05/07/2014
Doscientos treinta y ocho años
atrás, 56 hombres —no había una sola mujer— firmaron un documento que iniciaba
sosteniendo “como evidentes por sí mismas dichas verdades: que todos los
hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos
inalienables; que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la
felicidad […]”. Era la Declaración de Independencia de Estados Unidos. En aquel
texto del 4 de julio de 1776, se incluían, obviamente, las motivaciones que
llevaron a este grupo a proclamar —“apelando al juez supremo del Universo”— que
las colonias que representaban eran y debían ser por derecho “estados libres e
independientes”; por tanto, quedaban “absueltas de toda obligación de fidelidad
a la corona británica”.
Considerando algo candente y de actualidad que
está marcando la agenda de la relación entre los Gobiernos del Triángulo Norte
de Centroamérica y la Casa
Blanca, vale la traer a cuenta que los signatarios de la Declaración le
recordaban entonces a sus “hermanos” (“los habitantes de la Gran Bretaña”) las
circunstancias que provocaron su emigración. La realización material de
“derechos inalienables”, como los mencionados en la citada acta emancipadora,
generó, mucho antes, un fenómeno de movilidad humana que llevó a constituirse
en la existencia de esas colonias británicas en este continente. A lo anterior
debe agregarse que buscando garantizar su vida, libertad y felicidad, se
levantaron contra aquel poder imperial de la época. Legítimas razones, pues,
justificaban hacer lo que hicieron y que hoy celebran con emocionados
discursos, pólvora de luces y otras muestras de algarabía.
Hoy, cabe formular una pregunta de fácil
respuesta. ¿Qué buscan ahora las niñas y los niños que viajan al lugar donde
sus padres y madres se encuentran en tierras estadounidenses? Simple y
sencillo: en muchos casos, salvar sus vidas ante el peligro inminente de una
violencia criminal que en Honduras, Guatemala y El Salvador no respeta edad ni
sexo. Condición económica y social, quizás sí, porque las víctimas de la niñez,
la adolescencia y la juventud asediadas por ese flagelo se producen, en su
inmensa mayoría, entre los sectores históricamente excluidos.
Con base en lo reflexionado y propuesto por el
PNUD, se tiene que la seguridad humana debe traducirse en “seguridad contra
amenazas crónicas como el hambre, la enfermedad y la represión". Lo
anterior se complementa con la necesaria “protección contra alteraciones
súbitas y dolorosas de la vida cotidiana, ya sea en el hogar, en el empleo o en
la comunidad”. Asimismo, son cuatro las piezas básicas de ese rompecabezas:
seguridad económica, seguridad legal, seguridad política y seguridad personal.
La inexistencia de la primera y de la cuarta, no
hay duda, son evidentes razones para que esos sectores en histórica y eterna
condición de vulnerabilidad emigren a como dé lugar. La ausencia de la segunda
y de la tercera propicia el mantenimiento de una estructura social desigual e
injusta. Eso es así si se parte de algo primario: la seguridad legal debe
entenderse como la certidumbre que tienen todas las personas de obtener justicia
de manera pronta y eficaz, mediante el funcionamiento adecuado de las
instituciones estatales encargadas de administrarla. Y eso no ocurre en el
Triángulo Norte centroamericano. Tampoco es una realidad sólida y extendida la
seguridad política que, según el PNUD, “consiste en que la gente pueda vivir en
una sociedad que respete sus derechos fundamentales”.
Pero la que en sociedades como estas se
considera más importante, dentro de ese concepto de seguridad humana, es la
personal; esa que ha sido y es degradada de diversas formas en la subregión. La
más pronunciada tiene que ver con la violencia que generan la guerra entre las
maras, la guerra contra las maras y la guerra sucia de las maras contra la
población. En conjunto, pues, tanto en Honduras como en Guatemala y El Salvador
se está sufriendo una crisis. Sus pueblos ven cómo se deterioran sus vidas por
falta de empleo decente y de posibilidades reales de participación. También por
la impunidad como regla vigente. Finalmente, por la violencia que continúa no
obstante el final de las guerras, del accionar insurgente y de la represión
estatal sistemática.
Este escenario empuja a niñas, niños,
adolescentes y jóvenes a emprender la peligrosa travesía hacia Estados Unidos.
Pero no solo se van por garantizar su derecho a la vida; también a la libertad
y a la felicidad. A ser libres de ir a la escuela sin temor y pasear por donde
quieran sabiendo que las posibilidades de ser víctimas de la violencia criminal
allá no son las que, día tras día, tienen acá sus vidas, pendiendo de un hilo.
Derecho a liberarse de las amenazas, de la “renta”, del obligatorio ingreso a
la mara… Y así, con vida y libertad, al menos, aspiran a disfrutar en lo
posible del derecho a una felicidad que estas tierras les niegan.
Por eso se van. Y porque allá están sus padres y
sus madres. No es vano recordar que la reunificación familiar está contemplada
en la Convención
sobre los Derechos del Niño, de las Naciones Unidas. El numeral uno de su
décimo artículo la establece en los siguientes términos: “De conformidad con la
obligación que incumbe a los Estados partes a tenor de lo dispuesto en el
párrafo 1 del artículo 9, toda solicitud hecha por un niño o por sus padres
para entrar en un Estado parte o para salir de él a los efectos de la reunión
de la familia será atendida por los Estados partes de manera positiva,
humanitaria y expeditiva. Los Estados partes garantizarán, además, que la
presentación de tal petición no traerá consecuencias desfavorables para los
peticionarios ni para sus familiares”.
Hoy por hoy, alrededor de este derecho, solo se
habla de crisis. La de la región centroamericana y la que se ha generado y
resiente el Gobierno estadounidense. Por eso, tanto este como los de Guatemala,
Honduras y El Salvador deberían humanizar sus políticas para garantizar la
seguridad humana en estas tierras y lograr que todas las familias —sin
distinción— permanezcan unidas disfrutando la vida en libertad y felicidad.
