero, en 1980; Koos Koster y otros cinco periodistas holandeses, cayeron en 1982. A ellos, reconocidos todos dentro y fuera del país con nombre y apellido, hay que agregar las personas que igualmente fueron ejecutadas en marzo y sólo son recordadas por sus familias debido al encubridor e infame silencio oficial; también están las que siguen siendo honradas por sus comunidades.

Entre ese universo de seres humanos dignos que son y seguirán siendo evocados cada marzo, hoy toca rendir homenaje a tres mujeres ejemplares que ocupan un lugar privilegiado en la memoria del pueblo salvadoreño, por haber sido incansables e intransigentes defensoras de su dignidad.

La primera de ellas: Marianella García Villas. Fundadora de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, fue emboscada por tropas gubernamentales en una zona ubicada entre el cerro de Guazapa y Suchitoto el 14 de marzo de 1983. En el hecho criminal murió un numeroso grupo de personas, casi todas de origen campesino. Se afirma que Marianella fue capturada aún con vida y trasladada en helicóptero a un cuartel, donde fue violada sexualmente y torturada de otras formas, para luego ser asesinada.

Nueve días después, la Comisión Española por los Derechos Humanos y la Paz en El Salvador publicó en el periódico “EL PAÍS” un artículo colectivo en “homenaje a su memoria, a su trabajo, al holocausto de su vida dedicada –con una categoría profesional y ética absolutamente excepcionales– a la causa del pueblo salvadoreño y la defensa de sus derechos y libertades”. Encabezaba el pronunciamiento que incluía la denuncia enérgica de la barbarie en nuestras tierras, la firma del primer Defensor del Pueblo español: don Joaquín Ruiz-Giménez.

Quince meses antes, el 11 y 12 de diciembre de 1981, habían sido masacradas alrededor de mil personas en el cantón El Mozote y sus alrededores, en el departamento de Morazán. El ejército criminal no distinguió sexo ni edades. Pero quedó una víctima sobreviviente: Rufina Amaya, quien con su testimonio valiente desenmascaró la versión oficial al denunciar dentro y fuera del país la verdad de los hechos.

“Yo vi a mi madre siete días después… –cuenta Fidelia Márquez Amaya, hija de Rufina– Me impactó verla, estaba como un esqueleto, toda transparente, pálida y los ojos inflamados de llorar… Me vio y habló… Me dijo: ‘Todos los niños se me murieron… Todos quedaron allá, toda la gente las mataron… Dios me ha salvado… Dios me ha elegido para algo”. Y cumplió con los designios del Creador, proclamando la verdad de lo ocurrido y señalando a sus responsables hasta el día que partió físicamente de este mundo: el 6 de marzo del 2007.

Veinticuatro días después, el 30 de marzo, la siguió María Julia Hernández. A ella, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA le dedicó las siguientes palabras:

“Murió ya la madre de las víctimas salvadoreñas y la hermana mayor de quienes intentan hacer valer los derechos humanos en El Salvador. Madre ternura y hermana ejemplar; mujer de la denuncia clara e intransigente. Se fue en marzo. No podía ser en otro tiempo. Romero, Rutilio, Rufina y Marianella también partieron entonces y por eso la llevaron a su lado en este mes martirial tan simbólico. Se fue María Julia. ¿Adónde está? ¿Adónde se ha ido?

Adonde siempre. Al lado de las víctimas, acompañándolas; y frente a los victimarios, encarándolos. En la primera fila de la batalla contra la injusticia y la impunidad, buscando y encontrando a las y los mártires que desapareció un infame Estado, hecho crimen organizado para enfrentar –sin vergüenza– a un pueblo en lucha por su liberación. Al lado de ese pueblo que sigue sufriendo y que –con su partida– sufre más pero se inspira para buscar y encontrar la verdad, la justicia y la paz.

Que no se sientan aliviados los terroristas de Estado con su ausencia física. Si pueden, mejor tiemblen de remordimiento y arrepiéntanse de sus crímenes porque María Julia no les dio ni les dará tregua. En vida derramó en esta tierra su dignidad para dignificar a las víctimas y, con ellas, revertir la historia de maldad. Hoy al lado del Padre, junto a Romero y Rutilio, Marianella y Rufina, continuará infundiéndole valor al pueblo salvadoreño, aún crucificado pero en camino hacia su resurrección”.

A la fecha, ninguna de ellas ha muerto. Las tres alzaron el vuelo en el marco del día internacional de la mujer, pero para convertirse en inspiradoras y representantes de millones de salvadoreñas que –desde sus condiciones de vulnerabilidad– luchan por sus hijas y sus hijos, pero también de aquellas que libran sin tregua la batalla para que otras hijas y otros hijos vivan en un nuevo El Salvador, donde se pueda disfrutar de una paz cierta cimentada en la verdad y la justicia.

Un buen consejo de un buen pastor

2011-03-07T06:57:00.000-08:00

El primer día de este marzo −el mes cuando se conmemora en el país y el mundo el XXXI aniversario del martirio de monseñor Óscar Arnulfo Romero− Mauricio Funes lanzó a la palestra pública un anuncio que causó sorpresa y generó adhesiones, pero también interrogantes y cuestionamientos entre la sociedad y la “clase política” salvadoreñas. Dentro de poco creará por decreto ejecutivo un “consejo consultivo” en el cual, según la información de Casa Presidencial, participarán los cuatro mandatarios que le precedieron en el cargo y los dirigentes máximos de los partidos políticos con registro legal. El fin de esta iniciativa será “establecer una mesa de diálogo con los actores políticos” para abordar “temas de Nación” y, así, “impulsar la unidad nacional”.

Esta decisión, que además ha causado alboroto entre el “voto duro” del partido en el que se subió para alcanzar el “cambio”, a simple vista parecería ser una reacción casi inmediata a unas declaraciones recientes de Alfredo Cristiani. El presidente del Consejo Ejecutivo Nacional del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), criticó el llamado a dicha “unidad nacional” hecho por Funes al inaugurar las celebraciones del bicentenario del “primer grito” independentista en Centroamérica. Pide eso −dijo Cristiani− mientras “ataca a la oposición política, a los empresarios y a media humanidad... Se le olvida que fue agresivo en una oportunidad y llama a la unidad en otra”. Y agregó que había “cerrado la comunicación casi por completo” con ARENA.

Las especulaciones sobre el origen de este nuevo “consejo” −que se suma al tan comentado y por momentos criticado Consejo Económico y Social (CES), junto a otros entes similares pero menos conocidos y conflictivos− van desde otro posible “arrebato” de Funes, el interés de mostrarse ante Barak Obama como un verdadero estadista y el desconocimiento de nuestra historia política cercana por parte de uno de sus principales asesores, hasta considerarla una “jugada magistral” para acorralar a Cristiani.

Dejando de lado esas y otras cavilaciones, vale la pena pasar lista a ciertos integrantes del “consejo consultivo” que se está cocinando en Casa Presidencial; pero, especial y muy puntualmente, a algunos hechos destacados de sus trayectorias.

Comencemos por el mismo Cristiani, quien un día antes de la presentación del informe de la Comisión de la Verdad reclamó a la Asamblea Legislativa una amnistía amplia, absoluta e incondicional para los responsables de graves violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra y delitos contra la humanidad. Su vehemente exhortación a través de una cadena nacional de radio y televisión, hecha el 14 de marzo de 1993, fue diligentemente atendida. Así, cinco días después del “nacimiento” de una necesaria y sanadora verdad que debía crecer hasta alcanzar la justicia y traernos la paz, sus incondicionales decidieron fortalecer la impunidad en el país. Las consecuencias de ello, hoy las sigue pagando El Salvador a un precio muy alto: ese “borrón” sólo trajo una “cuenta nueva” de cuantiosas muertes violentas intencionales que no para.

Armando Calderón Sol es el artífice del Pacto de San Andrés, que impuso obedeciendo los dictados de organismos financieros internacionales en el marco del desdichado y perverso Consenso de Washington. Fue él quien continuó avanzando fielmente por la ruta que marcó Cristiani, en detrimento de las mayorías populares y a favor de los poderes reales. Durante su mandato eso se tradujo, sobre todo, en despidos masivos dentro del sector público y la consumación del proceso privatizador.

Francisco Flores, en alguno de los momentos que bajó a la realidad en medio de su administración, dolarizó la economía nacional sin consultarle a nadie. Por más de una década, esa medida autoritaria ha impactado duramente la vida de los sectores más pobres del país. Para rematar, con el retorcido fin de levantar electoralmente a su partido ARENA inauguró la “mano dura” contra las maras y pandillas; además promovió la aprobación de una ley para combatirlas, que se caía en pedazos por las aberrantes inconstitucionalidades de su contenido.

El llamado “populismo punitivo” que desató, sólo logró incrementar la inseguridad y la violencia. Y hablando de políticas populistas, a Flores lo sustituyó el mejor exponente de las mismas: Antonio Saca, quien también ocupará su sitial en el “consejo consultivo” que está por crearse. Estos cuatro conocidos personajes “aconsejarán” al mandatario, en caso de solventarse los condicionamientos que los tres primeros han puesto para participar. ¡Mucho cuidado!

De aconsejárselo, ¿deberá decidir Funes si acude a las figuras más relevantes de la “Tandona” −el alto mando militar durante la guerra, que luego fue protegido por Cristiani− para que “salve” al país de las maras y las pandillas, como sus voceros aseguran haberlo hecho de los “delincuentes terroristas” y la “agresión comunista internacional”? ¿Qué hará si desde el “consejo consultivo” le recomiendan la “mano mega dura” con pena de muerte, ley marcial, estado de sitio y la creación de grupos paramilitares, para ganar la “guerra” actual? Y si en materia económica le sugieren un subsidio generalizado a los combustibles, ¿qué resolverá?

Además “enriquecen” este nuevo espacio −una especie de “CES VIP”− los secretarios o coordinadores generales de los partidos políticos legalmente activos o resucitados ilegalmente, sobre los cuales también hay bastante de qué hablar. ¿Le sugerirán mantener la Corte de Cuentas como tapadera de la alta corrupción, aunque cambie su presidente dentro de unos meses; que la Fiscalía General de la República siga en manos pusilánimes para combatir la impunidad; que no se detenga a todos los que planificaron, ordenaron y asesoraron el encubrimiento en la masacre de los seis sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras, cuando en la Audiencia Nacional de España se libren las respectivas órdenes de captura internacionales si así ocurre?

Entre tanta politiquería y los varios consejos creados o por crearse, para alcanzar la tan ansiada “unidad nacional” y no equivocar el camino conviene mejor aconsejar al presidente Funes. Pero no desde la “llanura”, sino desde el mensaje profético de quien dice es su “guía espiritual”: monseñor Romero. A quienes lo escuchaban en la Universidad de Lovaina, Bélgica, el 2 de febrero de 1980 –cincuenta días antes de su muerte martirial– este buen pastor estableció la guía esencial para buscar y encontrar lo que debe ser el criterio que una en lo esencial al país y evite que no estalle de nuevo:

“…en lugar de detallarles todos los vaivenes de la política en mi país, he preferido explicarles las raíces profundas de la actuación de la Iglesia en este mundo explosivo de lo socio-político. Y he pretendido esclarecerles el último criterio, que es teológico e histórico, para la actuación de la Iglesia en este campo: el mundo de los pobres […] Insertarnos en el proceso socio-político real de nuestro pueblo; juzgar de él desde el pueblo pobre e impulsar todos los movimientos de liberación que conduzcan realmente a la justicia de las mayorías y a la paz para las mayorías”.

La justicia proclamada y reclamada por Romero pero negada por los poderes reales y formales, seguirá siendo el principal obstáculo ante cualquier intento por lograr la “unidad nacional”. Sólo cuando desde el discernimiento encarnado en las mayorías populares se avance hasta alcanzar el bien común, trabajando con éstas para su liberación del mal, será posible concretarla en nuestro país. Ahí –abajo y adentro, no arriba y afuera– es donde hay que forjarla. Mientras, por más acuerdos y consejos políticos habidos y por haber, seguirá siendo tan solo una ilusión.

Benjamín Cuéllar

* Artículo publicado en Contrapunto (hacer click para ver)

ACTIVIDADES Festival Verdad

2011-03-03T07:11:00.000-08:00

Estimadas personas que leen este blog, compartimos la información de todas las actividades del Festival Verdad y esperamos que nos acompañen en cada una de ellas. Para leer el afiche pueden hacer click en él.

Concierto Festival Verdad 2011, les esperamos!

2011-03-01T07:26:00.000-08:00

Invitación

2011-02-17T09:19:00.000-08:00

les invitamos a la inauguración de la Segunda Reunión Regional para la Reconceptualización de la Democracia dentro del Marco de los Derechos Humanos, con Enfoque en la Pobreza, el cual se llevará a cabo el 21 de febrero del 2011 en el Auditorio "Segundo Montes, S.J. (edificio ICAS) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, desde las 9:00am a las 12 pm.

Como ponentes en esta inauguración participarán el Sr. Pedro Nikken - Consejero Permanente del IIDH y ex Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos -, el Sr. Roberto Cuéllar, Director Ejecutivo del IIDH; Edgar José Chamorro Marín, Director Ejecutivo del Sistema de la Integración Centroamericana; Florentín Meléndez Padilla, Magistrado Vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia; Franzi Hato Hasbún, Secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la República de El Salvador y el Profesor Gerardo Caetano.

Se anexa invitación con detalles del evento.

Su presencia serà fundamental para el èxito de este evento.

Cordialmente,

IDHUCA

Golpe a Golpe

2011-02-11T10:44:00.000-08:00

En la columna anterior intenté ofrecer una reflexión sobre lo que tiene en vilo a las mayorías populares de El Salvador: los siempre numerosos homicidios que, sobre todo, se realizan mediante el uso de armas de fuego. Y quisiera tratar otros asuntos menos complicados y más satisfactorios, pero no. Habrá que seguir martillando sobre este asunto porque, pese a las declaraciones oficiales que anuncian una mejoría en materia de seguridad, las angustias de esa considerable parte de nuestra población no cesan.

Es preciso recalcar que el flagelo lo resienten más, los sectores que tienen menos. También es válido apuntar que entre los que tienen más hay quienes se favorecen con la violencia, no sólo en lo económico sino también en lo político; porque además de la venta de armas y de seguridad privada, pueden manipular tal estado de ánimo casi generalizado hasta convertirlo en una apuesta por el retorno al autoritarismo como la “fórmula mágica” para superar ese y otros males, entre los cuales destacan la desigualdad económica y social.

Una encuesta reciente patrocinada por periódico digital “El Faro” y otras entidades ha generado comentarios en diversos tonos, descalificando o aplaudiendo sus resultados que −en síntesis− plantean cierta tendencia nada despreciable de la gente que apunta hasta la posible firma de un “pacto con el diablo” para que las cosas cambien.

Entre las reacciones en contra están las que sostienen que esa consulta de opinión está sesgada, que responde a intereses ocultos o abiertos para desprestigiar al actual gobierno, que durante los anteriores nadie preguntó sobre la aceptación o no de un golpe militar como “remedio”… Pero no. Hace poco se presentó en el país el documento denominado “Cultura política de la democracia en El Salvador, 2010. Consolidación democrática en las Américas en tiempos difíciles”. Sus autores, los salvadoreños Ricardo Córdova Macías y José Miguel Cruz.

En el estudio, que compara el 2008 con el año mencionado, se afirma que el 40.9 por ciento de la población salvadoreña se inclina hacia esa “salida” en el 2010. Y en el 2008, los tres órganos de gobierno estaban en manos del partido ARENA y sus “compañeros de viaje”. Por encima de la opinión de nuestra gente aparecen hoy las de la población beliceña, mexicana, guatemalteca y peruana, en ese orden.

En la encuesta del periódico digital “El Faro” y sus asociados, el dato es de un 45 por ciento en pos de un régimen militar. Preocupantes ambos resultados como para hacerlos de lado así, sin más, alegando “conspiraciones” partidistas o de cualquier otro origen. Que pueda haberlas, es probable; es más, estoy seguro que existen alentadas por el mal ejemplo hondureño. Pero no es cerrando los ojos o volteando la mirada, que desaparecerá ese riesgo cierto; tampoco publicitando logros incipientes que aún no se han consolidado en lo relativo al derecho humano de la seguridad personal, sin tener una política estatal clara y coordinada para enfrentar la criminalidad sin distingo alguno. Léase, no sólo “peces chicos” sino también “grandes”.

Eso es lo que ha ocurrido con el Distrito Italia, una colonia ubicada en el municipio de Tonacatepeque, departamento de San Salvador, donde hace unos días fueron asesinados a balazos tres vendedores de agua envasada y dos más resultaron heridos en el atentado. Eso no debería llamar la atención, pues es la “anormal normalidad” de la tan prolongada posguerra salvadoreña.

Pero hay dos factores que le imprimieron mayor impacto a la noticia. El primero: la ejecución colectiva ocurrió a pocos metros del local donde se ubica, desde hace meses, la sede de la tropa destacada en esa concentración popular de viviendas. Segundo: que el Distrito Italia era el estandarte del “éxito” gubernamental en materia de seguridad. Al menos, de eso presumió Manuel Melgar −ministro de Justicia, Seguridad Pública y demás− a principios del 2010 sosteniendo lo siguiente: “A noventa días de intervención en el Distrito Italia, podemos asegurar que hay cero homicidios. Ese es el modelo que queremos llevar a todo el territorio nacional”. .

Hablando de encuestas, la del Instituto de Opinión Pública de la UCA −el IUDOP− que evaluó la situación del país durante el mismo 2010 colocó a la Fuerza Armada de El Salvador, de nuevo, como la institución que le genera más confianza a la población. El 43.5 por ciento de la gente piensa y siente así. Al gobierno central le da un 26.8 de porcentaje favorable en este ámbito. ¡Casi exactamente la mitad entre ambas entidades!

¿Y si la gente empieza a creer que el problema no son los militares sino la conducción de su comandante general, que es el presidente de la República, y andan por ahí mentes calenturientas que no le perdonan a Mauricio Funes ni siquiera los tímidos asomos de cambio aunque sea en las formas? ¿Será probable entonces que se incrementen las personas dispuestas a escuchar los cantos de sirena golpistas?

Hay gente que añora esa “fórmula” por referencias, pues nunca vivió en esas condiciones. Y eso es peligrosísimo. Quienes sí lo vivieron, saben que la “paz” de entonces era la de los cementerios que se llenaban de cadáveres por causas sociales como ahora, pero sobre todo por razones políticas. No se vale decir que hoy mueren más que en la guerra; tampoco que el “saldo rojo” actual, es el mayor de la posguerra. Eso sí es un manejo sesgado de la realidad o, en el mejor de los casos, manoseado de la misma con fines deliberadamente interesados.

Frente a tal escenario, no sólo porque es su deber sino también hasta por meter las manos en “defensa propia”, el actual gobierno debería encarar de forma valiente y decidida las graves violaciones de derechos humanos y los crímenes de guerra que −al igual que sus antecesores− hasta ahora ha preferido mantener en la impunidad. Y debería, además, rescatar la memoria del dolor y la muerte de este pueblo sin dejar de mostrar la evidencia de todas sus responsabilidades. Porque, como dice Gloria Giralt de García Prieto, el que mata y queda impune vuelve a matar. También el que da golpes de Estado…

(*) Publicado en ContraPunto (hacer click)

CONMEMORARÁN 30 AÑOS DEL ASESINATO DE LÍDERES DEL FDR

2010-11-25T13:25:00.000-08:00

A treinta años del asesinato de los líderes y fundadores del Frente Democrático Revolucionario (FDR), sus familiares honrarán su memoria este 27 de noviembre en el cementerio de “Los Ilustres” de San Salvador, desde las dos de la tarde.

Habrá una misa y ponencias de Dagoberto Gutiérrez, Benjamín Cuéllar, un representante de los lisiados de guerra y otro del movimiento estudiantil de la Universidad de El Salvador. Asimismo, se recogerán firmas para solicitarle a la Asamblea Legislativa derogar la Ley de amnistía y aprobar otra normativa de dignificación y reparación integral a las víctimas.

Hace tres décadas, Manuel Franco, Enrique Álvarez Córdova, Juan Chacón, Humberto Mendoza, Enrique Escobar Barrera y Doroteo Hernández fueron sacados por la fuerza del Colegio Externado San José, donde estaban reunidos, y luego fueron ejecutados. Sus cuerpos, con evidentes signos de tortura, aparecieron en varios puntos de la capital.

Trece años después, el Informe de la Comisión de la Verdad concluyó: “que fue una acción llevada a cabo por uno o varios cuerpos de seguridad pública y que la Policía de Hacienda realizó el operativo de seguridad exterior que facilitó y cubrió a los autores”.

También sentenció que hubo un evidente desinterés para investigar los hechos, deducir responsabilidades y llevar a la justicia a los criminales. Eso mismo ha ocurrido después de firmados los acuerdos que pusieron fin al enfrentamiento armado, en este y otros casos que han sido presentados a los tribunales y las víctimas han debido acudir a tribunales internacionales en búsqueda de justicia.

Eso es lo que motiva la presentación de la pieza de correspondencia para derogar la amnistía y establecer otra legislación que reconozca el derecho a la verdad, la reparación y la dignificación de las víctimas.

A Yolanda y sus hijos

2010-11-18T17:07:00.000-08:00

El 14 de noviembre de 2000, Guillermo Rodríguez Carías, de 29 años, y Federico Calderón Carías, de 12, fueron asesinados en una pupusería de la colonia La Cima. Tres sujetos les dispararon a quemarropa. Guillermo murió en la acera y Federico alcanzó a refugiarse en el negocio, pero falleció por la gravedad de sus heridas.

Desde entonces, la Fiscalía General de la República ha tenido diez años para encontrar a quienes ejecutaron a los hermanos Carías, pero especialmente para dar con quien ordenó el crimen. Han pasado tres fiscales generales por la institución que tiene el monopolio de la acción penal y ni uno solo se tomó en serio su deber de hacer justicia.

Ni Belisario Amadeo Artiga Artiga, ni Félix Garrid Safie Parada, ni Romeo Benjamín Barahona Meléndez cumplieron con su deber constitucional en este caso. Peor aún, sus fiscales auxiliares cometieron errores graves como no recoger la dirección de los testigos ni hacer retratos hablados de los hechores.

Tampoco investigaron todas las hipótesis que apuntaban hacia un empresario hotelero. No les importó la insistencia de la madre de las víctimas, Yolanda Carías. No fueron capaces de responderle ni ellos ni el resto de instituciones, como tampoco han sido capaces de responderle a cientos de madres de víctimas de la violencia y el salvajismo en los que está hundido El Salvador.

Pese a que Guillermo fue jefe de Comunicaciones y Transporte en la zona occidental del sector juvenil de Arena, este partido político tampoco presionó para que el caso se resolviera. Después del crimen, ni los presidentes Francisco Flores y Antonio Saca, ni sus equipos de gobierno, ni la dirigencia partidaria fueron capaces de lograr que se le hiciera justicia a uno de sus dirigentes.

Eso sí, doña Yolanda Carías recibió arreglos florales de la presidencia y del partido, así como esquelas en las que decían lamentar la muerte de los hermanos Carías. Eso no se tradujo en acción para impedir que el caso quedara impune. No fueron más que lágrimas de cocodrilo.

Por el caso se procesó a Wilfredo Enrique Ágreda como autor material. Sin embargo, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos declaró en su momento que el testigo criteriado que inculpó a Ágreda fue falso e irresponsable. En todo caso, no se investigó la autoría intelectual.

Tras diez años de dolor y de búsqueda de la verdad, el caso ha prescrito. Acabó el tiempo que la ley le da a la Fiscalía y a la Policía para investigar, encontrar y sancionar a los responsables. Lo peor es que el asesinato de Guillermo y Federico está impune por la indiferencia y la insultante insensibilidad de los fiscales generales y auxiliares que debieron resolverlo. Hubo testigos y sospechosos; faltó compromiso, profesionalismo y una pizca de humanidad.

“Memo” y “Lico”, como cariñosamente los llama su madre, fueron asesinados hace diez años. Durante dos lustros su madre ha llorado y sufrido sus ausencias. También ha luchado, pero chocó siempre con la negligencia y apatía de las instituciones. A todos y todas los que han sido incapaces de siquiera cumplir con su trabajo o de solidarizarse y actuar para apoyar a esta madre, estos diez años, esta impunidad, debería darles vergüenza.

Leer también El caso de los hermanos Carías

FÉLIX ULLOA: 30 AÑOS DE IMPUNIDAD

2010-11-03T09:56:00.000-07:00

Este día se cumplen tres décadas del atentado que cegó la vida del ingeniero Félix Antonio Ulloa, rector de la Universidad de El Salvador. A la fecha, no hay investigaciones ni justicia de ningún tipo. Tan baja es la calidad de las instituciones nacionales, que ni esta ilustre personalidad ni otras de la talla de monseñor Óscar Arnulfo Romero, Mario Zamora, Enrique Álvarez Córdova y Marianella García Villas han sido dignificadas como es debido. Por eso y, sobre todo, por las decenas de miles de víctimas anónimas de graves violaciones de derechos humanos, la familia del rector mártir a través de uno de sus miembros –el doctor Óscar Mauricio Ulloa González– exigió hoy a la Fiscalía General de la República (FGR) impulsar las acciones necesarias y suficientes para establecer responsabilidades y sancionar a los culpables en el crimen de su padre.

Félix Antonio Ulloa fue víctima de amenazas y otras formas de “guerra psicológica”, apareciendo frecuentemente en “listas negras” con nombres de personas que los “escuadrones de la muerte” consideraban debían ser “exterminadas”. El 28 de octubre de 1980, fue atacado a balazos en una agencia bancaria a inmediaciones del recinto universitario. Francisco Alfredo Cuéllar Menéndez, su motorista, falleció en el instante; el rector Ulloa murió a las dos de la madrugada del siguiente día.

La deliberada inoperancia estatal en este caso y en todos los atropellos contra la dignidad humana individual y colectiva, antes y durante la guerra, contradice a la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando obliga a investigar, procesar y sancionar a todos los responsables de graves violaciones de derechos humanos; también a reparar adecuadamente a las víctimas y sus familiares.

Pese a que según la ley interna ya prescribió el plazo para ejercer la acción penal por este hecho, el Estado salvadoreño –a través de la FGR y el Órgano Judicial– debe cumplir sus compromisos internacionales en la materia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el informe de fondo sobre el caso de la masacre en la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (UCA) ocurrida el 16 de noviembre de 1989, estableció que el derecho a la verdad “surge como una consecuencia básica e indispensable para todo Estado Parte en dicho instrumento (Convención Americana sobre Derechos Humanos), puesto que el desconocimiento de hechos relacionados con violaciones de los derechos humanos significa, en la práctica, que no se cuenta con un sistema de protección capaz de garantizar la identificación y eventual sanción de los responsables. […] Además de los familiares de las víctimas directamente afectados por una violación de los derechos humanos, también es titular del derecho a ser debidamente informada la sociedad en general. […]Forma parte del derecho a reparación por violaciones de los derechos humanos, en su modalidad de satisfacción y garantías de no repetición, el derecho que tienen toda persona y la sociedad a conocer la verdad íntegra, completa y pública sobre los hechos ocurridos, sus circunstancias específicas y quiénes participaron en ellos. El derecho de una sociedad a conocer íntegramente su pasado no sólo se erige como un modo de reparación y esclarecimiento de los hechos ocurridos, sino que tiene el objeto de prevenir futuras violaciones”.

Esa es la deuda más grande con la sociedad, que ni los gobiernos anteriores ni el actual han querido saldar; pero también es el reclamo más honorable de las víctimas, que nunca nadie podrá callar.

San Salvador, 29 de octubre del 2010.

¡FIN AL HORROR EN LA EMIGRACIÓN!

2010-09-04T06:12:00.000-07:00

Audio de la conferencia de prensa disponible en:

http://www.esnips.com/doc/4e868c44-6fa6-40b5-bb9d-28f09081e1a2/Conf392010

Lo que promueve los actuales movimientos migratorios está ligado a la pobreza estructural, las desigualdades, la violencia y la inseguridad; también a la incapacidad de los gobiernos para resolver esos graves problemas que afectan a nuestras sociedades. El entorno mundial, en el que algunos países se enriquecen a costa de otros, también influye para que innumerables personas busquen oportunidades de trabajo y opciones de vida que no encuentran en sus territorios de origen.

Eso no es nuevo, como tampoco lo son las violaciones de derechos humanos que sufren las y los emigrantes durante su trayecto en su afán por alcanzar la tan ansiada seguridad humana, que “significa proteger las libertades vitales […] proteger a las personas expuestas a amenazas y a ciertas situaciones, robusteciendo su fortaleza y aspiraciones. También significa crear sistemas que faciliten a las personas los elementos básicos de supervivencia, dignidad y medios de vida” (Comisión de Seguridad Humana, Naciones Unidas, 2003, Seguridad humana, ahora. Ver http://www.humansecurity-chs.org/finalreport/Outlines/outline_spanish.html)

La permanencia en el tiempo y el agravamiento de tal situación, debe hacer que las sociedades y los gobiernos dignos transiten de la legítima indignación a la efectiva acción para superarla. Por eso, ante la masacre de setenta y dos personas en San Fernando, Tamaulipas, las organizaciones e instituciones abajo firmantes EXPRESAN:

1. Una enérgica condena por lo ocurrido este 21 de agosto en México. No es la primera vez que secuestran y asesinan población emigrante cuando sus familias no logran pagar el “rescate” solicitado por los criminales o cuando se oponen a servirles, pero debería ser la última.

2. Su solidaridad con las familias de las víctimas y su compromiso de acompañar a la población emigrante, luchando por erradicar las causas estructurales de su desplazamiento a fin de que pueda concretar su proyecto de vida en sus propios países, en aras de hacer realidad el derecho a no migrar.

Asimismo, DEMANDAN del gobierno de los Estados Unidos Mexicanos que:

1. Investigue, encuentre y sancione a los responsables materiales e intelectuales de las violaciones de derechos humanos y todos los atropellos en contra de esta población.

2. Elimine para el resto de países latinoamericanos, la exigencia de visa y otros permisos migratorios para ingresar a esa Nación. Esta decisión puede ser parte de la reparación integral a las víctimas y constituir una medida paliativa para impedir que más personas recorran rutas peligrosas en las que son fácil presa de grupos criminales como “Los zetas”.

A los gobiernos salvadoreño, guatemalteco, hondureño, ecuatoriano y otros de la región que han ratificado o se han adherido a la Convención internacional sobre la protección de todos los derechos de los trabajadores migratorios y de sus familiares, EXIJEN atender la recomendación común del Comité creado por dicha Convención para que formulen las declaraciones establecidas en los artículos 76 y 77 de la misma, mediante las cuales se reconoce la competencia del citado Comité para recibir comunicaciones de los Estados parte de la Convención y de personas particulares.

En el marco de la indignación generada tras la deplorable ejecución masiva de personas indefensas ocurrida recientemente en Tamaulipas, México, se debe impulsar de manera urgente esa acción para aprovechar este mecanismo que el sistema de las Naciones Unidas pone a disposición de las trabajadoras y los trabajadores migratorios, a fin de garantizar mayores niveles de respeto para sus derechos.

Las sociedades que no se inmutan ante el horror fuera de sus fronteras y no actúan para ponerle fin, se arriesgan a sufrir –tarde o temprano– por el terror dentro de las mismas.

San Salvador, El Salvador, 3 de septiembre del 2010.

Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA)

Servicio Jesuita para las Migraciones (SJM)

Doc 2

CONCIERTO DE ANIVERSARIO

2010-08-26T14:21:00.000-07:00

El Instituto de Derechos Humanos de la UCA, le invita al

CONCIERTO DE ANIVERSARIO

Sábado 28 de agosto desde las 3:30 de la tarde en el auditorio "Ignacio Ellacurìa" de la UCA
Grupos participantes: Exceso de equipaje con Kilòmetro cero, Grupo Trova y Pescozada.
ENTRADA GRATIS

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25 ANIVERSARIO DEL IDHUCA

2010-08-24T08:40:00.000-07:00

Atentamente les invitamos a celebrar los 25 años del IDHUCA participando en el conversatorio:

CAMBIOS EN LA LEGISLACIÓN MIGRATORIA CANADIENSE

Este miércoles 25 de agosto a las 9 de la mañana en el Auditorio del edificio de aulas "D" de la UCA.

PONENTE: Francisco Rico, FCJ Refugee Centre de Canadá

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LLAMADA DE ATENCIÓN, SEÑAL DE ESPERANZA

2010-07-08T15:00:00.000-07:00

Sobre el caso jesuitas en la Audiencia Nacional de España

Veinte años exigiendo verdad y justicia por la masacre en la UCA, demandando investigar la autoría intelectual en los tribunales nacionales... ¿Resultados? Pocos, frustrantes. Pero lo que ocurre en la Audiencia Nacional de España, sí es alentador. Un par de años bastaron para avanzar allá más que acá. Algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia salvadoreña trataron de impedirlo, negándole al juez Eloy Velasco copia certificada de los procesos fraudulentos realizados por sus funcionarios y evitando notificar a los acusados sus cargos; tampoco les tomaron las declaraciones que solicitaba el magistrado español.

Durante más de dos décadas, “medios” y “analistas” han derrochado tinta defendiendo a los criminales e intentando descalificar a las víctimas. En el 2000, después de la decidida insistencia de éstas, el Fiscal General de la época pidió a un tribunal procesar a seis altos jefes militares y a Alfredo Cristiani; pero como no era el juzgado correcto, su requerimiento fue rechazado. Entonces acudió al indicado pidiendo sobreseimiento definitivo para los que antes había acusado. La jueza resolvió no aplicar la amnistía, pretexto siempre ocupado para no hacer nada, pero resolvió que el caso había prescrito y así los salvó.

Pasaron ya cuatro lustros sin verdad ni justicia en este caso, ejemplo de la impunidad institucional que afecta al resto de víctimas y propicia el caos de violencia que ahora golpea –sobre todo– a las mayorías populares. No obstante, en España siguen siendo acusados los responsables últimos de maquinar la barbarie y Cristiani aparece señalado de nuevo por protegerlos.

Eso que hoy ocurre fuera del país, es una alerta para los violadores de derechos humanos del bando que sea: tarde o temprano se sabrá la verdad e iniciará el “turno del ofendido”. También es una razón para la esperanza. Afuera, en los sistemas universal e interamericano de protección se pueden abrir puertas para derrotar la iniquidad; ya se ha logrado. Y llegará el momento en que el sistema nacional no tenga más remedio que cambiar hasta ser lo que ahora no es: respetuoso de la ley, justo y compasivo con quien sufre.

Monseñor Romero, los jesuitas junto a Elba y Celina Ramos; las personas masacradas en el Sumpul, el Mozote, Copapayo y otras localidades; las miles de desaparecidas, torturadas y ejecutadas así como sus familias, siguen dando de sí a El Salvador. Sus causas terminarán por cambiar esta hiriente e inaceptable realidad, generando presión externa y organización social interna fuerte, firme y demandante. Vendrá el día en que –como canta Illapu– “nuestros niños jamás ignoren que en este suelo hubo dolores; que crezcan libres, canten canciones; que vuelen alto sus corazones… que los culpables cumplan condena y las promesas se vuelvan ciertas”.

NO MÁS PERSECUCIÓN A DEFENSORES Y DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS

2010-07-08T14:50:00.000-07:00

En solidaridad con el Hermano Paul Michael John Thomas McAuley

El pasado 22 de abril, en el Golfo de México se inició uno de los mayores desastres ambientales de las últimas décadas. Una plataforma de explotación petrolera se hundió y causó un derrame de crudo que ya afecta a Texas, Luisiana, Florida, Alabama y Misisipi en Estados Unidos de América. Aún no existe suficiente información sobre las consecuencias para la vida marítima ni para la humanidad, pero está clara la gravedad de la situación que se produce en el marco de la ya crítica condición ambiental del planeta.

En ese marco, el trabajo por la defensa de los ecosistemas es fundamental y son indispensables las personas que lo realizan. Hoy más que antes, urge protegernos de los más voraces intereses comerciales que –sin importarles las consecuencias de sus acciones– perforan pozos petroleros, extraen metales, talan árboles y vierten sus desechos en los ríos que abastecen de agua a las comunidades más pobres, en los bosques que limpian el aire y la tierra que brinda los alimentos que el ser humano consume.

Por todo ello, el IDHUCA se solidariza con el Hermano Paul Michael John Thomas McAuley –presidente de la Red Ambiental Loretana de Perú– y condena la cancelación de su residencia ordenada por el Ministerio del Interior del país andino, el cual lo acusa de intervenir en política interna por su lucha contra la explotación petrolera y minera en la zona del Amazonas. El artículo primero de la Declaración sobre los Defensores de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas, reconoce el derecho de toda persona a “promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional”. Precisamente, eso hace el Hermano Paul.

La Amazonía peruana es de trascendental importancia para el mundo y constituye una de las principales regiones naturales de conservación. Cualquier daño que se provoque en la misma, tendrá tanto o más impacto que el derrame petrolero en el Golfo de México. Además, ahí habitan tribus indígenas que detentan el derecho a conservar sus recursos y costumbres; asimismo, deben ser protegidas por su condición humana y la riqueza cultural que aportan.

En solidaridad con la víctima, el IDHUCA demanda al Ministro del Interior del Perú –Octavio Salazar– que reconsidere la expulsión y que su gobierno no sólo permita la labor del Hermano Paul sino que también la apoye. También exhorta a las personas que promueven y defienden los derechos humanos en el mundo, a unirse en la defensa del religioso y de todas las personas comprometidas con esta causa en el mundo que sufren persecución política, a las que se restringe su libertad o que son torturadas, desaparecidas o ejecutadas en cualquier lugar de la Tierra.

El Salvador, San Salvador, 8 de julio del 2010.

CARTA A FEDERICO CARÍAS EN SU CUMPLEAÑOS

2010-06-25T09:01:00.001-07:00

El 14 de noviembre de 2000, tres hombre ejecutaron a Guillermo Salvador Rodríguez Carías, de 29 años, y a su hermano menor, Eduardo Federico Calderón Carías, de 12. El hecho sucedió en una pupusería de la Calle Circunvalación en la colonia La Cima de San Salvador. Pese a las constantes demandas de su madre, aún no se ha esclarecido quién los mandó a matar. En el mes de mayo, Eduardo Federico cumpliría 22años y su madre, Yolanda Carías Novoa, lee esta carta que escribió para felicitarlo en esta fecha.

INVITACIÓN A CONFERENCIA

2010-06-10T14:21:00.000-07:00

En el marco del proyecto regional IILA-SICA y del 25 aniversario del IDHUCA:
El Sistema de Integración Centroamericana, la Cooperación Italiana y el Instituto de Derechos Humanos de la UCA le invitan a la conferencia

LUCHA CONTRA LA MAFIA: LA EXPERIENCIA ITALIANA
Ponente invitado: Antonio Ingroia, Procurador Anti Mafia, Palermo, Italia

Lunes 14 de junio en el auditorio del Edificio de Maestrías de la UCA (ICAS) a partir de las 6 de la tarde.

OTRO ATAQUE ISRAELITA

2010-06-07T09:51:00.000-07:00

El brutal ataque del Ejército judío a la Flotilla de la Libertad, es un hecho grave que debe condenarse enérgicamente. La “terrible amenaza”, el “terrorífico objetivo” que debía ser eliminado no era más que una simple embarcación tripulada por personas civiles que, solidarias, transportaban ayuda humanitaria para la población empobrecida de la Franja de Gaza. Contra esa misión generosa y pacífica, la milicia hebrea lanzó una embestida feroz.

Según información de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), el 61% de las personas que habitan ese territorio se encuentra en una grave situación de inseguridad alimentaria. El 45% del millón y medio de sus pobladores está desempleado y el 52% de sus hogares vive en condición de pobreza. Semejante escenario, intolerable a todas luces, es producto del arbitrario bloqueo impuesto por Israel desde hace cuatro años.

En el afán de protegerse de ataques terroristas, Israel ha condenando a la población establecida en esta zona a subsistir en condiciones inhumanas. El agresor Estado, objeto de condenas internacionales reiteradas, no puede obviar su culpa por los sufrimientos y las carencias que padece el pueblo palestino. Tampoco puede evadir su responsabilidad por las nueve muertes y las decenas de heridos a causa de la irracional acometida contra la Flotilla de la Libertad. No hay argumento que valga, porque no basta con la sospecha de que se transportan armas para justificar las balas y las bombas lanzadas contra la embarcación y sus tripulantes.

Después de la Segunda Guerra Mundial, en la que los judíos sufrieron la brutalidad de los nazis, las Naciones Unidas acordaron normas mínimas de convivencia y respeto. El ataque reciente no es sólo contra quienes querían ayudar a la población palestina; también lo es contra esos principios internacionales.

El Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó prepotente: “El Estado de Israel continuará ejerciendo su derecho a la autodefensa. La seguridad está por encima de todo”. Precisamente esa idea es la mayor fuente de inestabilidad mundial. No se devolverá la paz al mundo sometiendo a otros atacándolos; tampoco armándose y provocando situaciones pobreza, aislamiento y exclusión. Eso sólo agrava los conflictos.

Las personas que los israelitas han detenido en el marco de esta agresión, deben ser liberadas. La actuación del Ejército judío tiene que ser condenada y así está ocurriendo. Todas las naciones dignas, así como las organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos, deben exigir medidas para evitar que eso se repita. No se puede ser tibio ante un hecho como este. Se debe sentar un precedente para impedir que tal práctica sea reiterada y se coloque al mundo al borde de otra guerra.

Del Estado salvadoreño se esperaría una postura en ese sentido. No se puede ser indiferente ante el dolor y menos cuando este se globaliza. La humanidad, ahora más que nunca, requiere recuperar su sentido de solidaridad y los gobernantes no deben aislarse e ignorar acciones como estas porque de alguna u otra forma tienen incidencia económica, política, cultural, militar o social en todos los países.

En medio de estar crisis, vale la pena recordar la reflexión que el poeta cubano –Luis Rogelio Nogueras– invita a hacer al Estado judío: “Pienso en ustedes y en su largo y doloroso camino, desde las colinas de Judea hasta los campos de concentración del Tercer Reich. Pienso en ustedes y no acierto a comprender cómo olvidaron tan pronto el vaho del infierno”.

Poema de Luis Rogelio Nogueras: Halt

INICIA LA CELEBRACIÓN DEL 25 ANIVERSARIO DEL IDHUCA

2010-06-02T15:50:00.000-07:00

El IDHUCA, en el marco de su 25 aniversario de fundación, le invita a la presentación de investigaciones, arte y cine:
"CAMINOS Y RETORNOS: EXPERIENCIA DE LA MIGRACIÓN Y DEPORTACIÓN DE LOS SALVADOREÑOS Y SALVADOREÑAS"
Folleto UCA Junio 2010

DIPLOMADO DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA

2010-06-02T09:55:00.000-07:00

El IDHUCA junto al Comité Intersectorial de Colón y al Ministerio de Educación, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y de OXFAM América en el marco de la campaña "Entre vos y yo... una vida diferente", realizarán el Diplomado de prevención de violencia. Este se desarrollará desde el 15 de mayo hasta el 6 de noviembre con docentes y directores de centros escolares ubicados en Colón, Jayaque, Ciudad Arce, San Pablo Tacachico, Opico y Santa Tecla.

En el diplomado se analizarán las manifestaciones y determinantes de la violencia para identificar formas de prevención que puedan aplicarse en las escuelas y en la sociedad. Se abordarán temas como violencia y derechos humanos, cultura juvenil, convivencia escolar, resolución de conflictos y cultura de paz, entre otros.

Se impartirá en el edificio de maestrías de la UCA (ICAS) desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, los sábados.

EL TIRO POR LA CULATA

2010-05-27T10:58:00.000-07:00

SOBRE EL CASO JESUITAS

En menos de tres días, nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) cambiaron criterio. El pasado martes 18 de mayo ese tribunal aprobó por unanimidad solicitarle a España la extradición de Joaquín Alviz, quien sobornó a Carlos Perla y Mario Orellana para ganar unas jugosas licitaciones en ANDA. Sin decir “agua va”, esos nueve le negaron al juez de la Audiencia Nacional –Eloy Velasco– copia certificada de los expedientes de la masacre en la UCA y la posibilidad de entrevistar a los acusados como responsables materiales e intelectuales de la misma.

La argumentación de estos juristas varió rápido. Tras solicitar la entrega de Alviz para procesarlo y sancionarlo acá, renegaron de la universalidad de la justicia sosteniendo que al aceptar la petición del juez Velasco se violaba la “soberanía” nacional. Si eso fuera cierto, entonces el Estado salvadoreño no debería haber firmado ningún convenio de extradición, tratado de comercio preferencial, pacto o declaración que suponga alguna responsabilidad internacional; tampoco debería continuar promoviendo la integración centroamericana. Porque en todo eso, se cede parte de la soberanía nacional.

Pero esta no fue la única excusa. También alegaron prescripción e invocaron la amnistía; dijeron que la masacre ocurrió a consecuencia de la guerra y que enviar esa información afectaría los intereses nacionales. ¿No saben que los crímenes contra la humanidad son imprescriptibles, según el derecho consuetudinario de los derechos humanos? Y la amnistía ya fue declarada inaplicable para amparar a los presuntos autores intelectuales de los hechos. ¿Tampoco están enterados?

Además, el primer artículo de la Constitución salvadoreña reconoce que el Estado se ha organizado para impartir justicia, que es uno de sus fines esenciales. Por todo ello, su negativa carece de sustento. ¿Qué pretenden? Tan complicado les está siendo fundamentar su argucia, que el magistrado Néstor Castaneda anunció que un equipo técnico “revisará el orden de los argumentos”. Semejante absurdo y la forma en que se defienden sus responsables, ratifica la necesidad de derogar la amnistía para que no siga siendo la “excusa” preferida para mantener la impunidad.

De nada sirven los esfuerzos estatales tendientes a incursionar en el mercado internacional, si no se fortalece el sistema de justicia. Defender la impunidad no contribuye a que el país sea reconocido como democrático y pueda insertarse en un mundo globalizado; tampoco ayuda a superar la inseguridad y la violencia cotidianas. Por ello, la Corte Suprema debe ponerse a la altura. Ya no están jugando en el “potrero” donde “resolvían” los conflictos sin respetar las “reglas del juego”. Caigan en la cuenta que ahora las víctimas de sus arbitrariedades, la tienen compitiendo en la “liga de campeones”. Y eso es serio. Acuérdense del “tiro por la culata”.

Enlace relacionado: Corte niega a España enviar datos sobre el caso jesuitas

FISCAL RECHAZA PARTICIPACIÓN DEL IDHUCA COMO OBSERVADORES DE LAS ELECCIONES PARA EL CNJ

2010-05-20T15:19:00.000-07:00

EI IDHUCA solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) autorización para participar como observadores en las elecciones del representante del Ministerio Público –propietario y suplente– en el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) a realizarse el viernes 21 de mayo. Con la petición, se envió el listado de personas a ser acreditadas para tal fin.

Un día antes del evento, el secretario general de la institución se comunicó telefónicamente con el encargado de organizar la participación del IDHUCA en esa importante actividad, para notificar que la misma no había sido autorizada. El funcionario argumentó que el Fiscal General convocó a dicha elección "sólo por transparencia", pero que no era su obligación hacerlo; además, sostuvo que el mismo tiene la potestad de aceptar o rechazar los resultados. Por esas razones, consideró que no necesita ser observada. A solicitud expresa, el secretario general de la FGR se negó a transmitir por escrito tal decisión.

Según el artículo 13 de la Ley del Consejo Nacional de la Judicatura, se debe escoger un consejal propietario y uno suplente para que representa a todo el Ministerio Público –FGR, Procuraduría General de la República y Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos– en el CNJ, en Asamblea General convocada por los titulares de estas instituciones; el voto es secreto, directo e igualitario y por esa vía se eligen las dos ternas a entregar en la Asamblea Legislativa para la selección definitiva.

La iniciativa del DHUCA responde al interés legítimo por garantizar la transparencia en estos procesos tan decisivos para la transformación de una sociedad como la nuestra, postrada por la violencia y la impunidad. Quienes integren el CNJ y las otras instituciones parte del sistema de justicia salvadoreño, deben ser personas incuestionables tanto en lo concerniente a su calidad moral y profesional como en lo que toca al proceso de su selección.

IDHUCA CLAUSURA CURSO SOBRE EXTORSIONES Y DERECHOS HUMANOS

2010-05-20T14:47:00.000-07:00

Rocío Fuentes

17/05/2010

Nota elaborada y publicada por:

Oficina de comunicaciones UCA

Disponible en: http://www.uca.edu.sv/noticias/

Del 26 de abril al 7 de mayo, agentes de la División Antiextorsiones de la Policía Nacional Civil asistieron a la Universidad para participar en el Curso en Investigación de Extorsiones y Derechos Humanos, organizado por la PNC, la Fiscalía General de la República y el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA). La clausura de la capacitación tuvo lugar la tarde del viernes 7 de mayo en la Sala “Elba y Celina” del ICAS.

En el acto de cierre, Ricardo Antonio Rugalo, inspector de la División Antiextorsiones de la Policía, explicó que los participantes del curso fueron en su mayoría agentes de los Equipos Locales Antiextorsiones (ELA) que tienen poca experiencia de campo. Por ello, “el curso les sirve a los muchachos para solventar sus inquietudes y conocer de manera más completa cómo es el tratamiento de la información que se maneja, ya sea con la víctima o con el criminal”.

Por su parte, Benjamín Cuéllar, director del IDHUCA, afirmó que el curso se enmarca en los esfuerzos de fomentar la participación ciudadana y contribuir al fortalecimiento de las instituciones desde la academia. “La UCA está dispuesta a apoyar a las organizaciones que merecen ser apoyadas. ¿Cómo logramos ese apoyo? Desde la mano dura y desde la mano amiga”, razonó. Y es que, según Cuéllar, la mano dura consiste en denunciar cuando se cometen errores o atropellos a los derechos humanos; y la mano amiga se refiere a la ayuda y respaldo que se brinda a las instancias gubernamentales.

En ese sentido, la capacitación se realizó con la idea de contribuir al desarrollo de las habilidades y destrezas de los ELA. Para ello, cada una de las instituciones organizadoras aportó sus fortalezas. “Este curso se dividió en tres grandes áreas: la primera tuvo que ver con el marco jurídico-legal; luego, se desarrolló todo el sistema de operación en una investigación y los procedimientos de un agente en la captura de un extorsionista; por último, se tomaron en cuenta los derechos humanos en el manejo de la información y las víctimas”, resumió Juan Luis Botello, educador del Instituto.

Durante los diez días de trabajo del curso, se impartieron ponencias, se realizaron simulacros de negociación, ejercicios de camuflaje y exposiciones, así como análisis de delitos. Al final de la capacitación, los agentes formularon una propuesta para llevar a cabo una negociación. De acuerdo a uno de los investigadores participantes, este esfuerzo se realizó con la idea de que la Fiscalía y la Policía retomen algunos elementos para aplicarlos en las investigaciones de campo y, así, contribuir a la estandarización de los procedimientos entre los Equipos Locales Antiextorsiones, que están ubicados en los principales municipios del país.

Botello considera que la relación entre las tres instituciones organizadoras ha sido constante desde hace algunos años. De hecho, en julio próximo iniciará un diplomado en investigación criminal dirigido a fiscales, policías y a personal de Medicina Legal y de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP).

ROQUE: VERDAD Y JUSTICIA

2010-05-14T14:24:00.000-07:00

Descargar el audio de la conferencia en:

http://www.esnips.com/doc/f89afa9e-2684-4d84-98b0-2f74887bb704/Roque-Dalton

Este viernes 14 de mayo, Roque Dalton cumple setenta y cinco años de vida porque sigue presente en sus hijos sobrevivientes –Jorge y Juan José– quienes denunciarán en la Fiscalía General de la República (FGR) a Joaquín Villalobos y Jorge Meléndez por el asesinato de su padre. Esa lucha, digna de respeto y admiración, le recuerda al país la deuda estatal con todas las víctimas.

El 10 de mayo de 1975, el poeta fue asesinado junto a Armando Arteaga –conocido como “Pancho”– por decisión del Estado Mayor del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) integrado por los tres acusados y Vladimir Rogel, Alberto Sandoval y otros ya fallecidos. Tanto Villalobos como Meléndez reconocen que el laureado escritor enfrentó un “proceso político” que derivó en su ejecución, asumida por ese mando político y militar como una decisión “colegiada”. Desde entonces, la familia de la víctima ha exigido ubicar el cadáver de Dalton y el de “Pancho”, sin que a la fecha ninguno de sus victimarios haya revelado esa información. En lugar de eso, sus versiones han cambiado a lo largo de los años.

Estos hechos ocurridos antes de la guerra en El Salvador, son considerados delitos contra la humanidad en el marco de su evolución conceptual desde los tribunales de Nuremberg hasta el Estatuto de Roma; por tanto, no prescriben ni pueden ser amnistiados. Lo son porque ofenden a toda la humanidad, en la medida que fueron realizados como parte de una práctica sistemática por razones políticas en contra de una disidencia intolerada y eliminada por la fuerza. Y en el caso particular de Roque Dalton, lo es por la trascendencia universal de quien se ha erigido como el máximo creador literario salvadoreño.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.

Por eso, una vez más, las víctimas acuden a la FGR –entrada al sistema nacional de justicia– para que funcione. Para que investigue y establezca la verdad; para que inicie en serio la batalla estratégica contra la impunidad. La familia Dalton ofrece algunos elementos que pueden ayudar a la institución en lo relativo a la determinación de las responsabilidades: audios de las declaraciones de algunos de los presuntos autores materiales e intelectuales, así como varias publicaciones en periódicos de circulación nacional donde admiten su culpa. La FGR tiene hoy otra oportunidad para reivindicarse y demostrar que es capaz de combatir con éxito la criminalidad, no importa quienes sean sus autores.

San Salvador, viernes 14 de mayo del 2010.

HASTA QUE HAYA JUSTICIA, NO PRONUNCIES MI NOMBRE

2010-05-06T14:55:00.000-07:00

A Roque Dalton lo asesinaron el 10 de mayo de 1975; la dirigencia del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) así lo determinó. Participaron en esa decisión Joaquín Villalobos, Jorge Meléndez, Edgar Alejandro Rivas Mira, Vladimir Rogel, Alberto Sandoval y Mateo (seudónimo); de esos, aún viven los tres primeros. Meléndez era conocido en la época como “Jonás”; hoy lo es como director de Protección Civil del gobierno del “cambio”. Por eso, en la víspera del trigésimo quinto aniversario de tan despreciable hecho, los hijos del creador nacional literario más reconocido –Jorge y Juan José Dalton– le solicitaron al presidente de la República, Mauricio Funes, no pronunciar su nombre ni publicar su obra mientras mantenga a Meléndez en su gabinete; comunicaron, también, que no asistirán a ningún homenaje oficial en su memoria.

Tienen razón. Es incoherente y hasta insultante que uno de esos criminales sea parte del equipo que pretende “conmemorar” a Roque. No obstante, parece que la congruencia y el respeto a la dignidad humana son palabras bonitas pero no hechos concretos; son valores enunciados pero no reivindicados por esta administración. Funes no sólo se negó a considerar la petición de los hijos del poeta; además pretende ignorarlos como víctimas argumentando que Roque ya no les pertenece. Funes decretó que “ya no es de los hijos ni de su viuda, Roque Dalton es del pueblo salvadoreño” y “la esencia de nuestra expresión cultural”.

No tiene ninguna razón cuando se lo secuestra a la familia, pero sí cuando dice que es patrimonio del pueblo. Lo segundo vuelve más grave e ignominiosa la presencia de Meléndez en el gobierno. No sólo ofende a los hijos y a la viuda, sino a toda la sociedad salvadoreña. Esto equivaldría a nombrar a miembros de la “tandona” o de los “escuadrones de la muerte”.

¿Qué méritos sostienen a Jorge Meléndez, el comandante “Jonás”, en Protección Civil? Según el mandatario su “papel destacado en la pasada tormenta”, el huracán “Ida”. ¿Destacado? ¿Acaso no murieron ciento veinticuatro personas y otras sesenta desaparecieron por una alerta tardía? ¿No sumaron, por ello, casi doscientos cuarenta millones de dólares las pérdidas materiales? ¿Es esa la “meritocracia” que prometió?

Los dignos hijos del poeta y de nuestro PATRIMONIO NACIONAL –con mayúsculas populares y no con minúsculas oficiales– exigen además conocer dónde está el cuerpo de su padre. También le pertenece al pueblo salvadoreño; no a ningún gobierno. Los respalda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre monseñor Romero –guía espiritual de ese pueblo– cuando sentenció: “El derecho a conocer la verdad con respecto a graves violaciones de los derechos humanos, así como el derecho a conocer la identidad de quienes participaron en ellos, constituye una obligación que todo Estado parte en la Convención Americana debe satisfacer, tanto respecto a los familiares de las víctimas como a la sociedad en general”. A eso también se niega jefe de Estado, cuando los organismos internacionales o las víctimas se lo demandan.

El auténtico homenaje que Funes debe a la memoria de Roque, a sus familiares legítimamente dolientes y al pueblo, es ser consecuente. Mientras uno de sus asesinos sea parte de su gobierno y en tanto no promueva el conocimiento pleno de la verdad sin pretextos, mejor que se abstenga de seguir pidiendo perdones vacíos y organizando actos formales.

Por lo anterior, el IDHUCA hace un llamado a la sociedad solidaria con esta causa para que le exija a Mauricio Funes que durante su administración no se pronuncie el nombre de Roque mientras no haya justicia para las víctimas; también para que se le demande honrar al pueblo depositario de su legado. Además, invita a la misa que se celebrará el próximo lunes 10 de mayo en la capilla Jesucristo Liberador de la UCA a las cuatro de la tarde.para recordar con su familia –ese día– el aniversario de su vil asesinato y denunciarlo con su presencia.

San Salvador, 6 de mayo del 2010.

AMPARO CONTRA FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA

2010-04-27T17:32:00.000-07:00

ESCUCHAR AUDIO: http://www.esnips.com/doc/7165ed55-7e23-408e-93b4-bebebe250f65/grabac000

Hoy se presentó un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia contra el Fiscal General de la República, Romeo Benjamín Barahona. Diego Escobar, quien hasta diciembre de este año se desempeñó como director de la División de los Intereses de la Sociedad, zona San Salvador, de la Fiscalía General de la República (FGR), demandó a Barahona por haber violado su derecho de petición y respuesta, de audiencia y a la estabilidad laboral.

Escobar fue uno de los aspirantes a la titularidad de la FGR y, además de su cargo, fue elegido por la Asamblea General de la institución durante tres ocasiones consecutivas como miembro del Consejo Fiscal. Lo acompañaban en este organismo –que decide si separan o no a funcionarios y funcionarias de esta entidad– el Fiscal General, su adjunto, el auditor fiscal, el secretario general y dos representantes de la citada Asamblea.

El 30 de noviembre del año pasado, el auditor solicitó la remoción de varios fiscales auxiliares, pero no logró los votos necesarios para que todos fueran despedidos. Escobar fue uno de los que se opuso a la remoción de un jefe fiscal, porque consideró que no había justificación para separarlo.

En enero de este año, el demandante fue trasladado como asesor de la unidad de asuntos legales internacionales de la institución. Al moverlo se le ofreció mantener su plaza nominal y funcional, además de asegurarle que seguiría percibiendo el mismo salario. Pero no fue así; al contrario, lo convocaron a otra reunión para informarle que reducirían el casi 30% de sus ingresos mensuales. Al no aceptar estas condiciones, dejaron de pagarle; no obstante, la FGR siguió abonando sus cuotas de compromisos personales y financieros.

El artículo 46 de Ley Orgánica de esta entidad establece la carrera fiscal a fin de dotar de estabilidad laboral al personal, apoyar su desarrollo profesional y promover su desempeño eficaz. Escobar inició hace quince años como fiscal auxiliar en Sensuntepeque y participó en los equipos de trabajo que lograron la condena por corrupción de Carlos Perla y Raúl García Prieto, así como la desarticulación de varias “clicas” y bandas de crimen organizado.

Al obrar de esta forma, el Fiscal General no sólo está privando al país de un profesional que ha consolidado sus conocimientos y adquirido experiencia en la lucha contra la criminalidad, cualidades esenciales para ello en el marco actual del país, también está cometiendo delitos como actos arbitrarios y apropiación o retención indebida.

Por eso, el IDHUCA y el IEJES respaldan a Diego Escobar quien ha solicitado a la Corte que reestablezca sus derechos, suspenda las arbitrariedades cometidas, le cancelen sus salarios adeudados y lo indemnicen por los daños causados, reconociendo que la carrera fiscal está por encima de cualquier contrato que pretenda menoscabar sus derechos.

San Salvador, 27 de abril de 2010.

IDHUCA PRESENTA AMPARO

2010-04-27T16:49:00.000-07:00

ESCUCHAR AUDIO EN: http://www.esnips.com/doc/0e215246-44e6-44a6-ae10-445b906fefed/Conf2742010

IDHUCA PRESENTA AMPARO EN EL CASO DEL CORONEL MELÉNDEZ QUIJANO

El 26 de abril, el IDHUCA presentó a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia un recurso de amparo por la violación del derecho al debido proceso y al principio de legalidad del coronel Adrián Meléndez Quijano. Los procesos militares en su contra han estado plagados de irregularidades. Siendo mayor, el 19 de abril de 2006 lo condenaron a un año y tres meses de prisión por el delito de insubordinación; la pena fue cambiada por sesenta jornadas de trabajo de utilidad pública. A eso llegaron, luego de negarle las pruebas de descargo y la posibilidad de declarar. Además, el juez de primera instancia militar –José Eduardo Marroquín Ponce– debería haberse declarado inhabilitado para conocer el caso por aceptar dádivas de la otra parte interesada.

El entonces Ministro de la Defensa Nacional, general Otto Romero, fue quien ordenó arrestos y suspensiones de salario; también instruyó procesos e informativos militares; asimismo, seleccionó al citado juez para que realizara un viaje a Washington, D.C. Eso, según el artículo 73 del Código Procesal Penal, lo obligaba a excusarse de conocer el caso y llamar a su suplente. La idea de esta disposición es garantizar que al dictaminar una sentencia, el juzgador goce de independencia. La Ley de la Carrera Judicial considera una infracción muy grave “solicitar o recibir dadivas, promesas o favores de los interesados en los procesos, ya sea en forma directa o por interpósita persona”

Nadie debe estar encima de la Ley. Convencidos de eso, se ha presentado este recurso para evitar que al coronel Meléndez se le aplique una pena que no merece. Los hostigamientos y amenazas que ha recibido este militar han sido reconocidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual le ha ordenado al Estado salvadoreño que otorgue medidas provisionales al Coronel, sus familiares y sus representantes. Por eso, deben darse muestras reales de un firme propósito de enmendar los errores cometidos de parte de las autoridades judiciales, ejecutivas y militares.

San Salvador, martes 27 de abril del 2010.

URGENTE: ¡NO MÁS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA Y LA IMPUNIDAD!

2010-04-24T06:19:00.000-07:00

El pasado lunes 19 de abril asesinaron a Felipa Barillas, directora del Centro Escolar “El Ángel”, en el municipio de San Juan Opico; la maestra Marlene del Carmen Barillas y el profesor Tomas Antonio Gómez. Los pormenores de estos repudiables crímenes han tenido una gran difusión; más grande es la indignación social ante los mismos. Pese a que las autoridades iniciaron la investigación, aún no hay hipótesis sólidas; sólo se sabe que las víctimas denunciaron robos de material educativo y extorsiones.

Estos hechos no son los primeros con estas características. Antes fueron asesinadas personas dedicadas a la docencia que denunciaron delitos similares en sus centros de trabajo. Muchos casos siguen impunes en el marco de la insoportable ola de violencia que afecta al país. Es cierto que los gobiernos anteriores hicieron muy mal las cosas, pero el actual ya no puede seguir escudándose en la “herencia” recibida para intentar justificar sus erradas decisiones en materia de seguridad.

Estas inaceptables muertes que ahora estremecen a El Salvador, tienen diversos impactos. El primero: en los hijos y las hijas, los esposos y las esposas, los padres y las madres de las víctimas directas.

Además conmocionan profundamente a la niñez, la adolescencia y la juventud escolarizada. Después de la familia, sus docentes tienen un significado relevante y valioso; al perderlos de esta forma, se convierten en víctimas indirectas de la violencia.

También la comunidad a la que estos pedagogos pertenecían; además de triste e indignada, se encuentra desesperada en medio del terror. Las y los docentes de muchos lugares en el país, por su labor de cuido del alumnado y los centros escolares, sobreviven en una condición de alta vulnerabilidad que debe ser solventada por las autoridades pertinentes.

Ante lo anterior, el IDHUCA y la Red de directores “En prevención de violencia de Colón”:

Condenan los asesinatos de Tomás Antonio Gómez, Felipa y Marlene del Carmen Barillas.
Expresan su sentida solidaridad con las familias, los alumnos, las alumnas y el gremio magisterial, víctimas directas e indirectas por estos crímenes.
Exigen una pronta y efectiva investigación, así como la respectiva sanción a los responsables.
Llaman a analizar la posible fuga de información dentro de las instituciones estatales cuando alguien denuncia un hecho delictivo y, de confirmarse, a tomar medidas para que eso no siga ocurriendo.
Demandan medidas preventivas y de monitoreo policial en la zona, para evitar la repetición de hechos similares.
Reclaman la ejecución de una estrategia integral de seguridad que incluya fortalecer la atención de la población estudiantil, el personal docente y la población en general de la región y el país.

San Salvador, viernes 23 de abril del 2010.

2010-04-20T09:00:00.000-07:00

LAS DEFENSORÍAS DE LA NIÑEZ, LA ADOLESCENCIA Y LA JUVENTUD (DNAJ) Y EL INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS DE LA UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA "JOSÉ SIMEÓN CAÑAS” (IDHUCA), ANTE LA PRÓRROGA DE LA APLICACIÓN DE LA LEY DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA (LEPINA)

Esta normativa fue aprobada el 26 de marzo y publicada en el Diario Oficial el 16 de abril, ambas fechas del 2009. El Decreto Legislativo mediante el cual fue concebida la LEPINA establecía, en su artículo 260, que la misma entraría en vigencia un año después de su publicación; es decir, el 16 de abril del 2010. Pero no fue así.

Desde 1990, cuando firmó y ratificó la Convención de Derechos del Niño, el Estado salvadoreño se comprometió a adaptar su legislación a los principios de la doctrina de protección integral de la niñez y la adolescencia. En función de eso, tras casi dos décadas de postergar el cumplimiento de tan importante obligación, fue sancionada la LEPINA. Pero, en la práctica, sigue sin ser realidad su contenido tras la decisión legislativa de aplazar el inicio de su vigencia; tal determinación fue tomada el jueves 15 de abril recién pasado. Para ello, haciendo uso de su iniciativa de ley, el presidente Mauricio Funes contó con sesenta y tres votos a favor; sólo Alianza Republicana Nacionalista se negó a apoyarlo.

En el último informe que presentó al Comité de Derechos del Niño el 21 de enero del 2010, el Estado salvadoreño señaló como uno de sus principales logros en este ámbito la existencia de dicha Ley. Ocho días después, el mismo Comité le recomendó crear –“sin demora”– el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CONNA) “según lo previsto en la LEPINA”; también asegurar “su funcionamiento eficaz mediante la creación de un órgano ejecutivo de alto nivel con funciones de coordinación claras. Se deben asignar al CONNA recursos humanos y financieros suficientes para que pueda llevar a cabo sus funciones de coordinación entre los distintos sectores”. Además le recomendó reforzar el sistema nacional de protección integral, incluidos los comités departamentales y municipales.

La demora oficial trascendió al viernes 16 de abril, plazo establecido para que iniciara su labor el CONNA en el marco de la puesta en marcha de la LEPINA. Tampoco se incluyeron en el Presupuesto General de la Nación del 2010 los recursos financieros, ni limitados ni suficientes, para el despliegue de la actividad prevista en la LEPINA por los mecanismos que la misma determina.

En razón de eso, el Ejecutivo tenía la obligación legal y moral de aplicar la ley; no debe continuar postergando su vigencia. Con lo ocurrido la semana anterior en la Asamblea Legislativa, se corre el riesgo de favorecer y profundizar las situaciones que deterioran la calidad de vida de la niñez y la adolescencia hasta el próximo año. Es necesario, además, facilitar la inclusión de esta población mayoritaria en la discusión y la ejecución de las políticas públicas estatales que le incumben.

Asimismo, es igualmente irresponsable y reprochable que la Corte Suprema de Justicia –habiendo tenido tiempo suficiente– llegara al último momento a plantearle a la legislatura dificultades legales y operativas que pudieron revisarse con antelación.

¿Qué pasa en el país con los derechos de la niñez y la adolescencia? ¿Son importantes para proclamarlos en foros internacionales, aunque dentro del territorio nacional sigan siendo vulnerados? ¿Se debe aceptar que, por la negligencia estatal, se retrase aún más la puesta en marcha de tan importante mecanismo para su defensa y promoción? ¿Es válido que mientras buena parte de la niñez y la adolescencia es víctima de la violencia de todo tipo, la iniquidad, la discriminación y los malos servicios públicos que les ofrecen, la “clase política” no le haya puesto atención a el compromiso adquirido hace un año con la suficiente antelación y el Ejecutivo no haya hecho lo que le correspondía?

Por todo lo anterior, las DNAJ y el IDHUCA ven necesario que el Estado salvadoreño:

1. Establezca plazos claros y definitivos así como la agenda requerida, para crear el sistema nacional de protección integral de la niñez y la adolescencia.

2. Defina con precisión la entidad responsable de verificar que se cumpla, en el tiempo y en las condiciones más adecuadas, lo antes señalado.

3. Se convoque a las organizaciones sociales que trabajan con la niñez y la adolescencia en los ámbitos nacional y local a fin de garantizar un proceso participativo, transparente e incluyente.

En aras de responder al interés superior de la niñez y la adolescencia salvadoreñas, la LEPINA debe ser una realidad pues es la normativa que reconoce sus derechos así como su capacidad para lograr que les sean respetados.

San Salvador, El Salvador, lunes 19 de abril del 2010.

PETICIONES DE LAS VÍCTIMAS ANTE EL TRIBUNAL

2010-04-10T12:44:00.000-07:00

Nosotros, en representación de las víctimas de masacres, desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones sumarias y cualquier otro tipo de violación a los derechos humanos en el conflicto armado, hacemos las siguiente peticiones:

Que el Estado salvadoreño derogue la Ley de Amnistía.
Acompañamiento sicosocial a las víctimas del conflicto armado, sus familias y comunidades a través de estrategias integradas en un programa nacional.
Creación de un programa de becas para estudios superiores, orientado a los descendientes de las víctimas.
Desaparición de todo signo de homenajes o reconocimientos a promotores y ejecutores de crímenes de lesa humanidad en El Salvador.
Integrar en la curricula educativa la materia de historia nacional, que recoja el conocimiento del pasado reciente en nuestro país.
Que el Estado institucionalice y respalde la creación del museo nacional de la memoria.
Creación de un fondo nacional de reparación a las víctimas del conflicto armado.

Suchitoto, 10 de abril de 2010.

2010-04-10T09:04:00.000-07:00

Segunda parte de los testimonios de la masacre de Copapayo:

http://www.4shared.com/audio/rtPys08a/testimoniocopapayo2.html

testimoniocopapayo2.WAV

TRIBUNAL 2010

2010-04-09T18:51:00.000-07:00

Tribunal internacional para la aplicación de la justicia restaurativa en El Salvador, 2010

QUE NO HAYA HOMENAJES PARA ASESINOS

Hoy el Tribunal Internacional para la Aplicación de la Justicia Restaurativa en El Salvador estudió la ejecución de Mario Zamora Rivas, Procurador General de Pobres en 1980, y las torturas de Carlos Santos y Rolando González, ocurridas también durante la guerra. En el caso del Procurador testificó el ahora diputado del Parlamento Centroamericano, Jorge Villacorta, asimismo se presentó un video que registraba la declaración del embajador salvadoreño en la India, Rubén Zamora, este último hermano de la víctima.

Aronette Díaz viuda de Zamora, explicó al Tribunal que la muerte de su esposo ocurrió mientras ellos junto a varios de sus amigos compartían en su casa. Unos hombres con gorros pasamontañas los obligaron a tirarse al suelo y al identificar a Mario se lo llevaron para matarlo. “Yo, como vi que lo tomaron y lo llevaron dentro de la casa fui al baño familiar y cuando abrí la puerta lo vi tendido boca abajo y en un charco de sangre. Luego vi a mi hijo que venía detrás y para que no viera cerré la puerta del baño”, declaró. Finalmente, celebró que el Tribunal se realizara en Suchitoto. “Él amaba esta ciudad y su ciudad natal de Cojutepeque, todo el departamento de Cuscatlán y para mí es un símbolo para la memoria histórica de Mario”, concluyó.

Mario Zamora hijo, también testificó. Habló sobre los buenos momentos que vivió con su padre y cómo este crimen cambió la vida de toda su familia. “Aquella noche terminó aquel cuento de hadas de una familia tan grande, tan bonita y de aquel padre tan cariñoso y al que la gente quería mucho”. Finalmente, pidieron al Tribunal que recomendara la investigación de todos los responsables intelectuales y materiales del asesinato de Mario Zamora Rivas, que se destruya y se evite la construcción de monumentos, así como los nombramientos o cualquier otro simbolismo con el que se pretenda homenajear a los asesinos, y que se establezca una pensión por vejez para Aronette Díaz viuda de Zamora.

Durante la tarde, se presentaron los testimonios de Carlos Santos y Rolando González, ambos víctimas de tortura. En sus relatos explicaron las múltiples vejaciones a las que fueron sometidos: los encapucharon, los colgaron del techo con esposas que les cortaban la circulación de sangre en las manos, los golpearon constantemente, les aplicaron choques eléctricos, los amenazaron de muerte y los sumergieron en pilas de agua. Carlos fue colgado hasta que perdió la sensibilidad en las manos, “me decían que si se me quebraban las manos me iban a matar porque no iban a permitir que me vieran con las manos quebradas”, contó.

Como medidas de reparación Rolando solicitó al Tribunal la derogación de la Ley de amnistía, que se coloque una placa o mural en un lugar visible de las unidades militares en las que se torturó o se ejecutó a personas civiles, especialmente en el museo militar de El Salvador donde se exhiben uniformes y placas de las fuerzas militares, “ahí debe registrarse esa parte de la historia militar”, concluyó.

Mañana, los jueces y las juezas escucharán otro caso de tortura e iniciarán la deliberación. El Tribunal puede ser escuchado a través de radio YSUCA, 91.7 FM. La sentencia se presentará mañana durante el concierto del Festival Verdad que se realizará desde las 3 de la tarde en el parque central de este municipio.

Suchitoto, 9 de abril de 2010.

MASACRE DE COPAPAYO (I PARTE)

2010-04-09T17:41:00.000-07:00

Testimonio de Rogelio Miranda, sobreviviente de la masacre de Copapayo, ocurrida entre el 4 y 5 de noviembre de 1983.

Descargue el audio en el siguiente enlace:
http://www.4shared.com/audio/sLnlJ7j1/testimoniocopapayo1.html

AUDIO DE LA INAUGURACIÓN DEL TRIBUNAL

2010-04-09T15:22:00.000-07:00

Este es un enlace desde el que se puede descargar el audio de la inauguración del Tribunal internacional para la aplicación de la justicia restaurativa en El Salvador:

http://www.4shared.com/audio/kbA-T3M3/inauguracion.html

inauguracion.WAV